23 - Feb.: Por un mundo rural vivo

Fraguas es un pueblo ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, en unos terrenos que fueron expropiados en 1968 por el ICONA, para su repoblación forestal con pino resinero para explotación, arrasando en el proceso grandes extensiones de vegetación autóctona. Los terrenos fueron incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Guadalajara en 2002. Con la expulsión de sus pobladores en 1968, la aldea cayó en el olvido y en los 90 lo poco que quedaba en pie fue destruido por el Ejército, que utilizó el pueblo como zona de maniobras militares.

En la primavera de 2013, un grupo de jóvenes llegó a Fraguas con un proyecto comunitario de repoblación rural. Desde entonces han reconstruido varias casas con materiales locales y técnicas de construcción tradicionales. Recuperaron el suministro de agua potable y la pista de acceso, pusieron en marcha una instalación eléctrica alimentada con energía solar y están reforestando con especies autóctonas áreas afectadas por incendios.

Por ello, en vez de ser recompensados por las instituciones, han sido condenados, con una dura sentencia, por su trabajo colectivo para reconstruir un pueblo que estaba en ruinas.

El 8 de junio de 2018, fue el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara quien les declaró culpables de los delitos contra la ordenación del territorio y usurpación a los 6 pobladores de Fraguas. Y para rematar, el pasado 19 de enero de 2019, la Audiencia Nacional de Guadalajaraha rechazado el recurso interpuesto, confirmando la condena de un año y medio de cárcel a cada uno de ellos y una sanción de 16.380 euros, más los costes de la demolición de las casas de Fraguas, tasada en 27.000 euros. La sentencia no es firme, pero puede suponer el ingreso en prisión de los acusados si no se hace efectivo el importe de la sanción. La demolición de las casas de Fraguas tiene prioridad sobre el pago de las multas, por lo que, hasta que no se pagase o realizase la primera, no se podrían pagar las segundas. El año y medio de multa impagada se convertiría en 9 meses más de prisión a sumar a la condena de año y seis meses. Por lo que estamos hablando de 2 años y 2 meses de cárcel por reconstruir tres casas, varios caminos y huertas del pueblo, asesorados por los antiguos pobladores del mismo, que apoyan sin fisuras a los repobladores.

La denuncia está promovida por la Junta de Castilla-La Mancha, Gobierno que desde hace cuatro años ocupan “Vox izquierdistas” del PSOEde García Page y “los alternativos” de Podemos que no la han retirado en su totalidad como hubieran debido. Solo retiraron la acusación pordaños al medio ambiente, después de que en el juicio oral los testimonios de los agentes medioambientales y del SEPRONA dejaran claro que no había habido daño ambiental alguno.

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