15 jun 2020
La crisis se ha hecho crónica : 684.385 los desahucios desde 2008
Entre 2008 y 2019, más de 1,7 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares en España, según un reciente informe del Observatori DESC, apenas una muestra de un “modelo que no funciona”, transformado en una “realidad permanente y sostenida a lo largo del tiempo”.
Doce años después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica que le siguió, una “situación inicial de emergencia” se transformó con los años en una “realidad permanente y sostenida a lo largo del tiempo”. Esta es la principal conclusión del informe publicado recientemente por el Observatori DESC, fundamental para entender la actual crisis habitacional, que no es otra cosa que una continuación de la crisis iniciada con la caída de Lehman Brothers, según sus autores.
Desde entonces, 1.710.963 personas han perdido sus hogares, según el análisis detallado que hace este centro de derechos humanos y políticos de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial.
El análisis del Observatori DESC desentraña las consecuencias de “un modelo que no funciona”, en el que las leyes “sobreprotegen los intereses del mercado” y han provocado nada menos que 684.385 desahucios entre 2008 y 2019. Las cifras más altas de desalojos no se produjeron en los peores años de la crisis, sino entre 2012 y 2019, una paradoja que constata que “no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino que esta se ha consolidado”. En 2008, primer año de la crisis, se produjeron 27.251 desahucios en todo el Estado. En 2019, un año en teoría de crecimiento económico, 54.006 familias tuvieron que abandonar su hogar por un procedimiento judicial.
Esta crisis permanente de la vivienda ha ido mutando. Entre los principales cambios, apunta este estudio, destaca el “crecimiento exponencial” de los desalojos por impago del alquiler, que han ido ganando terreno a los lanzamientos hipotecarios, una tendencia que esta organización identifica con la “desprotección y la precarización de los derechos de los inquilinos”. Según denuncia el informe, “las reformas regresivas de PSOE y PP” entre 2009 y 2013 condujeron al pico de lanzamientos de 2013 y prepararon la actual y “buscada” burbuja de precios de alquiler.
Otros cambios han sido impulsados por la emergencia de un poderoso movimiento social, encabezado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas barriales de vivienda, los grupos de Stop Desahucios y, desde 2014, los sindicatos de inquilinos. Las luchas de estas plataformas ciudadanas, que consiguieron reunir 1,5 millones de firmas para la ILP hipotecaria de 2013, han supuesto una mejora en la protección de las familias frente a los abusos bancarios a través de “importantes resoluciones judiciales que han sido auténticos reveses a leyes estatales que vulneran los derechos”, como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas.
Los “fuertes ciclos de movilización” de aquellos años también explican, para el Observatori DESC, la disminución de los desahucios a partir de 2013. Una consecuencia, explican, de la “alta sensibilización conseguida en la opinión pública, de las sentencias europeas y de los cambios legales impulsados por las organizaciones sociales”, como es el caso de la “tímida” moratoria de los desahucios aprobada por el PP en 2012 o la ley catalana de 2015, promovida por el propio Observatori DESC y la PAH, que prohíbe los desahucios de grandes tenedores sin alternativa habitacional y permite, al menos en teoría, poner a disposición de las administraciones locales los pisos vacíos de los bancos. Esta ley, tumbada un año después por el Tribunal Constitucional, fue finalmente restituida y ampliada en 2019.
La paralización de los plazos procesales decretada el 14 de marzo de 2020 por la crisis del coronavirus se ha traducido en la suspensión de miles de desahucios. Sin embargo, denuncian desde el Observatori DESC, esto solo ha escondido un problema que puede volver con más fuerza. Las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, indican, “no contemplan, ni siquiera en el caso de los grandes tenedores, la obligación de condonar la deuda” y no han hecho nada hasta ahora para evitar una “nueva ola de desahucios” a partir de la reactivación de los trámites en los juzgados, es decir, desde el pasado 4 de junio. Ni la suspensión de seis meses aprobada a finales de marzo para los desahucios de personas afectadas por el covid-19, ni la ampliación y mejora de la moratoria de los desahucios del 11 de marzo servirán para decenas de miles de familias que han visto caer sus ingresos o han perdido sus trabajos.
Otros cambios han sido impulsados por la emergencia de un poderoso movimiento social, encabezado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas barriales de vivienda, los grupos de Stop Desahucios y, desde 2014, los sindicatos de inquilinos. Las luchas de estas plataformas ciudadanas, que consiguieron reunir 1,5 millones de firmas para la ILP hipotecaria de 2013, han supuesto una mejora en la protección de las familias frente a los abusos bancarios a través de “importantes resoluciones judiciales que han sido auténticos reveses a leyes estatales que vulneran los derechos”, como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas.
Los “fuertes ciclos de movilización” de aquellos años también explican, para el Observatori DESC, la disminución de los desahucios a partir de 2013. Una consecuencia, explican, de la “alta sensibilización conseguida en la opinión pública, de las sentencias europeas y de los cambios legales impulsados por las organizaciones sociales”, como es el caso de la “tímida” moratoria de los desahucios aprobada por el PP en 2012 o la ley catalana de 2015, promovida por el propio Observatori DESC y la PAH, que prohíbe los desahucios de grandes tenedores sin alternativa habitacional y permite, al menos en teoría, poner a disposición de las administraciones locales los pisos vacíos de los bancos. Esta ley, tumbada un año después por el Tribunal Constitucional, fue finalmente restituida y ampliada en 2019.
La paralización de los plazos procesales decretada el 14 de marzo de 2020 por la crisis del coronavirus se ha traducido en la suspensión de miles de desahucios. Sin embargo, denuncian desde el Observatori DESC, esto solo ha escondido un problema que puede volver con más fuerza. Las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, indican, “no contemplan, ni siquiera en el caso de los grandes tenedores, la obligación de condonar la deuda” y no han hecho nada hasta ahora para evitar una “nueva ola de desahucios” a partir de la reactivación de los trámites en los juzgados, es decir, desde el pasado 4 de junio. Ni la suspensión de seis meses aprobada a finales de marzo para los desahucios de personas afectadas por el covid-19, ni la ampliación y mejora de la moratoria de los desahucios del 11 de marzo servirán para decenas de miles de familias que han visto caer sus ingresos o han perdido sus trabajos.
La desprotección hecha ley
El marcado incremento de los desahucios entre 2008 y 2012 se asentó, según recuerda este informe, sobre dos reformas del PSOE y otra del PP. Una ley del 23 de noviembre de 2009, lanzada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, creó diez juzgados de primera instancia para “disponer de más medios materiales para facilitar los desahucios” y supuso una reducción de los plazos procesales y una aceleración de los trámites de desahucio.
Un mes antes de las elecciones que llevarían al poder a Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE aprobaba la ley 37/2011, que agilizaba aún más los desahucios permitiendo que estos se realizaran sin que mediara un juicio. Ya con el PP en La Moncloa, el Gobierno dio todavía más poder a los propietarios con la ley 4/2013, que permite desahuciar a los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler en el plazo de diez días desde la tramitación de la denuncia. Esta ley también reducía la prórroga de los alquileres de cinco a tres años a la vez que permitía establecer incrementos en el precio del alquiler superiores al IPC. Una medida que fue corregida el 6 de marzo de 2019 con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que volvía a situar la duración de los contratos en cinco años y en siete para las personas jurídicas.
También hay que remontarse a esta época para rastrear el nacimiento de las socimis. Estas sociedades fueron introducidas en 2009 por el PSOE para atraer flujos de inversiones internacionales hacia el sector inmobiliario, especialmente hacia las viviendas en alquiler, aunque sin mucho éxito: en tres años no se creo ni una sola socimi, recuerda Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos. En 2012, el PP reformó estas sociedades de inversiones y las dotó de “privilegios fiscales con los que no cuentan el resto de sectores económicos”: en adelante y hasta ahora, las socimis están exentas del pago del impuesto de sociedades, que hasta entonces era del 19%. Los intentos del Gobierno de “restaurar al sector financiero-inmobiliario como motor de la economía española”, explica Gil, no significaron la salida de la crisis de la vivienda, sino la entrada en una nueva fase: la burbuja del alquiler.
Esta batería de medidas hizo posible, según el informe, que el número de desahucios a partir de 2012 fueran superiores a los de los peores años de la crisis. Unas cifras que han mantenido una “tendencia estable” con la excepción de 2019, cuando bajaron ligeramente, todavía muy por encima de los números anteriores al estallido de la burbuja. “Constatamos no solo que no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino más bien que se ha consolidado, e incluso normalizado, la vulneración diaria del derecho a la vivienda”, señala el informe.
Un mes antes de las elecciones que llevarían al poder a Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE aprobaba la ley 37/2011, que agilizaba aún más los desahucios permitiendo que estos se realizaran sin que mediara un juicio. Ya con el PP en La Moncloa, el Gobierno dio todavía más poder a los propietarios con la ley 4/2013, que permite desahuciar a los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler en el plazo de diez días desde la tramitación de la denuncia. Esta ley también reducía la prórroga de los alquileres de cinco a tres años a la vez que permitía establecer incrementos en el precio del alquiler superiores al IPC. Una medida que fue corregida el 6 de marzo de 2019 con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que volvía a situar la duración de los contratos en cinco años y en siete para las personas jurídicas.
También hay que remontarse a esta época para rastrear el nacimiento de las socimis. Estas sociedades fueron introducidas en 2009 por el PSOE para atraer flujos de inversiones internacionales hacia el sector inmobiliario, especialmente hacia las viviendas en alquiler, aunque sin mucho éxito: en tres años no se creo ni una sola socimi, recuerda Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos. En 2012, el PP reformó estas sociedades de inversiones y las dotó de “privilegios fiscales con los que no cuentan el resto de sectores económicos”: en adelante y hasta ahora, las socimis están exentas del pago del impuesto de sociedades, que hasta entonces era del 19%. Los intentos del Gobierno de “restaurar al sector financiero-inmobiliario como motor de la economía española”, explica Gil, no significaron la salida de la crisis de la vivienda, sino la entrada en una nueva fase: la burbuja del alquiler.
Esta batería de medidas hizo posible, según el informe, que el número de desahucios a partir de 2012 fueran superiores a los de los peores años de la crisis. Unas cifras que han mantenido una “tendencia estable” con la excepción de 2019, cuando bajaron ligeramente, todavía muy por encima de los números anteriores al estallido de la burbuja. “Constatamos no solo que no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino más bien que se ha consolidado, e incluso normalizado, la vulneración diaria del derecho a la vivienda”, señala el informe.
El caso catalán
También en el caso de Catalunya los gráficos permiten identificar un punto de inflexión a partir de 2012, aunque a diferencia del resto del Estado español el número máximo de desahucios llegó un año después, en 2013. En los siguientes años, según la interpretación de los datos que realiza el Observatori DESC, en Catalunya las cifras se mantuvieron estables en torno a los 16.000 desalojos anuales. Unos lanzamientos que empiezan a descender en 2015. La aprobación de la ley catalana de medidas urgentes en materia de vivienda y pobreza energética de 2015 tuvo mucho algo que ver con esto, señala el informe. La suspensión de esta medida por el Tribunal Constitucional entre junio de 2016 y febrero de 2019 coincide con un ligero repunte de los desahucios.
A pesar de los más de 684.385 desahucios y las 1,7 millones de personas afectadas, las cifras no recogen ni mucho menos todos los casos de familias que perdieron sus hogares. El informe del Observatori DESC habla de los “desahucios silenciosos”, aquellos que no figuran en las estadísticas del CGPJ, muchas veces derivados de la negativa de los propietarios a renovar los contratos o de su pretensión de subir tanto los precios del alquiler que los inquilinos se ven forzados a dejar la vivienda sin que medie un proceso de desahucio.
Para el Observatori DESC, los datos disponibles son solo una pequeña muestra de la “situación de emergencia permanente en la que estamos inmersos desde 2008”. Una crisis crónica que, a medida que va aumentando el precio de la vivienda y, en concreto, los precios del alquiler, ha provocado que “el concepto de familias vulnerables se aleje más de su sentido coloquial, tradicionalmente ligado personas con riesgo de exclusión social o marginales, y pase a ser una realidad aplicable a colectivos mucho más amplios de personas”.
Según el Observatori Metropolità de l’Habitatge, casi la mitad de los habitantes de la ciudad de Barcelona tienen que dedicar el 42% de sus ingresos al pago de la vivienda, una situación de precariedad constante que impide afrontar gastos extraordinarios.
De burbuja en burbuja
Resulta habitual asociar los desahucios con el impago de la hipoteca. Sin embargo, ya en tiempos del estallido de la burbuja, y mucho más en la actualidad, el principal motivo para perder una vivienda es no poder afrontar el pago del alquiler. En 2019, el 68% de los desalojos fueron de alquiler y solo un 26% estuvo vinculado a una compra-venta. Unas cifras que son aún más claras en Barcelona, donde el 80,6% de los desahucios son de alquiler, y en Madrid, donde apenas el 12,7% de los desalojos son hipotecarios.
Las medidas tomadas por el PSOE y el PP para resucitar el negocio de la construcción y el negocio inmobiliario dieron resultados y el mercado vivió una nueva burbuja, esta vez centrada en el alquiler. Una tensión que se tradujo en un aumento comparativo de los desahucios de alquiler frente a los hipotecarios. Mientras los desalojos vinculados con las hipotecas no dejaron de caer en cifras absolutas desde 2014, los del alquiler se mantuvieron estables en torno a los 37.000 anuales, con un ligero aumento desde 2016.
En el caso de Catalunya, este tipo de lanzamientos experimentó cierto descenso a partir de 2015. Una tendencia que el informe identifica con una creciente movilización social protagonizada por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) y otros colectivos barriales, así como con la ley 24/2015.
En el caso de Catalunya, este tipo de lanzamientos experimentó cierto descenso a partir de 2015. Una tendencia que el informe identifica con una creciente movilización social protagonizada por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) y otros colectivos barriales, así como con la ley 24/2015.
El aumento de los precios del alquiler y la pérdida de derechos de los inquilinos, unidos a una precarización creciente del empleo derivada de los efectos de la Reforma Laboral, han supuesto, según el informe, “un cambio de paradigma”.
Una nueva cara de la misma crisis iniciada en 2008, que ha entrado en una nueva fase con la emergencia provocada por el coronavirus. Una situación que “ha dejado desamparada a gran parte de las trabajadoras y a la población más precaria, evidenciando una vez más las carencias de una sistema en el que no solo no partimos de posiciones iguales sino que excluye a una parte de la población y no contempla medidas que la protejan”, denuncia la investigación del Observatori DESC.
En este sentido, este organismo reclama reformas estatales urgentes que prohiban los desahucios sin alternativa habitacional y habiliten mecanismos como el realojo o el alquiler social, como ya ha hecho la ley 24/2015 de Catalunya.
El análisis de estos 12 años de historia en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria se transformó en una crisis crónica en el acceso a la vivienda revela que la salida de la crisis iniciada en 2008 está lejos de superarse. Las cifras de desahucios son “la principal expresión de una situación de emergencia habitacional que se ha cronificado y que presenta signos de consolidarse en forma de crisis habitacional o residencial permanente”, concluye el informe.
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/analisis-684385-desahucios-2008-hipoteca-alquiler-pah-observatori-desc-concluye-crisis-permanente-cronicaLas personas mayores no pueden ser un negocio
La consecuencia más dolorosa y cruel de la pandemia del COVID-19 ha sido su elevada letalidad entre la población mayor de 70 años: cerca del 87% de las víctimas mortales de la enfermedad tenían más de esa edad.
Dolorosa porque de los más de 27.000 fallecidos y fallecidas por el coronavirus, se cebó y se instaló en las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, donde algo más de 18.000 han muerto en esos centros, que carecían de medios humanos y técnicos (medicalización), para hacer frente a la pandemia.
Centros considerados como “aparcamiento de viejos y viejas” y gestionados con criterios de rentabilidad, pues una gran parte de las residencias se encuentran en manos privadas, donde la obligación de prestar unos cuidados integrales a las personas que residen en las mismas, es sustituida por el criterio de la eficacia económica y el beneficio privado.
Las Residencias de Personas Mayores, son concebidas por los distintos gobiernos -desde los antiguos asilos al actual modelo-, como lugares donde esperar la muerte con unos niveles mínimos de asistencia. Y con corresponsabilidad del resto de la sociedad, al no poder cuidar y atender a quienes nos cuidaron y atendieron.
Los poderes públicos, las instituciones, las CCAA, ponen en marcha el modelo de Residencias, para dar respuesta al problema de muchas familias que, o bien no residen donde sus mayores, o no pueden, o simplemente no se les quiere atender, a la vez, dar respuesta a miles de personas mayores que están solas.
El concepto es puramente asistencial, muy alejado de garantizar el derecho a ser cuidados y cuidadas, mantener y respetar la autonomía de estas personas y respetar que son sujetos de derecho. Desde esta perspectiva de la “gestión pura y simplemente asistencial”, los fondos buitres y determinadas empresas multinacionales, se han lucrado a costa de los derechos de las personas mayores y de los derechos laborales de las trabajadoras y profesionales de las Residencias.
Este modelo de gestión privada, se constituye con la “liberalización” de los Servicios Públicos, todos, desde la Educación, la Salud, las Pensiones y la Dependencia, los cuales son gestionados desde la perspectiva del negocio, utilizando recursos públicos (infraestructuras, dineros transferidos directamente desde las instituciones públicas, etc.), a la vez que las condiciones de las personas trabajadoras son precarizadas (plantillas absolutamente insuficientes, carencia de medios, salarios muy precarios), con los resultados dramáticos y crueles que conocemos en estos tiempos de pandemia.
Estos datos tan aterradores, tienen un añadido de responsabilidad política por todas las instituciones del Estado: se les ha violado su derecho a la Salud, -y en consecuencia, a la vida- al decidir quienes podían ser atendidos en los hospitales y quienes no, discriminando a estas personas por el hecho de ser mayores.
Grave, muy grave, pues nos encontramos ante una “selección de los más fuertes y de los rentables”, no el derecho a una vida digna. Por eso “empresarios despreciables” que tienen en las Residencias un buen negocio, han pedido a las instituciones públicas “compensaciones dinerarias (más de 7 millones de euros) por lucro cesante, es decir, porque considera que no han ganado lo que pensaban ganar, debido a la pandemia del COVID-19. Tenemos precedentes, con el caso Castor donde el Estado, con recursos públicos, les “embolsó” cerca de 3.000 millones de euros, en vez de llevarles ante la justicia, por estar atentando contra la Salud y la Vida de la población.
CGT reivindicamos, defendemos y luchamos por el derecho a la Sanidad Pública y la atención, con los Cuidados necesarios, a las personas Dependientes, tanto de las personas que ejercen esos derechos como de las trabajadoras que les atienden.
Las personas que se encuentran en las Residencias, no son “objetos a los que atender”, sino sujetos de derechos que deben ser cuidadas y cubiertas sus necesidades, desde su autonomía personal y con la ayuda de las profesionales trabajadoras.
Desde CGT, hacemos un llamamiento a potenciar y participar en las movilizaciones anunciadas para este mes de junio.
“El no cuidar a quienes nos cuidaron -nuestras personas mayores-, nos convierte en una sociedad sin moral y sin dignidad”
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/las-personas-mayores-no-pueden-ser-un-negocio
Sindicato británico Unite, se opone frontalmente a adquisición de Air Europa por IAG
Unite el sindicato británico-irlandés de transporte, se opone frontalmente a la adquisición, ya pactada, de Air Europa por parte del Grupo británico IAG, al que pertenece Iberia, informa Europa Press.
Unite critica la decisión de IAG, a la que pertenecen British Airways, Iberia, Vueling, Air Lingus y Level, de gastarse “cientos de millones de libras” para adquirir Air Europa, de capital español y perteneciente al Grupo Globalia. La oposición de Unite es razonada en la Isla Brexit por suponer emplear recursos en el momento en que su escasez estaría obligando a despedir y recontratar trabajadores de British Airways (BA).
Tormenta perfecta en BA: “Sálvese quien pueda…” siempre que sea británico
Unite señala que IAG estaría en proceso de despido de 42.000 trabajadores de BA, para posteriormente readmitirlos, se supone que cuando pase el COVID-19 y el mercado se vaya recuperando, absorbiendo a unos 30.000 de BA, pero en condiciones menos favorables que las actuales, siendo finalmente despedidos 12.000 trabajadores. Unite en caso de materializarse, ya ha advertido que dará luz verde para que en Vueling e Iberia se proceda a despedir trabajadores al finalizar el actual ERTE. Esta es la solidaridad de los compañeros británicos del Grupo IAG.
Unite además considera que hay problemas graves de competencia que justificaría poner fin al Acuerdo con Air Europa, como es el dominio de IAG en el mercado aéreo de Europa a Sudamérica, a través de su posicionamiento en el mayor Aeropuerto de España, Madrid-Barajas. Este era el auténtico objetivo de IAG cuando absorbió Iberia, la posición predominante en Barajas, como portaviones para Latinoamérica.
Pero es que el sindicato británico-irlandés, que a partir de diciembre de este año, con la salida efectiva de Reino Unido de la UE veremos en qué posición queda, aprovecha estos últimos meses para informar a la Comisaría de la Competencia de la UE, Margrethe Vestager, que se presentará como tercera parte contra la adquisición de Air Europa. Así Graham, directora ejecutiva de Unite, ha asegurado que el equipo de la Dirección de la Competencia se ha mostrado abierto a estudiar las peticiones de este sindicato de la Zona Brexit. Unite está reuniendo pruebas e intentando aglutinar a terceros afectados.
El anuncio el pasado noviembre de la compra del 100% del capital de Air Europa a través de Iberia, por 1.000 millones, se complica, en esta época de crisis donde los británicos de IAG anteponen BA a cualquier otro colectivo de trabajadores del Grupo. Algo que no debe extrañar ni a los trabajadores de Air Europa, ni tampoco a los de Iberia o Vueling… Malos socios para tiempos de crisis. Es la hora de que la UE proteja a sus compañías aéreas, frente a los competidores extracomunitarios como BA… Air France y Lufthansa lo saben.
https://aviaciondigital.com/sindicato-britanico-unite-se-opone-frontalmente-a-adquisicion-de-air-europa-por-iag/
8 jun 2020
Los ricos, los impuestos y el amor a la patria
Hace unos días, el secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, propuso que en España se estableciera una tasa o impuesto extraordinario para la reconstrucción del país que recayese sobre las personas con grandes patrimonios: del 2% a partir del millón de euros; el 2,5% a partir de 10 millones; el 3% a partir del 50 millones de euros y el 3,5% a partir de 100 millones.
Es una propuesta muy parecida a la que se viene haciendo en muchos países no sólo por partidos o economistas de izquierdas sino, desde hace años, por muchas de las personas propietarias de grandes patrimonios. En Estados Unidos, muchos financieros y grandes capitalistas han reclamado en diversas ocasiones que se establezcan ese tipo de impuestos sobre sus fortunas porque, como dijo una vez el inversor Warren Buffet, él pagaba un 17,7% de sus ingresos entre el impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, frente a una media del 32,9% del personal de su empresa: "No hay nadie en la oficina, desde la recepcionista para arriba, que pague un tipo fiscal más bajo, y yo no tengo ningún planeamiento fiscal, no tengo contables ni recurro a refugios fiscales, me limitó a cumplir lo que el Congreso de los Estados Unidos me dice que haga".
Eso mismo ocurrió en Alemania en 2011, cuando un grupo de millonarios hizo un llamamiento a través del semanario político Die Zeit exigiendo que se aumentara la tributación de las grandes fortunas del país, para contribuir a incrementar los ingresos del Estado en tiempos de crisis financiera.
También en Francia, dieciséis de las mayores fortunas de aquel país pidieron en ese mismo año al Gobierno que les impusiera un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis. En su manifiesto decían: "Nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una 'contribución excepcional' que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos".
La mayoría de los grandes propietarios no piensa de este modo, esa es la verdad.
Ahora que estamos viviendo las consecuencias económicas tan dramáticas de una emergencia sanitaria nos percatamos mejor que nunca de las opciones morales de cada uno.
Mientras que hay millones de pequeños y medianos empresarios que luchan sin descanso y sin apenas recursos para salvar sus recursos, cuando millones de personas se quedan sin ingresos y tienen que recurrir a comedores sociales para poder alimentarse, cuando los gobiernos (es decir, toda la sociedad) tiene que endeudarse hasta las cejas para evitar que cierren empresas, ¡qué difícil es encontrar muestras de solidaridad entre las personas con mayores fortunas!
Es verdad que muchas de ellas, algunos grandes empresarios, incluso están renunciando a sus retribuciones, un gesto simbólico sin duda valioso, o que realizan contribuciones silenciosas y de gran generosidad a otras personas que las necesitan. Pero siendo todas esas muestras dignas de elogio por la actitud personal que llevan consigo, no pueden ser por sí solas lo que permite que una sociedad sea justa y progrese proporcionando a todos sus miembros capacidades efectivas para ser libres y auténticas personas. Es más, pueden llegar a generar situaciones más propias de otros tiempos, como ocurre cuando el rey Felipe de Borbón, en lugar de reclamar Justicia distributiva, cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales y lucha contra la corrupción, se dedica a pedirle a la nobleza que compre leche y aceite para ayudar a la Cruz Roja.
La caridad es una virtud que debemos cultivar para sentirnos realmente humanos y no salvajes y debería ser digno de aplauso y reconocimiento social que se lleven a cabo. Yo aplaudo cuando grandes empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig la practican y hacen donaciones millonarias y creo que eso mismo deberíamos hacer todos los españoles. Pero me parece igualmente evidente que la caridad, la generosidad particular, es sólo una de las ruedas con las que puede andar el carro de una sociedad moderna. Porque con ella sería insuficiente para sufragar todo lo que la sociedad en su conjunto necesita para que los seres humanos vivamos con dignidad y libertad; porque, desgraciadamente, no todas las personas tienen la misma disposición y porque lo que debe presidir el criterio de satisfacción de las necesidades colectivas ha de ser la justicia y ésta no puede quedar, por definición, al albur de nuestro particular deseo de contribuir o no a las cargas comunes.
Lo que necesitamos no son solo prácticas caritativas que vienen tan caprichosamente como se pueden ir. De nada sirve una nobleza o personas de grandes fortunas con gran generosidad que proporcionen pan y aceite a los pobres si luego esconden su patrimonio (como la propia familia del Rey) en paraísos fiscales. Lo que necesitamos es justicia fiscal.
Y es de llamadas a la justicia de lo que estamos escasos entre las clases más afortunadas de nuestra sociedad.
En lugar de reclamar una imposición para sí semejante a la que recae sobre el resto de la sociedad con menos ingreso y patrimonio, los más ricos de entre los ricos sólo buscan evadir cada vez con mayor sofisticación sus obligaciones fiscales.
Ha sido precisamente su mayor influencia política lo que ha hecho que los impuestos extraordinarios que solicitan incluso las personas ricas más generosas en momentos de crisis no sólo no hayan avanzado, sino que incluso poco a poco estén desapareciendo los que recaían sobre el patrimonio en muchos países. En Francia, por ejemplo, existía desde los años ochenta del siglo pasado un impuesto sobre las fortunas superiores a 1,3 millones de euros que el presidente Macron eliminó en 2028 para sustituirlo por otro sobre la riqueza inmobiliaria que también suspendió poco después. Y algo así ha parecido en otro muchos países.
Ese paso atrás consistente en reducir la imposición sobre las grandes fortunas justamente cuando mayores son los patrimonios y cuando más se abre la brecha entre la riqueza de los más afortunados y la de la gente normal y corriente es una de las razones que explica que en los últimos años la desigualdad crezca sin parar en nuestras sociedades, con el daño que es sabido que eso produce en todos los ámbito de la vida social y económica.
En estos momentos de una crisis económica tan grave provocada por la pandemia comprobamos mejor que nunca la doble vara de medir de los egoístas y la doble moral de quienes están a su servicio o viven de los pequeños derrames que dejan caer a su alrededor.
En los barrios ricos de todas las ciudades del mundo no sólo proliferan las protestas para evitar los inconvenientes que supone el incómodo confinamiento sino para mostrar el rechazo hacia las medidas sociales, en todos los casos más bien modestas en comparación con las que reciben siempre los más adinerados, que reciben los pobres. Basta ver las críticas que ha concitado en España la aprobación de un ingreso mínimo de baja cantidad y que ya existe prácticamente en todos los países de la Unión Europea.
Al mismo tiempo que se enarbolan banderas nacionales y se gritan consignas de amor a la patria se critica cualquier tipo de medida orientada a que todos los españoles contribuyamos en la misma proporción a sostener las cargas que la patria necesita para garantizar una vida digna a todos nuestros compatriotas.
No hace falta ser un genio de la sociología para saber la estrecha correlación que hay entre las familias que más se oponen a las medidas sociales de este gobierno manifestándose en estas últimas semanas en las calles y las que tienen cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales, entre las que más banderas levantan y más besos le dan y las que más critican cualquier avance en justicia fiscal o eluden en mayor medida sus obligaciones con la hacienda pública.
Es muy curioso lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Los más ricos de todo el mundo, los que pagan a los periodistas que difunden las maldades de los impuestos y a los políticos que los eliminan, se han dedicado a comprar los llamados "pasaportes pandémicos", es decir, la nacionalidad en diversos países para así poder desplazarse de un país a otro, según les convenga en cada caso, para eludir los confinamientos. Ahora lo hacen por esa razón, pero continuamente emigran de país en país huyendo del pago de impuestos, una emigración de la que se habla poco y que nada molesta, a pesar de que los costes que ocasiona a los países de donde salen y a donde van son mucho mayores de la emigración de quienes huyen de la pobreza.
No quiero decir con todo esto que la propuesta de impuesto que se se ha hecho en España por Podemos sea la solución de todos nuestros problemas. De hecho, no creo que, por sí solo, lo sea y me parece que se ha realizado de un modo bastante inadecuado. Si era una propuesta de Podemos no debería hacerla anunciado el vicepresidente del gobierno y si era del gobierno, debería haberlo hecho la ministra del ramo. Esa confusión no es buena y confunde a la gente. Además, las reformas fiscales no deben centrarse en figuras impositivas concretas que puede parecer que están dirigidas "contra" alguien sino como cambios de conjunto, sistemáticos, integrales y en beneficio de todos. Para no caer en el vacío, deben presentarse con gran solvencia técnica, venir acompañadas de medidas destinadas a evitar la elusión y el fraude y, sobre todo, precedidas de una potente pedagogía que explique bien los propósitos y las consecuencias de lo que se propone. De otro modo, las buenas intenciones fiscales se quedan en ruido que no resuelve nada y que lo empaña todo.
El debate sobre la nueva ley contra el fraude fiscal que ha anunciado la ministra de Hacienda sería una buena ocasión para plantear las cosas de otro modo, abriendo ante la sociedad española el debate sobre la justicia fiscal que necesitamos y como un reto fundamental: que quienes tanto dicen amar a la patria conviertan esa declaración de amor en una práctica efectiva que permita hacerla más grande y capaz de proporcionar libertad y bienestar a todos nuestros compatriotas.
https://blogs.publico.es/juantorres/2020/06/03/lo-ricos-los-impuestos-y-el-amor-a-la-patria/
4 jun 2020
GALERIA DE BUITRES DLXC
Juan Carlos I recibe 153.000 euros en su primer año como jubilado
Como está establecido los miembros pertenecientes a la familia real no tienen derecho a un pensión de jubilación, al no cotizar a la Seguridad Social. Es el Estado quien les asigna retribuciones a la Corona, que son administradas posteriormente por el Jefe del Estado, Felipe VI.
En el caso del rey emérito, en el año 2019, el Felipe VI otorgó a su padre 194.232 euros divididos en doce pagas mensuales, emolumentos que el emérito ha venido cobrando hasta mediados de marzo de 2020, momento en que su hijo decidió retirarle la asignación a raíz de publicarse en la prensa internacional informaciones que relacionaban al rey Juan Carlos con una supuesta cuenta de 100 millones de euros depositados en un banco suizo.
La revista Vanitatis, ha realizado un cálculo del dinero recibido por el rey emérito desde que se jubiló hace un año. El resultado indica que Juan Carlos recibió 153.211 euros en 2019 y 39.802 euros en 2020, lo que hace un total de 153.211 euros recibidos en el primer año de su jubilación.
Cantidades que resultan minimizadas en comparación al patrimonio que según la revista Forbes, se le atribuye al rey Juan Carlos I. Una cantidad aproximada a los 2.000 millones de euros.
Cantidades que resultan minimizadas en comparación al patrimonio que según la revista Forbes, se le atribuye al rey Juan Carlos I. Una cantidad aproximada a los 2.000 millones de euros.
El fraude de los trabajadores ficticios en los ERTEs: la inspección detecta 20.000 casos durante la pandemia
El cruce de datos revela cómo 20.402 empresas contrataron tras la declaración de estado de alarma a miles de empleados que poco después eran incluidos en los expedientes de regulación extraordinarios por la pandemia.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando a 21.068 empresas ante la sospecha de que hayan cometido con los ERTEs extraordinarios por la pandemia el fraude de los ‘intrusos’ que saltó a la luz con el caso de los EREs de Andalucía, y que consiste en contratar a trabajadores ficticios que, una vez en la plantilla, son incluidos en los expedientes para cobrar de manera fraudulenta las prestaciones, ya sean los falsos asalariados, la firma que organiza el artificio o ambos por partes.
La Inspección ha puesto en marcha sus investigaciones por dos vías. Por una parte, según indican los datos facilitados a Público, ha localizado a 666 empresas sospechosas de haber puesto en marcha este tipo de tinglados dentro de los 26.014 expedientes de regulación (20.376 de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor por la pandemia y 5.638 ‘normales’ por causas económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) en los que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y las comunidades autónomas reclamaron su intervención.
"La situación de estos trabajadores se ha analizado a efectos de determinar la inclusión en los expedientes de personas que no fueran trabajadores de la empresa con objeto de la percepción fraudulenta de la prestación de desempleo", explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, que anotaron que los inspectores no han hallado "un número significativo de incidencias" en esos 666 procedimientos.
Paralelamente, estos días "se está iniciando la actuación inspectora" de oficio por parte de la Inspección con respecto a otros 20.402 procedimientos de otras tantas empresas"en los que puede haber o no actuación fraudulenta" por parte de sus responsables, señalaron las mismas fuentes.
El volumen de expedientes bajo sospecha resulta descomunal frente a la experiencia andaluza, en la que se da por probada la existencia de 196 ‘intrusos’ que se prejubilaron en empresas en las que nunca habían trabajado, aunque está por ver el balance que arrojan las diligencias sobre las 187 empresas implicadas y los 6.096 beneficiarios del fondo especial de la Junta de Andalucía.
Sospechosas contrataciones en pleno parón de la actividad
Los primeros indicios de las conductas fraudulentas fueron detectados por el mismo procedimiento en ambos bloques: el cruce de los listados de los ERTEs con los datos sobre la fecha de alta en la empresa reveló que todas ellas habían incluido en los expedientes a empleados contratados después de la declaración del estado de alarma, algo cuando menos llamativo después de que se destruyeran casi 90.000 empleos en las dos primeras semanas de la pandemia y de que solo el 16 de marzo se produjeran más de 175.000 bajas () en la Seguridad Social.
"¿Que hay fraudes con los ERTEs aprovechando estas circunstancias? Seguro, y seguro que hay más", explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de ccoo, que recuerda cómo patronales y sindicatos acordaron en la Mesa del Diálogo Social de la que salieron los expedientes extraordinarios para afrontar el parón de la economía por la pandemia que los informes de la Inspección, preceptivos en este tipo de procedimientos, pasaran a ser potestativos, es decir, que se realizarían a petición de la autoridad laboral. También aceptaron la aprobación de los ERTEs por silencio administrativo, aunque con el compromiso de que fueran revisados después.
"El volumen de expedientes ha sido mayor de lo que nadie podía esperar", anota, y eso ha impedido que la Inspección pudiera emitir informes previos a su aprobación como ocurre en condiciones normales, ya que las solicitudes, que siguen creciendo, superan el medio millón mientras el volumen de trabajadores afectados, que ahora se reduce con la reapertura de actividades con la desescalada, rebasó los tres millones.
En cuanto al volumen de prestaciones para los trabajadores incluidos en esos expedientes, los datos del Ministerio de Inclusión señalan que entre el 16 de marzo y el 31 de mayo se han reconocido 3.748.009"que ya están abonados gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las entidades financieras". "El SEPE ha reconocido el 98,5% de las solicitudes recibidas", añade, aunque quedan nuevas peticiones pendientes de aprobar y otras presentan "errores que deben ser subsanados".
Los retrasos en el pago de las prestaciones
Los primeros indicios de fraudes de ese tipo han acabado teniendo graves consecuencias para buena parte de los afectados por los ERTEs pese a que las empresas bajo sospecha apenas superan el 9%.
El planteamiento inicial de esa medida extraordinaria contemplaba que la Seguridad Social transferiría el conjunto de las prestaciones de cada plantilla a las empresas que habían tramitado los expedientes para que esta las distribuyera entre los trabajadores como hace cada mes con las nóminas.
Sin embargo, las tempranas evidencias de que algunos defraudadores habían comenzado a activar el tinglado de los trabajadores ficticios llevó a Trabajo y a Inclusión a modificar esos planteamientos para pasar a pagar directamente las prestaciones a los trabajadores incluidos en los ERTE.
Esa decisión, que implicó un crecimiento descomunal del papeleo, acabó traduciéndose en un atasco de los pagos que ha hecho que parte de las prestaciones sigan sin haber sido satisfechas dos meses y medio después de haber comenzado el parón de la actividad.
Más de 700 empresas obligan a trabajar todo el día con ERTEs
El trabajo de la Inspección está abarcando otras facetas entre las que va ganando peso la detección de abusos laborales sobre trabajadores incluidos en ERTEs que se ven obligados a trabajar a jornada completa pese a tener el contrato suspendido o la jornada reducida, una infracción que acarrea sanciones de 6.251 a 187.515 euros.
"Se ha iniciado actuación en 704 empresas" después de haber recibido "denuncias o comunicaciones" sobre la "continuación de la actividad laboral en empresas a las que se les ha autorizado un ERTE con suspensión de contratos o reducción de jornada", apuntaron las fuentes de Trabajo.
"Esto forma parte de la cultura y el sentimiento de impunidad de alguna gente que cree tener patente de corso", señala Vicente, que llama la atención acerca de que, aunque el nivel de fraude detectado resulta bajo ante el volumen de expedientes tramitados (menos de un 10% de casos sospechosos), quien los comete "está quitándoles los recursos a quienes realmente los necesitan, están defraudando a la Administración".
"Por eso es necesario denunciar", añade, al tiempo que llama la atención sobre "la gran diferencia que se da entre las empresas en las que hay representación sindical y en las que no la hay".
Nuevas líneas de investigación de fraudes laborales
Por último, la Inspección acaba de poner en marcha "una actuación planificada a través de los cruces de datos en sus sistemas informáticos" con el objetivo de detectar otros tres tipos de fraudes en materia de empleo y de prestaciones sociales.
Una de las líneas se centra en "determinar la posible creación fraudulenta de empresas para beneficiarse de los ERTEs", o la reactivación de otras que permanecían inactivas, tras la declaración del estado de alarma. En este apartado será prioritaria "la actuación en las empresas cuya actividad no está limitada por las prohibiciones impuestas por el estado de alarma y la fase de desescalada en cada territorio".
Otra tendrá como eje el análisis de las bases de cotización de las prestaciones para detectar incrementos injustificado para obtener mayores ingresos o aumentos en contratos a tiempo parcial "que pudieran poner el descubierto el encubrimiento de la realización de jornada completa".
Y, por último, la tercera se dirige a esclarecer la eventual "compatibilidad de la percepción de prestaciones por desempleo con la continuación en el trabajo tanto en casos de suspensión de contratos como de reducción de jornada".
GALERIA DE BUITRES DLXXXIX
La riqueza de los 23 españoles más adinerados crece un 16% desde el 18 de marzo
El patrimonio de los 23 españoles más ricos ha crecido en 14.056 millones de euros en acciones pese al hundimiento de la bolsa
En plena pandemia, mientras millones de personas de todo el mundo han perdido sus trabajos, los más ricos continúan acumulando riquezas sin notar ni un leve roce en sus bolsillos.
Según la revista Forbes, desde el 18 de marzo el fundador de Facebook, Mark Zuckeberg, aumentó su fortuna en un 46,2%; Jeff Bezos, dueño de Amazon, en un 30,6% y Elon Musk, dueño de Tesla, un 48%.
Los 600 ultrarricos de Estados Unidos son un 15% más ricos que antes tras engordar sus patrimonios en 434.000 millones de dólares, unos 390.046 millones de euros durante la pandemia. Asimismo, los cinco primeros de la lista, además de Bezos y Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett y Larry Ellison, se han enriquecido aún más que el resto estos dos meses: 75.500 millones de dólares, un 19%.
La situación en España es parecida: Amancio Ortega es 8.651 millones más rico, Rafael del Pino (Ferrovial) crece un 40%, Florentino Pérez (ACS – Real Madrid) un 41,6%, y Miguel Fluxà (Iberostar) un 50%.
Americans for Tax Fairness ha utilizado los datos que cada día, en tiempo real, publica Forbes en su página web. La organización, que trabaja en pro de una reforma fiscal en Estados Unidos, ha comparado los valores en Bolsa del 18 de marzo y del 19 de mayo sólo para los milmillonarios estadounidenses. La fortuna de Steve Ballmer ha crecido un 24,2%, la de Michael Bloomberg un 25,7% y la de John Menard Junior nada menos que un 62,8%.
El medio digital infoLibre ha repetido la operación con los españoles más ricos que aparecen en la lista de Forbes. Comparando el valor de las acciones que poseían el 18 de marzo y el 29 de mayo, los multimillonarios españoles son ahora un 16% más ricos que antes de la pandemia, aumentado un punto porcentual más que la de los 600 superpudientes de Estados Unidos.
Su patrimonio en acciones ha crecido en 14.056 millones, de los cuales 8.651 millones son propiedad de Amancio Ortega que ha crecido un 17,42%; Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, que ha crecido un 40% respecto a marzo mejorando su fortuna en 1.081 millones de euros, a los que si se añaden los de su hermana María del Pino y los de su hermano Leopoldo, la fortuna de los tres ha crecido en 1.712 millones durante la pandemia, un 30,1%.
La fortuna de la hija de Amancio Ortega, Sandra, ha mejorado en 721 millones de euros, un 14,5%. Le sigue Juan Roig, propietario de Mercadona, que ha mejorado 270 millones de euros en dos meses y su esposa Hortensia Herrero cuya fortuna ha crecido 90 millones de euros. Aunque su hermano Fernando no ha prosperado desde marzo, entre los tres acumulan una fortuna de 7.216 millones de euros.
La fortuna de Miguel Fluxà Rosselló, dueño de la cadena de hoteles Iberostar se ha disparado en un 50%, por lo que posee 540 millones más que hace dos meses. Florentino Pérez ha crecido un 41,6% con una mejora de 450 millones de euros y los hermanos Riberas Mera, Francisco José y Juan María, propietarios de la corporación Gestamp, crecen un 20% tras sumar 180 millones más. La fortuna del propietario de las tiendas de ropa Mango, Isak Andik, ha aumentado un 30%, 270 millones de euros.
También figuran en la lista: Alicia Klopowitz con 90 millones más en dos meses; Manuel Lao Hernández, dueño de la empresa de juego Cirsa, con 180 millones más; Sol Daurella, dueña de Coca Cola European Partners, 180 millones más; Daniel Maté, tercer mayor accionista de la minera Glencore, suma 90 millones más, Alberto Cortina, 180 millones; su primo Alberto Alcocer 180 millones y el inversor Juan Abelló 90 millones.
Unidas Podemos ha propuesto crear un impuesto a las grandes fortunas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia que gravaría a quienes posean más de un millón de euros, quedando exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros. Este nuevo impuesto tendría un tipo del 2% para los patrimonios netos a partir de un millón de euros, del 2,5% a partir de 10 millones, del 3% a partir de 50 millones y del 3,5% para los superiores a 100 millones de euros, con lo que se recaudaría 11.000 millones de euros anuales, menos que lo que han ganado los 23 multimillonarios españoles en los últimos dos meses.
https://contrainformacion.es/fortuna-en-medio-de-la-crisis-la-fortuna-de-los-23-espanoles-mas-adinerados-crece-un-16-desde-el-18-de-marzo/
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