27 abr. 2018

19 - 27 Mayo: CONTRA LA PRECARIEDAD


No más precariedad

Iberia se suma al proyecto urbanístico de Barajas

Iberia quiere participar en el plan urbanístico de Madrid-Barajas, que contempla una inversión público-privada de 3.000 millones de euros. El presidente de la aerolínea, Luis Gallego, dijo “estamos totalmente alineados” con el proyecto inmobiliario que lanzó Aena.
En la presentación del vuelo sin escalas a San Francisco, Gallego dijo que Iberia tiene “intereses comunes” con Aena, al ser el aeropuerto madrileño el principal centro de operaciones e interconexiones de la compañía y donde cuenta con hangares y muchos terrenos.
"Nos gusta que Aena invierta en Barajas" porque "lo que queremos es que, al final, Madrid sea un hub diferencial y el mejor de Europa, a fin de poder captar clientes antes de que se vayan por otros aeropuertos".

Imán para inversores

Gallego destacó que Iberia puede ayudar a impulsar el proyecto de Aena gracias a su capacidad para atraer empresas proveedoras y del sector, que pueden trabajar en el futuro polo logístico y comercial.
“Si se hace un polo industrial, nosotros estaremos en el medio”, dijo Gallego. La aerolínea española tiene hangares de mantenimiento en La Muñoza, y su presidente deslizó que quizás puedan trasladar las instalaciones si la empresa sigue creciendo en el número de aviones y operaciones.
En el lanzamiento realizado el martes 24, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna había adelantado que había varias “marcas y compañías” interesadas en sumarse a esta iniciativa, aunque no había dado nombres de cuáles serían.
En el sector se especula con que Amazon y El Corte Inglés serían otros gigantes que aterrizarían en este futuro complejo, que prevé gestionar 920 hectáreas.

Resultado de imagen de iberia barajasLa incertidumbre ante el petróleo

Actualmente Iberia tiene por objetivo aumentar su capacidad a un ritmo anual de un 8 % hasta 2022. Gallego dijo que se podrá cumplir esta meta, aunque reconoció que factores como el precio del petróleo, los costes laborales o una situación de sobrecapacidad en el mercado pueden retrasar el crecimiento previsto.
Gallego explicó que por ahora el precio del carburante no afecta al negocio, “pero si el barril se va por encima de 100 dólares, quizá haya que revisar el plan de negocio”, dijo.

Negociaciones con los pilotos

En cuanto a los costes laborales, Gallego recordó de que Iberia ha empezado la negociación del nuevo convenio de los pilotos y la empresa espera que se llegue a un acuerdo en breve.
El actual convenio establece unas subidas salariales en función de los objetivos de la compañía y el año pasado, con un margen de ebit sobre ingresos superior al 7 %, Iberia pagó una subida del 3,5 % a sus trabajadores (un 1 % consolidado y un 2,5 % variable).

Tarifas low cost

Coincidiendo con la apertura de la ruta a San Francisco, Iberia presentó una nueva familia de tarifas de largo recorrido más económicas.
Por ahora las nuevas tarifas Básica y Óptima se aplican en los vuelos desde Madrid a Boston y Chicago, así como los que se ofrecen a Dallas en código compartido con American Airlines.
Los pasajeros que quieran volar sin facturar equipaje y que no quieren seleccionar su asiento en estas rutas podrán optar por la tarifa Básica, la más económica, y que incluye una maleta, además de un artículo personal como equipaje de mano. La asignación de asientos se hará de forma automática a la hora de facturar, ya sea online o en el aeropuerto.

Cuánto cuesta volar con las nuevas tarifas

Por ejemplo, en un vuelo Madrid-Boston la tarifa Básica ronda los 470 euros sin facturar equipaje (que cuesta un adicional de 45 euros). Si se pasa a la Óptima, este trayecto cuesta 550 euros con una maleta incluida y con la posibilidad de seleccionar asientos.
Con estas tarifas Iberia sigue la senda de compañías como Air France-KLM, Alitalia, British Airways y Delta, que buscan estrategias para frenar el crecimiento de las aerolíneas low cost en los vuelos transatlánticos.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/iberia-suma-proyecto-urbanistico-barajas_552023_102.html

25 abr. 2018

Carta a García-Legaz y Mayoral , presidente de AENA

CGT envía una carta a García-Legaz y Mayoral de AENA tras la muerte de un trabajador en Barajas

Tras el fallecimiento de un trabajador de Multiservicios Aeroportuarios,S.A., en Madrid-Barajas el pasado 30 de marzo, CGT-Aena envía una carta al Presidente-Consejero Delegado del Ente Público expoliado al Pueblo Español, y entregado en un 49% al capital privado, Jaime García-Legaz, con copia a la Directora del Aeropuerto, Elena Mayoral, en la que independientemente de la investigación en curso por parte de la Autoridad Laboral, además de un Técnico del Instituto Regional de Seguridad e Higiene, que determinará las causas de dicho accidente, el sindicato señala ya que se trataría del efecto de la precariedad laboral, que llevan denunciando desde hace mucho tiempo, y que concluye con una lapidaria frase para la reflexión del Presidente de AENA,S.A. “La precariedad mata”.

Así será el pelotazo urbanístico de Aena en Barajas

Aena presentó el plan urbanístico para el aeropuerto de Madrid-Barajas, que implicará una inversión público-privada de 2.997 millones de euros, más del doble que el proyectado para Barcelona-El Prat.
El ministro de Fomento Íñigo de la Serna indicó que este plan contempla la gestión de 920 hectáreas que rodean al aeropuerto de la capital, una extensión equivalente a 10 veces el parque El Retiro.
De esos terrenos, al menos 562 hectáreas serán susceptibles de ser desarrolladas, de las cuales 270 hectáreas serán edificables y otras 140 se adaptarán como espacios verdes.

Cuatro veces más grande que la operación Chamartín

De la Serna precisó que “varias marcas y compañías” anticiparon su interés en el proyecto, aunque no precisó cuáles serían.
Este plan multiplica por cuatro el proyecto Madrid Nuevo Norte, conocido como operación Chamartín, agregó el ministro de Fomento.

Aena desarrollará 562 hectáreas en torno al aeropuerto de Madrid-BarajasCómo es el plan urbanístico

El plan en Barajas se divide en cuatro vertientes: una zona de actividades aeronáuticas, un polo logístico, una zona denominada ‘Airport City’ y un centro de ocio y actividad comercial.
En la fase inicial de lanzamiento, con una duración prevista de ocho años, se van a construir más de 55 hectáreas, con una inversión de 953 millones de euros, y los desarrollos se centrarán en usos logísticos y se iniciará el Airport City.
En una segunda fase, que se emprenderá hacia el 2026, se prevé construir en más de 95 hectáreas adicionales, con una partida de 739 millones de euros.
Al inicio de esta fase se habrá consolidado el Airport City y se iniciará la actividad en los centros de ocio, detalló De la Serna. En ella, también se contempla edificar un centro de negocios, cuatro hoteles con 900 habitaciones, y la nueva sede corporativa del gestor aeroportuario.
En una tercera etapa se consolidará el desarrollo de todas las zonas con la construcción de 120 hectáreas adicionales, para lo que se aportará una inversión adicional de 1.305 millones de euros.
La inversión global en este proyecto es más del doble que la contemplada para Barcelona-El Prat, que será de 1.264 millones, pero con un desarrollo a 20 años vista.

Hacia los aeropuertos inteligentes

La intención de Jaime García-Legaz, como había anticipado en la última junta de accionistas, es avanzar hacia el concepto de aeropuertos inteligentes, que implica terminales con un mayor desarrollo tecnológico, y que tengan un universo de actividades comerciales y de ocio que permitan incrementar los ingresos de la empresa público-privada.
Por ello, los terrenos que Fomento desarrollará serán de propiedad de Aena, y cobrará un canon por las concesiones inmobiliarias.

Facturación en aumento

En último ejercicio, Aena ha facturado 4.027 millones de euros, de los cuales 2.692 millones (66,85%) corresponden a ingresos del negocio aeronáutico.
El resto se divide entre 1.060,6 del área comercial (26,92%) y 61,1 millones de los servicios inmobiliarios (1,52%). En sus cuentas, también hay 215,5 millones (5,35%) de las inversiones internacionales.

https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/pelotazo-urbanistico-aena-madrid-barajas_551321_102.html

24 abr. 2018

Los trabajadores de las subcontratas de Airbus Getafe irán a la huelga el próximo 25 de abril

El movimiento Tarjetas Rojas, que aglutina a trabajadores de las distintas empresas subcontratadas que operan en la planta de Airbus Getafe, ha convocado una huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Ello se suma a una serie de acciones reivindicativas que han emprendido con anterioridad, como sendas concentraciones a las puertas de la factoría o una manifestación hasta el Ayuntamiento de Getafe.
Sus reivindicaciones son la “adecuación inmediata de todos los puestos de trabajo para evitar casetas temporales con goteras, temperaturas inferiores a las permitidas por ley, baños en un estado lamentable, trabajos con peligrosidad…”; que se cumplan las garantías en los procesos de subrogación; que se garantice el derecho a usa las rutas de autobuses que Airbus tiene para sus empleados de plantilla; que se les iguale el precio del comedor al de la plantilla de Airbus; y que se abran más aparcamientos a los subcontratados.”
El Ayuntamiento de Getafe aprobó en el Pleno Municipal una proposición en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores aglutinados en el movimiento Tarjetas Rojas. La proposición, presentada por Ahora Getafe, salió adelante únicamente con los votos favorables de la formación morada y la concejala no adscrita. PP, PSOE, C’s e IU-CM se abstuvieron ya que consideran que el Ayuntamiento “no debe posicionarse en conflictos laborales”
En torno a 3.000 trabajadores de la planta de Getafe están convocados a esta huelga.
http://getafense.es/los-trabajadores-de-las-subcontratas-de-airbus-getafe-iran-a-la-huelga-el-proximo-25-de-abril

GALERIA DE BUITRES CDXLIV

Villar Mir, un mal ejemplo de empresario ejemplar
Vinculado al régimen franquista, la carrera profesional de Villar Mir ha combinado sus buenas relaciones con las altas esferas con la oportunidad y los chollos hasta convertirse en el sexto hombre más rico de España. Hoy comparece ante el Congreso por su supuesta financiación ilegal del Partido Popular
Resultado de imagen de Villar MirSe hizo rico a la sombra de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). El horno María Ángeles le iluminaba mientras dirigía la macrosiderúrgica vasca y adquiría para la empresa, en 1973, la constructora Obrascón, de la que se libraba el Banco de Bilbao. Ese fue el germen de su imperio. Lo curioso es que 14 años después, cuando ya no estaba en AHV, fue esa la empresa que quiso para sí, y en 1987 la compró por una mísera peseta. Siempre le vio las posibilidades a los terrenos, los ladrillos y las infraestructuras públicas.
Juan Miguel Villar Mir, el sexto hombre más rico de España según Forbes, nombrado ministro de Hacienda por Arias Navarro y marqués por Juan Carlos I —lo normal entre íntimos amigos—, siempre ha sido trabajador —sí—, inteligente —mucho— y espabilado —de más, sin duda—. Partir de familia militar del régimen, tener siempre acceso a información privilegiada y relación con el poder, de manera orgánica o implementada a base de talonario, le hace a uno rico seguro, y más si en la ecuación entran la capacidad de trabajo y cierto factor suerte.
Ha concedido muy pocas entrevistas. Una de las más largas a una poco conocida publicación de la iglesia católica. En efecto, se considera muy religioso. Es ese típico gran hombre hecho a sí mismo desde el franquismo, triunfador y que, pese a la “altura moral” de la que siempre ha hecho gala, actualmente es todo un presunto corrupto que ha creado y dirigido —ahora está al frente su hijo— un grupo empresarial que ha llegado a tener un valor neto contable de 1.159.843 millones de euros.
Villar Mir ha dicho ser independiente en la política, lo cual no parece cierto conociendo que acumula seis procesos judiciales abiertos —cinco por corrupción relacionada con el Partido Popular— que le obligan cada poco a darse un paseo hasta la Audiencia Nacional.
Está imputado en España por el caso Lezo, apareció en los papeles de Bárcenas como benefactor del PP, su empresa desmantela su rama mexicana también por corrupción, y el marido de su hija, Javier Lopez Madrid —una joya de yerno—, fue detenido en 2017 por pagar millones a el expresidente madrileño Ignacio González, arrastra varias causas más y peligrosas amistades.
¿Cómo puede un hombre de su demostradísima inteligencia para estudiar, hacer dinero y reflotar empresas desde su juventud, caer en las redes de la corrupción? ¿Arrogancia? ¿avaricia? La razón no puedes ser solo económica.

Hijo de militar, católico y monárquico

Villar Mir nació el 30 septiembre de 1931 y era ya el tercer hijo de María del Carmen Mir y Fernández de Losada y Juan Villar Lopesino. Su padre, muy monárquico, como siempre ha dicho su hijo también que es, ingresa por vocación en el ejército en 1914. Luchó en el bando nacional durante la Guerra civil y, según consta en los archivos del Ejército, llegó a ser capitán del Estado Mayor, es decir, todo un directivo del ejército en plena dictadura de Franco, de la que no le gustaba que no fuera una monarquía. También fue directivo en el sector de los seguros.
La disciplina y las convicciones políticas sobre cómo debía gobernarse España las heredó de su padre, cuyo pluriempleo permitió a Villar Mir estudiar en el religioso y elitista Colegio del Pilar de Madrid —allí estudio Aznar— en el que acabó Bachillerato con el Premio Extraordinario en el Examen del Estado. Barajó ser sacerdote, pero al final se inclinó por la Ingeniería de Caminos, muy de moda en una época en la que España no estaba aun asfaltada.
Entonces la Escuela de Ingenieros dependía del Ministerio de Obras Públicas. Aprobó a la primera el dificilísimo examen y se licencio en 1955 con 18 años, número 1 de su promoción. Casi a la vez se sacó Derecho en la Complutense (1958) y después la diplomatura de Organización Industrial —curso superior de Administración de la Empresa en la EOI de Madrid, y la de Economic Development Institute (Washington D.C.)—.
En 1958 se casó con Silvia de Fuentes Bescós, a la que conoció de veraneo en Fuenterrabía. Tiene tres hijos: Juan, que es quien dirige ahora el grupo empresarial; Silvia, vicepresidenta; y Álvaro Villar de Fuente. El despacho del patrón —como le llaman sus hijos— está en la planta 52 de la Torre Espacio —la que ha tenido que vender— y en la que, cómo no, puso una capilla en la 33.
Tiene casas en Madrid, Palma de Mallorca y Sotogrande —zona que urbanizó él—, donde ha celebrado las bodas de sus hijos. Silvia, amiga de las infantas Elena y Cristina, se casó con el ya nombrado Javier López Madrid, amigo de Felipe VI f—ueron juntos al colegio Sata María de los Rosales—. Estuvo apadrinada por Emilio Botín.
Poco dado a mostrarse en público y a dar entrevistas, lo que se extrae de las declaraciones de Villar Mir es que “Dios, familia y trabajo” es su lema y que, en efecto, ha trabajado siempre hasta 12 horas diarias. Le gustan los pianos —al parecer tiene uno hasta en su barco— porque su madre era pianista, los coches de lujo que colecciona —tiene hasta un Rolls Royce—, el golf, la vela —se ha comprado varios barcos, el último un yate de 60 metros que costó de 60 millones— y posee un cuadro de Zurbarán y otro de Rubens.
El fútbol y sus negocios también le han atraído. Fue candidato a presidir el Real Madrid en 1995 y en 2006. Es patrono del Real Instituto Elcano, al que ha llegado a donar 150.000 al año, y presidente de la Fundación Ortega-Marañón —editora de la revista de Occidente— a la que salvó en 2016 con cinco millones de euros. Pertenece a tres Reales Academias: la de Ingeniería, la de Ciencias Económicas y Financieras, y en 2013 le nombraron académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, lo que, dada su actual situación judicial, parece una broma.

Nacido para administrar dinero

De la facultad se pasaba directamente a ser técnico de Obras Públicas. Villar Mir solicitó la excedencia para trabajar en 1955 en Dragados y Construcciones S.A como responsable de obras en Marbella y en 1958 ingresó como ingeniero auxiliar en el Puerto de Cádiz, donde ascendió puestos con rapidez. En 1961 era ya subdirector general de Puertos y Señales marítimas, en 1964 director general de Empleo, en 1967 presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo.
Los sueldos en la función pública siempre tienen un límite por altos que sean. En 1968 comienza a presidir la privada Hidro Nitro Española S.A. Aquí es donde aparca la ingeniería, abraza la condición de empresario, se codea y aprende a lidiar con banqueros, grandes empresarios y las más altas esferas del poder de la época en general… Y donde se hizo íntimo amigo de Emilio Botín Sanz de Sautuola.
Continuó presidiendo empresas: la Nacional Carbonífera del Sur, la Nacional de Celulosas y nada menos que Altos Hornos de Vizcaya (AHV) entre 1970 y 1075, una de las más importantes de España en aquellos años. Publicaciones de la época hablan de que, gracias a él, la siderúrgica “saneó sus balances y modernizó sus gestión”. También fue donde se fraguó el comienzo de su actual imperio.
En 1973, desde AHV compra la Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascón S.A. —la O de OHL— al Banco de Bilbao. Catorce años después, en plena reconversión industrial, cuando tantas familias eran arrojadas al paro por culpa de la misma, Villar Mir, a título particular, se hizo con el control de la constructora vasca por el precio de una mísera peseta.
Dejó AHV para hacer política de gran altura. Carlos Arias Navarro le nombró ministro de Hacienda y vicepresidente para Asuntos Económicos en el primer gobierno tras la muerte de Franco, desde ese mismo diciembre de 1975, hasta julio del siguiente año, pero volvió a la empresa para presidir Financiera Sotogrande S.A y Electra de Viesgo S.A. Fue el “creador” de la sociedad Puerto de Sotogrande S. A. y, por tanto, del elitista y selecto urbanismo de esa zona costera gaditana, no asequible a bolsillos delgados. Era la primera de las compañías en la que era socio capitalista. La primera.
En 1982 Electra de Viesgo, que suministraba electricidad en Cantabria, pasó a manos del Banco de Santander y Juan Miguel fue el elegido para presidir la compañía hasta que en 1991 esta pasa a formar parte de Endesa, después de haber multiplicado por ocho el valor bursátil de cada acción. Empresa en crisis que tocaba, empresa en crisis que salvaba.
Pero no las “salvaba” gratis. Compraba acciones de cada una de las compañías en las que trabajaba antes de reflotarlas. Con esa plusvalía invertía en sus propios negocios. Siendo aún estudiante, fundó una empresa de parrillas metálicas para electrodomésticos, Manzanares Industrias metálicas. Participó en la creación de varias inmobiliarias —Bengomar, Albéniz, Dayana, y CINTEC, SA, creada por su hermano— y en 1968 compró la finca La Nava, en Ciudad Real, como explotación agrícola y ganadera.
Ya en 1978, cuando aún estaba con el urbanismo de Sotogrande —trabajando para otros— agrupó sus empresas propias en un holding cuya cabecera era la Compañía Anónima Inmobiliaria Zaragozana (CAIZ), pero hacía negocios en el sector de la alimentación con la finca, en el inmobiliario y en el de las inversiones —Puerto de Sotogrande y Hocamansa (Hoteles de Castilla La Mancha)—. Aprendió a hacer dinero, decidió dedicarse a administrarlo y dejar ya de servir a otros.

Con la peseta que le costó Obrascón

1887 fue clave en su vida empresarial. Con un crédito de su gran amigo Botín compró a AHV la inmobiliaria Espacio S. A. por 500 millones de pesetas. Con ella vendía oficinas en las ciudades y apartamentos en zonas de playa o cercanos a campos de golf. El mismo año compra, también a Altos Hornos y por el valor de una mísera peseta, Obrascón, la constructora bilbaína que en los 60 y 70 había puesto algún rascacielos en Benidorm, apartamentos en la playa de Matalascañas y levantado barrios en Sevilla. Con Obrascón pretendía “potenciar su presencia en el sector de la construcción, y más específicamente en las carreteras, obras hidráulicas, puertos y edificación”. Es decir, obritas muy caras que conceden los políticos y pagan los contribuyentes.
Según describe su forma de reflotar compañías en el libro Cien empresarios madrileños, de Eugenio Torres Villanueva (LID Editorial), “sus pautas de trabajo eran reducir costes, potenciar la financiación propia y buscar rentabilidad”. El grupo creció desde entonces aglutinando empresas de prácticamente todos los sectores dela economía española.
El chollo de Obrascón supuso para Juan Miguel ganancias por valor de 63 millones de pesetas ya en el primer año, cuando, en vez de construir en el sector privado, lo hizo para el público. En 1989 tenía una cartera de obra pública —y algo de privada— de 12.000 millones de pesetas. En 1990 ganó con ella 750 millones porque, además de construir, explotaba, promocionaba y conservaba obras y servicios públicos y gestión de aguas. Estas últimas actividades provenían de concesiones públicas, es decir, decididas por instancias políticas.
En 1991 salió a bolsa y creció adquiriendo otras pequeñas constructoras y, sobre todo, al unirse a Construcciones Huarte en 1996 y a Construcciones Laín en 1999. Este último año es en el que se constituye OHL con las siglas de las tres empresas. Él es nombrado presidente con el 50% del accionariado y ya ese año llega a facturar 263.000 millones de pesetas.
Su actividad no se centró solo en la construcción. Las empresas que fueron formando el Grupo Villar Mir más allá de OHL tenían líneas de negocio tan ligadas a la gestión política como la construcción de carreteras y plantas depuradoras, obras públicas como puertos, puentes y otras estructuras especiales. Se hace hueco en el sector de la electrometalurgia con la compra de Carburos Metálicos, que más tarde sería Ferroatlántica —1992, dedicada a ferroaleaciones—, que a su vez se hizo con Erimsa —dedicada a la exportación del cuarzo—, al igual que Cuarzos Industriales y Elsan —1996—, y el mismo año se quedó con la Hidro Nitro de su juventud.
Antes, en 1995, había adquirido Fertiberia —productora de fertilizantes—, y en su glorioso año de adquisiciones que fue 1996 dio un nuevo pelotazo a la orilla de la ría de Bilbao, zona que ya le había hecho rico desde que pasara por allí para dirigir AHV. Lanzó una OPA y se quedó con la Sefanitro de Barakaldo.

Otro pelotazo en la margen izquierda

Quienes crecimos en los 70 y 80 en la margen izquierda del Nervió no olvidamos el desagradable olor a detritus al pasar por la carretera general en Barakaldo, rumbo a la capital. Había que cerrar las ventanillas del coche para no intoxicarse. La contaminación que acumulaba la gran parcela en la que se asentaba la Sefanitro es ahora inimaginable de entender en una población tan habitada.
Seguramente esto lo pensó más de una vez Villar Mir cuando dirigía AHV en la zona. En 1996, con Fertiberia compra a precio de saldo —5,2 millones de euros— la Sefanitro de Barakaldo, que aunque estaba participada por los AHV, era de propiedad pública, es decir, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Gobierno del PP de Aznar decidió vendérsela por menor valor que los productos que aún estaban almacenados dentro, según los sindicatos. Compró fábrica y terrenos, pero no la obligación de descontaminar los mismos.
Néstor Álvarez, histórico sindicalista local de CCOO, recuerda el proceso. “Lo curioso es lo pronto que consigue el permiso para su uso residencial, gracias a una recalificación por parte del Ayuntamiento barakaldés del PSOE en 1999”. La empresa tuvo que cerrar, “mandar a casa a 137 trabajadores mediante un ERE al que el gobierno vasco no puso pega alguna. Villar Mir se la quita de encima en septiembre de 2006 por 240 millones de euros, con lo que gana nada menos que 235 millones de euros en 10 años”, por la venta de los terrenos malolientes de la fertilizante vasca.
Álvarez explica que la llamada “Puerta de Bilbao” ha sido un mal negocio hasta hace poco. “Con la crisis inmobiliaria que hemos padecido, las constructoras —Iurbentia, entre cuyos directivos se encuentran Josu Olazarán Sagarduy, ex miembro de la dirección peneuvista, e Iñaki Calvo López, ex concejal de este partido por la localidad vizcaína de Sestao— pasaron por serios problemas y los terrenos tuvieron que ser descontaminados”. Las primeras de las 2.000 viviendas proyectadas no se han podido construir hasta hace apenas cuatro años, en 2014.
Tirando de historia, en 1941 el régimen de Franco había autorizado vía BOE la “expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la instalación de la fábrica y dependencias anejas”. La empresa consiguió además tener derecho a expropiar aquellos terrenos que fueran necesarios para su ubicación. Según archivos de la época, expropiaron a unas 50 familias que solo tenían aquellas tierras en los años 40, y les pagaron 500.000 pesetas por las parcelas. Es decir, el precio que le dio la gana al régimen.

Crecer con la crisis dentro y fuera

Desde 2007 una de las cuatro torres de la Castellana —Torre Espacio— es la sede de su imperio. OHL es una de las empresas que más ha crecido pese a la crisis en España. El grupo miró fuera de nuestras fronteras para salvar los trastos. Mientras aquí se hacía cola en el paro o se esperaban desahucios, Juan Miguel y sus directivos compraron y formaron empresas en medio mundo.
En Venezuela creó una Ferroatlántica local —Ferroven—. En 2000 se hizo con la mayoría de la noruega Ramsa, en 2005 se queda con la canadiense Pechiney Electrometallungie y parte de la Fertial SPA argelina. Una planta de ferrosilicio en Sudáfrica en 2008, mismo año en el que monta en Brasil otra división de Ferroatlántica. 2009, Adubos de Portugal. En 2010, una planta de silicios en China. Novo AP en 2011. Fercampo y una parte de la canadiense Timminco en 2012 y la mina de cuarzo sudafricana Sam Quarz en 2012. También es una de las firmas que han construido —el rey emérito hizo por que OHL estuviera sí o sí— la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí), la que más discusiones y problemas ha dado en ese proyecto.
En ese mismo año 2012 el grupo se hace con parte de Abertis —la concesionaria de autopistas españolas que tanto pagamos todos— y compra siete edificios en Madrid, entre ellos la histórica sede del Santander a su amigo Emilio Botín. Se trata del proyecto Canalejas Madrid Centro, una inversión de 525 millones de euros que se convertirá en todo lo que da dinero.; hotel de superlujo —¡la suite real será el antiguo despacho de Mario Conde¡—, residencias de lujo, locales comerciales y aparcamientos. Se trata de edificios históricos de los que hay que mantener intactas y recuperadas las fachadas. Son los primeros números —6,8,10,12 y 14— de la calle Alcalá, el 1 de la plaza Canalejas y el 7 de Carrera de San Jerónimo. 50.000 metros cuadrados al lado de la Puerta del Sol, donde el metro cuadrado cuesta unos 4.000 euros.
En Londres han planeado un complejo similar en el Edificio de la Guerra, donde estuvo el despacho de Churchill. También está en proyecto la Torre Caleido, la que será el quinto rascacielos de La Castellana madrileña, que albergará varias especialidades de Quirón Salud, un campus universitario del Instituto de Empresa (IE) y una amplia zona comercial y de servicios.
A modo de resumen y para tener una visión de alcance, a día de hoy, y pese al bajón de su valor, el aumento de su deuda, y los escándalos de corrupción, el grupo Villar Mir participa económicamente de Grupo Ferro Atlántica, Grupo VM Energía, Grupo Fertiberia, Inmobiliaria Espacio, Torre Espacio, CMC Canalejas, Colonial, OHL, Abertis, Grupo Pacadar, Mothercare y Codisol. Pese a esquivar la crisis, los problemas de reputación y una ampliación de capital de 1.000 millones de euros hizo bajar las acciones. En 2016 OHL fue expulsada del IBEX 35.

El escándalo de las escuchas mexicanas

Villar Mir se pasó por México para hacer negocio allí donde la crisis no se había instalado como en España. Sus prácticas para conseguir grandes contratos que pagan los ciudadanos “encajan en mi país, donde los políticos son corruptos, y los corruptores encuentran buena acogida fácilmente”, asegura resignado Alejandro Gutiérrez, periodista mexicano de la revista Proceso afincado en Madrid. En su país OHL ha ganado contratos —autopistas, un aeropuerto, plantas energéticas y hoteles de lujo en la Rivera Maya— de millones de dólares desde que comenzara la administración de Peña Nieto y el fichaje de directivos ligados políticamente al presidente mexicano.
Las primeras concesiones las firmó con el recientemente fallecido a tiros —se dice que por evitar que le robaran el coche— Arturo Montiel, tío del presidente Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México. En 2006 se queda con el Circuito Exterior Mexiquense —red de carreteras que proporciona constantes beneficios por el cobro a los automovilistas— y en 2008 con el Viaducto Bicentenario. Tío y sobrino pertenecen a grupo político con mayor poder en México, con fama de muy corrupto: las familias con origen en la zona de Atlacomulco.
“Villar Mir fue muy hábil poniendo al frente de la OHL mexicana a José Andrés de Oteyza, nada menos que un exministro de Patrimonio y Fomento”. Gutiérrez explica que “tanto Oteyza como otros directivos de OHL en México tuvieron que dimitir en 2016 tras la publicación, en mayo de 2015, de unas grabaciones de conversaciones en las que algunos directivos hablaban de haber inflado precios  de licitaciones, de sobornos a jueces, invitaciones a políticos a vacaciones de lujo y otros detalles de la connivencia de la compañía con el poder allí”.
No se sabe con certeza la autoría de las grabaciones, que han sido un escándalo en México, pero estaba claro que las constructoras locales no estaban nada contentas con el trato de favor que OHL —y otras empresas como Dragados— recibía por parte de la clase dirigente mexicana, una vez instalada y dirigida por ex altos cargos políticos locales.
Según relata Gutiérrez, “el responsable para temas internacionales de preparar la transición hacia la presidencia de Peña Nieto, Emilio Lozoya, formó parte del Consejo de Administración de OHL allí hasta diciembre de 2012. Tras su paso por el gobierno, fue nombrado director general de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde ese momento, OHL se ha llevado la mayoría de los contratos públicos importantes de la petrolera”.
También a Lozoya unos audios le relacionaron con su gestión para que OHL obtuviera la licitación de la Central de Ciclo Combinado Empalme I. Con esta obra para suministrar electricidad a la región norte del país, la empresa se ha embolsado cerca de 477 millones de dólares. Solo en 2013 OHL recibió de Pemex casi 2.400 millones de pesos por tres contratos, para la construcción de un turbogenerador de gas,  plantas de hidrógeno o estaciones de rebombeo.
“Cuando empezaron a aparecer audios —relata Gutiérrez— me cuentan en la empresa allí que Villar Mir apretaba a sus directivos para sacar el máximo de beneficios de México lo antes posible”. Desde 2017, cuando ya existen sanciones y procesos judiciales en marcha, y como este mismo año finaliza el gobierno de Peña Nieto, que tanto les ha favorecido, “están desinvirtiendo, poco a poco están acabando obras, y queriéndose ir”, nos dice el periodista de Proceso.
Han vendido la división OHL Concesiones que gestionaba esas grandes obras y se ha deshecho del complejo hotelero Mayokoba en la Ribera Maya. Se querían ir limpios, pero aún colea la operación Lezo, que implica a OHL México. Y aún están procesados un grupo de policías que en 2015 detuvieron a Pablo Díaz Gargari, el abogado de la empresa auditora —Infraiber— que había denunciado las prácticas inadecuadas de OHL México. Pruebas de una cámara de seguridad evidenciaron que la pistola encontrada en el coche del abogado se había introducido durante la detención en su maletero.

Corrupción de libro

Si trabajas en la administración durante la dictadura franquista, en la que encajas bien por ideología, creencia religiosa, ascendencia militar… te relacionas con ricos y poderosos, ves que puedes comprar empresas públicas y que utilizar información privilegiada gracias a cargos ostentados es una práctica habitual, no cuestionas la moralidad de unas prácticas a las que nadie pone freno. Uno se acostumbra… y continúa con esa manera de hacer negocios aún cuando la legalidad ya no lo consiente. Cuando hay costumbre, es difícil cambiar los procedimientos.
Es interminable la lista de concesiones públicas que el grupo ha conseguido ya durante la democracia. Su relación sospechosa con el poder político es una constante. En 1995 Villar Mir compró Fesa-Enfersa —dueña de Fertiberia—, la antigua división de fertilizantes de grupo KIO, también por una mísera peseta. El acuerdo formaba parte del proceso de reestructuración del grupo Ercros. La operación se financió con dinero público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de 8.500 millones de pesetas al 0% de interés y sin plazo de vencimiento.  
El presidente de Ercos era Josep Piqué, quien más tarde fue ministro de Industria con Aznar, época en la que se liquidó ese crédito del ICO. También era el responsable de autorizar la ya nombrada venta de Sefanitro de Barakaldo. Desde su fundación, OHL le debía a Piqué sus mayores logros. En 2013 Piqué acepta los cargo de consejero delegado del Grupo Villar Mir y vicepresidente de OHL. En 2016 abandona el cargo.
También en 2013 aparece claramente escrito el nombre de Villar Mir en tres ocasiones en los papeles del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, como uno de los empresarios que ha financiado a la formación entre los años 2004 y 2008. Él lo negó todo en su declaración, no se pudo probar, dejó de estar imputado en la causa… pero la reciente declaración de Francisco Correa en el juicio de Gürtel implicándole le obligará a darse otro paseo hasta la Audiencia Nacional.
Estuvo también investigado en el caso Son Espases —supuesta financiación del PP balear con Jaume Matas— pero se archivó en 2017, año en el que tuvo que declarar por el caso Lezo, en el que se investigaba la corrupción del canal de Isabel II y se descubrió un pago desde OHL México de 1,4 millones de euros al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para realizar la inexistente obra del tren de Navalcarnero, que tantos años llevan esperando los vecinos de esa localidad.

El yerno, una verdadera joya

Juan Miguel tiene relación con la corrupción también a través de su yerno, Javier López Madrid. López Madrid es amigo del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y está implicado con él en la Operación Púnica —de los 2,1 millones de euros que OHL dejó caer en la caja B del PP, Granados y López se habrían quedado medio millón—.
El “yernísimo” es ese amigo de Felipe VI al que la reina Letizia llamaba con cariño “compiyogui” en WhatsApp, está condenado por el caso de la utilización de las tarjetas black de Caja Madrid, se le ha relacionado con el encarcelado excomisario Villarejo, era socio del testaferro de Luis Bárcenas y el pasado mes de febrero declaró por otro caso relacionado con obras del metro de Madrid. También está relacionado con un escandalito sexual de guión de cine, relativo a una dermatóloga de famosos, Elisa Pinto.
Renunció en mayo del año pasado a formar parte del consejo de administración de OHL, pero se le nombró presidente de Ferroglobe, empresa del Grupo Villar Mir. En abril, López Madrid había quedado en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros, después de declarar ante el juez Eloy Velasco por el caso Lezo.
Con todos estos escándalos en plena ebullición, la salida del Ibex 35 y una deuda importante, que la agencia Moody´s califica de “bono basura”, convierten la empresa en una patata caliente que desde 2017 dirigen sus hijos, Juan y Silvia, como presidente y vicepresidenta respectivamente. Han tenido que vender la emblemática Torre Espacio y OHL Concesiones. Esta última por valor de 2.775 millones de euros al fondo australiano IFM, que pasa a controlar tramos de la autopista A2, de la autovía M45, los puertos de Alicante y Tenerife, y el madrileño Metro Ligero Oeste.
En 2016, Villar Mir aseguró en una entrevista para la publicación católica revistamisión.com que quienes aceptaban participar en un entramado de corrupción cometían un error fundamental, “porque se perdía prestigio y respeto. En la vida, y más estando en treinta países, surgen ofrecimientos y tentaciones vinculadas con la corrupción. Pero ese error no se puede cometer. De ninguna manera”. Hoy, este empresario y su yerno comparecen ante el Congreso por su presunta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de adjudicaciones.
https://www.elsaltodiario.com/ibex35/villar-mir-un-mal-ejemplo-de-empresario-ejemplar

La plantilla de inspectores de trabajo sigue disminuyendo a pesar del repunte de los accidentes laborales

El Gobierno no cumple la tasa de reposición de los inspectores desde 2014 mientras el número de siniestros y fallecidos crece año tras año. Mientras en España hay un inspector por cada 15.000 asalariados, en Europa hay uno por cada 7.300
 
618 ciudadanos fallecieron en 2017 en España mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Once más que en 2016 y 54 más que en 2012. El número de accidentes laborales también aumentó (un 12%) con la recuperación económica y los siniestros con baja (cada vez más largas) han crecido un 5%. En resumen: hay más muertes, más accidentes y más gravedad en los siniestros. Sin embargo, lo que no incrementa son los recursos para controlar que las empresas cumplen sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: las plantillas de inspectores de trabajo pierden efectivos cada año desde 2014. En España hay un profesional por cada 15.000 trabajadores mientras que en Europa un inspector debe atender a la mitad de asalariados (7.300).
Resultado de imagen de sus beneficios llenan las cajas cgtEs lo que se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno remitida el pasado 5 de marzo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Según los datos del propio Ejecutivo —siempre del mes de enero— en 2014 había en España 970 inspectores de trabajo, un importante logro teniendo en cuenta que tres años antes la plantilla estaba formada por 915 empleados. Sin embargo, el crecimiento se detuvo ahí. Los 970 se mantuvieron en 2015 y en 2016 empezó el retroceso: la plantilla se quedó en 948, que cayeron finalmente a 943 en 2017. En enero de este año sólo hubo una nueva incorporación. Es decir, en los tres últimos años hay 27 inspectores menos.
Estos datos contradicen las propias declaraciones del Gobierno, que hace un año afirmó —en otra respuesta parlamentaria al mismo diputado— que se incorporaron "22 inspectores en 2015, 70 en 2016 y 85 en 2017". Por todo ello, el PSOE denuncia que el Ejecutivo "no está cumpliendo la tasa de reposición" de los inspectores; es decir, no está sacando a concurso las plazas que quedan vacantes. Además, atribuye el incremento de los accidentes laborales a "la precariedad provocada por la reforma laboral del PP aprobada hace seis años".
El Ministerio de Empleo remite únicamente al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se aprobó la semana pasada y que prevé "la continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas". En la nota de prensa elaborada por el propio departamento se hace constar "el notable incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo" dado que "desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores". Sin embargo, estos datos no coinciden con las estadísticas elaboradas por el Gobierno que, aunque sólo aportan cifras sobre inspectores, la diferencia entre 2012 y 2017 ni siquiera positiva: en 2012 había 958 inspectores frente a los 943 de 2017.
Los sindicatos denuncian que la siniestralidad camina de la mano de la precariedad, que no consiste solamente en el descenso de los salarios sino, también, en el deterioro de las condiciones laborales. Lo cierto es que los trabajadores pobres y sin derechos ya han dejado de ser casos aislados. Pobres, porque no llegan a fin de mes. Sin derechos, porque no se someten a reconocimientos médicos y no reciben formación en prevención de riesgos laborales. La receta es sencilla: cada vez hay más contratos temporales (el 91% de los contratos firmados en 2017 fueron temporales), a tiempo parcial involuntario (más del 60% se firmaron porque el trabajador no encontró un puesto a tiempo completo) y con salarios tan bajos como durante la crisis (España es el país de la UE donde menos crecen los sueldos).

Escasa formación en prevención de riesgos

El 25,7% de los contratos que se firman en España son de menos de siete días, según Comisiones Obreras  y es habitual que este tipo de empleos no ofrezcan formación en riesgos laborales. "Estos trabajadores no reciben conceptos retributivos como los relativos al descanso o a las vacaciones, no se les hacen reconocimientos médicos y no reciben formación en prevención de riesgos laborales cuando las estadísticas indican que la incidencia de accidentes de trabajo es más alta entre la población con trabajo temporal", explicaba recientemente a Público Rocío De Frutos, inspectora de trabajo y diputada del PSOE.
Por todo ello, el PSOE ve imprescindible incrementar la coordinación con las comunidades autónomas y diseñar campañas específicas en aquellos sectores donde se registren más accidentes", es decir, la industria manufacturera, el comercio, la reparación de vehículos y la construcción, que fue el área que sufrió el mayor repunte de siniestralidad con un aumento del 14% en 2017 con respecto al año anterior.
"Los siniestros crecen de forma muy superior a la creación de empleo y riqueza", denuncia el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno aumente "con la mayor brevedad un 5% el número de inspectores de trabajo" y se avance de este modo hacia "ratios homologables con Europa".  
http://www.publico.es/economia/plantilla-inspectores-sigue-disminuyendo-pesar-repunte-accidentes-laborales.html

1º de Mayo: Hay que tomar las calles



23 abr. 2018

Despido de todo el personal de Iberia en Argentina

La organización APA (Asociación del Personal Aeronáutico) denuncia el despido masivo y total de todo el personal de Iberia (Grupo IAG) en Argentina, señalando que “corren el mismo riesgo todos los trabajadores de la actividad aeronáutica, ya que grupos empresariales y el gobierno intentan imponer su modelo lowcost”. Esta medida afectaría a 40 trabajadores.
Por otra parte señalan que la “presión sobre sus trabajadores incluye el despido liso y llano a menos que parte del personal acepte en los próximos días contratos contratos precarios y con peores condiciones de trabajo y salario en las tercer izadas Swissport y Level”

http://aviaciondigital.com/denuncian-el-despido-de-todo-el-personal-de-iberia-en-argentina/

20 abr. 2018

GALERIA DE BUITRES CDXLIII

CC OO, UGT y CREEX reciben más de dos millones de euros sin convocatoria pública en Extremadura
Los presupuestos extremeños de 2018 aumentan las subvenciones a las centrales sindicales y patronales mayoritarias. La mayor parte de estas son subvenciones que se conceden sin concurrencia competitiva
Presupuestos generales ExtremaduraEn conjunto, las tres organizaciones mayoritarias en el ámbito sindical y patronal en Extremadura —CC OO, UGT y CREEX— suman la cantidad de 2.040.383 euros de dinero procedente de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adjudicado de manera directa, sin contar con el resto de subvenciones que reciben de diferentes administraciones públicas.
En concreto, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018, la partida presupuestaria por "participación institucional" asciende a 183.402 euros para UGT, CC OO y CREEX (en conjunto 550.206 euros), mientras que en 2017 la subvención a cada organización citada por este concepto fue de 153.402 euros. Así mismo, por "fomento de la prevención de riesgos laborales" se les adjudican 161.500 euros para cada organización, una cifra considerablemente superior a los 150.000 euros de 2017.
Por otra parte, las subvenciones por "promoción y difusión del Plan de Empleo", "actuaciones de promoción turística" y "oficinas de igualdad" se mantienen como en 2017, esto es de 263.559, 10.000 y 75.000 euros, respectivamente, a cada una de estas organizaciones, respectivamente, salvo en en materia de "oficinas de igualdad", en la que se le conceden a CREEX 35.000 euros. 

SUBVENCIONES a dedo

Con carácter general, la normativa de subvenciones afirma que la concesión de ayudas ha de hacerse mediante procedimientos de concurrencia competitiva, es decir, mediante la comparación y evaluación de todas las solicitudes presentadas por todas las organizaciones o personas que así lo deseen.
Entre las subvenciones que pueden concederse de forma directa se encuentran las nominativas y aquellas otras concedidas de forma excepcional por razones que dificulten su convocatoria pública, regulándose en Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura para supuestos tasados, concretos y excepcionales.
Las partidas presupuestarias anteriormente citadas constituyen subvenciones nominativas para los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CREEX. Sin embargo, la doctrina académica y profesional ha criticado las subvenciones nominativas y directas, porque estas prácticas excluyen la concurrencia pública, que es un principio general que debería presidir el otorgamiento de las subvenciones.
En este sentido, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en su Informe sobre las subvenciones sindicales, concluye con una dura crítica al procedimiento de concesión directa, que fundamenta en su carácter excepcional y que, por lo tanto, “puede atentar contra el principio de igualdad y contra el derecho a la libertad sindical, dado que no se da concurrencia al resto de organizaciones sindicales”.
Para ello, se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de febrero de 1985, dictada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra una Ley de Presupuestos Generales del Estado que preveía de forma nominativa el otorgamiento de subvenciones a las centrales sindicales más representativas.
El informe recuerda que estas subvenciones se están otorgando anualmente y que, en consecuencia, podrían gestionarse mediante una convocatoria pública anual, abriendo la posibilidad de participar al resto de organizaciones sindicales, pasando, por tanto, del procedimiento de subvención nominativa a la concurrencia competitiva.
De igual modo, la inclusión de ayudas directas previstas en los presupuestos de la Generalitat valenciana de 2018 a sindicatos y organizaciones empresariales desató una fuerte polémica y terremoto político en dicha comunidad autónoma.

FINANCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y PATRONALES VÍA SUBVENCIONES

Dejando aparte otras vías de financiación, como las procedentes de las cuotas de los afiliados y afiliadas, la financiación pública directa sindical se articula mediante subvenciones previstas en las leyes de presupuestos de las diferentes administraciones públicas.
En principio, estas subvenciones estaban sólo previstas para las organizaciones sindicales más representativas, pero el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de estas partidas de gastos basadas exclusivamente en criterios dudosos de representatividad, lo que contribuía, en la práctica, a  la merma de la pluralidad en la representación sindical y a una —cada vez mayor—  desigual concurrencia competitiva.
Las subvenciones a las organizaciones sindicales se encuadran en diversos conceptos. El principal proviene de la cuota de participación institucional, derivado del criterio de medición de la representatividad sindical a través de las elecciones sindicales, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
Se trata de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas dirigidas a sufragar los gastos de las organizaciones sindicales y empresariales por su participación y asistencia a los diversos organismos y consejos en los que estos tienen cabida. 
Otra de ellas son las subvenciones dirigidas a la formación de los trabajadores y trabajadoras. Es una de las vías indirectas de financiación de los sindicatos y asociaciones patronales que sin duda más polémica y críticas ha desatado, y que ha dado lugar a sonadas irregularidades.
Una parte considerable del total destinado a formación de las personas trabajadoras se financia con la cantidad destinada a este concepto que se le detrae mensualmente de su nómina. Según las grandes centrales sindicales y patronales, es lógico que puedan participar sindicatos y asociaciones empresariales en la formación de los asalariados. Pero, para otros sectores y sindicatos, sería más razonable que la propia administración se encargase de esta formación, y no se proceda a privatizar y externalizar a través de sindicatos y empresarios que a su vez subcontratan en numerosas academias y centros de formación.
En las subvenciones para la formación recientemente se eliminaron las subvenciones nominativas a los sindicatos mayoritarios, pues la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) de la Audiencia Nacional dictó una serie de sentencias en las que se declara la vulneración de los principios de igualdad y libertad sindical, consagrados en los artículos 14 y 28 de la Constitución, y la nulidad del término “más representativos” para poder promover planes formativos y acceder a las subvenciones oportunas.
Además, otras partidas proceden de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades sociales. Al igual que con los cursos de formación, en diversas materias, la Administración externaliza servicios de su competencia, optando también a ellos para su gestión las organizaciones sindicales y patronales. Un buen ejemplo de estas son las subvenciones a los sindicatos y asociación patronal mayoritaria en los Presupuestos Generales de Extremadura para promoción turística, oficinas de igualdad, promoción y difusión del Plan de Empleo o fomento de la prevención de riesgos laborales.
Mientras que algunas voces del ámbito sindical defienden la implicación de los sindicatos en otros ámbitos diferentes a su objetivo fundamental de defensa de las personas trabajadoras, otras critican que gracias a estas fuentes de financiación puedan inmiscuirse en las funciones más propias de la Administración o de los asociaciones específicas en la materia.
Por último, desde las centrales sindicales menos mayoritarias, se pone el acento en que si las subvenciones a los sindicatos se convierten en su principal fuente de financiación, ello conlleva un evidente riesgo de institucionalización del sindicalismo, con el peligro añadido de la perdida de su autonomía y carácter reivindicativo.
https://www.elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/ccoo-ugt-creex-subvenciones-sindicatos-extremadura

La gestión privada del agua, un gran botín

El periodista Ricardo Gamaza realiza el documental “¿Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicación”
Cuatro periódicos del Grupo Joly –empresa de comunicación andaluza que incluye nueve cabeceras- compartieron el siguiente titular el 23 de febrero: “El sector del agua alerta de los riesgos de la remunicipalización”. Diario de Cádiz, Diario de Almería, Diario de Jerez y Europa Sur se hicieron eco del debate organizado por el primero de los periódicos con expertos, empresarios y sindicalistas, en el que –concluye el periodista- se planteó “aparcar debates ideológicos” para priorizar la calidad del servicio y la modernización de las redes. Casi un mes después, los medios de este grupo regional insistían con la misma idea en la portada: “La colaboración público-privada abarata los servicios públicos”; el antetítulo y los sumarios de la información aseguraban que la remunicipalización de empresas resta inversiones y eficacia; también el texto cargaba contra los ayuntamientos populistas, que actúan por “motivos ideológicos”. La campaña periodística coincidió con el estreno el 22 de marzo en Jerez de la Frontera, ante 300 personas, del documental “¿Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicación”, dirigido por el periodista independiente Ricardo Gamaza y producido por la iniciativa municipalista Ganemos Jerez, que cuenta con cinco regidores en el ayuntamiento gaditano.
La presentación del documental coincidió también con el Día Mundial del Agua, en el que Naciones Unidas recordó que 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca del hogar; la ONU reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Ricardo Gamaza dedicó un año de trabajo a la realización del audiovisual (al menos la mitad del tiempo a la investigación periodística). Una conocida frase de Ryszard Kapuscinsky ha orientado la producción del documental: “El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo éstas corren a ocultarse”. Además de director y guionista de “¿Trileros del agua?”, Gamaza escribe en el blog de investigación “Ecoperiodismo” y dirige la productora especializada en medio ambiente y agricultura con la misma denominación. Durante el mes de mayo, está confirmada la presentación del documental en Granada, Sevilla y, entre los días 8 y 27, en el Ecozine Film Festival de Zaragoza. La investigación se centra en la provincia de Cádiz y en Andalucía, “que representan un mapa a escala de lo que está ocurriendo en España”, ha asegurado el documentalista tras la proyección en el Centre Octubre de Valencia, a iniciativa de Ingeniería Sin Fronteras y la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública.
Un estudio sobre los 778 municipios andaluces de los profesores Miguel Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez, integrantes del Instituto del Agua adscrito al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, resalta que el 74,8% mantiene la gestión pública del agua, mientras que el 13,4% han puesto el servicio en manos privadas y el 11,6% ha optado por una fórmula mixta que incluye un socio privado (datos de 2016). Pero la perspectiva cambia si se considera el número de usuarios, ya que el 44,5% del agua suministrada a la población andaluza corresponde a la gestión privada o mixta, que principalmente llevan a término tres grandes empresas: Aqualia, Aguas de Barcelona (AGBAR) y Acciona. Respecto al estado español, las empresas privadas o mixtas abastecen al 56% de la población. AGBAR, del grupo Suez, y Aqualia, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concentran el 87% de la gestión privada en España. De hecho, concluye Ricardo Gamaza, “está gestionándose un derecho humano (al agua) en régimen de oligopolio”.
El reparto del gran negocio da lugar a conflictos. A finales de febrero, el Tribunal Supremo anuló el concurso por el que la Generalitat de Cataluña adjudicó en 2012 la sociedad pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. Al concurso se presentó la empresa AGBAR en condición de competidora. ATLL abastece de agua “en alta” (desde los ríos hasta los depósitos de cabecera municipales) a 4,5 millones de habitantes de nueve comarcas catalanas -incluida el área metropolitana de Barcelona-, además de la industria y servicios de estos territorios. La privatización, la mayor de la historia de la Generalitat, fue acometida por el gobierno de Artur Mas con el fin de reducir el endeudamiento (la concesión por 50 años implicaba unos ingresos de mil millones de euros).
En el caso de los municipios que privatizan la gestión del agua, García-Rubio y González Gómez señalan algunas conclusiones del caso andaluz: también se plantean las concesiones durante 25 años como una vía de urgencia para pagar las deudas municipales, aunque después las empresas recuperen la inversión a través de las facturas; además las concesionarias prefieren los municipios con más de 50.000 habitantes, costeros y con una renta por habitante alta, que permita a las familias afrontar un incremento en los recibos. El quid de la privatización está en el canon concesional, millonario, que pagan las empresas; “éstas compran el servicio del agua a los ayuntamientos, que se financiaron con cargo al recibo que se cobra a los ciudadanos sin utilizar prácticamente nunca esta financiación para realizar inversiones en infraestructuras hidráulicas”, resume el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell.
El discurso neoliberal argumenta que el sector privado optimiza las inversiones y resulta más eficiente. Sin embargo, algunas investigaciones apuntan lo contrario. Un estudio de García-Rubio, González Gómez y Guardiola –“Performance and ownership in the governance of urban water” (2010)- atribuye la supuesta mayor eficiencia de los agentes privados en el uso de los recursos a “un menor celo en la conservación, mantenimiento y renovación de las redes de distribución hídrica”. Asimismo, una investigación de 2012 realizada por González Gómez, Martínez Espiñeira, García Valiñas y García-Rubio observa mayores pérdidas de agua en la distribución si la gestión es privada; los autores recuerdan que corresponde a los municipios controlar la gestión de estas empresas, aunque “puede que no se realicen los controles o, en caso de producirse, es posible que falten recursos y técnicos debidamente capacitados”. En otro trabajo de 2016, García-Rubio, González Gómez y Tortajada señalaron que, aunque se cumpla con los indicadores legales, las privatizaciones “parecen reducir el nivel de satisfacción con la calidad del agua del grifo de los usuarios”.
¿Público o privado? “En España se privatiza el agua no por eficiencia, sino porque es un negocio”, afirmó Jaime Morell en una entrevista de Ricardo Gamaza en El Correo de Andalucía. El ingeniero y miembro de AEOPAS apunta París, Viena, Córdoba, Cádiz y Sevilla entre otros modelos de gestión pública eficiente. “¿Trileros del agua?” destaca un caso diferente, el de Jerez de la Frontera, municipio de 213.000 habitantes con una tasa de paro del 33,7%; en 2013 el Ayuntamiento –entonces regido por el PP privatizó la gestión del agua urbana (suministro, depuración y alcantarillado), concesionada a Aqualia durante 25 años por 80 millones de euros. En 2012, el ejercicio anterior a la privatización, la empresa municipal Aguas de Jerez (AJEMSA) cerró con beneficios.
Los críticos con el cambio de modelo denuncian los efectos inmediatos. En enero de 2014, Aqualia puso en marcha una campaña para cortar el suministro de agua por impago de facturas en Jerez de la Frontera. Unas semanas después, la multinacional confirmaba que las interrupciones afectaban a cerca de 200 familias jerezanas, lo que se sumaba a las críticas por el encarecimiento de los recibos. Actualmente continúan las reivindicaciones. El pasado 23 de marzo la Coordinadora en Defensa del Agua Pública de Jerez, surgida a partir de una veintena de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos de izquierda, pidió por carta a la alcaldesa, María del Carmen Sánchez Díaz, del PSOE, información sobre el cumplimiento de las inversiones de mantenimiento (un millón de euros anuales), a las que se comprometió Aqualia en el contrato de concesión; además preguntaron por los controles que está aplicando el consistorio a la filial de FCC.
“¿Trileros del agua”? informa de otras consecuencias de las externalizaciones en Jerez. El Ayuntamiento de la pedanía jerezana de Torrecera, gobernado por IU, y vecinos de esta Entidad Local Autónoma (ELA) comenzaron en 2013 –cuando el PP en el consistorio de Jerez privatizó el suministro del agua- una batalla para lograr la gestión pública y directa. En defensa de sus competencias, han mantenido un pulso durante años con Aqualia y el Ayuntamiento de Jerez. En 2016, la Junta Vecinal de Torrecera aprobó la prestación municipal del servicio de abastecimiento y alcantarillado; mientras, la Coordinadora en Defensa del Agua Pública de Jerez denunció que Aqualia “intentaba facturar el servicio de gestión del agua que, por voluntad de los vecinos y por acuerdo del Ayuntamiento de Torrecera, no le corresponde”. Un año y medio después, en febrero de 2018, se completó el proceso: el pleno municipal de Jerez de la Frontera dio vía libre, por unanimidad, a la gestión directa del agua por parte del ayuntamiento pedáneo. A mayor escala, Aqualia abastece como gestor privado al 40,7% de la población en la provincia de Cádiz (en régimen público-privado a otro 16,7%), al 34,9% en la de Almería, el 24,8% en Huelva y al 22,9% en Jaén (datos de 2016).
Pero los litigios se extienden a otras autonomías. El Ayuntamiento coruñés de Arteixo, regido por el Partido Popular, aprobó la remunicipalización del abastecimiento y saneamiento de agua en 2013, tras haber adjudicado el servicio a Aqualia en 2005. Durante los ocho años de gestión privada, el gobierno municipal constató un incumplimiento de los acuerdos de inversión, mantenimiento y la subcontratación de obras –a empresas del mismo grupo concesionario- por precios superiores a los de mercado. Tras años de pleito, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña condenó en diciembre de 2017 a Aqualia por incumplir el compromiso de inversiones, por lo que la empresa tiene que abonar –en concepto de indemnización- 12,8 millones de euros al consistorio. El foco informativo puede ponerse en este municipio gallego, de 31.500 habitantes, pero si se estira del hilo hasta la matriz de Aqualia (la constructora FCC), el punto final es el magnate mexicano Carlos Slim. Además, FCC ha firmado la venta del 49% de Aqualia al fondo de inversión australiano IFM Global Infrastructure Fund, por 1.024 millones de euros, aunque mantiene el control sobre la compañía hídrica.
El documental de Ricardo Gamaza también se detiene en la firma Aquagest, filial del grupo AGBAR, un gigante del negocio del agua en España. Aquagest figura como una de las empresas señaladas en la operación “Pokemon”, macrotrama de corrupción que el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo comenzó a investigar en 2011, y cuya instrucción se ha prorrogado en alguna de las piezas hasta junio de 2019; consistía en el presunto amaño de adjudicaciones en las contratas de servicios públicos -a cambio de comisiones y favores- por las que resultaron imputados cerca de un centenar de políticos, empresarios y funcionarios. Las supuestas irregularidades se extendieron por municipios de diferentes autonomías, como Galicia, Asturias, Murcia, Cataluña y el País Valenciano. En medio de las denuncias y el escándalo, AGBAR llevó a término en 2013 un proceso de reestructuración empresarial; a partir de la empresa Aquagest, “se crearon muchas marcas diferentes para que el caso ‘Pokemon’ no les pudiera afectar, al menos en su imagen”, explica el documental. De ahí que aparecieran, entre otras sociedades, Aquona (Castilla-La Mancha y Castilla y León), Viaqua (Galicia), Asturagua (Asturias), Aquanex (Extremadura), Hidraqua (País Valenciano), Aquara (Aragón), Aquarbe (País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) e Hidralia (Andalucía). “¿Imagen o ingeniería empresarial?”, se pregunta Ricardo Gamaza.
En 2013 se constituyó la empresa mixta Aigües de Barcelona para la gestión del ciclo integral del agua –captación, transporte, distribución y depuración- en Barcelona y 23 ciudades del área metropolitana; los servicios alcanzan a cerca de tres millones de personas. Actualmente se reparten el accionariado de Aigües de Barcelona AGBAR (70%), la administración pública Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con el 15%, y La Caixa (15%). La concesión, durante 35 años, fue otorgada por AMB con el apoyo de CIU y el PSC. Pero el revés judicial llegó en marzo de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la adjudicación a la sociedad encabezada por AGBAR, dado que ésta se realizó sin concurso público; a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Supremo, Aigües de Barcelona continúa prestando el servicio en el área metropolitana.
Además, la AMB presidida por Ada Colau ha presentado públicamente una auditoría en la que se concluye que AGBAR hinchó en 346 millones de euros sus activos para constituir Aigües de Barcelona. Así las cosas, la gran batalla es por la remunicipalización. El Ayuntamiento de Barcelona tenía previsto consultar a los vecinos, antes del verano, si quieren una gestión pública del agua; 40 colectivos sociales superaron las 15.000 firmas requeridas en apoyo de la iniciativa. Sin embargo, la “multiconsulta” ciudadana ha chocado con fuertes obstáculos. Entre otros, los recursos contencioso-administrativos planteados por la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES), de la que forma parte la empresa concesionaria; y también, el recurso de alzada interpuesto por AGBAR; a ello se agrega la oposición de los grupos municipales, que en el pleno del 10 de abril rechazaron la pregunta de la consulta: “¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?” Votaron a favor Barcelona en Comú y ERC, mientras que se opusieron el PDeCAT, Ciudadanos, el PSC, el PP y la CUP.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240145&titular=la-gestión-privada-del-agua-un-gran-botín-

19 abr. 2018

La cuenta atrás del pelotazo urbanístico en Barajas

El ministro de Fomento anuncia que en pocos días se lanzará el plan urbanístico del aeropuerto de Madrid-Barajas, que implicará una inversión de 1.000 millones
La terminal de Barajas será ampliada, y sus terrenos urbanizados para acoger una ciudad aeroportuaria. Foto: Aena
Tras lanzarse el plan urbanístico de Barcelona-El Prat, ahora es el turno de la mayor operación inmobiliaria que Aena tiene en carpeta: desarrollar 940 hectáreas en torno al aeropuerto de Madrid-Barajas.
El objetivo es aprovechar las 940 hectáreas sin edificar en torno a la terminal madrileña, una operación que es cuatro veces más grande que el proyecto Madrid Nuevo Norte, conocido como operación Chamartín.

Interés de inversores

De estos terrenos, al menos 400 son hectáreas de parcelas netas edificables. De la Serna dijo que grandes grupos inversores en el ámbito del ladrillo le trasladaron su “intención inmediata” de implantarse en estos terrenos.
Además del desarrollo de estos terrenos, el nuevo plan inmobiliario abarcará el desarrollo de la zonas de carga y logística, e incluirá la construcción de edificios de oficinas, locales comerciales y de ocio; lo que se conoce como una ciudad aeroportuaria (‘Airport City’).
El objetivo, a grandes rasgos, es que Aena pueda aumentar los ingresos extra aeronáuticos (actualmente en el orden del 26%) con operaciones inmobiliarias y con un incremento de las operaciones comerciales en los nuevos edificios.

Llegada del AVE

Un punto clave para impulsar el desarrollo de estos terrenos, así como la expansión en pasajeros de la terminal madrileña, es la llegada del AVE desde la capital.
De la Serna volvió a esquivar la cuestión, al no dar una fecha precisa de cuándo podría arribar la alta velocidad, alternativa que no se contempla en el plan director de Barajas. Pero afirmó que entre Renfe, Adif y Aena siguen las negociaciones para proveer el servicio.

Inversiones futuras

La inversión total estimada para el periodo 2017-2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas asciende a 1.571 millones de euros, con el objetivo de elevar su capacidad a 80 millones de viajeros anuales.
En tanto, para El Prat se destinarán 1.594 millones de euros, para alcanzar los 70 millones de viajeros. En este plan se contempla que la terminal barcelonesa funcione en conjunto con la de Girona para absorber más pasajeros.
En total se trata de unos 3.165 millones de euros, sumando estos dos grandes planes. A esto se suma el Documento de Regulación Aeroportuaria 2017-2021 (DORA), que contempla una inversión total de 2.646 millones de euros.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/barajas-madrid-pelotazo-urbanistico_549767_102.html

18 abr. 2018

IAG busca 4.000 millones para financiar la compra de Norwegian

IAG ha encargado al banco JP Morgan que busque 4.000 millones para financiar la compra de Norwegian, según Expansión, de la que ya tiene el 4%. Esta cifra es la suma de los 1.324 millones de capitalización con que Norwegian cerró este martes en Bolsa, donde se ha revalorizado un 66,1% en la última semana, y los 2.320 millones de deuda neta que tenía la compañía a finales de 2017, y no incluye la previsible prima que podría pagar la matriz de Iberia, Vueling, Level, British Airways y Aer Lingus (El grupo de Iberia se lanza a la compra de Norwegian).
Resultado de imagen de Norwegian
IAG tiene una capitalización de 15.144 millones, y su situación financiera, con un beneficio neto de 2.021 millones el pasado año y un deuda neta ajustada de 7.759 millones en 2017, es más equilibrada que la de Norwegian, que perdió 31 millones y tiene un pasivo neto superior a los 2.300 millones, lo que se considera una deuda “elevada” en relación a sus resultados. El 79% de la deuda nominal de Norwegian corresponde a la financiación de sus aviones y se paga a un interés medio del 3,6% (La prensa económica ve a IAG como ‘’salvavidas’’ de Norwegian por su alta deuda).
La compañía de Oslo opera con 144 naves, de las cuales 78 se alquilan a otras compañías y el resto, 66 unidades, las alquila a Arctic Aviation Assets, filial de Norwegian que tiene en propiedad los aparatos (Los analistas prevén que Norwegian costaría menos de 2.500 millones).
No obstante, la posible adquisición de Norwegian por parte de IAG, según el análisis preliminar realizado por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) hecho público este martes, “podría reducir la competencia y tener efectos negativos sobre el bienestar de los ciudadanos de Cataluña, puesto que ambas compañías son muy relevantes en el aeropuerto de Barcelona”. De las 23 rutas de Norwegian en El Prat, 17 coinciden con los destinos de IAG, líder con 120 rutas (El jefe de Norwegian niega querer vender a IAG pero matiza que depende del precio).
De esta manera, señala que “si la operación de concentración se acabase realizando y fuera autorizada sin la sujeción a compromisos”, se produciría la siguiente reducción en el número de competidores: en 4 destinos se pasaría de 2 a 1 competidor (Dubrovnik, Goteburgo, Los Ángeles y Oakland); en 7 destinos se pasaría de 3 a 2 competidores (Copenhague, Düsseldorf, Edimburgo, Gran Canaria, Helsinki, Reikiavik y Oslo); en 4 destinos se pasaría de 4 a 3 competidores (Estocolmo, Hamburgo, Tel Aviv y Tenerife); en Londres de 5 a 4; y en Varsovia de 6 a 5.
Según La Vanguardia, y en contraste con el análisis de Competència, fuentes del sector apuntan a que el proceso de concentración de la industria europea es imparable y que la posible integración de Norwegian en IAG podría impulsar el tráfico de El Prat, además de convertirlo en un hub de IAG y la alianza One World, en la que además de las compañías del grupo británico estaría Qatar Airways, Latam, Japan Airlines y Cathay Airways. Incluso se llega a especular de la posible concentración de todas las compañías en la T1, junto a Norwegian, y trasladar el resto a la T2, actualmente centrada en el low cost.
Como había adelantado preferente.com en exclusiva este martes, el presidente de Iberia, Luis Gallego, llegó a reunirse hace algo más de dos meses con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, para tantear la compra de Air Europa por parte de IAG, aunque acabaron rechazándolo, antes de que el grupo británico decidiera comprar el 4 por ciento de Norwegian para intentar hacerse con el 100% de su capital (Iberia se reunió con Hidalgo Jr. para comprar Air Europa).