SOBRE EL IMPERDONABLE SILENCIO DE LOS SINDICATOS

Esto es de escándalo. CCOO convoca una semana de huelga seguida, DEL 6 AL 12 DE MAYO, ambos inclusive, para presionar a las empresas de Contratas a desbloquear la negociación. UGT vende que el acuerdo está próximo, en aparente contradicción con CCOO. Se habla de un preacuerdo que estaría al caer esta misma semana.

Se dice, se habla, se comenta, se rumorea... qué forma de hacer tan distinta, la de los sindicatos mayoritarios respecto el funcionamiento asambleario, transparente y autogestionado de las y los trabajadores en huelga.

Es insólito que lo que se esté negociando en diferido en Madrid (pues finalmente, sólo las y los trabajadores decidiremos si aceptamos uno u otro acuerdo, si continuamos con la huelga, etc) esté ocultado de esta forma. Por lo visto, hay niveles de información. Hay clases, vamos. Delegaduchos que tienen información que se nos niega a la mayoría. La cuestión es: si hay niveles de información, pueden los títeres sindicales de CCOO y UGT estar seguros de que no se les oculta algo a ellos también?

Este funcionamiento es antidemocrático, patético, y no representa a nadie. No es así como hay que hacer las cosas, no nos cansaremos de repetirlo. Así que, menos bulos, menos rumores y más información. Si no es así, ya nos encargaremos de juzgaros como merecéis.

Mientras tanto, es momento de apretar al máximo y no aflojar. Están contra las cuerdas, tanto Telefónica como las Contratas y los sindicatos mayoritarios que les hacen el juego. No saben como frenar esto y no se lo vamos a poner fácil. Hasta que no haya un buen acuerdo no habrá paz. No hemos hecho este camino para nada. Los acuerdos parciales sólo durarán lo que dure la huelga. Acuerdos para todos, estatales y firmados con garantías.

TODO EL PODER A LAS ASAMBLEAS. LA HUELGA CONTINUARÁ MIENTRAS LO DECIDAMOS TODOS JUNTOS. CCOO Y UGT NO NOS REPRESENTÁIS.

http://teleafonica.blogspot.com.es/2015/05/sobre-el-imperdonable-silencio-de-los.HTML
+ INFO: http://www.vientosur.info/spip.php?article10017

Sicav: camino a Luxemburgo

Crecen las Sicav, sus accionistas y su patrimonio

¿Crisis? ¿Qué crisis? Se deben de preguntar las grandes fortunas españolas, que han visto cómo sus vehículos de inversión favoritos, las Sicav –sociedades de inversión de capital variable–, han crecido en 2014. Han crecido en número: 193 más, hasta las 3.228; en accionistas: un 8,94% más, hasta los 450.211; y en patrimonio: un 14% más, hasta los 31.486 millones de euros. ¿Qué pasa? Sucede que España está a la altura de Luxem­burgo como paraíso fiscal de las grandes fortunas.

Las SIF luxemburguesas y las Sicav españolas son los instrumentos “más favorables a nivel europeo” para las grandes fortunas, asegura a Diagonal José María Molli­nedo, secretario general del Sindi­cato de Técnicos del Minis­terio de Hacienda (Gestha). Las SIF de Luxemburgo son conocidas como “el alter ego de las Sicav españolas por excelencia”, aunque hay diferencias importantes.

Para Mollinedo, “son más atractivas las SIF luxemburguesas”, porque tributan al 0,01% del patrimonio neto, en vez de al 1% del resultado, como las Sicav. Además, pueden estar constituidas por un único inversor, en vez de un mínimo de cien. El secreto bancario es otra de las ventajas de este pequeño país del norte de Europa. Ahora bien, España permite prácticas que no se dan en ningún otro lugar, como utilizar un vehículo de inversión colectiva, las Sicav, como una institución privada. “Es un fenómeno propio de nuestro país porque la ley lo permite”, advierte el técnico de Hacienda.

“Beneficio indiscriminado”

“Un dato realmente significativo es que el 83% de las Sicav está en manos privadas, mientras que tan sólo un 17% está en manos colectivas. Esto muestra que “este vehículo de inversión se utiliza para lo que se le critica: para que una gran fortuna obtenga un beneficio indiscriminado”.

El presidente de ATTAC Madrid, Carlos Sánchez Mato, coincide en este punto: “Uno de los temas más indignantes es que, aunque intenten convencernos de que mucha gente participa de ellas, la gran mayoría de estos 450.000 inversores son simples ‘mariachis’, tienen pequeñas cantidades, mientras que los verdaderamente privilegiados de esta estructura para eludir impuestos son unos pocos. ¿Cuántos son esos privilegiados? Ni lo sabemos ni nos lo dirán, porque sería un escándalo”.
“Si la ley es permisiva, la Co­misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede hacer nada”, ­reitera José María Molli­nedo. Y recuerda que estos lodos vienen de los polvos de 2005 –cuando José Luis Rodrí­guez Za­patero ocupaba La Mon­cloa– y se aprobó que fuera la CNMV, y no la Agencia Tributaria, quien con­tro­lara las Sicav. El Go­bier­no de Zapa­tero ‘coló’ esta medida el mismo día en que se aprobó la ley de matrimonio homosexual, que acaparó la atención mediática. El entonces presidente de la CNMV no era otro que Manuel Conthe, hoy asesor económico de Ciudadanos. Y su vicepresidente era Carlos Areni­llas, a quien se le destapó con gran escándalo la Sicav Tagomago In­vestment. Areni­llas era, además de marido de la entonces ministra Mercedes Cabrera, asesor económico de Zapatero y excompañero de Miguel Sebastián en la agencia de valores Intermoney.

Misión Sicav: eludir al fisco

Desde Gestha insisten: “Para corregir esta situación de elusión fiscal  consentida desde 2005, es necesario modificar la ley para que se establezca un límite máximo a la participación en torno al 5%, para no generar la situación de abuso que se da a día de hoy”. También proponen romper el diferimiento de su tributación y dejarlo como máximo en uno o dos años –ahora sólo tributan cuando venden activos, con operaciones de fusión o escisión–. “Eso evitaría que esos miles de millones de patrimonio de las Sicav estén sin tributar, eludiendo impuestos”.

“Las Sicav siguen mostrando que la obligación de pagar impuestos no es igual para todos y que, para los gobiernos, dejar puertas sin vigilancia por las que puedan escapar de tributación los grandes patrimonios es una prioridad”, concluye Mato.

https://www.diagonalperiodico.net/global/26539-sicav-camino-luxemburgo.html

¿Hay alternativas al TTIP y los tratados de “libre comercio”?

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) se asienta en un modelo de sociedad y de economía indiscutido e indiscutible: el capitalismo como el único sistema posible y el mejor. A partir de ahí, los argumentos para promoverlo se transforman en “verdades objetivas”: nos aseguran que con el TTIP se generará crecimiento económico, empleo y desarrollo; las pymes aumentarán sus oportunidades de negocio y el acuerdo entre los dos mayores bloques económicos del mundo ofrecerá, además, la posibilidad de crear estándares y reglas que luego se adoptarán a nivel global, lo que beneficiará a terceros países.

Sus impulsores sostienen que el TTIP puede contribuir a un mejor aprovechamiento de la liberalización económica y a paliar lo que hasta ahora habría sido una “globalización sin reglas”. Todo en base a una idea fuerza: considerar que el comercio internacional tiene como objetivo el libre intercambio de servicios y mercancías, profundizando la competencia entre economías y favoreciendo, por tanto, la disminución de los precios y la creación de empleo.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. La UE, que tiene como dogma la libre circulación de capitales y el “libre comercio”, ha sustentado su política económica en el crecimiento económico por el lado de la oferta, el predominio de los intereses del sector financiero, las privatizaciones de los servicios públicos y las políticas fiscales regresivas. Así, el TTIP se vincula con la idea de estimular la economía con el aumento de las exportaciones, el comercio exterior y la competitividad; es decir, a través de la desregulación de los derechos sociales, la bajada de los salarios y la contención de todas las políticas públicas.

Asociar el incremento de los flujos comerciales y el crecimiento económico al bienestar del conjunto de la ciudadanía no es una verdad inmutable. En realidad, en un contexto económico marcado por la caída de las tasas de ganancia y la reducción del consumo, el TTIP responde —al contrario de lo que dicen los propagandistas del acuerdo transatlántico— a la necesidad intrínseca del capitalismo de ampliar las esferas de comercialización, la acumulación ilimitada de la riqueza y la mercantilización de la vida.

Pero los tratados de comercio e inversiones —a los que habitualmente se llama “tratados de libre comercio”, a pesar de que tienen muy poco de intercambios entre libres e iguales— no tienen por qué ser útiles por sí mismos, y sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas de los países y a las necesidades del conjunto de la población. De hecho, los contenidos del acuerdo deberían ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados sociales.

La evaluación de los impactos de estos tratados sobre la vida de las personas tendría que ser el verdadero indicador a tener en cuenta. Porque las cifras macroeconómicas, el incremento de las exportaciones y el crecimiento del PIB no pueden ocultar el hecho de que, por una parte, una minoría continúa con su lógica de crecimiento y acumulación mientras, por otra, aumentan la pobreza y las desigualdades para las mayorías sociales.

El TTIP sirve para apuntalar el modelo económico que está destruyendo la vida en el planeta, dando prioridad a las energías más contaminantes y abriendo la puerta al fracking. Como afirma Noam Chomsky, “la humanidad está en una carrera hacia su propia destrucción: se subsidia a las industrias letales, se incentiva la extracción de la última gota de petróleo aunque la evidencia científica dice que debemos dejar esos combustibles fósiles donde están”. Y es que el crecimiento ilimitado y la competitividad a ultranza, que son el telón de fondo que está detrás de todos los acuerdos comerciales impulsados en el marco de la nueva lex mercatoria, nada tienen que ver con las necesidades reales de la población y con el respeto a la naturaleza.

Desde esta perspectiva, el comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. La distribución de la riqueza, el crecimiento económico y la cuantificación de los indicadores macroeconómicos deben adecuarse, como mínimo, a los principios del desarrollo humano y sostenible, cuando no al planteamiento de otro modelo económico radicalmente distinto que parta de asumir, para empezar, los límites físicos del planeta.

En este contexto, existe una multitud de movimientos sociales que pretenden superar la economía capitalista y el Estado como pilares inmutables de la organización social, buscando alternativas radicales basadas en la solidaridad, la proximidad y la participación. De este modo, la democracia radical y las necesidades humanas aparecen como factores clave para una nueva organización social, en la que se subordinen las dimensiones productiva y financiera de la economía a las personas, a los trabajos de cuidados y a las responsabilidades domésticas.

Eso sí, yendo a lo concreto, ¿cómo articular alternativas reales y viables que sirvan para ir diseñando otra manera de entender la economía? Tratando de avanzar en esta dirección, el nuevo mandato de comercio alternativo establece algunas pautas en esta dirección, siempre en base a una premisa central: “Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales”.

A partir de esta idea, apostando “por una nueva perspectiva frente al comercio”, pueden irse concretando diferentes propuestas alternativas de regulación que tengan en cuenta, entre otros factores, que:

1. La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar —y a darle prioridad— el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.

2. Los bienes comunes y los servicios públicos queden excluidos de las negociaciones de la UE en materia de comercio e inversiones.

3. Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.

4. Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.

5. Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.

6. Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Junto a ello, estas propuestas sobre comercio alternativo —y otras complementarias que vayan en el mismo sentido— pueden completarse con opciones como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: “Un tratado del presente y del futuro, basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras, y en la obligación de proteger la Tierra y sus habitantes”.

* Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

 

http://www.lamarea.com/2015/05/01/hay-alternativas-al-ttip-y-los-tratados-de-libre-comercio/

GALERIA DE BUITRES CCXXV

Los consejeros de las empresas del Ibex 35 se repartieron 900.000 euros al día en 2014

Los administradores de las principales empresas cotizadas se repartieron en 2014 un 27,29% más que el año anterior

El presidente de Iberdrola se embolsó 25.000 euros al día; el de Gas Natural, 9.247; y el de Endesa, 7.786

Todas las empresas menos tres aumentaron la retribución de su consejo, algunas como Jazztel, Caixabank, Endesa o Iberia más del 150%

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/08/los_consejeros_las_empresas_del_ibex_ganaron_730_000_euros_dia_2014_29272_1012.html

Huelgas en la fábrica del mundo

En la víspera del Primero de Mayo, China vive el periodo de conflictividad laboral más intenso de la historia del país desde la Revolución Cultural

Ya han empezado los preparativos. Mañana se celebrará una de las fechas más importantes de la República Popular China, el Día del Trabajo, las fiesta del Primero de Mayo. En todos los edificios colindantes de la plaza Tian'anmen se levantarán las banderas rojas y frente al retrato de Mao -situado entre dos letreros donde se puede leer “Larga vida a la República Popular China” y “Larga vida a la unidad de los pueblos del mundo”- se colocará, como todos los años, el retrato del doctor Sun Yat-Sen, fundador del Partido Nacional Popular y primer presidente de la República China; todo un llamamiento a la reunificación con Taiwán.

No obstante y pese a toda la simbología marxista-leninista, el cuestionamiento del sistema chino sobre cuánto socialismo queda en el “socialismo de mercado” es del todo pertinente: crecimiento del PIB pero desigual reparto de la riqueza con un coeficiente de Ginni por encima de la media mundial, empresas estatales chinas entre las cien empresas con más beneficios del mundo pero puesto 78 en el ranking mundial del ÍIndice de Desarrollo Humano. Y mientras día tras día se siguen afianzando todas estas variables macroeconómicas, la semana pasada encontramos la siguiente información en el China Labor Bulletin:

Una huelga de un mes a un fabricante de bolsas de propiedad japonesa en la ciudad localizada en el río Perla llamada Zhongshan se ha caracterizado por la violencia policial, las detenciones y la intimidación, y la negativa absoluta del jefe para negociar. La huelga estalló a mediados de marzo. Los cerca de 200 trabajadores de Cuiheng Co. estaban descontentos respecto a los sueldos bajos y la negativa de la empresa a pagar a la seguridad social y las contribuciones al fondo de vivienda, bonos de fin de año y otros beneficios.

Después de una semana en los piquetes sin respuesta de la Administración, el 22 de marzo los trabajadores se acercaron a Chen Huihai, el director del centro de formación de una sede en Guangzhou de los trabajadores, en busca de ayuda y consejo. Chen y sus colegas ayudaron a los trabajadores para organizar las elecciones para representantes en la negociación y a presentar una propuesta de negociación colectiva a la gerencia. La dirección se negó a negociar, despidió a los dirigentes obreros y llamó a la policía. Varios cientos de policías antidisturbios llegaron a la fábrica y transportaron fuera a 26 trabajadores, cuatro de los que fueron detenidos por más de diez días. Muchos otros trabajadores resultaron heridos.

Podría ser simplemente una anécdota, pero se trata de uno de los “incidentes de masas” (así los cataloga el Gobierno) sufridos durante los últimos meses en la China continental, y es que se está viviendo el periodo de conflictividad laboral más intenso de la historia del país desde la Revolución Cultural. De los 3.387 casos examinados por la base de datos del China Labour Bulletin -colectivo no gubernamental localizado en Hong Kong cuyo propósito es “monitorizar”, defender y promocionar los derechos de los trabajadores en la República Popular China-, destaca notablemente el curso 2014-2015, especialmente el pasado mes de enero, en el que se llegó a 272 huelgas registradas en sólo un mes. Esto supone que en lo que llevamos de año se han producido tantas huelgas como en 2011 y 2012 juntos.

Huelgas y asambleas

¿Quién hace las huelgas? El 78% se hacen en el sector secundario --manufactura, astilleros, construcción, minería y transporte--, mientras que un 13% se llevan a cabo en el sector servicios. Los escenarios de lucha principales son la fábrica, la obra, la mina y, eventualmente, la vía pública, y lógicamente las provincias donde se registre un mayor número de conflictos serán las más industrializadas, e irónicamente las de un mayor PIB: Guandong, Jiangsu, Shangdong y las municipalidades de Beijing, Shanghái y Chongqing. Los protagonistas son, por lo tanto, los obreros --realidad que parece resultarnos lejana desde nuestros países deslocalizados--, bien antiguos empleados de fábricas estatales que perdieron su trabajo fijo en la privatización de los años 90, o bien la llamada “segunda generación de inmigrantes rurales”, los hijos de los conocidos como nonmingong, jóvenes trabajadores que nacieron y crecieron en ciudades industriales en el sureste chino, por lo que no se consideran a sí mismos como rurales y se ven tan urbanos como aquellas personas que sí disfrutan de un carnet de residencia urbano.

Las protestas se organizan a través de asambleas puntuales y autónomas --y, por lo tanto, ilegales-- que acuerdan una estrategia para llevar a cabo una protesta y eligen a una serie de portavoces para negociar con la dirección de la empresa. Su organización es tan radicalmente horizontal como la de las primeras experiencias sindicales en Europa, pero por contra sus motivos no son en absoluto radicales: el 33% de las protestas se realizó para obtener compensaciones frente a un abuso laboral, el 21% para protestar por impagos salariales, el 20% se realizó para conseguir el aumento de salarios, y el resto para exigir seguridad social, mejorar condiciones laborales o exigir el fin de las horas extra. Se trata de un movimiento radicalmente reformista, consecuencia inevitable de un fallido sistema sindical.

Los métodos de lucha son clásicos, desde recogidas de firmas y peticiones directas a las autoridades, pasando por sentadas y paros laborales, hasta piquetes, bloqueos de la producción fabril, manifestaciones, bloqueos de las vías ferroviarias o del espacio aéreo, e incluso --aunque en menor medida, alrededor de un 5% de los casos investigados-- la ocupación de edificios gubernamentales o el enfrentamiento directo con la policía o con miembros de la gerencia de las fábricas, o el asalto y la destrucción de equipamiento y la producción fabril. Las nuevas tecnologías son incluidas y juegan cada vez más una centralidad dentro de los métodos de convocatoria y organización, notablemente la utilización de la plataforma QQ.

El Gobierno suele preferir situarse al margen de estos conflictos, no interviniendo hasta que se presenten problemas de orden público, aunque es cierto que interviene cada vez más. Resulta mucho más cómodo y favorable de cara a la opinión pública tanto doméstica como internacional situarse como un árbitro del conflicto que como un partidario de la patronal que emplea la violencia para reprimir a las protestas. Esto da un gran margen a los huelguistas para hacer ceder a los empresarios a sus reclamaciones. No obstante, desde el año 2013 hasta la actualidad las autoridades chinas han intervenido y procedido a diferentes arrestos en el 20% de las protestas realizadas.

Un momento histórico

Y entendiendo que se trata de un momento histórico en el que la acción colectiva se manifiesta obteniendo éxitos en favor de los trabajadores, probablemente el mejor momento del movimiento de los trabajadores chinos de los últimos 50 años, se plantea una pregunta: ¿por qué los grandes medios de comunicación priorizan otra clase de protestas? Quizás se trata de una cuestión de reivindicaciones, o tal vez estemos de nuevo ante un caso de aporofobia mediática. Frente a la clase trabajadora china, se prefiere visualizar protestas de disidentes de un perfil mucho más anglófilo, como Ai Weiwei o Liu Xiaobo, o se buscan espejos a las protestas de Tian'anmen en las protestas de Hong Kong, incluyendo a sus protagonistas: joven, estudiante, universitario de “clase media” cuyo propósito es conseguir la libertad --en concepto amplio y poco específico, pero que suele significar la equivalencia al modelo de los Estados Unidos de América-- a través de una protesta pacífica, creativa y altamente fotogénica.

El futuro de este movimiento --que por otro lado viene de un incremento constante desde hace diez años-- es incierto. La ausencia de un espíritu transformador hace reflexionar sobre hasta dónde puede llegar un sindicalismo de carácter reformista, entendiendo que un Estado, sea capitalista o socialista de mercado, donde el motor económico del país se basa en el beneficio empresarial, implica que no se puede permitir una clase trabajadora tan bien acomodada. La deslocalización, además, es un fenómeno que también se está produciendo hoy en China, no como país receptor, sino todo lo contrario: las empresas prefieren irse a países con menos regulaciones, como Vietnam, Malasia o Indonesia, o a las provincias centrales de China.

Estamos hoy quizás ante el momento cumbre de este movimiento, que difícilmente podrá conseguir más si no es redirigiendo sus objetivos a un óptica transformadora, un momento que en el futuro de la historia del movimiento obrero chino se recordará como una época dorada. El mañana es mucho más oscuro, pues Beijing no se puede permitir seguir esta desaceleración de los índices macroeconómicos, por lo que soplan vientos de represión y de intensificación de la lucha. Pero mañana volverá a ser Primero de Mayo y las banderas rojas volverán a ondear en Tian'anmen, y resonará la internacional, el viejo canto a los parias de la tierra, en plazas y radios en taxis y puede que incluso en las fábricas. Pero dentro de dos días seguirá siendo China, y volverán las huelgas a la fábrica del mundo.

https://www.diagonalperiodico.net/global/26584-huelgas-la-fabrica-del-mundo.html

GALERIA DE BUITRES CCXXIV

La puerta giratoria en sueldos: 21,4 millones para los 43 expolíticos del Ibex en 2014

Los 43 expolíticos que en 2014 se sentaban en los consejos de administración de las compañías del Ibex 35, la élite empresarial española, cobraron el año pasado, en conjunto, una retribución bruta total de más de 21,45 millones de euros. La cifra incluye todos los conceptos (por las funciones como vocal y, en su caso, por las tareas ejecutivas) y resume el papel de la denominada puerta giratoria como puente hacia el dinero y el poder.

Esa puerta sigue bien engrasada en España. Más que por la proliferación de fichajes, que también los hubo (en marzo del año pasado, el Gobierno colocó en Enagás a cinco de los suyos de una sola tacada), por el paulatino ascenso en esas empresas de quienes en el pasado tuvieron responsabilidades en la cosa pública. En 2014 ya había seis expolíticos en el Ibex con categoría de consejero ejecutivo, un rol mucho mejor pagado que el de los vocales rasos (ninguno está por debajo del medio millón de euros brutos al año).

No obstante, los consejeros no ejecutivos, la inmensa mayoría, con categoría de "independiente" y con una carga de responsabilidad y dedicación muy inferior, tampoco se pueden quejar. Aunque hay grandes diferencias entre ellos en función del tamaño de la empresa, su retribución media por la pertenencia al consejo rozó el año pasado los 179.000 euros por cabeza.

El cómputo, que excluye a Arcelormittal, una multinacional con sede en Luxemburgo, fundamentalmente recoge a exdiputados, exsenadores, antiguos ministros o secretarios de Estado y expresidentes de organismos reguladores. En él hay un expresidente del Gobierno y dos de los tres padres de la Constitución que aún están vivos, además de cargos de la administración autonómica y local.

Mayoría absoluta de PP y PSOE

En el recuento, el predominio de los dos grandes partidos es absoluto. De esas 43 personas, que ocupan 49 puestos de consejeros en empresas del Ibex (hay cuatro que están en dos a la vez), 18 son de la esfera del PP y otras 11, del PSOE. Seis proceden de la etapa de la extinta UCD en el Gobierno y hay cinco próximos a partidos nacionalistas: tres del PNV y dos de CiU. Otros tres no tienen adscripción a ningún partido en España.

El peso de los expolíticos en el Ibex ronda desde hace años el 9%, aunque, cuantitativamente, ha sido superior en el pasado. Si en 2010 había antiguos altos cargos en 26 de las 34 firmas del principal indicador bursátil español, en 2014 había doce empresas que no tenían ninguno: BME, BBVA, Bankinter, Bankia, Banco Popular, Banco Sabadell, Grifols, Jazztel, Mapfre, DIA y Sacyr. Aunque hay matices: BBVA fichó en 2013 como consejero ejecutivo a José Manuel González-Paramo, que no ha sido político, pero sí ha mandado mucho en el sector bancario durante su etapa en el Comité Ejecutivo y el consejo del Banco Central Europeo (BCE). Y el Sabadell tiene desde el año 2000 como secretario (no consejero) a Miquel Roca, uno de los expolíticos más solicitados por las empresas del Ibex. 

Por compañías, la palma se la lleva una de las tres del selectivo que controla el Estado a través de la SEPI, Enagás, que en 2014 tuvo a ocho expolíticos en su consejo (siete del PP y uno del PSOE). A continuación están Santander (cinco), Red Eléctrica (cuatro), Telefónica, Repsol y Técnicas Reunidas (tres cada una), Abengoa, ACS, IAG, Iberdrola, Gas Natural y OHL (dos cada una) y Abertis, Acciona, Amadeus, Caixabank, Endesa, FCC y Gamesa, con uno.

El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores, ni a consejeros de filiales (su retribución no es pública), que dispararían el recuento. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Cobo, todavía consejero de Gas Natural (abandona el cargo este mes tras doce años a sueldo de la empresa), se ha visto salpicado por el escándalo de Rodrigo Rato como presidente de la Sicav del poliimputado exvicepresidente económico.

De mayor a menor sueldo, el ránking de los expolíticos del Ibex es el siguiente:

Matías Rodríguez Inciarte (Santander): 5.247.000 euros. Vicepresidente segundo de Banco Santander, con carácter ejecutivo, antes de incorporarse al banco (lo hizo en 1984) fue secretario de Estado adjunto al presidente del Gobierno y ministro de la Presidencia entre 1981 y 1982, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, entre otros cargos. Es uno de los vicepresidentes del Santander desde 1994. El año pasado, la entidad le pagó un 9,9% más.

Florentino Pérez (ACS): 4.576.000 euros. El actual presidente de ACS y del Real Madrid es el arquetipo de político que triunfa en los negocios. Pérez fue concejal de UCD en el Ayuntamiento de Madrid (1979-1982) y alto cargo en los ministerios de Medio Ambiente y Transportes con ese partido. Y luego llegó a ser después secretario general del Partido Reformista Democrático (PRD), impulsado por Miguel Roca, que fracasó en las generales de 1986. El primer ejecutivo de ACS, que ha anunciado que cederá el testigo el año que viene al próximo consejero delegado de la constructora, Marcelino Fernández Verdes, ha echado esta semana un capote al Gobierno de Rajoy al asegurar que España será "motor de crecimiento" en Europa con la creación de 500.000 puestos de trabajo en 2015.

 Josu Jon Imaz (Repsol): 2.019.000 euros. Consejero de Industria, Comercio y Turismo y portavoz del Gobierno Vasco en 1999, exeurodiputado y presidente del PNV entre 2004 y 2007, Imaz fichó por Repsol en 2008 y es consejero delegado de la petrolera desde abril de 2014. Desde el pasado jueves, es el primer ejecutivo de la compañía que preside Antonio Brufau, que esta semana le definía como "la mejor persona para liderar el nuevo proyecto de Repsol".

Josep Piqué (OHL): 800.000 euros. Ministro de Exteriores, portavoz del Gobierno y ministro de Industria con José María Aznar, entre otros cargos, Piqué es desde septiembre de 2013 consejero delegado de OHL, constructora que preside otro exministro, Juan-Miguel Villar Mir. Con una prolífica actividad empresarial tras dejar la política, Piqué todavía es consejero de Airbus a instancias del Gobierno español, cargo por el que cobró 115.000 euros en 2014 pese a que no asistió ni a la mitad de las siete reuniones del consejo. Está previsto que este mes sea sustituido por Amparo Moraleda en el gigante aeronáutico.

José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con Aznar es presidente ejecutivo de REE desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza. Folgado forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.

Guillermo de la Dehesa (Santander, Amadeus): 591.000 euros. Ex secretario de Estado de Economía con Felipe González, es vicepresidente tercero (no ejecutivo) de Santander (437.000 euros de sueldo en 2014) y vicepresidente no ejecutivo de la compañía de reservas Amadeus (154.000 euros). También es asesor internacional del banco de inversión Goldman Sachs. En este caso, su retribución no es pública.

Marcelino Oreja Arburúa (Enagás): 552.000 euros. El exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja fue nombrado consejero delegado de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder. El año pasado, cobró un 30,4% más como número dos de la empresa al ser "el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo", según la compañía.

 Isabel Tocino (Santander, Enagás): 544.000 euros. El grueso de los ingresos de la exministra de Medio Ambiente con Aznar como consejera en el Ibex es el Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. Aunque, según su perfil biográfico en la web del banco, su "actividad principal" es la de profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, sus ocupaciones son múltiples: es vocal de Enagás desde marzo del año pasado (60.000 euros de sueldo bruto), y también consejera independiente de otras dos empresas cotizadas que no están en el Ibex: la papelera Ence (otros 68.000 euros brutos de sueldo en 2014) y Naturhouse (sin datos).

Javier de Paz (Telefónica): 491.000 euros. Secretario General de las Juventudes Socialistas y Miembro de la Ejecutiva del PSOE desde 1984 hasta 1993, fue colocado en el consejo de la multinacional en 2007 por mor de su estrecha amistad con el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El año pasado fue nombrado presidente de la filial Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (Tgestiona) y presidió Atento, entonces subsidiaria de la operadora, desde finales de 2008 hasta su venta al capital riesgo en diciembre de 2012.

Fernando de Almansa (Telefónica): 459.000 euros. El que durante diez años (hasta 2002) fuera jefe de la Casa Real (cargo con rango de ministro) es una persona muy cercana al rey Juan Carlos, del que todavía es consejero privado. Consejero de Telefónica desde 2003, el diplomático también es consejero suplente de Grupo Financiero BBVA Bancomer y BBVA Bancomer (sin datos sobre su retribución).

Carlos Espinosa de los Monteros (Inditex, Acciona): 409.000 euros. Nombrado por el Gobierno de Rajoy máximo responsable del Alto Comisionado para la Marca España en julio de 2012, con rango de secretario de Estado pero sin ninguna retribución, es, más que político, empresario. El expresidente de Iberia y Aviaco, expresidente del Círculo de Empresarios y exconsejero delegado de Mercedes-Benz en España preside actualmente la mutua Mutrespa y es consejero de dos empresas del Ibex, Inditex (296.000 euros de sueldo en 2014) y de Acciona (113.000 euros).

Luiz Fernando Furlán (Telefónica): 354.000 euros. Es uno de los dos extranjeros de este ránking. Entre 2003 y 2007, fue ministro de Industria, Desarrollo y Comercio del Gobierno de Brasil, país que ha cobrado una importancia capital para Telefónica, hasta el punto de que, desde el año pasado, es el primer mercado del mundo por volumen de ingresos para la operadora. Furlán es consejero de la compañía desde 2008.

 Miquel Roca Junyent (Endesa, ACS): 342.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero coordinador de Endesa (245.00 euros), es vocal de ACS (97.000 euros) y secretario (no consejero) en los consejos de Abertis y Banco Sabadell (sin datos sobre su retribución). A esa frenética actividad se suma su labor en el bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España.

Luis Carlos Croissier (Repsol): 309.000 euros. Ex ministro de Industria y Energía y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con Felipe González, acaba de renovar su mandato Repsol, de la que es consejero independiente desde 2007. También es vocal de otras dos empresas cotizadas que no están en el Ibex: Adolfo Domínguez y Testa (filial de Sacyr). Su retribución en cada una de esas empresas (no hay datos de 2014) ronda los 40.000 euros anuales.

Josep Borrell (Abengoa): 300.000 euros. Ex secretario de Estado de Hacienda, exministro de Obras Públicas, Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente con González y expresidente del Parlamento Europeo, es consejero de Abengoa desde 2009. También es vicepresidente del consejo asesor internacional de la multinacional andaluza, aunque en este caso su retribución no es pública.

Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro del Interior de Aznar es consejero de Iberdrola desde 2012 y acaba de renovar en el cargo en la última junta de la eléctrica por amplia mayoría y hasta 2019, pese a sus problemas con la justicia por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas.

Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE y es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Al igual que Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.

Mario Fernández (Repsol): 221.000 euros. Consejero de Repsol desde 2011, ha sido consejero y vicelehendakari del Gobierno Vasco con el PNV, entre otros cargos públicos, y presidente de Kutxabank. Repsol acaba de renovarle como consejero pese a su imputación en el 'caso Kutxabank', los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces.

José Lladó Fernández-Urrutia (Técnicas Reunidas): 197.000 euros. Su retribución como presidente no ejecutivo de Técnicas Reunidas es una bicoca si se compara con los dividendos que percibe como presidente de la empresa de ingeniería, de la que es máximo accionista y fundador. Hijo del que fuera presidente del Banco Urquijo Juan Lladó Sánchez-Blanco y nieto del diputado romanonista José Lladó Vallés, fue ministro de Transportes y Comunicaciones y ministro de Comercio durante la Transición.

Nemesio Fernández-Cuesta (Gas Natural): 196.000 euros. Otro gestor empresarial antes que político, fue secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el primer Gobierno de Aznar. El único dato público de su retribución en 2014 son los 196.000 euros que le pagó Gas Natural por su condición de consejero en representación de Repsol, compañía de la que ha sido alto directivo (con un sueldo muy superior) hasta este mismo año. Fernández-Cuesta se ha desvinculado de la petrolera y en unas semanas hará lo propio como consejero de la gasista. En marzo pasado, anunció su fichaje como asesor económico de UPyD.

Juan Miguel Villar Mir (OHL, Santander): 194.000 euros. Uno de los veteranos del Ibex (en septiembre cumple 84 años), y otro imputado (por partida doble), sigue al frente de la empresa que preside y controla, OHL, y de su hólding familiar, el Grupo Villar Mir. Su remuneración por ese cargo en OHL fue de 89.000 euros en 2014, aunque el grueso de sus ingresos procede de los dividendos por su participación en sus empresas. Ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos tras la muerte del dictador Francisco Franco, es consejero del Santander desde 2013 (105.000 euros de remuneración el año pasado).

José María Aracama (Gamesa): 192.000 euros. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra con el PP entre 1996 y 1999 este ingeniero industrial es consejero independiente del fabricante de aerogeneradores desde 2011.

Abel Matutes (Santander): 183.000 euros. El empresario y exministro de Exteriores con Aznar ha sido consejero de Santander desde 2002 hasta marzo de este año. Acaba de fichar como vocal de la inmobiliaria Metrovacesa, cuyo primer accionista es el banco que preside Ana Patricia Botín.

Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el consejo de administración de Red Eléctrica, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005. Es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.

Denise Kingsmill (IAG): 162.000 euros. Como decía en una entrevista hace un año, la Baronesa Kingsmill ha sido muchas cosas: "top-model, abogada, lord, empresaria"... Miembro vitalicio de la Cámara de los Lores por el Partido Laborista desde 2006, presidió la autoridad británica de la Competencia entre 1996 y 2003. Además de ser vocal de la matriz de Iberia desde 2010, actualmente también se sienta en los consejos de administración de Telecom Italia y la eléctrica alemana E.ON, entre otros cargos.

Javier Ibarz (Caixabank): 160.000 euros. Ex concejal del Ayuntamiento de Reus con CiU, ingeniero industrial, empresario, exjugador profesional de hockey sobre patines, Ibarz es consejero de Caixabank desde 2012. El año pasado, la entidad le pagó un 48% más por sus servicios.

Juan Carlos Aparicio (Indra): 130.000 euros. Aparicio se incorporó al consejo de administración del grupo tecnológico en septiembre de 2013, poco después de que la SEPI le comprase a Bankia su participación (20%) para convertirse en su primer accionista. Ha pasado media vida en política, siempre al abrigo del PP: diputado, vicepresidente y exconsejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León hasta 1989, secretario de Estado de la Seguridad Social (1996-1999), ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1999-2002) y alcalde de Burgos (2003-2011).

Ricardo Martínez Rico (Abengoa): 130.000 euros. Ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Aznar, preside Equipo Económico, la consultora que fundó el actual ministro de Hacienda y que últimamente ha causado más de un quebradero de cabeza a Cristóbal Montoro por sus relaciones con diversas empresas y organismos. La firma facturó el año pasado a Abengoa, de la que Martínez Rico es consejero independiente, 355.000 euros por "servicios de consultoría integral y estratégica".

Felipe González (Gas Natural): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su salida, que se materializará en la junta de accionistas del próximo día 14. González dijo hace más de un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es "muy aburrido", pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional. González ya tiene recambio en la compañía: la exministra socialista Cristina Garmendia.

José Pedro Pérez-Llorca (IAG) 123.000 euros. Consejero de la matriz de Iberia desde 2010, fue uno de los siete padres de la Constitución Española y sigue vinculado al bufete que fundó en 1982 tras abandonar una intensa carrera política con UCD que incluyó las carteras de Presidencia de Gobierno y Relaciones con las Cortes, Administración Territorial y Asuntos Exteriores.

José Ramón Álvarez Renduelles (Mediaset): 120.000 euros. Ex secretario de Estado de Economía (1977-78) y ex gobernador del Banco de España (1978-84), entre otros cargos públicos, es consejero independiente de Mediaset desde 2004, labor que compatibiliza con la presidencia de ArcelorMittal España, Peugeot Citröen Automóviles España y Sanitas, entre otros puestos. También es consejero de otra cotizada que no está en el Ibex, la inmobiliaria Hispania (otros 56.000 euros de retribución en 2014).

Pedro Luis Uriarte (Técnicas Reunidas): 96.000 euros. Vocal de Técnicas Reunidas desde 2011, fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco entre 1980 y 1984 y acredita una larga trayectoria empresarial. Su cargo más destacado en esa esfera fue el de consejero delegado de BBV desde 1994 hasta su millonaria prejubilación en diciembre 2001.

Javier Gómez-Navarro (Técnicas Reunidas): 93.000 euros. Consejero del grupo de ingeniería desde 2006, fue secretario de Estado de Deportes entre 1987-1993 (se encargó de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona) y ministro de Comercio y Turismo en el último Gobierno de González (1993-1996). En la esfera privada, ha sido presidente de Aldeasa (antigua empresa pública) entre 2005 y 2012, entre otros cargos.

 María Teresa Costa Campí (Abertis): 79.000 euros. Exdiputada del PSC-PSOE, fue presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el extinto regulador energético, entre 2005 y 2011. Desde 2012 preside la Cátedra de Sostenibilidad de la Universitat de Barcelona, financiada por las empresas a las que reguló (Repsol, Enagás, ACS, Cepsa, CLH, Endesa, FCC Energía, Gas Natural Fenosa y HC Energía). Fichó por Abertis en 2013.

Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE de González, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el actual presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero independiente de Enagás.

Gustavo Villapalos (FCC): 76.000 euros. Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, en junio de 2013 se convirtió en consejero independiente de FCC. Ha cesado este mismo año, tras la entrada en el capital de la constructora del multimillonario Carlos Slim, que ha supuesto la reestructuración del consejo.

Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.

Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. Uno de los últimos en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso "emocionado" y tras lograr cosas que creía "difíciles", como hacer "un montón de amigos en distintos partidos". Su actividad parlamentaria en la última legislatura fue prácticamente nula: diez preguntas por escrito al Gobierno en dos años y medio.

Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista profesional, se incorporó a Enagás en el 'dedazo' orquestado por el Gobierno del PP en marzo del año pasado. Exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar.

Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de Aznar también se incorporó a Enagás en marzo del año pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP), para evitar problemas de incompatibilidad. Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.

Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo del año pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.

Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Falleció en septiembre pasado a los 75 años.

Luis Valero (Enagás): 53.000 euros. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac.

http://www.eldiario.es/economia/expoliticos-consejeros-Ibex-repartieron-millones_0_382862358.html?utm_source=USUARIOS&utm_campaign=6a9255032c-Adelanto_socios_17_3_2013&utm_medium=email&utm_term=0_32cf759f56-6a9255032c-54976353

7-M: Manifestación "Madrid con Ayotzinapa. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!.

http://rojoynegro.info/evento/sin-fronteras/7-m-manifestaci%C3%B3n-madrid-ayotzinapa-%C2%A1vivos-se-los-llevaron-%C2%A1vivos-los-queremos

Fallo en los iPad de los pilotos

Un fallo en los iPad de los pilotos retrasa vuelos de American Airlines

Las tabletas electrónicas modelo iPad que utilizan algunos pilotos han jugado una mala pasada a American Airlines esta semana. En la noche del martes al miércoles, numerosos vuelos de la compañía estadounidense sufrieron retrasos porque hubo un error en el software de estos dispositivos que impidió a los tripulantes técnicos consultar el manual necesario para volar.

En Twitter, American Airlines dio explicaciones a sus clientes, como la que recibió Serge Gojkovich, presidente de Curbstand, a quien se le indicó: “Algunos vuelos de American Airlines experimentaron un problema con una aplicación de software en los iPads de los pilotos”. Su vuelo, que iba de San Francisco a Los Ángeles, se demoró hasta que los pilotos pudieron imprimir los planes de vuelo que precisaban. Otros aviones tuvieron que regresar a la puerta de embarque y conectarse al wifi para actualizar el software.

 

El manual electrónico está vigente en la aerolínea desde 2013. Con ello, se ha evitado que los comandantes y copilotos carguen con 16 kilos de papel a bordo. Otras compañías americanas, como United Airlines, o europeas, como British Airlines (su socia Iberia lo está probando desde finales de 2014) o Ryanair, se han apuntado a sistemas similares para ahorrar tiempo de preparación del vuelo y costes de combustible.

http://www.preferente.com/la-chispa/un-fallo-en-los-ipad-de-los-pilotos-retrasa-vuelos-de-american-airlines-252970.html

 

El gran cisma de la aviación mundial viene de Oriente

Los gigantes de la aviación mundial se han ido forjando durante décadas a base de cruentas batallas… que, por lo general, acababan derivando a la postre en grandes alianzas. Hace unas décadas la rivalidad entre las compañías de Estados Unidos y de Europa por el control de las rutas entre un lado y otro del Atlántico era feroz, y fuente permanente de reproches y de críticas.

Pero las disputas se apagaron en el momento en que las compañías encontraron una fórmula para explotar el bien común, y en los últimos años se han ido conformando alianzas intercontinentales para achicar la competencia: Iberia, British y American Airlines explotan conjuntamente las rutas entre Europa y EEUU; Air France-KLM, Alitalia y Delta AirLines también se unieron; y Lufthansa hizo lo propio con United Airlines (ahora fusionada con Continental).

El de la aviación es un sector que hoy sólo tiene sentido con una visión globalizada. Las aerolíneas siguen compitiendo en cada uno de sus continentes, claro. En Europa, los gigantes IAG, Lufthansa y Air France-KLM siguen teniendo influencia regional y luchan por mantener el tipo (no siempre les sale, o ya muy pocas veces) ante la competencia de las compañías de bajo coste, que aún no han dado el salto transoceánico. En Estados Unidos sucede lo mismo con American Airlines, United y Delta. Y en la misma tónica empiezan a instalarse los grandes grupos asiáticos, singularmente chinos.

Pero el mercado es global y la competencia también. Gran parte de las compañías internacionales están integradas ya en las alianzas aéreas (Star Alliance, Oneworld y Skyteam) que se configuran como nodos de colaboración comercial y de ventas entre compañías de todo el mundo.

En paralelo, todos los expertos dan (o daban) por hecho que, tras los procesos de consolidación de los sectores regionales (a base de fusiones y adquisiciones entre compañías de un mismo continente) de las últimas dos décadas, el siguiente paso debería ser el nacimiento de grupos realmente intercontinentales. Toda vez, eso sí, que se levantaran las limitaciones impuestas en EEUU y Europa (no digamos ya en China) sobre la presencia de capital extranjero en el accionariado de las compañías propias.

A la espera de que se produjeran ya seriamente esos intercambios accionariales entre compañías europeas y norteamericanas, y también incluso con sudamericanas y asiáticas (ténganse también en cuenta los varios intentos fallidos de incluir en la ola a la australiana Qantas), llegaron unos nuevos actores para revolucionarlo todo. O al menos para romper los esquemas preconcebidos de muchos analistas.

Las compañías de los países del Golfo se han erigido en nuevos protagonistas de la aviación internacional. Qatar Airways, Emirates y Etihad, todas ellas compañías de titularidad estatal, se han convertido en los nuevos cocos del sector gracias a muy ambiciosos planes de expansión y, no cabe duda, gracias a la financiación de los petrodólares proporcionada por sus Estados.

Y lo han hecho tanto a través de la compra de participaciones minoritarias en grupos aéreos extranjeros como con amplias alianzas comerciales. Y, claro, tanta hambre ha levantado suspicacias entre algunos de sus rivales. Y, ahora, también ha sido el detonante de una nueva batalla feroz y reproches como los de antaño.

Los países del Golfo llevan tiempo impulsando una estrategia evidente de diversificación de su actividad para reducir, al menos parcialmente, su dependencia futura de los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo. Y, como uno de los pilares de esta estrategia, estos países aspiran abiertamente a convertirse en un nuevo polo del transporte aéreo global. Y, de hecho, ya lo están consiguiendo: el aeropuerto de Dubai destronó el año pasado al antaño todopoderoso Londres-Heathrow como el de mayor tráfico internacional del planeta, y Doha también consiguió colarse en el ‘top 20’ del ranking global, según los datos del Airports Council International (ACI).

Emirates (Dubai), Qatar Airways (Catar) y Etihad (Abu Dhabi) se han convertido en los instrumentos de los gobiernos de los respectivos emiratos para ejecutar su aventura estratégica de convertir la región del Golfo en el gran punto de enlace en el tráfico aéreo internacional. Las tres aerolíneas, con sus flamantes aviones nuevos y con sus servicios de primera calidad, quieren ser la herramienta para gran parte del tráfico de interconexión entre Asia, Europa y Estados Unidos. Y, con ello, están rascando poco a poco cuota de mercado a las compañías europeas y estadounidenses que hasta ahora controlaban ese mercado intercontinental. Y de ahí las suspicacias, reproches y críticas que ya anticipábamos.

Unos ataques que amenazan con convertirse en auténtico cisma en el sector de la aviación mundial. Las grandes compañías estadounidenses –Delta, United y American- elevaron la voz el mes pasado y reclamaron a la Casa Blanca que pusiera freno al creciente peso de las aerolíneas del Golfo en el mercado intercontinental de EEUU denunciando que las tres compañías ejercen una competencia desleal dado que perciben millonarias ayudas públicas ilegales.

Los grupos norteamericanos cifran en el entorno de los 42.000 millones de dólares (unos 38.000 millones de euros al cambio actual) las ayudas públicas percibidas por Emirates, Qatar Airways y Etihad desde 2004. Unas subvenciones ilegales que se articularían, no ya por la titularidad estatal de los tres grupos, sino mediante generosísimos subsidios para el combustible que consumen o por el cobro en sus países de tasas aéreas ventajosas en relación a las de sus rivales.

Apenas unos días después, los ataques contra los nuevos competidores orientales comenzaron en Europa. Los Ejecutivos de Francia y Alemania salieron en defensa de sus gigantes Air France y Lufthansa y reclamaron a la Comisión Europea que actúe contra la competencia desleal de sus rivales del Golfo. París y Berlín proponen una estrategia común que limite la concesión de derechos aéreos a las compañías extranjeras que se apoyen en subsidios ilegales.

La iniciativa ya cuenta con el respaldo de Holanda, Bélgica y Suecia, e inicialmente ha sido asumida por la propia comisaria de Transportes, Violeta Bulc, con la intención de perfilar una estrategia común entre los Veintiocho y que sea extensible a futuros acuerdos aéreos también con China, Brasil o Turquía.

Pero el ataque, auspiciado por Air France-KLM y por Lufthansa, ha provocado una brecha quizá irreparable en el sector aéreo europeo y ha roto en dos la patronal aérea continental, AEA. En las últimas semanas se han sucedido los abandonos de la patronal por parte de las compañías que tienen más relación (accionarial, en concreto) con las compañías del Golfo. Iberia, British Airways, Air Berlín y Alitalia han anunciado su salida de la AEA, y han criticado abiertamente el proteccionismo de sus vecinos y de las Administraciones europeas, al tiempo que propugnaban una mayor liberalización y una apuesta clara por los cielos abiertos.

No hay espacio para las interpretaciones. Las razones de los que han salido en defensa son claras. IAG, el holding que agrupa a Iberia y British Airways, tiene como principal accionista desde el pasado enero a Qatar Airways, con una participación del 9,9% y la firme intención de elevarla a medio plazo. Y Etihad cuenta con sendas participaciones del 49% en Alitalia y del 29% en Air Berlin. [Y Etihad también acaba de aliarse con Air Europa para operar vuelos conjuntos, aunque de momento no hay visos de que se vaya a traducir en lazos accionariales].

Y, como contraparte, Air France-KLM y Lufthansa son las principales perjudicadas de la estrategia de expansión de las aerolíneas del Golfo como puente entre Europa y Asia. Hasta ahora, París y Frankfurt eran los dos grandes hubs (centros de interconexión de vuelos) entre los destinos europeos y los grandes aeropuertos asiáticos. Lufthansa, de hecho, ha perdido desde 2005 un tercio de todo su tráfico de pasajeros entre Europa y Asia.

La nueva gran vía aérea que pasa por los emiratos árabes rompe el negocio de los grupos franco-holandés y alemán, que se ven así asediados en los dos pilares de su negocio (por las low cost en los vuelos europeos y por los nuevos players del Golfo en el largo recorrido). Y es que nadie mueve ficha –ni en defensa ni en ataque- de manera altruista ni inocente.

Tampoco lo harán las Administraciones americana y europea. Washington y Bruselas ahora tendrán que decidir si ponen coto a la expansión de Emirates, Qatar y Etihad levantando muros por su competencia desleal o si enarbolan la bandera de la apertura (con contrapartidas negociadas en otros sectores y otros ámbitos políticos) aun a costa del interés y del futuro de sus propias aerolíneas.

http://sabemosdigital.com/trip/540-el-gran-cisma-de-la-aviacion-mundial-viene-de-oriente

PMI : Protesta de los empleados con jornada reducida del handling del aeropuerto

Trabajadores de Acciona en el aeropuerto, empresa que presta en Son Sant Joan el servicio de handling, han convocado hoy (27-IV) a las 10.30 horas una manifestación para protestar por el traslado al turno de fin de semana del personal que en estos momentos presta sus servicios en la compañía en régimen de jornada reducida por maternidad, denuncia Caty Llorens, delegada del sindicato CGT.

"El servicio del handling de Acciona tiene entre 300 y 500 trabajadores en temporada baja y hasta 1.500 en temporada alta", explica Llorenç. "Y la protesta responde a que un grupo de padres con jornada reducida que sacrificamos parte de nuestro salario para poder atender a nuestros hijos, recibimos un burofax de la empresa y fuimos trasladados sin más explicaciones al turno de fin de semana, cuando nuestros hijos no tienen ni colegio ni guardería, obligados además a cumplir un horario partido de mañana y tarde que nos obliga a estar a disposición de la empresa casi diez horas, sin posibilidad de elegir el horario y el turno que más nos conviene", relata Llorens. La sindicalista explica que la decisión afecta a dieciocho trabajadores, pero que espera que más personal se solidarice con ellos en la protesta

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/11/27/protesta-empleados-jornada-reducida-handling/979824.html