"Este no es el verdadero rostro de Air France"

"Este no es el verdadero rostro de Air France..." señaló Xavier Broseta, Director de Recursos Humanos de la compañía, tras la agresión que sufrió ayer a las puertas de la sede central parisina, cuando un grupo de trabajadores le agredían fisicamente, desgarrándole la camisa, así como al responsable de Largo Radio, Pierre Plissionier, que tuvieron que ser protegidos hasta su evacuación, por la propia seguridad de la aerolínea. El desencadenante, de este acto, injustificable, era el anuncio del despido de 2.900 de ellos. Radio France, llamaba a esta Redacción para saber si existían similitudes en España con lo vivido durante el proceso de absorción de Iberia por British Airways. "Lo único que tienen en común ambos casos es el triunfo del proceso de lowcostización de las compañías bandera en Europa..." declaraba el Director de este medio a la radio pública francesa. "Indudablemente la potencia de los sindicatos en Francia no es comparable, tampoco en lo que se refiere a su autoridad en la defensa de los intereses de los trabajadores, como la demostrada en ese proceso de Iberia. Pero el resultado, muy probablemente será el mismo. El deterioro del servicio a los pasajeros, y la precarización laboral que hoy sufren los trabajadores de Iberia gracias a un infumable Acuerdo que firmaron".

Broseta, se mostraba ayer tarde en la rueda de prensa "sorprendido y decepcionado", señalando que Air France demandará a los agresores. Añadió que había recibido cientos de apoyos y simpatías por parte de los dirigentes sindicales y colegas de la aerolínea. El presidente del Gobierno, Manuel Valls, señaló que estaba "indignado" y redundó en que Air France había anunciado que prsentarán una demanda por "violencia agravada". Xavier Bertrand, ex Ministro de Trabajo, señalaba que "los que atacaron a Broseta no pueden permanecer en este negocio. Deben ser despedidos" "estoy profundamente sorprendido, como cualquiera que haya visto estas fotos....". Mientras Sarkozy hablaba en la Asamblea Nacional francesa de "caos", por la situación general que se está viviendo en el país, refiriéndose tambien a estos graves incidentes. El 17% del capital de la compañía francesa sigue estando en manos del Estado. El Director de AD señaló a RF que "tambien lo estaba en el caso de Iberia, posteriormente el accionista mayoritario era la actual Bankia, y ello no impidió su absorción por parte de IAG/British Airways". http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=24801&NotDesignId=4

Desde la celda

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Todas las personas privadas de libertad responden a un nombre que a veces se olvida por la cosificación que ejerce la institución. Sin demasiado esfuerzo se acaban convirtiendo en un número, en una cifra más, en un dato estadístico, pero lo cierto es que todos y cada uno de ellos, todas y cada una de ellas, proviene de sus propias circunstancias.

No son un número. No son una tasa de criminalidad, de reincidencia, de tipología delictiva. No son un experimento social. No son partidas presupuestarias. No son conclusiones de estudios sociológicos, jurídicos o criminológicos. Son personas con nombre y apellido, con familia, con entorno, con suerte o sin ella, pero personas.

Las cartas ocupan tiempo, trasladan la mente, dibujan ilusiones, diseñan esperanzas. Las cartas se leen una y otra vez hasta aprenderse de memoria; son el triunfo de la persona frente a la institución; son la no cosificación, la resistencia, la libertad.

Son sensación, emoción, vida.

http://portaloaca.com/videos/peliculas/10925-video-desde-la-celda.html

Contra la "lex mercatoria"

Las ‘leyes del mercado’ blindan los intereses de las transnacionales por encima de las legislaciones nacionales

En la lex mercatoria, los derechos de las empresas transnacionales se protegen a través de un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones –los contratos firmados por las grandes corporaciones; las normas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales arbitrales– cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Y, mientras tanto, sus obligaciones se reenvían a las legislaciones nacionales, sometidas a las políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de la capacidad de intervención del Estado –en lo que se refiere a las políticas públicas, no así en el fortalecimiento de los aparatos militares y de control social–; es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las multinacionales.

A la vez que sus negocios por todo el planeta se protegen mediante toda esa “arquitectura jurídica de la impunidad” compuesta por los miles de acuerdos y tratados que conforman el Derecho Corporativo Global, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta una manifiesta debilidad a la hora de proteger los derechos de las mayorías sociales y controlar a las corporaciones transnacionales. Frente a la fortaleza de las normas de comercio e inversiones, la responsabilidad social corporativa (RSC) y los códigos de conducta son fórmulas de Derecho blando (soft law) –normas voluntarias, unilaterales y sin exigibilidad jurídica– para contener el poder de las transnacionales, que remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la “ética empresarial”.

Casos como el de Chevron-Texaco, que ha demandado al Estado ecuatoriano ante tribunales internacionales de arbitraje después de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificase el fallo que lo condenaba a pagar una indemnización a los afectados por la contaminación de la petrolera estadounidense en la Amazonia, o el de la actual negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), con el que tratan de blindarse los derechos de las grandes corporaciones en tiempos de crisis y ante posibles cambios de gobierno, ilustran la asimetría que existe entre el poder de la lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De ahí la necesidad de nuevas normas y propuestas alternativas para controlar a las empresas transnacionales que, justo en sentido contrario, sirvan para poner los derechos de las personas y de los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes compañías.

Hacia normas vinculantes en la ONU

En junio del año pasado, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas adoptó una decisión importante: “Establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Un año después, este grupo ha echado a andar en Ginebra con el objetivo de crear una normativa internacional que obligue a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos.

El proceso de elaboración de una norma vinculante para empresas transnacionales en términos de derechos humanos, eso sí, va a ser largo y costoso.

Frente a la rapidez con que la UE y EEUU negocian los acuerdos comerciales y de inversión –además del TTIP, que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, no hay más que ver todos los acuerdos comerciales que la Unión ha firmado en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica, en breve Canadá)–, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones. Como pudo verse en las primeras sesiones que tuvieron lugar en julio en Ginebra, las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir esta iniciativa, bloqueando la discusión, deslegitimando el debate y eternizando el avance del proceso.

Alternativas al tratado de libre comercio

“Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales.”

Ésta es la premisa central del nuevo mandato de comercio alternativo, un documento elaborado el pasado año por diferentes organizaciones sociales europeas en el que se apuesta “por una nueva perspectiva frente al comercio”. En él se incluyen propuestas alternativas de regulación que tienen en cuenta, entre otros factores, que:

• La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.
• Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.
• Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.
• Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.
• Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Mecanismos de control y regulación

Ante la negociación del TTIP y otros tratados comerciales y de inversión, es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. No parece que, en los tratados de “libre comercio”, sirva de mucho incluir cláusulas a favor del “desarrollo sostenible” y la “responsabilidad social”, sino que en su lugar habría que incorporar menciones efectivas a favor de los derechos humanos. Como, por ejemplo:

• Cambio de paradigma: un comercio de complementariedad, con respeto a los pueblos y a la naturaleza, frente a un comercio basado en la competitividad, la guerra y la destrucción.
• Jerarquía normativa: debe haber una primacía de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversiones.
• Consultas: que tengan en cuenta a las empresas, por supuesto, pero también a las administraciones públicas, organizaciones sindicales y de consumidores, movimientos sociales, personas y pueblos…
• Transparencia: en todo el proceso de tramitación, al menos, como en todo lo que tiene que ver con la tramitación parlamentaria.
• Bienes comunes: dejar el agua, la salud, la educación y los servicios públicos fuera de las normas de comercio y situarlos bajo tutela pública y colectiva.
• Soberanía judicial: poner fin a los tribu­nales privados de arbitraje, apostando por establecer instancias y órganos para el control público y ciudadano de las empresas transnacionales.

Obligaciones extraterritoriales

El Estado no debería plantear medidas de asesoramiento e incentivo a las empresas para hacer respetar los derechos humanos en sus actividades, sino de control y sanción; su labor habría de ser la de exigir el cumplimiento de las normas que regulan los mismos. Porque las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley a escala nacional e internacional y, en su caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales y/o administrativas correspondientes.

En esta línea, el Estado español debería aprobar y reformar distintas normas jurídicas en esta dirección y no, como se indica en la reciente Estrategia Española de RSE 2014-2020 y en el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos –aún no aprobado–, implantar un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una normativa de obligado cumplimiento.

Es necesario reafirmar la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos contra las violaciones cometidas por las empresas transnacionales, detallando medidas específicas que los Estados han de asumir al respecto. Para empezar, estas deberían incluir el establecimiento de mecanismos efectivos a nivel nacional para posibilitar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas y las comunidades afectadas. Igualmente, los Estados deben garantizar las obligaciones extraterritoriales de las grandes corporaciones; esto es, que las empresas que tienen su sede principal en su territorio respeten todos los derechos humanos cuando operen en el exterior.

Por un tratado internacional de los Pueblos

Con el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales han elaborado conjuntamente el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales: “Una propuesta alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”.

La idea es que el trabajo colectivo que ha dado lugar a este tratado recoja la experiencia acumulada en la última década, a partir de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales y las instituciones estatales e internacionales que las apoyan. Como se dice en la propuesta del Tratado de los Pueblos, se trata de “construir y analizar el Derecho Internacional ‘desde abajo’, desde los movimientos sociales y desde las resistencias de hombres y mujeres, y no desde las élites económicas y políticas”.

https://www.diagonalperiodico.net/global/27883-contra-la-lex-mercatoria.html

El TTIP y el affaire Wolkswagen

A comienzos del 2.013 comenzó su singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en el 2.016 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de conversaciones. Sin embargo, en la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la cláusula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios ). Francia y Alemania ya expresaron serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez hayan concluido las negociaciones, no sería descartable el rechazo de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia. Y en este contexto, habría que situar la implosión del “affaire Volkswagen”.

Así, la Agencia estadounidense de Protección Medioambiental y el Estado de California acusaron a la compañía alemana de “manipular un software para enmascarar las emisiones de sus motores diésel producidos entre 2009 y 2015”, acusación admitida por el grupo alemán que estima en unos 11 millones el número de vehículos vendidos en todo el mundo con el software manipulado al tiempo que anuncia que destinará unas provisiones de 6.500 millones de euros en el tercer trimestre de 2015 tras caer el 30% su valor bursátil, lo que aunado con la multa impuesta por EEUU (estimada en unos 16.000 millones €), provocará que el grupo Wolkswagen obtenga resultados negativos en el presente ejercicio económico. Asimismo, quedará lastrada por el estigma de la desconfianza lo que tendrá como efectos colaterales una drástica reducción de sus ventas y una peligrosa descapitalización bursátil que obligará a la empresa a aplicar la política de la “optimización de recursos y maximización de beneficios” , doctrina que afectará especialmente a la planta central de Wolfsburg ( corazón y cerebro del grupo Wolkswagen con 54.000 personas trabajando en todas las áreas) y que por efecto mimético llevará aparejado el cierre de numerosas factorías en todo el mundo y una reducción brutal del 20 % de sus 600.000 empleados actuales), quedando de paso diluidos los efectos balsámicos del “Made in Germany”, otrora sinónimo de calidad, confianza y fiabilidad.

Por otra parte, la severa contracción del comercio mundial y la entrada en recesión de tradicionales importadores de Alemania (China, Rusia y Brasil), podría obligar a Alemania a abandonar el euro y retornar al marco con la subsiguiente desaparición de la Eurozona. Así, el estancamiento de los salarios reales, los ajustes fiscales y las tasas de interés reales relativamente altas limitaron fuertemente el consumo interno alemán, pero ahora, la cura necesaria para los males de la eurozona impondrá una mayor inflación en Alemania, prolongadas recesiones deflacionarias en los países periféricos de la eurozona y continuas transferencias de recursos oficiales hacia sus socios por lo que en palabras de Charles Dumas de Lombard Street Research London “volver a un apreciado marco alemán exprimiría ganancias, aumentaría la productividad y elevaría los ingresos reales de los consumidores, pues en lugar de prestar los superávits del ahorro a los países periféricos, los alemanes podrían disfrutar de mejores niveles de vida en su país“.

Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

http://www.attac.es/2015/10/04/el-ttip-y-el-affaire-wolkswagen/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=el-ttip-y-el-affaire-wolkswagen

La "guerra" de los viajes del Imserso

Iberia está a la espera de que el Imserso adjudique oficialmente los viajes para mayores para iniciar la venta de los paquetes, en principio del lote 2 si la administración confirma la propuesta elevada por la mesa de contratación. “Se está trabajando para ponerlo en venta cuanto antes”, ha dicho Luis Gallego.

“Primero, esperaremos a que se formalice el proceso y a partir de ahí tenemos todo preparado para empezar lo más rápido posible”, ha afirmado el directivo durante la primera cumbre internacional sobre el turismo de compras celebrada en Madrid.

Luis Gallego ha insistido en que en la primera adjudicación a Mundosenior hubo “irregularidades” y por ello recurrieron la decisión, dándoles posteriormente la razón el tribunal de Hacienda. El presidente de Iberia ha recordado que la oferta de Mundiplan -UTE que forma junto a Gowaii, Alsa e IAG7- presentó la oferta más económica.

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-esta-trabajando-para-poner-el-imserso-en-venta-cuanto-antes-255874.html

Cientos de empleados toman la sede de Air France por el plan de ajuste ( 2900 despidos)

La tensión se disparó este lunes en el enfrentamiento que mantienen los asalariados de Air France con la aerolínea. Cientos de ellos irrumpieron por la mañana en la sede de la empresa en plena reunión extraordinaria del comité central de empresa en el que la dirección confirmó su proyecto de supresión de 2.900 puestos de trabajo. La intrusión desembocó en incidentes que dejaron siete heridos, uno de ellos grave, según la aerolínea. Entre ellos, dos directivos tuvieron que huir de la sala con las camisas arrancadas, escoltados por los servicios de seguridad. El comité, que debía reanudarse por la tarde, tuvo que ser anulado.

Coincidiendo con la reunión, cuatro sindicatos habían convocado una huelga de dos horas y una concentración ante la sede de la empresa en Roissy, en las afueras de París. La situación se tensó cuando, una hora tras el inició del comité, varios centenares de manifestantes forzaron la entrada en la sede al grito de “Estamos en nuestra casa”.

Al poco tiempo, las imágenes mostraban al director de recursos humanos de Air France, Xavier Broseta, huyendo del lugar escoltado por varios efectivos de seguridad, despojado de su camisa, con la corbata todavía puesta y agarrado a su tableta. Momentos después salía precipitadamente Pierre Plissionnier, director de la compañía en Orly, con la camisa y la chaqueta rasgadas por varias partes. Ambos tuvieron que escalar las vallas de seguridad para salir de la sede. Frederic Gagey, consejero delegado de la filial Air France, había abandonado la sala antes de la irrupción de los manifestantes, según indicaron los sindicatos. En total, siete personas resultaron heridas, una de ellas un vigilante que entró en coma pero que está ya a salvo.

La compañía avanzó que presentará una demanda por “violencia agravada”. En un comunicado responsabilizó de lo hechos a “unos individuos aislados particularmente violentos” y señaló que los acontecimientos “no alteran la voluntad” de la empresa de seguir negociando con los sindicatos las modalidades del plan de ajuste. Desde Tokio, donde se encuentra en visita oficial, el primer ministro, Manuel Valls, se mostró “escandalizado” por los acontecimientos. El Secretario de Estado de Transporte, Alain Vidalies, tildó por su parte de “inaceptables” las agresiones. La dirección de los principales sindicatos igualmente condenaron la violencia.

Durante la reunión, la compañía, filial desde 2004 del grupo Air France-KLM, confirmó su intención de suprimir 2.900 puestos de trabajo antes de 2017. Afectará a 1.700 puestos entre el personal de tierra, 900 entre el personal navegante comercial y 300 entre los pilotos. La aerolínea privilegiará las salidas voluntarias, pero no descarta despidos forzados en los sectores sin margen para la negociación.

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Pierre Plissonnier, con el traje y la camisa rasgados, trata de saltar una valla con ayuda de los agentes de seguridad después de que cientos de trabajadores tomasen la sede de Air France por el plan de ajuste. / KENZO TRIBOUILLARD (AFP)

La supresión obedece a la reducción en un 10% su actividad de largo recorrido de aquí a 2017, periodo en el que reducirá su flota de largo recorrido en 14 aparatos, de 107 aviones a 93. El ajuste de la flota se realizará principalmente con la salida acelerada de Airbus A340, que no serán reemplazados por los Boeing 787 inicialmente previstos. En los años 2016 y 2017, la compañía calcula que la reducción de inversiones podría alcanzar hasta 200 millones de euros.

El viernes, la dirección ya había esbozado en consejo de administración las grandes líneas del proyecto que debe reemplazar el plan destinado a mejorar la productividad, pero que fracasó al romperse la semana pasada las negociaciones con los pilotos. La compañía les pedía volar un centenar de horas más anuales por el mismo sueldo y renunciar a algunos días de descanso, algo que rechazaron por unanimidad los sindicatos.

http://economia.elpais.com/economia/2015/10/05/actualidad/1444041046_096993.html

12 OCT : El Desfile

Defensa se gasta 237.000 € sólo en el montaje de las tribunas del desfile del 12-O

El departamento que dirige Morenés contrata por tercer año consecutivo a la misma empresa. El coste total de la parada rondará los 800.000 euros. Se mantiene la exhibición de la Patrulla Águila, recuperada en 2014, y asistirá el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Philip Breedlove.

Uno de los principales gastos de la parada militar de 2015 con motivo de la Fiesta Nacional será un año más la instalación de las pomposas tribunas para acomodo de autoridades y público, incluido el cortesano atrezzo del espacio reservado a la Familia Real. Según ha podido saber Vozpópuli, el Ministerio de Defensa ha adjudicado el montaje de estas instalaciones por 237.000 euros, lo que supondrá el 30% del coste total del desfile. Fuentes del departamento que dirige Pedro Morenés afirman que el montante final de la organización de estos fastos rondará los 800.000 euros, al igual que el año pasado.

En concreto, el contrato, que lleva por título 'Instalación de tribunas y adecuación de espacios Día Fiesta Nacional', ha recaído por tercer año consecutivo en INK Cien por Cien Eventos SL, empresa privada especializada en "grandes eventos y marketing ferial". A través de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, el Ministerio de Defensa ha realizado tal concesión mediante procedimiento ordinario sin publicidad y tramitación ordinaria. Si bien el importe base de licitación fue de 300.000 euros (impuestos incluidos), la adjudicación se ha cerrado en 236.857,5 euros.

Entre los clientes de INK Cien por Cien Eventos S.L. sobresale la amplia presencia de empresas del Grupo Prisa. Aquí se incluyen los diarios El País y Cinco Días, la Cadena SER, la Editorial Santillana o Prisa INN, la unidad de aceleración de negocios digitales y startups del citado holding multimedia. Entre los eventos diseñados por INK en los últimos años destacan Juntas de Accionistas de Red Eléctrica y Grupo Prisa, la entrega de premios Ortega y Gasset de Periodismo o el "Foro por la paz en Colombia", organizado por el periódico El País y la Fundación Buen Gobierno en el Teatro Real de Madrid el pasado marzo. A este encuentro asistieron, entre otros, el presidente de Colombia; Juan Manuel Santos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, el expresidente del Gobierno Felipe González, y Jonathan Powell, jefe de gabinete del exprimer ministro británico Tony Blair.

Protagonista del desfile volverá a ser la Patrulla Águila con su exhibición acrobática, que Defensa recuperó en la edición de 2014 para celebrar el 75 aniversario del Ejército del Aire. En 2013 y 2012 la Patrulla Águila sólo hizo un breve vuelo dibujando la bandera española en el cielo, pero no realizó la clásica y espectacular exhibición por cuestiones de austeridad. Un total 27 aviones y helicópteros españoles así como 25 aeronaves de Suiza, Italia y Países Bajos sobrevolaron la ciudad de Madrid el año pasado. Defensa todavía no ha explicado por que mantiene para este Doce de Octubre el acrobático ejercicio de los cazas. Eso sí, no habrá carros de combate, que desaparecieron de estas citas con la llegada del Gobierno del PP para reducir el gasto.

Desde las elegantes tribunas sólo podrán presenciar la parada, en primera fila, los miembros de la Familia Real así como los integrantes del Gobierno, autoridades políticas nacionales y autonómicas, altos cargos del Ministerio de Defensa, diplomáticos extranjeros y prensa. Más alejadas de la plaza de Neptuno, perímetro de máxima seguridad, se ubicarán otras tribunas de acceso libre para público. Aunque la capacidad aquí es limitada. La mayoría de ciudadanos que se desplacen hasta las inmediaciones del desfile tendrán que verlo de pie.

Guiño al despliegue de la OTAN 'Trident Juncture'

Entre las autoridades militares, se encontrará este año, como novedad, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Philip Breedlove. La razón de su presencia, apuntan las fuentes consultadas, es la acogida por parte de España, junto a Portugal e Italia, del ejercicio Trident Juncture 2015 de la OTAN, el mayor despliegue de la Alianza en la última década. Tendrá lugar del 3 de octubre al 6 de noviembre. La aportación española se aproxima a los 8.000 miembros, de los Ejércitos y la Armada, siendo la más numerosa del ejercicio. El Ejército de Tierra aporta más de 4.700 militares, 23 carros de combate, 93 blindados y seis helicópteros, dos de ellos de ataque y cuatro de apoyo y transporte. Por su parte, la Armada interviene con 2.650 militares, 13 buques, cuatro helicópteros y dos aviones y el Ejército del Aire contribuye con 516 militares y 31 aeronaves.

Del total de participantes (habrá 30.000 de más de 30 naciones), cerca de 20.000 se desplegarán en los Centros Nacionales de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) y Chinchilla (Albacete), en el Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor' (Almería) y en el Campo de Adiestramiento Anfibio de la Sierra del Retín (Cádiz), así como en las bases aéreas de Albacete, Son San Joan (Palma de Mallorca), Torrejón y Zaragoza. En esta última sede, la Chunta Aragonesista (CHA) ha mostrado su rechazo a las "macro-maniobras militares" del Trident Juncture 2015. "Hay que desmilitarizar, de una vez por todas, el campo de San Gregorio y la Base Aérea de Zaragoza y exigir, mientras tanto, justas compensaciones al Gobierno español por la servidumbre que llevamos décadas soportando", ha manifestado Jorque Marqueta, presidente de CHA Zaragoza.

Por su parte, Ricardo Sixto, diputado de La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso de los Diputados, ha presentado una proposición no de ley "para paralizar estas maniobras". "Estamos preocupados por la participación del Estado español y de la Unión Europea en un contexto de conflictos continuos para controlar a los países árabes y el Mediterráneo", ha señalado. A su juicio, "los Estados que participarán quieren mostrarnos músculo militar, mientras la sociedad civil da continuas muestras de solidaridad y acogida hacia los miles de refugiados que están huyendo de la guerra".

http://vozpopuli.com/actualidad/69309-defensa-se-gasta-237-000-solo-en-el-montaje-de-las-tribunas-del-desfile-del-12-o

Hidalgo prepara la venta del 49% de Globalia a HNA

Globalia está ultimando la venta del 48,42% del capital del grupo turístico en manos de accionistas minoritarios al grupo chino HNA, según ha confirmado hoy su presidente, Juan José Hidalgo, quien aseguró que él seguirá controlando la compañía.

El empresario salmantino no está dispuesto a vender su paquete accionarial en Globalia, que asciende al 51,58%, pero confirmó que los abogados “están negociando” con el resto de accionistas para una posible venta.

Hidalgo, que presentó hoy en Madrid-Barajas la nueva ruta Madrid-Asunción, respondía “algo de esto hay” al ser preguntado por la posible entrada de la china HNA --que controla el 29,5% de NH Hotel Group-- en el accionariado del grupo turístico con la compra de las acciones a los minoritarios y con un plan de gestión al margen de la familia.

Entre ellos figuran, Unicaja (7%), Banco Popular (9,9%) y Abel Matutes (5,14%), que adquirió su parte a al hijo de Hidalgo, además de sus hijas y mujer.

"Yo no voy a ceder la mayoría"

“Yo no voy a ceder la mayoría”, sentenció, para añadir no “tiene prisa” para que la operación se cierre. “Cuando yo me muera todo va a seguir y creo que el Grupo Globalia está lo suficientemente organizado, planificado e ideado para muchos años”, aseguró.

Hidalgo, quien eludió hacer una valoración del valor total de Globalia, reconoció que él es quien lo ideo y lanzó, pero “no estará a perpetuidad”. Por ello, dijo ha dado potestad a sus abogados para que negocien “lo que tengan que negociar”.

Respecto a la propuesta de HNA de exigir dos gobiernos en la compañía, uno dirigido por Hidalgo y otro por el grupo chino y en la que los pequeños accionistas desaparecerían, asegura estar de acuerdo.

“Que pacten lo que tengan que pactar y que gobiernen cómo se determine. Yo me adaptaré a cómo haya que gobernar y que el Grupo siga funcionando”, concluyó.

http://cincodias.com/cincodias/2015/10/01/empresas/1443707051_938919.html

El rescate encubierto de las eléctricas

O cómo terminamos pagando 80.000 millones de euros a las cinco grandes eléctricas
“Si cada español una peseta me diera...”, proponía Lola Flores a sus conciudadanos en 1989. La idea no le funcionó a la Faraona para salir de su propia crisis fiscal, pero sí parece que sirvió de inspiración a las eléctricas y a los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE para engrosar las cuentas de las cinco grandes empresas del sector a través de indescifrables pagos en la factura de la luz.
Desde 1998, cuando se liberalizó la energía eléctrica, 28 millones de consumidores han visto cómo el precio de la luz ha aumentado más del 80% mientras los beneficios de las eléctricas no han dejado de crecer, incluso en los peores años de la crisis. Algo que tiene consecuencias directas en la población: un 16,6% de los españoles tiene serios problemas para afrontar los pagos de la luz y de la calefacción. En la Unión Europea, sólo los habitantes de Ale­mania, Irlanda y Dinamarca pagan más que los españoles en la factura de la luz.
La perra gorda se la llevan las cinco empresas que conforman la Asocia­ción Española de Industria Eléctrica (UNESA): Endesa, Iber­dro­la, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP. Junto con Red Eléctrica de España, controlan cerca del 90% del mercado de la electricidad.
La razón que aducen las eléctricas para aumentar año tras año las tarifas es que su actividad es deficitaria. Algo complicado de saber ya que, a día de hoy, no se conoce buena parte de sus costes de producción, afirma Cote Ro­mero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético e integrante de la cooperativa Ecooo.
El sistema eléctrico es tan opaco como la factura de la luz, y no es casualidad, afirma Ro­mero: “Es tan complejo porque lo que están ocultando es una permanente transferencia de la renta de los consumi­dores de la luz a las grandes corporaciones, a las eléctricas”.
Las cantidades de esta gigantesca transferencia han sido calculadas por primera vez por el Obser­vatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Según el reciente informe El Coste real de la energía, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Y pretenden que la transferencia continúe, al menos, hasta 2027. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?

De servicio público a privado

Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba completamente regulado. El Estado establecía lo que los consumidores tenían que pagar, pero también lo que las eléctricas tenían que cobrar. Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año, el Gobierno de Aznar decidía dar un paso más en el proceso de privatización del sector y “abandonar la noción de servicio público”, según podía leerse en el texto de la ley 54/1997.
“Liberalizar el mercado fue el regalo real que se les hizo a las grandes eléctricas para forrarse”, explica a Diagonal Mario Sánchez Herrero, profesor de Economía de la Uni­ver­sidad Complutense de Madrid. La “reducción de la tarifa” y de los “costes energéticos de las empresas”, según palabras del entonces ministro de Industria, Josep Piqué, eran las dos principales ventajas de abrir el mercado eléctrico a la competitividad. Una parte importante del precio de la electricidad a partir de ese momento sería decidido por las leyes de la oferta y la demanda. Pero ¿qué ocurre cuando el 67% de la oferta y el 87% de la demanda de electricidad están en manos de las mismas cinco empresas, como sucede a día de hoy?
A pesar del control que ejerce este oligopolio sobre el mercado, para que las empresas aceptaran los vaivenes de la competencia, el Gobierno creó los Costes de Transición a la Compe­tencia. Con la llegada del libre mercado, las empresas “temían” una bajada de los precios, y lograron cubrirse las espaldas. Así, “si el precio del mercado diario de la electricidad no llegaba a una cantidad concreta se ponían en marcha unos mecanismos que garantizaban que las empresas cobraran la cantidad desea­da”, precisa Romero. Por este concepto, el Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando los consumidores en su factura. A razón de 261 euros cada uno.
Ése fue el primer pago “ilegítimo”, según el ODG, que se derivó de la ley de 1997. Pero desde entonces, indica Romero, “la sangría no ha parado”.

El gran golpe

El segundo gran regalo del Gobierno del PP a las eléctricas se llamó “déficit de tarifa”. En el año 2000, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un límite para el precio de la luz. Sin embargo, se diseñó una arquitectura para que, en ningún caso, las empresas perdieran.
Las grandes eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin que mediara ningún tipo de auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó. Si el dinero que ingresaban las empresas a través de la factura de la luz era inferior a esos costes acordados, el Estado le debía esa diferencia a las empresas. Se había creado la deuda con las eléctricas, que fue creciendo desbocadamente año tras año.
Sería injusto negar cierta clase y estilo al golpe. La deuda, aunque contabilizada como tal, no la paga realmente el Estado, sino millones de consumidores, mes a mes, en su factura de la luz. Y la deuda no es ya con las eléctricas, sino con los tenedores de bonos que le compraron la deuda a las eléctricas, y cobran intereses del 4,5% por los años de demora en el pago. A finales de 2013, los consumidores habían pagado a través de su factura 13.169 millones de euros en cuotas e intereses de esta deuda, 470 euros cada uno. Y quedan por pagar otros 27.700 millones de euros: unos 964 euros por consumidor. Según algunos estudios, la eliminación del déficit de tarifa representaría una bajada inmediata del 10% en el recibo de la luz.
“Éste es el gran engañabobos de todo este asunto. Ha servido para justificar todo tipo de tropelías y de cambios de regulación y consolidación del poder de las eléctricas”, subraya el autor del informe del ODG, Pablo Cotarelo. “Como no sabemos cuáles son los costes reales, porque tanto las eléctricas como el Estado no quieren dar acceso a esos datos, lo que decimos es que se haga una auditoría para ver si realmente existe ese déficit de tarifa y decidir entre todos si realmente debemos pagarlo”, agrega.

Y en éstas llegó la crisis

La euforia de la burbuja inmobiliaria, con su ilusión de crecimiento indefinido, también encandiló al sector eléctrico, que vivió su propia burbuja. Las inversiones llegaron en forma de centrales de ciclo combinado. Pe­ro la euforia no tardó en desinflarse.
La capacidad de generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas, se multiplicó por diez entre 2002 y 2010. Pero, con la crisis, el consumo de electricidad no sólo no creció sino que disminuyó. “Consumimos menos electricidad por la pérdida de poder adquisitivo. Y las centrales de gas, que tienen costes mucho más altos que las renovables, se han visto desplazadas en el mercado diario”, explica Cote Romero.
Las energías renovables habían crecido en esos mismos años en competitividad y eficiencia hasta convertirse en la principal fuente de electricidad, con el 40% del mercado español de generación eléctrica. Las centrales térmicas, especialmente las de ciclo combinado, se habían quedado “obsoletas”, explica Mario Sánchez Herrero, funcionando a un 10% de su capacidad.
“El sector inmobiliario, el de la construcción, el de las cajas de ahorro, quebraron –señala este economista–. Y un sector que había hecho exactamente lo mismo en su ámbito, no quebró. ¡Qué extraño! Se les rescató para que se mantuvieran con los beneficios que venían recibiendo”.
Las reglas establecían que las empresas nunca perderían. Y así fue. Nunca como en los años de crisis subió tanto el precio de la luz y nunca la deuda generada por el déficit de tarifa, que debían pagar religiosamente los hogares, fue más alta que en esos años. Pero no bastaba. Llegaron los llamados pagos por capacidad.
Pagar periódicamente a las grandes eléctricas por unas instalaciones inactivas, como las de ciclo combinado, por si se necesitan en algún momento, podría parecer absurdo, más aún en años de sobreproducción de electricidad, denuncia Cote Romero. Los pagos por capacidad, reactivados en 2007 por el Gobierno del PP y camuflados en la factura de la luz, supusieron a los consumidores 12.476 millones de euros, unos 445 euros por hogar. “Te­nemos una sobrecapacidad para cubrir la demanda. ¿Qué hacemos entonces pagando a determinadas centrales por si acaso?”, critica Romero.
Déficit de tarifa, pagos por capacidad... ¿por qué no financiar también a otras grandes industrias con la factura de la luz? ¿Imposible? Todo es ponerse. En el supuesto de que se  produzca un pico de demanda eléctrica, el Gobierno acordó con los grandes consumidores de electricidad (acereras, sector cerámico, etc.) la posibilidad de cortarles puntualmente el servicio para garantizar el suministro a la población. A cambio, la factura de la luz incluye otro concepto, los llamados pagos por interrumpibilidad, por los que los hogares subvencionan a industrias como Acerosa o Porcelanosa con 500 millones al año. Para Romero, se trata de otra “transferencia de renta ciudadana a las grandes empresas con un mecanismo que no se llega a poner en marcha. Eso sí, cobrarlo, lo cobran todos los años”. Entre 2008 y 2013, los consumidores pagaron a la gran industria 2.700 millones de euros, 96 euros cada uno. Peseta a peseta.

Beneficios caídos del cielo

Para Sánchez Herrero, donde se encuentra el principal “agujero oscuro” es en los llamados “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, centrales cuyas inversiones ya habían sido amortizadas hace décadas. Una singularidad que no es reconocida a la hora de cobrar por la electricidad que venden en las subastas diarias, donde se paga a todos los productores de electricidad el precio más alto de todas las instalaciones que se necesitan para cubrir la demanda. Unas subastas en las que vendedores y compradores pertenecen a las mismas cinco empresas.
Según el informe El Coste de la energía, si en 1997 no se hubiera cambiado la forma de calcular el precio de la electricidad, las familias se hubieran ahorrado en sus facturas de la luz 10.573 millones de euros, otros 377 euros. Y que seguirán pagando, sostiene Pablo Cotarelo, hasta que se audite el sector eléctrico y entre toda la ciudadanía se decida qué hacer con los cerca de 80.000 millones de pagos ilegítimos a las eléctricas.
Una peseta. Eso es lo que pedía Lola Flores, una de las pioneras del crowdfunding, que nunca llegó a lograr su objetivo. Lo que le falló a la cantante no fue su vis mediática, sino que no pudo evitar el control del fisco. Algo que no le ha pasado, al menos hasta ahora, a las eléctricas, que han conseguido camuflar en millones de operaciones, peseta a peseta, pagos ilegítimos, según el ODG, por un monto que se acerca al 10% del PIB español.
Entre las razones de esta falta de transparencia, Cote Romero señala la línea directa que tiene el sector eléctrico con el poder político a través de las puertas giratorias y con los medios de comunicación. “Todos los consejos de administración de las grandes eléctricas y energéticas están cruzados con los de los grandes grupos de comunicación. De ahí que sea muy difícil entrar en los medios con el debate sobre la energía”. Para Mario Sánchez Herrero se trata “del negocio del palco del Bernabéu, de siempre ganar”. Y pone como ejemplo el caso del almacén Castor, que fue paralizado después de que provocara 500 seísmos. El Estado pagará a la compañía de Florentino Pérez, ACS, 1.350 millones de euros. Para ser exactos, no lo hará el Gobierno. Lo pagarán millones de hogares en las próximas facturas del gas.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html

Desmantelando el poder de las transnacionales

La Campaña Global para Desman­telar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad es una coalición de 190 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el planeta creada para dar una respuesta al poder y los impactos de las corporaciones transnacionales. La campaña aglutina otras plataformas y redes de distintos países y regiones, además de campañas contra empresas o sectores concretos. Se creó en junio de 2012 para facilitar la elaboración común de estrategias y el intercambio de información y experiencias, así como de dar mayor visibilidad, solidaridad y apoyo a las luchas contra las grandes empresas. Esta campaña se nutre de la experiencia anterior de la red birregional Enlazando Alterna­tivas y es un proceso vivo, que busca unir a cada vez más movimientos y organizaciones.

Con el lema “Desmantelar el poder de las transnacionales”, se trata de tejer redes de solidaridad internacional en un contexto de globalización neoliberal en el que se ha intensificado y expandido la explotación salvaje del mundo por parte de los grandes poderes económicos y financieros. En el que las corporaciones transnacionales se han ido apoderando de nuestras vidas y del planeta, acumulando y destruyendo cada vez más bienes comunes, amparadas por una “arquitectura de la impunidad” que les garantiza inmunidad legal, tanto a nivel nacional como internacional. Esta lex mercatoria se caracteriza por proteger más los derechos de inversión que los derechos humanos, y se fragua a través de los tratados de “libre comercio” e inversión y la captura corporativa de gobiernos e instituciones internacionales.

En este sentido, la campaña pretende denunciar y visibilizar la impunidad con la que los pueblos han sido violentados, la Tierra y sus recursos destruidos y acaparados, la vida mercantilizada, los servicios públicos desmantelados, los bienes comunes destruidos, la soberanía alimentaria amenazada y las resistencias criminalizadas, por unas empresas que lo supeditan todo a la maximización de las ganancias. Trabajando, además, para unir distintas experiencias y luchas y para aprender colectivamente de nuestras victorias y nuestros fracasos. Porque desmantelar el sistema de poder de las transnacionales requiere de la acción coordinada a nivel mundial, de la lucha en muchos ámbitos, de la combinación de la movilización en las calles y territorios, la educación popular y acciones en parlamentos, medios, foros y organizaciones internacionales.

Entre sus objetivos más concretos se encuentra, en primer lugar, el fortalecimiento de las luchas de las comunidades afectadas que luchan contra los impactos de las transnacionales a través de la solidaridad internacional. Junto a ello, en segundo término, está el desmantelamiento del poder político, económico y jurídico de las transnacionales, reivindicando el control público de sus actividades y responsabilizando a las élites político-empresariales de los crímenes económicos y ecológicos de las transnacionales, denunciando su influencia en gobiernos e instituciones a través del lobby, las “puertas giratorias” y el chantaje.

Se trata de demostrar, como ha sentenciado el Tribunal Permanente de los Pueblos en diferentes ocasiones, que las violaciones de derechos humanos por parte de las transnacionales tienen un carácter sistemático. Además de denunciar la connivencia, “el cordón umbilical” que existe entre las transnacionales y los Estados de origen y acogida de las grandes corporaciones y las instituciones económico-financieras internacionales en la construcción de esta armadura jurídica a favor de los intereses empresariales.

En el marco de esta campaña se ha impulsado la construcción colectiva del Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales, con el fin de que sirva para avanzar en un proceso de justicia “desde abajo” y en la construcción de alternativas por la soberanía de los pueblos. Porque, como recoge el propio tratado, “frente a la arquitectura de la impunidad que favorece a las empresas transnacionales, hay que construir la arquitectura de los derechos humanos a favor de las mayorías sociales”.

https://www.diagonalperiodico.net/global/27879-desmantelando-poder-transnacionales.html