Llegan a ser cansinos y, tras un par de décadas de errar en sus presagios de hundimiento del sistema de pensiones públicas, el poder financiero y sus voceros arremeten de nuevo contra el mismo. Los ataques a las pensiones públicas son como la gripe: llegan cada invierno. Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) asegura que en 2050 el gasto público en pensiones de España será muy alto: de 40.000 a 60.000 millones de euros más (4 a 6 puntos de PIB) que el gasto actual. Y no se podrá financiar. Tras un horizonte tan espantoso, los campeones de la sostenibilidad proponen un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 70 años y que las prestaciones se calculen habiendo cotizado de 20 o 25 años de vida laboral, no los 15 actuales. Otros proponen compensar la disminución de las cotizaciones con aumentos del IVA pero, sobre todo, ofreciendo más incentivos fiscales a los planes de pensiones. Para que más trabajadores se suscriban a éstos. Vivir más con menos dinero.
Otra medida propuestas es calcular la pensión según la esperanza de vida y lo que sale de ahí es rebajar las pensiones públicas. Si vives más, cobras menos. Así las pensiones públicas serán cada vez más pobres y la clase trabajadora se suscribirá a los planes privados de pensiones para completar la escasa pensión pública que quedará. Eso significa en román paladino las medidas de ‘sostenibilidad’ que se proponen. Y las ‘pensiones privadas’ para completar las recortadas pensiones públicas en verdad son réditos a abonar mensualmente, al llegar a la jubilación, según las aportaciones mensuales de los asalariados que hayan suscrito esos planes de ‘pensiones privadas’. Esas cuotas del trabajador van a un fondo de inversión que especula en los mercados financieros y una parte de beneficios de las especulaciones son esas ‘pensiones privadas’. Pero, como recuerda Miren Etxezarreta, doctora en Economía por la London School of Economics y catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, “esas pensiones privadas son muy arriesgadas porque se invierten en bolsa y la bolsa puede ir bien como puede ir mal“. Además, entidades internacionales, que ninguna ciudadanía ha elegido como el FMI, están en contra de que las pensiones se actualicen según los precios. Y la Comisión Europea por su parte también aboga por no vincular la actualicación de las pensiones al Índice de Precios de Consumo. Etxezarreta, experta en pensiones públicas, rechaza desde hace décadas que haya que recortar las pensiones porque lo que se busca con esas propuestas del sector financiero es beneficiar a los planes privados de pensiones. Muestra clara de tal propósito ha sido lo sucedido en Grecia donde las pensiones públicas han sido materialmente esquilmadas con el pretexto de afrontar la crisis. Y en España, el gobierno conservador de Rajoy logró que el sistema de pensiones español fuera uno de los más baratos de la Unión Europea, con cifras muy inferiores a las de Alemania, Francia o Italia, por ejemplo. Lo dice Eurostat. Las pensiones, un derecho Y vuelven de nuevo los lugares comunes: más jubilados y menos trabajadores activos hacen insostenible el sistema público de pensiones, bla, bla, bla… Hay que recortar las pensiones, retrasar la edad de jubilación, dificultar el acceso al sistema, rebajar prestaciones y, sobre todo, complementar las prestaciones públicas con planes privados de pensiones. Que es lo que en realidad buscan. Pero, según el artículo 50 de la Constitución Española “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Hace unos veinte años empezaron los ataques sistemáticos contra las pensiones públicas, disfrazados de exigencia de sostenibilidad y siempre dependiendo de las cotizaciones sociales. Y hace menos tiempo, con la sostenibilidad de las pensiones a debate, el gobierno del PP presidido por Rajoy creó un comité de 12 “expertos” para elaborar un informe sobre esa sostenibilidad. Y resultó que hasta ocho de esos “expertos” estaban a sueldo, de un modo u otro, de la banca y compañías de seguros. Alguien ironizó entonces que el mandato gubernamental a esos “expertos” era como encargar a los directivos de Pepsi un plan para mejorar las ventas de Coca-Cola. Habiendo visto a que señores servían tales ‘expertos’, no sorprendió que propusieran mayor edad de jubilación o calcular el importe de la pensión según la esperanza de vida, el número de cotizantes y la situación económica. El único experto no ligado al poder financiero, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, aseguró entonces que cualquier medida sobre pensiones condicionada por la coyuntura, la política de austeridad (entonces en pleno auge) y la rebaja del déficit, como pretendían los otros ‘expertos’, sería errónea. Y, por supuesto, injusta. A fin de cuentas, recibir una pensión es un derecho constitucional y un derecho humano. Voluntad política.Lo que este país necesita no son inventos que disminuyan las pensiones públicas sino una verdadera reforma fiscal integral que reduzca de modo considerable el fraude fiscal y de cotizaciones
El truco de aquellos ‘expertos’, como el de tantos otros al servicio de la minoría rica, es presentar posturas ideológicas como si fueran datos objetivos incontestables. Pero los profetas de la catástrofe de las pensiones han ignorado que en España los pensionistas se habían más que multiplicado por dos en los últimos cuarenta años y el sistema de pensiones nunca se colapsó. Porque también había aumentado la riqueza del país. A los ‘expertos’ les preocupa que no haya suficiente dinero para pagar las pensiones porque la gente vive muchos años más. Cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores que aporten cotizaciones. Pero, ¿qué obliga a pagar las pensiones públicas con lo recaudado en cotizaciones sociales? Se trata de pagar las pensiones en un país en el que, según Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda), la economía sumergida equivale a casi el 25% del PIB, la cuarta parte de la riqueza generada en un año. Ese es el verdadero problema, no la sostenibilidad de las pensiones. Porque esa economía sumergida significa que unos 290.000 millones de euros escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social, lo que supone que dejan de ingresarse en las arcas públicas más de 90.000 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones. Si se redujera la economía sumergida, ¿aún se hablaría de sostenibilidad de las pensiones? Lo que este país necesita no son inventos que disminuyan las pensiones públicas sino una verdadera reforma fiscal integral que reduzca de modo considerable el fraude fiscal y de cotizaciones. Y para lograrlo solo se precisa voluntad política. Voluntad política que hubo, por ejemplo, para inyectar a la banca de 2009 a 2015 un ‘chute’ de 64.098 millones de euros para hacer frente a la crisis. Por cierto, de esa inyección no se recuperarán 60.000 millones según ha reconocido el Banco de España. Millones que son tanto como el 40% del gasto anual en pensiones. Y también cabe recordar la evidente voluntad política del Estado para regalar 18.000 millones de euros a las eléctricas en la factura de la luz, convirtiendo a los españoles en quienes pagan la electricidad más cara de Europa. Como dice Miren Etxezarreta, hay que desligar los derechos sociales (como las pensiones) del empleo. Sencillamente porque son un derecho, tanto si has trabajado y cotizado como si no. El ruido que simula ser debate para convertir en negocio privado un servicio público ligado a un derecho humano no engaña. Y ahora cabe recordar que no hay ni puede haber nada por encima de los derechos humanos. O es la barbarie.
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