23 mar. 2018

24 de marzo: La Marcha Básica contra el paro y la precariedad llega a Madrid. ¡Participa!

En Madrid: Manifestación el 24 de marzo, 17 horas, Plaza España – Plaza de las Cortes.
En Barcelona, convocatoria a las 18 horas en Plaça Universitat.
Llamamiento a toda la ciudadanía a participar en la manifestación de la Marcha Básica contra el paro y la precariedad.
Por la renta básica universal.
Por el cumplimiento de la Carta Social Europea: ninguna pensión, subsidio ni renta mínima por debajo del umbral de la pobreza.
Por trabajo digno. Derogación de reformas laborales.
Por un techo digno para todas las personas.
Por la defensa de las pensiones públicas.
Por la defensa de la sanidad y la educación públicas.
Resultado de imagen de 24 de marzo: La Marcha Básica contra el paro y la precariedad llega a Madrid. ¡Participa!
http://kaosenlared.net/video-24-de-marzo-la-marcha-basica-contra-el-paro-y-la-precariedad-llega-a-madrid-participa/

BCN : El Prat se queda sin bocadillos en Semana Santa

Los empleados de los locales de restauración convocan a una huelga indefinida a partir del sábado 24
Los usuarios de El Prat se podrían encontrar con restaurantes vacíos en Semana Santa.El comité de empresa de Pansfood, la concesión mayoritaria de la restauración en el aeropuerto de Barcelona, convocó huelga indefinida a partir de sábado 24 de marzo, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa.
La huelga se realiza para protestar por la precarización de las condiciones laborales, dijo el presidente del comité de empresa, Óscar Morente (ugt) a Efe, y están llamados un total de 429 empleados de 19 locales de restauración de la T1 y la T2 del aeropuerto barcelonés.
Para el representante sindical la división de la actual concesión en seis partes comportará una pérdida importante de derechos laborales.

Cambio de convenio

Por ejemplo, el grupo portugués Ibersol gestionará 11 locales, y ya ha comunicado que cuando entre en vigor la nueva concesión de restauración, en torno al 8 de mayo, aplicará el convenio de empresa en lugar del convenio del sector de hostelería.
Para Morente este cambio implica que el salario base de estos empleados se reduzca un 40 %, al pasar de los 1.500 a los 900 euros.
El comité de empresa ha convocado una concentración de protesta el 24 de marzo en la T1 y manifestaciones y concentraciones a partir del 3 de abril, en pleno operativo de regreso de Semana Santa.

Nuevas concesiones de locales gastronómicos

Aena ha renovado la oferta de restauración del aeropuerto de El Prat, que contará con 50 locales repartidos entre las terminales T1 y T2 y una superficie de más de 15.000 metros cuadrados.
Esta adjudicación es para el período 2018-2026 y los operadores con el mayor número de locales adjudicados son Grupo EatOut, Áreas, Select Service Partner y Autogrill.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/el-prat-huelga-restauracion-semana-santa_544622_102.html

22 mar. 2018

Multa de 10,5 millones a PwC por la auditoría de Aena

Empieza a desliarse una gran madeja, previa a la salida a Bolsa de Aena. El ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) ha impuesto finalmente una sanción a PriceWaterhouseCoopers (PwC) de casi 10,5 millones de euros, por tres infracciones de caracter “muy grave” señalan, al haber incurrido en el incumplimiento de su deber de independencia en los trabajos de auditoría de cuentas de Aena. Ayer aparecía publicada la sanción. La gravedad enorme se deriva de la propia actividad de la Auditoría, al tratarse de la realizada a un Ente Público y a mayores previamente a su salida a Bolsa. Empieza a desliarse esa gran madeja.
Resultado de imagen de Aena expolioEl ICAC considera que PwC y el socio auditor Alejandro García López han cometido “tres faltas muy graves continuadas” “al haber incurrido en un incumplimiento del deber de independencia”.
Y ello, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales individuales de AENA, con los trabajos de auditoría de las cuentas o estados financieros consolidados de AENA, preparados tanto conforme a las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC), como a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE)”.
Así, impone a PwC dos sanciones de multa por importe, cada una de ellas, del 5,25 % de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la sanción, resultando la suma de ambas por un importe de 10.491.978,89 euros.
De la misma manera, el ICAC ha impuesto al socio auditor Alejandro García López, dos sanciones de multa por importe total de 48.000 euros.
Dichas sanciones llevan aparejadas, tanto para PwC como para el socio auditor firmante del informe, “la prohibición de realizar las auditorías de cuentas de las mencionadas entidades correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa”.
Por otro lado, el BOE publica otras sanciones del ICAC a PwC y al socio auditor Pedro Marcos Díaz-Leante Sanz, por infracciones “graves” en las auditorías realizadas sobre las cuentas anuales de 2012 de la sociedad Zúrich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros.
La multa por estas infracciones alcanza los 149.885 euros para PwC, y 3.100 euros para el socio auditor.
De la misma manera, se ha impuesto otra sanción de multa por importe de 149.885 euros a PwC, por los trabajos de auditoría de ejercicio 2012 de las cuentas consolidadas del Grupo Zúrich Vida.
Por este motivo, el auditor Pedro Marcos Díaz-Leante Sanz ha sido sancionado con otros 3.100 euros.
http://aviaciondigital.com/multa-de-105-millones-a-pwc-por-la-auditoria-de-aena/

Barajas: se ampliarán todas las terminales pero no se concreta la llegada del AVE

Aena invertirá en el aeropuerto de Barajas 1.571 millones de euros hasta 2026 para elevar su capacidad hasta los 80 millones de pasajeros, 10 más que en la actualidad, según informó este miercoles el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien detalló el proceso que ampliará las cuatro terminales del aeródromo madrileño, en el que no concretó la llegada del AVE al aeropuerto pese a confirmar que en algún momento se hará realidad.
Según el plan director del Aeropuerto de Madrid Barajas 2017-2026, hasta 2021 se invertirán 530 millones de euros, en tanto que los 1.041 restantes se aplicarán entre 2022 y 2026. En una primera fase, hasta 2021, Aena ejecutará inversiones por 530 millones, ya previstas en el documento de regulación aeroportuaria (Dora), siendo la principal la renovación de la T1, 2 y 3 del aeropuerto para adecuarlas a la evolución de la demanda de tráfico prevista hasta 2025.
En concreto, se preparará a la instalación para el aumento de las rutas de largo radio, a la utilización de aeronaves más grandes y a nuevos requerimientos de seguridad. La inversión en la T1, 2 y 3, que aglutinan la mitad del tráfico de Barajas y donde Air Europa tiene su hub, será de 234 millones. Las obras, por las que se modernizarán las instalaciones y se destinarán 56 millones a la construcción de seis puestos de estacionamiento para aviones más grandes, se iniciarán en 2019 y se prolongarán hasta 2024.
La segunda fase, en el periodo 2022-2026, ampliará en 85.000 metros cuadrados de la T4 –donde Iberia tiene su hub–, en concreto, la zona de facturación y el área de seguridad y aumentará la T4 Satélite para habilitar hasta siete nuevos estacionamientos para aviones de doble pasillo intercontinentales, al tiempo que construirá una plataforma para dar servicio a dos Airbus A380 y cuatro A340 o similares, como señala Expansión.
La hoja de ruta del aeródromo –el quinto de Europa y con una cuota del 25% en el corredor entre Europa y América Latina– no incluye otros dos proyectos estrella: la conexión con la estación de tren de Chamartín vía alta velocidad y el megaplan inmobiliario. De la Serna confirmó este miércoles que “habrá intermodalidad, pero queda por definir cuándo y cómo” y, sobre el desarrollo inmobiliario en los terrenos adyacentes a Barajas, señaló que se potenciará la actividad logística y de carga, y se crearán nuevas áreas para hoteles y oficinas, como había recogido preferente.com (Aena planea dar espacio a hoteles y transporte de cargas en Barajas y El Prat).

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/barajas-se-ampliaran-todas-las-terminales-pero-no-se-concreta-la-llegada-del-ave-274434.html

21 mar. 2018

Unos 400.000 trabajadores han sufrido un ERE en plena "recuperación"

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) afectaron en 2017 a 54.098 trabajadores, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo.
Resultado de imagen de maquina de ERE´sUnos perdieron sus puestos de trabajo (20.159), otros sufrieron reducciones de jornada (5.791) y la mayoría vieron cómo quedaban en suspenso sus contratos (28.148).
El número de trabajadores inmersos en algún ERE el año pasado está en línea con lo que era habitual antes del estallido de la crisis. En 2006, todavía en pleno boom económico, hubo 57.140 afectados por expedientes de ese tipo y en 2007 fueron 76.042.
A partir de entonces comenzó una rápida escalada, que tuvo su punto álgido en 2009, todavía bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de medio millón de trabajadores (en concreto, 583.049) sufrieron regulaciones de empleo, aunque las víctimas de despidos se limitaron a 63.476.
En 2012, siendo ya presidente Mariano Rajoy, se produjo un nuevo pico, coincidiendo con la promulgación de la controvertida reforma laboral de febrero de ese año. Los ERE se llevaron por delante de una tacada a 483.313 trabajadores, en otro ejercicio catastrófico desde el punto de vista del empleo.
Luego, poco a poco, la cifra comenzó a bajar, una vez que las empresas iban consumando el aligeramiento de plantillas propiciado por las facilidades en materia de despido y por la desactivación de buena parte del poder sindical que la nueva normativa introdujo.
Aun así, cuando en 2014 surgieron los primeros signos de recuperación, el número de afectados por ERE continuó muy por encima de los cien mil (159.566). Y desde ahí fue cayendo hasta los 54.098 correspondientes a 2017.
En total, desde que la economía española volvió a crecer, ha habido 400.762 trabajadores sometidos a regulación de empleo.
Sólo en 2017, se tramitaron 3.422 procedimientos, de los que un 90% se zanjaron con acuerdo entre las empresas y los representantes sindicales.
De los 54.098 trabajadores afectados, 25.140 pertenecían a los servicios; 24.515, a la industria; 3.453 a la construcción, y 990, al sector agrario.
http://www.publico.es/economia/400000-trabajadores-han-sufrido-ere-plena-recuperacion.html

GALERIA DE BUITRES CDXXXIX

Estas son las constructoras que ingresaron 300 millones en contratos con una cláusula ilegal que favorecía el ‘dedazo’
Resultado de imagen de constructoras españolas mas importantesOHL, Acciona, Sacyr, FCC y otras empresas vinculadas a la presunta financiación irregular del PP figuran entre las más de treinta adjudicatarias de los al menos 40 contratos de mantenimiento de carreteras que el Ministerio de Fomento adjudicó entre abril de 2014 y octubre de 2015 con una cláusula que favorecía el ‘dedazo’ entre las empresas constructoras y que fue declarada ilegal con posterioridad.
Como avanzó eldiario.es, en el portal de Contratación del Estado constan al menos 40 adjudicaciones cuyos pliegos incluían esa fórmula, declarada ilegal en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esos 40 contratos suman un importe global superior a los 300 millones de euros. Al haberse adjudicado quince de ellos a uniones temporales de empresas (UTEs), en muchos casos el desglose del importe que corresponde a cada compañía no está disponible.
La empresa que recibió el mayor importe, 58,2 millones, fue la constructora OHL, cuyo máximo accionista, el exministro Juan Miguel Villar Mir, está triplemente imputado por los Papeles de Bárcenas y las tramas Lezo y Púnica.
Villar Mir (OHL) pide un gobierno de gran coalición con PP, PSOE y Ciudadanos: "Lo importante es que no esté Podemos" OHL se adjudicó en solitario tres contratos en la  Comunidad de Madrid y en las provincias de  León y Granada. Entre ellos sobresale el mayor de todos, el del mantenimiento de las carreteras madrileñas. Fue adjudicado por 40,7 millones a una unión temporal de empresas (UTE) de su filial Elsan y de la propia OHL en diciembre de 2014.
En el listado de adjudicatarias destaca también Acciona. La constructora de la familia Entrecanales, señalada por el exgerente del PP en Madrid Beltrán Gutiérrez como donante en B de este partido, se adjudicó en solitario cuatro contratos por 24,1 millones en Galicia Castilla y León Andalucía y Murcia. Otra grande del sector, Sacyr, implicada en la presunta financiación ilegal del PP en Castilla-La Mancha, se adjudicó a través de su filial Valoriza tres contratos con esta fórmula en Toledo Huelva y Zamora. El importe adjudicado suma 17,6 millones.
FCC, la constructora del escándalo Acuamed, vinculada también a los papeles de Bárcenas, aparece como adjudicataria de tres contratos con esa cláusula ilegal por importe de algo más de 17 millones. Se los adjudicó su filial Mantenimiento de Infraestructuras SA y comprenden el mantenimiento de carreteras en las provincias de Cáceres Burgos y Ávila.  
Pavasal, señalada por la Guardia Civil como  donante del PP de Valencia, recibió dos contratos. Uno en  solitario en Valencia (4,9 millones) y otro en  UTE con Aceinsa Movilidad. También obtuvo dos contratos, ambos en UTE, Ortiz, Construcciones y Proyectos (trama Púnica), en las provincias de  Cuenca y Badajoz
Con un contrato figuran la gallega Copasa ( 9,6 millones), donante del PP históricamente vinculada a este partido e imputada en los Papeles de Bárcenas CHM Obras, implicada en la  Gürtel valenciana; y dos empresas de los Papeles de Bárcenas: José Antonio Romero Polo, SAU y  Sorigué, en este caso en UTE con API Movilidad, filial de ACS, que se adjudicó dos contratos con esta cláusula en alianza con terceros.
Resultado de imagen de Gustavo de Arístegui En el listado también figuran dos empresas vinculadas a la trama de corrupción del ex embajador Gustavo de Arístegui y el ex diputado popular Pedro Gómez de la Serna: Assignia (antigua Constructora Hispánica, actualmente en liquidación), con  un contrato en UTE en Castellón; y Audeca (del grupo Elecnor), con un contrato en Murcia y otro en UTE en León
Todos estos contratos fueron adjudicados durante la etapa en Fomento de la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los pliegos de contratación llevaban la firma del entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. El director general de Carreteras, entonces y ahora, era (y es) Jorge Urrecho Corrales, antiguo colaborador en Fomento del exministro Francisco Álvarez-Cascos que fue ingeniero jefe en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón (Madrid), epicentro de la red Gürtel.

Explicaciones

Este miércoles, el Grupo parlamentario de Unidos Podemos pidió la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y de Catalá para que den explicaciones en la Comisión de Fomento sobre este asunto.
El diputado del PSOE César Ramos, que en octubre pasado preguntó por escrito al Gobierno por estas adjudicaciones, advierte del riesgo de que Fomento decida prorrogar estos contratos, la inmensa mayoría de los cuales están vigentes y expiran este mismo año. "Están beneficiando a gente a la que se le adjudicó un contrato con una formula que no es conforme a derecho", subraya.
En su respuesta al diputado socialista, fechada en enero pasado, el Ejecutivo indicó que el pliego tipo usado para estos contratos "fue informado por la Abogacía del Estado con fecha 19 de diciembre de 2013, y por lo tanto conforme a Derecho en tanto en cuanto los Tribunales de Justicia declaren que no se ajusta a la Ley". Añadía esa respuesta que "ninguna empresa recurrió las adjudicaciones con el anterior Pliego al recurrido".
El ministerio de De la Serna no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto

El amianto sigue en las tuberías de agua potable

El amianto, potente cancerígeno prohibido en España desde 2001, sigue todavía presente y causando estragos. No sólo en el Metro de Madrid, sino en miles de kilómetros de tuberías de la red de agua potable de muchas ciudades españolas. Se está haciendo muy poco por retirarlo, bien por la engañosa falacia de un umbral de seguridad, bien por codicia
Resultado de imagen de El amianto sigue en las tuberías de agua potableLa proliferación de noticias indicando que en una serie de vagones del metro de Madrid hay amianto ha causado preocupación a trabajadores y usuarios.
Al parecer algún trabajador del metro ha enfermado gravemente como consecuencia de la exposición a esta sustancia tan dañina. Tras las protestas la empresa habla de planes de retirada, urgentes, de ese amianto.
En medio del revuelo se habla de crear una comisión de investigación, pues parece que, contraviniendo la legislación, incluso se han vendido vagones con amianto a terceros países.
Para colmo, también ha trascendido que desde hace mucho tiempo en el metro de Madrid tampoco se realizan las preceptivas -y recomendables- pruebas de gas radón (un elemento radioactivo cancerígeno). 
Trágica historia
Por desgracia, España tiene una larga -y trágica- historia de exposición al amianto. Es conocida la historia de URALITA, que fabricaba diversos materiales de amianto-cemento (los que tenemos más edad recordamos las planchas de uralita cubriendo tejados).
Durante décadas, y cuando ya se sabía que el amianto era una sustancia peligrosa que producía severos problemas respiratorios (asbestosis) e inducía cáncer (concretamente mesotelioma de pleura -un cáncer inducido específicamente por la exposición a las fibras de amianto), centenares de operarios siguieron expuestos al amianto y -como era de esperar- muchos de ellos murieron.
Incluso hoy en día, en diversos lugares de España sigue quedando multitud de amianto-cemento, por ejemplo, en las tuberías de las redes de abastecimiento de agua potable a algunas ciudades.
Durante mucho tiempo se utilizó el amianto sin saber que se trataba de un material peligroso. Según parece, ya Alejandro Magno tenía una tela hecha de amianto que, para impresionar a quienes con él negociaban, arrojaba al fuego. Sus contrapartes se quedaban impresionados del poder del gran Alejandro, que conseguía que su tela no ardiese en el fuego.
Este ejemplo de Alejandro Magno ilustra muy bien las propiedades del amianto: es un material fibroso que tiene una extraordinaria resistencia al fuego. Así, el amianto se utilizó durante décadas como aislante térmico.
Los bomberos utilizaban trajes de amianto, los motores de los barcos se aislaban con amianto, e incluso muchos de los más viejos recordamos tostadores de amianto para poner directamente sobre el fuego.
Se utilizaron miles de toneladas de amianto, pues al ser un material fibroso y resistente, permitía desarrollar excelentes fibrocementos.
Próspero negocio
Durante décadas el amianto fue un próspero negocio. Como el cáncer producido por el amianto tarda en aparecer varios años tras la exposición al mismo, al principio no hubo problemas y España se llenó de amianto. 

 Pero, tras años de uso, empezaron a acumularse sólidas evidencias científicas de que la exposición al amianto resultaba extremadamente peligrosa, por tratarse de una potente sustancia cancerígena.
Cuando no quedó la más mínima duda de la peligrosidad del amianto, muchos países respondieron adecuadamente y su legislación prohibió el uso del amianto.
Pero en España, hubo mucha reticencia a la prohibición por parte de importantes sectores industriales y se continuó usando amianto durante mucho tiempo después de saberse que era un potente cancerígeno. Un problema de codicia.
Para justificarse, el sector del amianto argumentó que había un umbral de seguridad en la concentración de amianto por debajo del cual no había problemas de salud.
Nada más falso. La evidencia científica que contradecía la existencia de ese umbral de seguridad se acumuló: por ejemplo, en 1998 New England Journal of Medicine, la revista médica más importante del mundo, publicó una serie de trabajos -algunos de ellos basados en registros epidemiológicos de varias décadas- indicando que no existía ese umbral de seguridad. Hay pocas sustancias cuya peligrosidad está tan bien documentada como la del amianto.
Finalmente, por presión europea terminó por prohibirse el amianto en España. Era el año 2001.
La legislación europea es extremadamente clara en la prohibición absoluta del uso de amianto. Pero, desafortunadamente, a día de hoy sigue habiendo miles de toneladas de amianto en nuestro país (incluyendo muchísimos kilómetros de tuberías de amianto -que algunas fuentes estiman en unos 40.000 kilómetros- en la red de agua potable de muchas ciudades españolas).
Y en general se está haciendo muy poco por retirarlo. Tal vez la engañosa falacia de un umbral de seguridad esté en parte detrás. O tal vez sea solo cuestión de codicia. 
Eduardo Costas .Catedrático de Genética en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y Académico Correspondiente de la real Academia Nacional de Farmacia
https://www.tendencias21.net/El-amianto-sigue-en-las-tuberias-de-agua-potable_a44450.html

Valdemingómez : 20 años son suficientes

El viernes 23 de marzo de 2018 a las 19 horas en Traficantes de Sueños C/Duque de Alba, 13-Madrid (Metro: La Latina-Tirso Molina), charla Valdemingómez: 20 años son suficientes. Por la salud colectiva, Cierre de la Incineradora con la participación de médicos y sanitarios del GEIS-Grupo de Estudios Incineración y Salud y Fernando Palacios, científico titular del CSIC.
El GEIS se constituyó en 2017 para revisar los estudios científicos existentes sobre el tema, con el objetivo de informar a la población de los efectos de dichas industrias. GEIS Madrid no acepta subvenciones de ninguna organización pública o privada, y somos totalmente independientes de cualquier grupo político.
La incineración de residuos urbanos fue presentada en el siglo pasado como la alternativa definitiva para la gestión de las ingentes cantidades de materiales, que esta sociedad basada en la ecuación extracción, producción, distribución, consumo, desechos, necesitaba para gestionar dichos subproductos.
A pesar del escaso interés de las Administraciones, durante la última década se han incrementado las publicaciones científicas que apuntan a un incremento de la mortalidad por diversas causas, así como patologías relacionadas con las emisiones de dichas industrias, entre las poblaciones que viven en sus cercanías. En este contexto, desde el GEIS reclamamos que se aplique el principio de precaución para salvaguardar la salud de la población.

Aena llena los aeropuertos de tiendas

El Defensor del Pueblo alerta de que Aena convierte a los aeropuertos en centros comerciales en perjuicio del tránsito de los pasajeros
El Defensor del Pueblo alerta que la expansión de las tiendas limita los espacios públicos en los aeropuertos.Para que Aena haya podido lograr un beneficio récord de 1.232 millones de euros (+5,8%) en el último año, ha tenido que esforzarse para sacar el mayor rédito posible de sus activos.
Mientras espera poner en marcha un megaproyecto inmobiliario en 328 hectáreas que implicará una inversión de 1.264 millones de euros, el gestor aeroportuario ha buscado en los últimos años potenciar a los aeropuertos como grandes centros comerciales en perjuicio de los pasajeros.

Perjuicio a los pasajeros

El Defensor del Pueblo, en su último informe anual, precisa que ha recibido numerosas quejas de usuarios por la pérdida de espacio público en los aeropuertos, “debido a la tendencia a transformarlos en áreas comerciales, con una nueva organización orientada a la rentabilidad”.
El informe de la organización dirigida por Francisco Fernández Marugán precisa que la expansión de locales, que invaden el paso para llegar a las puertas de embarque, llega al extremo de obligar a los pasajeros a transitar “por el interior de los establecimientos comerciales”.
Según el Defensor, la privatización de Aena trajo como consecuencia cambios en la gestión de los aeropuertos españoles, ya que la empresa mixta –pero con mayoría del Estado, a través de Enaire- adoptó una serie de decisiones para aumentar sus ingresos mediante la gestión del espacio público.

Enfrentamientos con Aena

En más de una ocasión el ente presidido por Jaime García-Legaz negó al Defensor del Pueblo el permiso para investigar las quejas de los ciudadanos, a lo que el organismo recordó que debe someterse a su supervisión al ser una empresa con mayoría pública.

El agua, con precios máximos

Una de las quejas más frecuentes sobre Aena es el excesivo precio de las botellas de agua. Cuando un pasajero atraviesa los controles de seguridad tiene que dejar todos los envases para líquidos mayores de 100 ml, por lo que se ven obligados a comprar agua en las expendedoras automáticas del área de espera o en los bares del lugar.
Tras varias reclamaciones, y luego de las gestiones del Defensor del Pueblo, Aena se comprometió a instalar expendedores de agua potable y a limitar el precio de venta del agua mineral a 1,60 euros en las máquinas de vending.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/defensor-pueblo-aena-aeropuertos-tiendas_543986_102.html

19 mar. 2018

GALERIA DE BUITRES CDXXXVIII

El BBVA, líder estatal en la financiación de la industria armamentista nuclear
La entidad ha financiado con 2.996 millones de euros empresas que fabrican misiles, balas o aviones de combate y, especialmente, armamento nuclear
AECOM y Boing, dos de las empresas financiadas, son responsables de las pruebas y de los planes de modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos y de su principal bomba termonuclear
Resultado de imagen de bbva empresas que fabrican misiles
Ayer viernes, cuatro miembros de la Campaña Banca Armada participaron a la junta de accionistas del BBVA que se ha celebrado en Bilbao. El BBVA es el banco estatal que encabeza, un año más, el ranking de inversiones a la industria armamentista y que contribuye al mantenimiento de las armas nucleares financiando en concreto siete empresas del sector.
Así, dos representantes de la campaña integrada actualmente por siete organizaciones -Centre Delàs de Estudios por la Paz, SETEM Cataluña, Justicia y Paz, ODG, Colectivo Rets, AA-MOC y FETS- hicieron dos intervenciones explicando ante los accionistas y los medios, los vínculos de esta entidad con la industria del armamento. El objetivo es sensibilizar y denunciar ante la sociedad la relación de estas prácticas financieras con las tragedias humanas consecuencia de los conflictos internacionales.
2710 millones de euros en empresas nucleares
Las armas nucleares siguen siendo las más destructivas que se han creado, diseñadas para aniquilar territorios y poblaciones enteras. A pesar de que el pasado mes de julio se aprobó el tratado de Naciones Unidas que prohíbe a las naciones firmantes desarrollar, probar, transferir, poseer, exportar, usar o amenazar las armas nucleares, ninguno de los 9 países que tienen armas nucleares actualmente (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China, Francia, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel) lo apoyaron.
Tal como indicó Carla Liébana, miembro de la campaña, en su discurso: "De 2014 a 2017 el BBVA ha invertido 2710 millons de euros en las siguientes siete empresas que diseñan, mantienen o modernizan armamento nuclear: Aecom, Airbus, Boeing, BWX Technologies, General Dynamics, Hoenywell International y Jacobs Engineering".
Según datos de la última investigación realizada por PAX, Don’t Bank on the Bomb 2018, destaca su inversión en AECOM (298.592.158,36 euros en crèditos y 290.515.625,33 euros en bonos y pagarés), que forma parte del grupo de empresas que dirige los laboratorios de pruebas de armas nucleares en Estados Unidos y tiene un papel imprescindible en los planes de modernización del arsenal de armas nucleares de este país. Otro ejemplo es Boeing, a quién BBVA ha financiado con 614.909.441,65 euros en créditos y 135.452.281,55 euros en bonos y pagarés. Boeing es la empresa que mantiene el operativo del Minuteman III, los misiles nucleares intercontinentales de Estados Unidos, y que produce diferentes elementos de la nueva B61-12, la principal bomba termonuclear del arsenal de los Estados Unidos (destinadas a ser desplegadas en Europa).
Indra, Airbus Group o Leonardo, tres ejemplos clave
Resultado de imagen de financiación de la industria armamentista nuclear Según comentó Maria de Lluc Bagur, activista de la campanya, en su intervención: "de 2011 a 2017 el BBVA ha financiado con 2.996 millones de euros a empresas que fabrican misiles, explosivos, armas ligeras, balas, helicópteros militares, aviones de combate, electrónica militar y armas nucleares, entre otros". Se trata de empresas como por ejemplo Indra, Airbus o Leonardo, que exportan armas en la Oriente Medio y al Norte de África y contribuyen a escalar la violencia de los conflictos armados de estos territorios, aumentando la inseguridad de las personas que viven y provocando que se vean obligadas a exiliarse y buscar refugio en otros países. En los últimos años, la cifra de desplazamientos forzados se ha incrementado considerablemente y actualmente se contabilizan 60 millones de personas desplazadas. Por otro lado, la industria militar y de la seguridad europea se beneficia de esta tragedia: después de suministrar armas en los países en conflicto, venden equipos de seguridad y de control de fronteras para evitar la entrada de las personas que huyen de la guerra al suyos países y buscan asilo en los territorios de la UE. Este es el caso sobre todo de Indra, la empresa española de tecnología militar a quién BBVA ha destinado 5.906.196,00 de euros en fondos de inversión de 2011 a 2017.
En el mismo periodo, BBVA ha financiado 105.962.359,64 euros en créditos a Airbus Group (empresa dedicada a la fabricación de los circuitos de misiles Tridente, aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares) y ha emitido buenos y pagarés de esta empresa por valor de 215.773.650,81 euros. Leonardo (ex Finmeccanica) Group, es otro ejemplo: el banco ha destinado 155.271,55 euros a créditos y 14.723.203,77 euros en bonos y pagarès de esta empresa fabricando de aviones de combate, sistema de misiles (incluidos los nucleares), artillería naval y vehículos de transporte de un misil balístico intercontinental, entre otros.
Durante las próximas semanas, la campaña también participará a las juntas de Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell y Bankia gracias a los votos que accionistas de todo el estado han delegado para poder denunciar las malas prácticas de estas empresas.
 

17-M: Más de un millón de personas salieron a la calle en defensa de las pensiones públicas

Hemos logrado movilizar a más de un millón de personas en Defensa de un Sistema Público de Pensiones en el que se garanticen unas cuantías suficientes de las mismas, la derogación de las Reformas del año 2.011 y 2.013 que endurecieron las condiciones de acceso y bajaron extraordinariamente las cuantías de las mismas, además de exigir al Gobierno del Partido Popular un aumento anual acorde con el IPC y la garantía de estabilizar las mismas a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Resultado de imagen de Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de PensionesAyer 17 de Marzo, en más de 145 ciudades y poblaciones importantes de España, hemos logrado movilizar a más de un millón de personas en Defensa de un Sistema Público de Pensiones en el que se garanticen unas cuantías suficientes de las mismas, como dice el artículo 50 de la Constitución Española y la derogación de las Reformas del año 2.011 y 2.013 que endurecieron las condiciones de acceso y bajaron extraordinariamente las cuantías de las mismas, además de exigir al Gobierno del Partido Popular un aumento anual acorde con el IPC y la garantía de estabilizar las mismas a través de los Presupuestos Generales del Estado
Agradecemos mucho a toda la población movilizada, pensionistas, jóvenes, mujeres, familias enteras y diversos movimientos sociales como el Feminista, Marchas por la Dignidad, No a la precariedad, etc. que se hayan sumado a este clamor popular para la creación de una sociedad más igualitaria. 
Desde la Coordinadora Estatal nos sentimos profundamente orgullosxs de haber sintonizado claramente con este amplio colectivo social de pensionistas. 
Tenemos que aclarar que la Coordinadora Estatal es un movimiento social apartidista, asambleario, abierto, transversal e inclusivo en el que caben todo tipo de personas cuyo único objetivo sea LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. 
La Coordinadora Estatal, en consecuencia, es un movimiento que no tiene subvención alguna ni aporte económico de ningún tipo más que el voluntario y generoso de sus propios miembros que con su trabajo sostenido a lo largo de varios años ha culminado en este día que consideramos un gran éxito, no de la misma, sino de toda la sociedad, especialmente de la ciudadanía pensionada, luchando por sus derechos. Ese es el único mérito que nos atribuimos: sacar a la calle la realidad que estaba oculta en las casas anónimamente. 

Resultado de imagen de 17M Madrid Anunciamos que, independientemente de que se produjera alguna medida maquilladora de este Gobierno, vamos a continuar las movilizaciones el próximo mes de abril, porque nuestra tabla reivindicativa es amplia y porque lleva a una mejora global para los actuales y futuros pensionistas. 
Nos reconocemos en este colectivo y al frente del mismo nos hemos situado ante la inactividad de agentes políticos y sociales que durante años han mirado a otra parte o directamente han legislado en su contra. Especialmente en estos últimos meses vetando proposiciones en la Mesa del Congreso de iniciativas parlamentarias que nos favorecían. 
Debe quedar claro que nuestra movilización es diferente de las convocadas por organizaciones sindicales, esencialmente, porque planteamos la inutilidad actual del Pacto de Toledo del año 1.995 que ha llevado a la pérdida de derechos a jóvenes trabajadores y pensionistas. Por todo lo acontecido y las movilizaciones que nos respaldan aspiramos, legítimamente, a ser un actor social escuchado en la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo. 
Hemos nacido desde abajo, desde el pueblo y, con el pueblo libre y organizado, estamos aquí para revertir esa situación. Y ahí, en las calles, con el pueblo, continuaremos.
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
http://kaosenlared.net/17-m-mas-de-un-millon-de-personas-salieron-a-la-calle-en-defensa-de-las-pensiones-publicas/

18 mar. 2018

Políticas del miedo

La realidad no existe, sólo lo que aparece por la tele. Se ha institucionalizado lo que afirmó nuestra más famosa presentadora de las mañanas. Aquel obsceno “lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta como verdad, que por regla general es mentira”, que glosó Ana Rosa Quintana en un Curso de Verano años atrás. Nos gobiernan los medios. Lo que sale en el plasma, grabado, relatado, enlatado y editado para impactar en la audiencia, es lo que existe. Y todos aquellos que quieren vender algo a la masa cautiva frente a la caja tonta acuden solícitos a la cita para ganar cuota de mercado. Da igual que se trate de celebritys en horas de saldo o políticos buscando su minuto de gloria.
Resultado de imagen de Políticas del miedoLa democracia, concebida como un régimen transparente de participación y deliberación del demos, está secuestrada por la “experiencia orweliana”. Y lo más grave es que, mientras en política diaria se actúa cada vez más sin el consentimiento de los gobernados, lo que vomitan las cadenas audiovisuales goza del aplauso de esas multitudes secretas. El 8 de marzo, día de la histórica manifestación feminista en 120 ciudades españolas, el programa más visto fue El Hormiguero, con 3.085.000 personas atentas a sus chorradas, muy por encima de los espectadores que siguieron las noticias sobre las protestas.
Aunque lo peor no está en esos estúpidos espacios de entretenimiento ( literalmente “perder el tiempo”) que reproducen en humanos el reflejo condicionado que Paulov verificó sobre su perro a toque de campana. Lo que realmente provoca una patente atrofia del aparato racional y sensitivo de la gente que se dopa ante las teles, son los eventos y emisiones de rabiosa actualidad. Aquí es donde el monstruo de la mutación de las conciencias viene a vernos y hace estragos. Esta última semana hemos tenido tres ejemplos de esa manipulación que convierte la mediocracia en “extensiones del hombre”, según la expresión de Marshall McLuhan. Hablamos de la comparecencia pública del equipo de la Guardia Civil que rastreó el crimen del niño Gabriel; de la muerte de un mantero en el barrio madrileño de Lavapiés; y del pleno del Congreso sobre la derogación de la prisión permanente revisable (otro oxímoron del lenguaje jurídico). Todos ellos de enorme eco gobeliano.
Empecemos por el más sentido. Los jefes de la Benemérita (sic) explicando su actuación en el suceso que ha conmovido a España. Mostraron empatía con los padres del pequeño. Se deshicieron en elogios recordando al niño. Se emocionaron hasta casi romper a llorar. Y dibujaron ante la multimillonaria audiencia un macabro retrato psicopatológico de la presunta asesina Ana Julia Quezada. Todo normal e incluso de agradecer si no fuera por un pequeño detalle. Porque según el código penal vigente nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y aún esa fase no ha llegado. Porque ellos, los meritorios investigadores, estaban siendo en cierta medida “juez y parte”, y con sus emotivas opiniones pueden condicionar el atestado judicial en curso, hasta el punto incluso de “contaminarlo”. Para completar el “juicio paralelo” de guardiasciviles y medios en comandita, solo faltaba contar con la autocrítica de la reo en directo, como ocurría en los Procesos de Moscú. Salvo que consideremos que la importante es el show de unos servidores de la ley susurrándole el contenido auto al instructor judicial. Es la segunda vez en pocos meses, tras el asunto Diana Quer, en que Interior festeja estas performances menospreciando el Estado de Derecho en favor del Estado Policial. El paseíllo del ministro Zoido (magistrado en excedencia, por si fuera poco) con la bufanda azul de Gabriel como trofeo fue el colofón kitsch que faltaba.
En segundo en la ristra, por orden de aparición, tiene que ver con el debate parlamentario en torno a la prisión permanente revisable aprobada por el PP en 2015. Un tema de tan letal trascendencia fue trasteado por el Gobierno utilizando como reclamo a padres y madres de algunas víctimas de crímenes terribles allí presentes. Más que una cámara democrática, donde debe imperar la prudencia y la equidad, el Congreso parecía un circo romano sediento de venganza por iniciativa de un partido en caída libre según todas las encuestas. Al más puro estilo de la dictadura, exacerbando sin miramientos los bajos instintos de los ciudadanos para ocultar su flagrante incompetencia y corrupción. Y aquí de nuevo la televisión tuvo su oportunidad para dar rienda suelta a la bulimia sensacionalista durante la rueda de prensa ofrecida por las familias de las víctimas al final de la sesión. Confiemos en que a pesar de su hedionda onda expansiva, el chantaje urdido por Génova 13 y Ciudadanos no desarme la valiente propuesta del PNV, PSOE y Unidos Podemos para derogar tan infame norma, impropia de una sociedad que se pretende democrática y madura.
El tercer capítulo de esta crónica de sucesos teledirigida ha hecho diana en Mame Mbaye, un mantero de origen senegalés fulminado por un infarto en el centro de la capital cuando huía de un control de los municipales. El trágico accidente provocó fuertes altercados con los antidisturbios a lo largo de aquella noche. Durante los altercados se destrozaron cajeros automáticos, se incendiaron contenedores y lanzaron piedras a los escaparates de varias oficinas bancarias, en lo que era una expresión de rabia por lo que se presumía una muerte debida al acoso policial. Todos los ingredientes morbosos para que los canales de televisión ofrecieran una cobertura de “batalla campal” en sus parrillas entraron en escena. Hubo informadores que en rigurosa primicia hablaron del saqueo de las entidades bancarias, incendios en edificios y vandalismo, cuando la única víctima cierta era el vendedor callejero. Idéntico relato se produjo al día siguiente a raíz del intento de agresión al cónsul de Senegal por un grupo de paisanos indignados. Me consta que la bronca no duró más de cinco minutos, y sin embargo ese metraje daría para ocupar horas en los telediarios de la tarde y ser repetido y manoseado en todos los informativos, viniera o no a cuento. Caldo de xenofobia químicamente puro. Y no solo por haber magnificado y sobredimensionado los incidentes, sino además y sobre todo por la compulsión con que fueron narrados. Este aspecto es especialmente visible en las coberturas que realiza habitualmente La Sexta. Teleroja se ha convertido, tanto en lo referido a la expresión corporal como en la mímica verbal, en una auténtica escuela de dramatización de la noticia. Desde lo más banal hasta lo más trágico, adquiere una dimensión excepcional en las televisiones, no existe casi diferencia entre la noticia y la propaganda, todo se publicita. Recordando a Campoamor, aquí nada es verdad ni mentira, todo es según el color con que se mira. Lo caricaturiza con su firma una conocida presentadora de Antena 3 en un anuncio al que presta su imagen: “Como periodista siempre busco la verdad: ¿es casero el caldo Gallina Blanca?”
Hace años la explotación política del terrorismo de ETA permitió aplicar paternalistamente estrategias de miedo que conllevaron importantes mermas de derechos y libertades. Desaparecida la organización armada vasca, la tentación de rentabilizar partidistamente el dolor de las víctimas reproduce una especie de terrorismo de baja intensidad, de guerra sucia del Estado contra la sociedad civil, para mantenerse ilegítimamente en el poder. De nuevo, “por nuestro propio bien”.
Rafael Cid
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/pol%C3%ADticas-del-miedo

16 mar. 2018

18 - Mar.: Acto por la libertad de expresión

Mientras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabar de colocar la libertad de expresión por encima del delito de "injurias a la corona", la represión contra el mundo de la cultura al margen del sistema de mercado o sencillamente contestatario continúa en niveles nunca conocidos en España desde la dictadura Franquista.
La Audiencia Nacional juzgó recientemente al rapero Pablo Hasel, al que ya condenó a 2 años de cárcel por "enaltecer el terrorismo, por alabar a grupos terroristas e insultar a la Corona y a los Cuerpos de Seguridad en su cuenta de Twitter y en un vídeo en YouTube titulado Juan Carlos el Bobón” a principios de febrero. El rapero José Miguel Arenas Beltrán, "Valtonyc", tendrá que entrar en prisión tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su condena a 3 años y 6 meses, por supuestos delitos de calumnias, injurias y amenazas en las letras de sus canciones. Olazti, colaborador de La Haine, acaba de ser imputado por "enaltecimiento" en redes sociales y ya fue detenido en septiembre acusado de "enaltecer el terrorismo" en las redes sociales. Son tres de los últimos casos de represión desde el gobierno y la justicia española contra el derecho constitucional y humano a la libertad de expresión tras el endurecimiento del código penal y la puesta en marcha de la Ley Mordaza.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional acaban de recibir un fuerte varapalo desde el más alto organismo de Derechos Humanos de la Unión Europea, que confirma que quemar una foto de los reyes no es "injurias a la corona", o que lo que hicieron Enric Stern Taulats y Jaume Roura Capellera "no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar y vilipendiar" al monarca. El actual Código Penal, leyes como la "Mordaza" u otras vinculadas a instituciones anacrónicas como la corona son rechazadas por la mayor parte de los españoles, pero siguen en vigor desde unas instituciones aún controladas por una organización criminal y determinados partidos políticos que la sostienen en el gobierno.
Hasel, Valtonyc y Boro (periodista de La Haine) debatirán de todo esto y mucho más el domingo a las seis en el Teatro del Barrio.
http://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2018/03/14/acto-por-la-libertad-de-expresion-con-hasel-valtonyc-y-boro-18m

18 - Mar.: La Salud infantil no admite recortes

Una vez más, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), convoca para el domingo, 18 de marzo, la 66ª Marea Blanca.
En este caso, la Marea Blanca consistirá en un abrazo al Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús, reivindicando que la “Salud Infantil no Admite Recortes“.
¡¡ACUDE!!
¡¡LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, LA SANIDAD PUBLICA SE DEFIENDE!!
Cartel_66ª Marea Blanca_2018-03-18

IAG emite bonos por 494 M € para financiar la entrega de 11 aviones

International Airlines Group (IAG) -holding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- anunció este jueves que ha lanzado con éxito una emisión de bonos por valor de 608,6 millones de dólares (494 millones de euros) para financiar la entrega de 11 aviones.
Resultado de imagen de IAG emite bonos por 494 M € para financiar la entrega de 11 avionesLa emisión de deuda costeará la entrega de dos Boeing 787-9 Dreamliner entre marzo y abril de este año, un Boeing 787 Dreamliner (-8) para junio, siete Airbus A320neo entre abril y octubre, y otro 787-8 ya entregado en septiembre de 2017, según informó IAG en un comunicado. 2017, informó IAG en un comunicado.
Esas 11 aeronaves son el activo que respalda la emisión de los bonos, conocidos con el nombre de EETC (Enhanced Equipment Trust Cerfitifcates), una transacción similar a la que IAG ya llevó a cabo en junio de 2013, informó a Efe una portavoz de la compañía.
La emisión consta de certificados de "Clase AA", por valor de 409,8 millones de dólares (332,7 millones de euros), con cupón anual, pagado cada trimestre al 3,800 %, y certificados de "Clase A", por valor de 198,8 millones de dólares (161,3 millones de euros), con interés periódico trimestral del 4,125 %.
La operación ha sido calificada por la agencia Moody's con las notas Aa2 (sobresaliente) y A3 (notable bajo), para cada uno de esos certificados, y con notas AA- (sobresaliente bajo) y A- (notable bajo), respectivamente, por Fitch, según indicó IAG.
La entidad Citibank ha actuado como coordinador global de la transacción, la segunda de esta naturaleza que realiza IAG, tras una emisión similar de 927 millones de dólares (752 millones de euros) en 2013.
https://www.hosteltur.com/127145_iag-emite-bonos-494-m-financiar-entrega-11-aviones.html

14 mar. 2018

#Desamordázate

Resultado de imagen de #Desamordázate

Estadísticas laborales: manipulación y desinformación

Cada quincena, mes o trimestre, al comienzo o al final de cada año, los medios de comunicación mayoritarios y una legión de políticos que habitan los círculos de poder o se encuentran en sus alrededores se dedican, con renovado entusiasmo y dedicación, a interpretar, siempre en un sentido favorable, la información estadística más reciente sobre empleo y desempleo.
Mejora la ocupación, retrocede el paro… En relación al mes precedente o al mismo del año anterior, comparando los datos trimestrales de los últimos ejercicios, computando los últimos 12 meses o tomando algún año de referencia, en términos anuales, interanuales o teniendo en cuenta la serie histórica. Así, dale que te pego, hasta el infinito o hasta que el dato en cuestión –convenientemente aseado, revestido, reformulado o torturado- dice lo que tiene que decir.
Resultado de imagen de Estadísticas laborales: manipulación y desinformación
Oficina del Inem de Santa Eugenia
Si no fuera por la carga manipuladora de este verdadero circo estadístico y porque detrás de los datos hay personas y proyectos de vida, resultaría hilarante y patético asistir, en calidad de sufrido espectador, a semejante espectáculo.
Quienes aplauden la creación de empleo y entregan ese dato como la prueba del algodón de que “lo peor de la crisis ha quedado atrás” o, más audaz todavía, presumiendo de que “estamos en el camino de salida de la misma”, no reparan o no quieren reparar (a pesar de la mucha información que hay al respecto) en que muchos de los trabajadores con la “suerte” de disponer de un empleo lo tienen en unas condiciones deplorables.
Tanto en España como en la Unión Europea se observan, para quien quiera mirar en esa dirección, jornadas laborales larguísimas –incluidas las horas extra pagadas y no pagadas-; la creciente obligación de trabajar en horas desfavorables (nocturnas y en festivos); unos salarios bajos o estancados, en retroceso; el aumento de la proporción de trabajadores que, a pesar de tener un empleo, vive en situación de pobreza; la generalización de los contratos precarios –temporales o a tiempo parcial- a pesar de que las personas afectadas los desearían indefinidos y a tiempo completo; la degradación de la negociación colectiva, hasta el punto de que los trabajadores pueden considerarse “afortunados” si conservan su empleo, claro está a cambio de una sustancial reducción de sus retribuciones o una intensificación de los ritmos de trabajo.
¿Y qué decir del desempleo? Los que se agarran como un clavo ardiendo a la información proporcionada por las estadísticas oficiales lo tienen claro: el número de desempleados continúa su senda de reducción, y sanseacabó. En efecto, igual que sucede con los registros de ocupación, también aquí las estadísticas española y comunitaria muestran reducciones en los últimos años, con el consiguiente discurso autocomplaciente por parte de los poderosos.
Pero resulta que, como acabo de comentar, muchos de los que han transitado desde el desempleo al empleo, disponen ahora de un trabajo precario, inestable y de pésima calidad, donde sus derechos como ciudadanos son sistemáticamente vulnerados. En cualquier caso –incluso teniendo en cuenta que ha aumentado el empleo y se ha reducido la desocupación-, son muchos millones de personas los que se levantan cada mañana con la vana esperanza de encontrar un puesto de trabajo. Las previsiones más optimistas describen un escenario donde todavía será necesario un buen número de años para alcanzar los niveles previos a la crisis.
Resultado de imagen de Estadísticas laborales: manipulación y desinformaciónAdemás, una buena parte –cada vez mayor- de la población desempleada no figura como tal en las estadísticas, ¡gran alivio para aquellos cuyo horizonte analítico empieza y acaba con los datos oficiales y convencionales! Han pasado de activos demandantes de un empleo a población inactiva. Se trata de trabajadores realmente desempleados que no tienen o han agotado su derecho a la prestación por desempleo, o que, por frustración o desánimo, no buscan un empleo a través de las oficinas de ocupación. También cabe contabilizar entre los desempleados los que, ante la falta de oportunidades en su país, han hecho las maletas y han emigrado a otros lugares, los que trabajan menos horas de las que desean y necesitan (contratos temporales y a tiempo parcial), y las mujeres que, en los actuales esquemas patriarcales y sexistas, se ocupan del trabajo de cuidados (invisibilizado y no remunerado) y desearían tener un trabajo retribuido.
La consideración estadística de este “desempleo oculto” –oculto, pero real- elevaría sustancialmente los niveles de desocupación, hasta duplicar las tasas oficiales. No sólo en España y en Europa; también en la economía estadounidense, donde se ha convertido en un mantra afirmar, erróneamente, que ya se encuentra cerca del pleno empleo.
¿Hay que exigir una política económica que ponga la creación de empleo y la reducción del desempleo en el centro de la agenda pública? Sí, por supuesto, pero no sólo eso. El horizonte de una política ocupacional al servicio de las mayorías sociales tiene que vertebrarse en torno a los principios de equidad y democracia. Porque sólo desde esta perspectiva –muy distinta de la que sitúa en el motor de la dinámica ocupacional la obtención de un plus de crecimiento- podrán abordarse temas como la democratización de las relaciones laborales, el aumento del gasto público para impulsar la economía de los cuidados y combatir la pobreza y la exclusión social, el reparto con criterios de género de las tareas reproductivas en los espacios familiares, el aumento de los salarios y el fortalecimiento de la negociación colectiva.
https://www.lamarea.com/2018/03/13/estadisticas-laborales-manipulacion-y-desinformacion/

La rebelión de los pensionistas

Las pensiones públicas se han visto siempre amenazadas, pero no por las limitaciones económicas, sino por los intereses del sistema financiero y de las fuerzas económicas. La ofensiva ha sido constante. Ya en los años ochenta y noventa el sistema público sufrió varias reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del euro y principalmente con la crisis económica, cuando el ataque ha sido férreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.
Las pensiones públicas han estado en el centro de todas las políticas de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los países miembros por Bruselas. En España la agresión se inició en aquella fatídica noche de mayo de 2010 en la que, contra toda lógica, Zapatero y su ministra de Economía se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de Alemania. Junto al tajo dado a las retribuciones de los empleados públicos, se congelaron las pensiones. La ofensiva continuó con la reforma acometida más tarde, en 2011, por el mismo Zapatero, en la que ya se perfilaba el factor de sostenibilidad; pero se consumó y perfeccionó con la emprendida por Rajoy en 2013, con efectos letales tanto por la eliminación de la actualización anual de la pensión por el incremento del IPC, como por la concreción del factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuantía de las futuras prestaciones.
Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen, la coacción, de una o de otra forma de Bruselas. Difícilmente se puede hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a los pensionistas sus anteriores derechos. No puede extrañarnos, en consecuencia, el grado de virulencia que están mostrando las múltiples manifestaciones de pensionistas. Era evidente que cuando la inflación retornase a tasas normales, iba a hacerse presente uno de los efectos más negativos de la reforma, la depreciación progresiva de la cuantía en términos reales de las prestaciones.
Durante este tiempo, las distintas fuerzas políticas han estado mareando la perdiz sin enfrentarse seriamente con este problema. Tan solo cuando los pensionistas se han echado a la calle es cuando han intervenido, pero con una única finalidad: pescar votos en río revuelto. Junto a los muchos errores, el Pacto de Toledo tenía dos aspectos positivos. El primero, el compromiso de todos los partidos de no utilizar las pensiones como arma electoral; el segundo, garantizar a los jubilados que sus prestaciones mantendrían el poder adquisitivo. Ambos factores parecen haberse perdido en el momento presente.
En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados, conviene separar. Uno es el de la actualización anual de las pensiones, contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del sistema en el futuro.
La actualización o no de las pensiones por el IPC es un falso problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la época en la que estaba vigente la actualización de las prestaciones por el IPC, si la inflación había crecido más de lo esperado y había que pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los medios de comunicación asumían la mentira de que representaba un coste adicional al erario público, lo que no es cierto, ya que con la inflación también se incrementan los ingresos del sector público en igual o mayor cuantía.
Antiguamente muchas familias de economía modesta cuando iban a tener un hijo afirmaban, con cierta ironía, esa especie de máxima de que los niños traían un pan debajo del brazo, lo cual en la mayoría de los casos no era cierto. Pero algo parecido, y en esta ocasión sí que con razón, se puede predicar del impacto de la inflación sobre el presupuesto del Estado. La inflación viene con su financiación debajo del brazo, porque si bien puede incrementar los gastos del Estado, también aumenta automáticamente todos los ingresos.
Hacienda afirma que este año la recaudación impositiva va viento en popa. La razón hay que buscarla ciertamente en que la economía en términos reales está creciendo un 3%, pero también en el incremento de los precios, que aumenta de forma automática los ingresos del Estado. No hay, por lo tanto, ninguna razón para negarse a la actualización. Rechazarla es tan solo aprovechar la inflación para hacer una transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras aplicaciones presupuestarias o a la reducción del déficit.
La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma también Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es un tema de elección, de decisión política. ¿Por qué el recorte tiene que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? ¿Por qué no en defensa, en la financiación de las Comunidades Autónomas, en los gastos de los Ayuntamientos o en las inversiones públicas? ¿Por qué no prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo suponen una subvención a los empresarios, o de reducir las cotizaciones sociales? ¿Por qué quitar a los pensionistas lo que les corresponde para dedicarlo a otras partidas quizás mucho más dudosas e inadecuadas?
La no actualización puede considerarse un robo, un verdadero expolio. Constituye sin justificación un impuesto específico a los pensionistas. Impuesto que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflación promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6% el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente. El año diez, el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo que le correspondería si se hubiese actualizado año a año.
Resultado de imagen de La rebelión de los pensionistasLa protesta de los pensionistas está obligando a todos los partidos a pronunciarse. El Gobierno se está viendo forzado a dar una alternativa, alternativa que no es fácil de entender. Se trata de conceder a algunos pensionistas una desgravación fiscal. Todos los gobiernos tienen la tentación, contra la lógica más elemental de la Hacienda Pública, de conceder las ayudas sociales como minoración de ingresos, en lugar de a través del correspondiente capítulo de gastos. Además de los muchos defectos que la teoría impositiva predica de los gastos fiscales, hay que señalar que la finalidad de la administración tributaria es la de cobrar los impuestos y perseguir el fraude, no la de gestionar las pensiones. Para este cometido, ya está el Ministerio de Trabajo.
Aun cuando no se conoce bien en qué va a consistir el alcance concreto de la medida, se puede afirmar que solo hay una explicación para huir de la actualización anual de las pensiones por el IPC y establecer en su lugar una prestación social a los pensionistas. La razón hay que buscarla en que el coste de esta ayuda será muy inferior al de la actualización, seguramente porque el número de beneficiarios será muy reducido, pero también y principalmente porque la prestación no será acumulativa y en el caso de la actualización, sí.
El Gobierno en su argumentación está utilizando cifras que pueden inducir a engaño. Afirma que la pensión media ha crecido en el último año el 14%. El dato puede ser cierto, pero la razón no es, tal como se asegura, porque ese haya sido el incremento de las pensiones individuales, sino porque las prestaciones de los jubilados que abandonan el sistema es sustancialmente inferior a la de los jubilados que se incorporan, lo que es más bien revelador de cómo la cuantía de las pensiones se deteriora a lo largo del tiempo, y eso que hasta ahora se han venido actualizando por el IPC.
Desde el Ministerio de Trabajo, departamento del que han surgido las reformas más duras y reaccionarias (no sé por qué los pensionistas se fueron a manifestar ante el Ministerio de Hacienda en lugar de ir al de Trabajo, que es el que elaboró la ley), se ha filtrado un cuadro que ha recogido algún periódico de Madrid. Pretende mostrar cómo evolucionará en el futuro el porcentaje del gasto en pensiones sobre el PIB, si se actualizasen las prestaciones por el IPC. Distingue varios escenarios según el incremento real de la economía, pero curiosamente la hipótesis que escoge para la inflación siempre es la misma, 1,8%. La razón es evidente, los datos son idénticos sea cual sea la inflación; incluso si esta fuese cero y por lo tanto no hubiese ninguna actualización de las prestaciones. No sé si los datos son buenos o malos. Solo el ministerio tiene las tripas, y conoce las hipótesis sobre las que se han elaborado, pero cuadros como este se vienen confeccionando desde los años ochenta sin que jamás se haya acertado en las previsiones a tan largo plazo. En cualquier caso, lo que es seguro es que la evolución del porcentaje del gasto sobre el PIB no depende de la inflación ni de que se actualicen las pensiones. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflación para rebajar las prestaciones a los jubilados y conseguir así que el gasto total se reduzca. En ese caso es innegable que cuanto mayor sea el IPC, mayor será el recorte que se dé en términos reales a las pensiones y menor, el gasto total, lo que no tiene mucho sentido.
Ante el tema de la revalorización, el líder de Ciudadanos se pone trascendente y afirma que ese no es el problema, sino que hay que acudir al tema de la sostenibilidad a largo plazo, y habla de crear empleo, de subir los salarios, de arreglar el problema de la natalidad, de la conciliación. Todo eso está muy bien, pero, mientras se consigue, permítase a los jubilados actuales no perder al menos poder adquisitivo. Es la falsa parábola de la caña y el pez, que tanto emplean los que se oponen a las prestaciones sociales. Lo de enseñar a pescar puede ser muy bueno, pero mientras aprende, désele el pez al que lo necesita, porque mientras aprende o no se ha podido morir de hambre. Algo parecido ocurre con las pensiones. Mientras se crea empleo, se corrige la tasa de natalidad o se suben los salarios, manténgase el poder adquisitivo de los pensionistas.
La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. Además, así soluciona el problema cualquiera. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliación, ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitución. Pero este aspecto merece un artículo completo, así que lo dejamos para la próxima semana.
https://www.republica.com/contrapunto/2018/03/08/la-rebelion-los-pensionistas/#