20 nov 2016
El Gobierno abre la puerta a la privatización definitiva de Aena
El ministro de Fomento reconoce que el Estado contempla la posibilidad de hacer caja con la venta de más acciones del gestor aeroportuario
Si a Aena ya se le acusa de pensar más en sus accionistas que en los viajeros, las prioridades podrían hacerse evidentes de hacerse realidad la nueva idea del Gobierno. El ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, reconoce que el Estado contempla vender un nuevo paquete de acciones del gestor aeroportuario para hacer caja. Una privatización que llevaría al país a perder el control de manera definitiva de la compañía.
"Tiene que ser algo muy meditado", advierte en una entrevista a EFE. El titular admite que existen varias posibilidades para realizar el traspaso, pero se niega a dar más detalles antes de analizar "todas y cada una de las variables y conocer todas las ventajas y desventajas de cada una".
No sólo Aena está en juego. Otras empresas públicas dependientes de la cartera, como Renfe, Adif y Puertos del Estado, también pasarán por un proceso de reflexión. "Ahora no es el momento de pronunciarme ni de tomar decisiones", despeja.
Tras la investidura de Mariano Rajoy, varios medios ya especularon con la posibilidad de caer en manos privadas para ajustar el déficit público --cifrado en 8.000 millones de euros por la Comisión Europea--. La alternativa, recortar el gasto público y subir los impuestos, explicaban.
Así, De la Serna justifica la pérdida de control del gestor en la intención de dotar de mayor músculo la internacionalización de Aena. Actualmente la firma española ya participa en el aeropuerto londinense de Luton y en varios del Caribe. "Quizás no se pueda abordar un proceso de expansión internacional ambicioso sin tener en cuenta la posible ampliación del capital privado", sentencia el ministro.
El Estado todavía mantiene el 51% de la sociedad después de la salida a bolsa en el primer trimestre de 2015. Tras su debut en el parqué, la participación pública está valorada en 9.500 millones de euros. De rebajar su parte hasta el 40% --algo que se barajó en la anterior legislatura--, el erario captaría 2.000 millones más. "Antes habría que reformar la ley que impide vender la mayoría de la empresa", recuerdan en el Gobierno.
17 nov 2016
No queremos un verano perpetuo
Alianza por el Clima llama a la acción con ocasión de la celebración de la 22ª Conferencia de Cambio Climático (COP22) en Marrakech, con nuevos records de temperaturas extremas y de concentración de dióxido de carbono superior a las 400 partes por millón en la atmósfera en los últimos 15 meses, las organizaciones que conforman Alianza por el Clima dan un nuevo toque de atención a los representantes políticos e informan a la ciudadanía
Alianza por el Clima, en la que participa Ecologistas en Acción, ha realizado un flashmob para plasmar su preocupación por la inacción política por parte del Gobierno español. Activistas han montado una playa, en la céntrica plaza de Callao en Madrid, para visibilizar el aumento extremo de las temperaturas. En bañador, con cubos de arena, toallas y sombrillas la sociedad civil ha denunciado que la falta de compromiso llevará a España a un “verano perpetuo”, con graves consecuencias para la ciudadanía y la industria.
El hecho de que este otoño las temperaturas hayan sido primaverales, es una señal más de alarma. El cambio climático está directamente relacionado con el actual modelo energético basado en combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas, cuya quema libera a la atmósfera dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero (GEI). Aunque se trata de un fenómeno global, los impactos del cambio climático son muy diversos en distintas regiones del planeta. Dentro de la UE, España será uno de los países que se verá más afectado, por el aumento de temperaturas y la desertificación, con fenómenos meteorológicos de carácter extraordinario que se irán reproduciendo cada vez con más frecuencia. A pesar de tener toda la información sobre la mesa, el Gobierno de España demuestra su falta de compromiso y se aleja de la tendencia de la UE, con un repunte de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando un 3,2% en 2015 respecto a 2014 y 18% respecto a 1990.
El Acuerdo de París, ya ratificado por 105 países que representan el 75% de las emisiones de GEI, que entró en vigor el 4 de noviembre, es el marco político internacional a través del cual los gobiernos asumen el compromiso colectivo de mantener el calentamiento global a largo plazo muy por debajo de los 2ºC; sin embargo, este acuerdo no contiene medidas concretas para cumplir con dicho objetivo. Las negociaciones internacionales que están teniendo lugar en Marrakech deben avanzar significativamente en la configuración de mecanismos que garanticen la mejora de la gobernanza internacional del clima, para limitar y revertir con eficacia y en magnitud suficiente el calentamiento global.
Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores. “Podemos alcanzar medidas factibles y efectivas para la lucha contra el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de la gente y el planeta”, señalan desde la plataforma.
- Generación de energía: necesitamos un cambio de modelo energético, promoviendo el autoconsumo a través de energías renovables y la eficiencia y ahorro energéticos; dotar de fondos para I+D+i para el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovable, abaratamiento de las existentes y mejora de la eficiencia energética.
- Agricultura: avanzar hacia la soberanía alimentaria; apoyo a la agricultura ecológica y de proximidad, para evitar las emisiones producidas por su transporte, así como el uso agrotóxicos.
- Lucha contra la sequía: mejorar la eficiencia del ciclo del agua; promover un consumo responsable; proclamar la igualdad universal en el acceso al agua de calidad (como establece la ONU en sus objetivos del milenio).
- Transporte: implementar programas de movilidad urbana que fomenten el uso del transporte público, la pedanía y la bicicleta. Promover la alta ocupación de vehículos particulares y discriminar entre categorías según sus emisiones.
- https://www.ecologistasenaccion.org/article33158.html
GALERIA DE BUITRES CCCXXX
Diez constructoras se reparten la obra pública en España
La Fundación Civio analiza en la investigación ‘¿Quién cobra la obra?’ 8.058 contratos adjudicados en los últimos siete años. El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, lidera el ránking
La gran mayoría de la obra pública está en manos de un pequeño puñado de constructoras. Es la principal conclusión de ¿Quién cobra la obra?, una investigación periodística llevado a cabo por la Fundación Civio que ha analizado un total de 8.058 contratos firmados entre los años 2009 y 2015.
Según señala Civio, a pesar de que más de 2.600 empresas han recibido contratos de obra pública por valor de 38.828 millones de euros, siete de cada diez de esos euros adjudicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fueron a parar a diez grandes empresas constructoras.
De entre los grandes conglomerados empresariales, el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, lidera con amplio margen la clasificación: está presente en uno de cada diez contratos firmados. Sus mayores contratistas fueron el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Tras él se sitúan otros grandes empresarios de la construcción como José Manuel Entrecanales (Acciona), Esther Koplowitz (FCC), Rafael del Pino (Ferrovial) y Manuel Manrique (Sacyr).
Desde 2009, cuando las administraciones públicas repartieron 14.000 millones en 2.407 adjudicaciones de obra vía BOE, esa cifra ha disminuido año a año (9.563 millones adjudicados en 2010, 4.685 en 2011, 3.202 en 2012), hasta llegar a su cifra más baja en 2013 (con 1.326 millones de euros en contratos). Pese al repunte que muestran los datos a partir de entonces, nunca se han alcanzado de nuevo las grandes cifras de la época dorada de la obra pública.
“Comenzamos con esta investigación hace mucho tiempo”, recuerda Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Hicimos el crowdfunding hace ahora dos años, pero hemos sufrido algunos parones, especialmente porque hemos tenido problemas con algunos datos esenciales: partíamos de unos números que no estaban preparados para ser publicados. Nos preguntábamos por qué nadie había hecho algo así, y no tardamos en entender por qué: los datos eran muy complicados de conseguir”.
http://www.lamarea.com/2016/11/16/quien-cobra-la-obra/La opacidad de las UTE
En ese sentido, ¿Quién cobra la obra? pone de relevancia una cifra clave: el 40,8% del dinero fue a parar a empresas que se presentaron en solitario a los concursos, pero el 59,2% se adjudicó a las llamadas Uniones Temporales de Empresas (UTE). La importancia de estas estructuras, con niveles de opacidad mayores que los de cualquier otra empresa, es más evidente en las grandes obras públicas. De hecho, de los 2.489 grupos empresariales analizados, solo 1.327 se presentaron siempre en solitario. Del resto, 1.162 están en alguna UTE y 641 solo se presentan de esa forma, nunca por sí solos. “Las UTE tienen un mundo paralelo y muy opaco”, afirma Belmonte. “Hay registros que se nos han negado sistemáticamente porque se trata de datos protegidos”, añade.Belmonte ha denunciado que en España no hay un sistema moderno, automático y masivo que permita vigilar la contratación pública para evitar posibles casos de corrupción: “Todo el mundo sabe que las grandes constructoras estaban presentes en todo los grandes contratos, pero no hasta qué punto: la gran contratación de obra pública pasa siempre por ellos”.
La situación contrasta con la de otros países europeos. “En otros estados sí existen organismos independientes que se dedican a esa vigilancia de forma sistemática. En España, el Tribunal de Cuentas elabora cada cierto tiempo un informe con contratos sueltos, y siempre encuentra irregularidades. Al final, dependemos de que las empresas que no han ganado un concurso concreto lo denuncien para que se investigue a fondo. Pero al mismo tiempo es complicado que lo hagan, dado que no se quieren quedar fuera de la siguiente adjudicación”, concluye Belmonte.
http://www.lamarea.com/2016/11/16/quien-cobra-la-obra/
16 nov 2016
CGT pide a FACUA su implicación por un DORA de Aena Público y Social
CGT se ha dirigido a FACUA-Consumidores en Acción, en la persona de su Presidente de la Junta Directiva, Don Francisco Sánchez Legrán, en el ánimo de recabar el apoyo, de la organización no gubernamental española, a la campaña lanzada en change.org, en defensa de un “Documento de Regulación Aeroportuaria” (DORA) “Público y Social”.
CGT se dirige FACUA por definirse como independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales, y que tiene un carácter marcadamente progresista, democrático, plural y participativo, y que cuestiona el actual modelo de sociedad de consumo basado en el acaparamiento y el agotamiento de los recursos naturales, valores que, como organización, compartimos plenamente.
FACUA al igual que CGT, ya solicitó públicamente la paralización de la privatización de Aena en 2014 por el perjuicio que ésta supondría para el ciudadano, poniendo además en peligro un modelo de equilibrio interterritorial.
La Ley 18/2014, que aprobaba la redacción del DORA, Documento de Regulación Aeroportuaria, establece que éste deberá precisar el régimen de la red de aeropuertos de interés general como servicio de interés económico general, con el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, para asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos. La gestión en red, por otra parte, garantiza la sostenibilidad económica de los aeropuertos integrados en ella al permitir, en condiciones de transparencia, objetividad y no discriminación, el sostenimiento de las infraestructuras deficitarias.
El proyecto del DORA, donde han tenido audiencia las organizaciones representativas de los usuarios de los aeropuertos de la red, va a ser aprobado de manera inminente por el Consejo de Ministros. Tras estudiar de manera detenida el único documento público sobre el mismo, el informe emitido por la CNMC acerca de la parte no declarada secreta, llegamos a la conclusión de que no cumple en absoluto los requerimientos que la Ley exige, es decir, ser “el instrumento básico de definición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, S.A., pues entre otras razones ha obviado indicadores tan importantes como los ligados a la seguridad operacional, al tránsito aéreo aeroportuario o al medioambiente.
La red pública de aeropuertos de interés general es un pilar básico en la economía de este país, pues da soporte a la entrada de cerca del 90% de las personas que llegan desde otros países, es una garantía de cohesión interterritorial y de conectividad entre regiones y, en muchos casos, el motor económico de las zonas donde residen los aeropuertos, sin olvidar su imprescindible colaboración en los vuelos hospital o en la Organización Nacional de Trasplantes.
El actual proyecto del DORA no garantiza la parte de prestación obligatoria que debe tener en temas básicos como la seguridad operacional o el medioambiente, y no contempla un aspecto de prestación social a la ciudadanía de una sociedad avanzada del siglo XXI.
Y creemos que esto es así por el método opaco que se ha elegido, de manera premeditada, para su aprobación y puesta en marcha, que en absoluto garantiza herramientas eficaces para su control por parte de la ciudadanía. Una decisión de tal trascendencia debiera ser sometida a debate público por la ciudadanía y por todos aquellos sectores donde tiene influencia directa; y, desde luego, debiera ser sometida a control parlamentario.
FACUA, como organización social comprometida y progresista, que defiende los derechos del ciudadano, ha sido invitada por CGT a participar en la campaña por un DORA público y social, a la que CGT ya se ha adherido, y crear la conciencia social necesaria para que el DORA tenga, de manera real y efectiva, la utilidad para la que debiera haberse diseñado y que figura en sus objetivos: sostenibilidad, cohesión, vertebración, garantía de seguridad operacional y calidad.
CGT también recuerda que ahora es el momento ideal para que, entre todos, nos dotemos de una red de aeropuertos de interés general públicos y de interés social, adaptados al siglo XXI.
Aquí va el enlace a la campaña “Por Un DORA Público y Social”. [ https://www.change.org/p/que-no-se-repita-el-expolio-de-aena-por-un-dora-público-y-social ]
CGT-Aena Enaire
Los campeones del trabajo temporal
Cosas que dan más pena que el anuncio de la lotería
Ni el anuncio de la lotería, ni los mantecados en el súper ni los catálogos jugueteros de "me lo pido": la verdadera señal de que la navidad se acerca son las ofertas de trabajo para la campaña navideña, que estos días llenan las webs de empleo y ponen en movimiento miles de currículum camino de centros comerciales, hipermercados, almacenes de logística, bares y restaurantes.
Si quieren soltar una lagrimita prenavideña, olvídense del efectista spot de la lotería y dense una vuelta por las ofertas de empleo, ya verán qué ganas de llorar: disponibilidad y flexibilidad totales, horarios comerciales, lunes a domingo, y a cambio de sueldos de calderilla. El clásico parado con disfraz de Papá Noel a la puerta del centro comercial se paga en el mejor de los casos a 7'25 euros brutos la hora, siempre que tengas "experiencia en puesto similar", y no es de los peor pagados. Abundan los empleos de 6 euros (brutos), con horarios que además no suman horas suficientes para un sueldo mínimo; y otros que ni eso, comerciales que ganan según resultados.
Ya sé, es la campaña de navidad, las empresas refuerzan plantilla para los días de más actividad del año, y no nos vamos a poner exquisitos pidiendo horarios razonables, días libres o pago de horas extra. Son días de apretar los dientes y a empaquetar regalos, doblar ropa, llevar pedidos o servir cenas navideñas. Y agradecidos por tener trabajo, aunque sean unas pocas semanas. No te pongas muy picajoso con tus derechos si quieres que te llamen para las rebajas, la semana santa, el black friday o fines de semana.
Según las previsiones de la ETT Randstad, esta será " la mejor navidad de la historia", y se firmarán 338.300 contratos nuevos. No sabemos a cuántos currantes equivale eso, en el país de los contratos por horas. Dice la misma ETT que el trabajo temporal navideño es una oportunidad para que los trabajadores "aumenten su empleabilidad y allanen el camino hacia el empleo estable". Espera, que se me ha caído otra lágrima y no sé si es de pena o de risa.
A golpe de desmantelar industrias y sectores enteros, de reforma laboral en reforma laboral, y a la espera de encontrar algún año el famoso unicornio del "nuevo modelo productivo", nos hemos convertido en un país de temporeros. La aceituna y la vendimia de toda la vida son ahora también el camarero de terraza en verano, el dependiente de navidad y rebajas, el profesor interino que va haciendo sustituciones, el comercial para campañas puntuales, el investigador a la espera de beca, y tantos precarios pendientes de que el mes que viene les renueven o salga otra cosa. Trabajadores de usar y tirar.
Por supuesto que siempre ha habido y habrá campaña navideña, y el calendario manda, aquí y en cualquier país. Pero lo que antes era una opción para el nieto de la abuela de la lotería, estudiantes que se sacaban un dinerillo, ahora puede ser la única salida para su madre o su padre.
Con millones en paro, y cada vez más trabajadores pobres que necesitan un segundo trabajo, la ley de la oferta y demanda cae implacable sobre las condiciones laborales: en esos mismos anuncios de empleo navideño puedes ver el número de gente que se inscribe en cada oferta, y parece que fueran oposiciones: para el de Papá Noel se han apuntado ya casi 400 para 5 plazas. En otra, de promotor de dulces navideños (6 euros/hora brutos), 500 interesados para una sola plaza.
"Campeones del trabajo temporal", decía ayer mismo la OIT sobre España.
Campeones, oé, oé.
http://www.eldiario.es/zonacritica/trabajo_precariedad_navidad_6_580301997.html
14 nov 2016
La población olvidada del "milagro" español
Más de dos millones de residentes en España nacieron fuera de la UE. Su papel fue clave para la expansión económica que terminó en 2007. Hoy, las políticas públicas les impiden el ejercicio de sus derechos
Por casualidad, apenas tres días después del levantamiento de 39 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, un periódico de tirada nacional sacaba una nueva entrevista con la líder del colectivo ultra Hogar Social Madrid. La representante de este movimiento, inspirado en la casa fascista romana Pound, vertía en odres nuevos un discurso viejo. Pese al interés que han despertado en medios con elevada audiencia, los grupos de ideología xenófoba tienen un alcance limitado entre la sociedad.
Lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas en su último informe de Actitudes hacia la inmigración, publicado en 2014. El porcentaje de personas que se consideran a sí mismas racistas en algún grado apenas supera el 10% y dos tercios de la población cree que hoy un partido de corte xenófobo no tiene aceptación en España.
Desde el comienzo de la crisis, la evolución de las actitudes respecto a la migración no ha sido tan mala como indicaban las primeras tendencias. El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas Javier Moreno Fuentes afirma que se está produciendo una “sorpresa positiva” en cuanto a una vuelta a actitudes más tolerantes tras un inicio de deterioro.
Para Moreno Fuentes, una posible explicación a la divergencia respecto a países como la propia Francia, los Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Austria, Hungría o Bulgaria, es el hecho de que no haya surgido “un empresario político de la xenofobia”. Así, explica, “no hay un partido político que venda el rechazo al otro como su producto político”. Moreno, coautor, junto a María Bruquetas, del informe Inmigración y Estado de bienestar en España, explica que, “cuando surge uno de estos partidos, redefine el espectro político”.
Independientemente del debate abierto sobre las razones de la inexistencia de movimientos xenófobos fuertes en España, el día a día muestra una realidad mucho más acuciante, como es la dificultad para resistir en unas condiciones de precariedad que afectan especialmente a sectores ocupados por trabajadores extranjeros.
El abogado especialista en temas de extranjería Lluc Sánchez introduce otro factor de discriminación: “Como los salarios en el ámbito doméstico son bajos, la jubilación de las trabajadoras suele ser de muy baja cuantía, pero incluso aunque haya una minoría de trabajadoras que tengan salarios más altos, cotizan prácticamente por el salario mínimo, porque la base de cotización tiene un tope”. En concreto, de 760 euros, lo que marca las pensiones que podrán llegar a cobrar estas trabajadoras, que, hay que recordar, pueden ser despedidas de la noche a la mañana –por el llamado desistimiento– y no tienen derecho a paro.
Arraigo
Hace dos años fallecía Jeaneth Beltrán, trabajadora doméstica de 30 años de origen nicaragüense y sin papeles. Tenía miedo de perder el trabajo, de ser parada por la policía, y la ley sanitaria 16/2012 hizo el resto. Ningún periódico había entrevistado a Beltrán, como tampoco se reparó en Alpha Pam, el primer muerto achacable a esa ley, matizada posteriormente por algunas comunidades autónomas.
Pam llevaba nueve años en España y no tenía papeles. Con la legislación actual y, si hubiera logrado demostrar su arraigo tras sus primeros tres años en el país, le hubiera faltado un año para obtener la residencia de larga duración.
Pam había trabajado en la venta ambulante y en la agricultura, otro sector en el que la presencia de población extranjera ha sido necesaria para el aumento de los trabajos cualificados ocupados por autóctonos. Moreno explica que el trabajo desempeñado por migrantes en la recogida de frutas y verduras fue fundamental para revalorizar un sector mediante otros empleos cualificados, “que dependen de que el sector sobreviva”. Desde los distribuidores a los fabricantes de invernaderos o empresarios del sector logístico.
En 2005, en la época de bonanza de un Estado de bienestar asimétrico e incompleto, José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo el último proceso de regularización abierto en España. Desde 2007, las circunstancias son distintas. Sigue habiendo arraigo para regularizar, “pero nada comparado al ciclo 2003-2007”, indican fuentes de Empleo. Las entradas que se producen son principalmente de familiares de personas con nacionalidad española.
El hundimiento del sector de la construcción a partir de 2007 expulsó del mercado laboral a cientos de miles de migrantes que, en buena medida, fabricaban las residencias de otra población extranjera, la de la jubilación dorada en la Costa del Sol y en la orilla del Mediterráneo. Desde entonces, mucha gente se ha marchado.
Permisos con cuentagotas
Con la crisis, señala Rafaela Pimentel, comenzaron los discursos sutiles acerca de la sanidad colapsada y las ayudas a la población migrante. Y, aunque estudios como el de Moreno y Bruquetas dejan claro que los no autóctonos aportan más de lo que reciben –por un factor demográfico perciben pocos subsidios o ayudas no contributivas–, y que está demostrado que las ayudas no son un motivo de migración, la percepción de más de la mitad de la población en la encuesta del CIS de 2014 es que las inmigrantes reciben más del Estado de lo que aportan.
Quienes promueven ese mensaje “saben que no es verdad”, apunta Pimentel, pero “todos los días están diciendo sutilmente que cada día somos más. Cuando estaban haciendo la M-30 y cuando estábamos en los hogares para que salieran otras personas a trabajar, eso no se veía”, denuncia.
Andrés García Berrio, de la Plataforma Iridia, denuncia que la combinación entre las políticas de empleo y las circunstancias de precariedad del mercado impone condiciones para el arraigo que muchos autóctonos no podrían cumplir. La gran criba se produce en la consecución del arraigo, para el que se piden tres años y un contrato de 40 horas de un año de duración. “La ley de extranjería está preparada para generar situaciones de irregularidad y de explotación laboral de estas personas, que saben que tienen que estar tres años subsistiendo aquí para poder optar al permiso de trabajo”.
En una coyuntura en la que la población de otros orígenes se ha marchado y mucha otra ha obtenido la nacionalidad tras años cotizados y millones de euros aportados en impuestos directos o indirectos al país, la Plataforma Iridia cree que se debe avanzar en la desvinculación de los permisos de residencia de los de trabajo para la regularización de personas mucho antes de los 36 meses. “No tiene sentido que se genere una capa de la población que viva al margen de los derechos de manera sistemática”, dicen.
Lluc Sánchez indica que por la política “restrictiva” en materia de extranjería y por la dificultad a la hora de conseguir y renovar tanto los visados como los permisos de residencia y trabajo, se producen situaciones que suponen un doble castigo laboral y policial: “El ejemplo más claro es el de los manteros que, obligados a vender en la manta como consecuencia de la dificultad para conseguir un permiso de trabajo, son procesados por delitos contra la propiedad intelectual. Al generar antecedentes policiales o penales se les hace todavía más difícil conseguir ese permiso”.
Cuando terminan los contratos y se agotan los resquicios administrativos y legales, salta la alarma de la Dirección General de Policía, dueña y señora del Registro Central de Extranjeros, donde consta la identidad, el domicilio y la situación de cada extranjero. Desde allí comienzan los procedimientos de expulsión, que pueden terminar con la persona extranjera en un centro de internamiento, en un vuelo de deportación o en cualquier otra forma de choque con los muros interiores y exteriores de Europa.
El milagro eran ellas
Rafaela Pimentel lleva desde los noventa en España. Pese a tener otro oficio en República Dominicana, Pimentel encontró en el trabajo del hogar una salida laboral. Entre 1995 y 2005, la mitad de los empleos creados fueron ocupados por extranjeros. Desde ensamblar vías a servir cervezas, recoger fresas o limpiar cristales. La sociedad española necesitaba trabajadores extranjeros para todo.
Al comienzo de la crisis se dio una paradoja. El paro se cebaba con la población migrante masculina, con los autóctonos y, en menor medida, con la población autóctona femenina, pero la actividad no disminuía entre las mujeres migrantes. La demanda de trabajadoras del servicio doméstico resistió a la crisis, y hoy las autorizaciones de este sector son las más numerosas, cuatro veces más que en el de servicios. Han seguido siendo imprescindibles, como demuestran las estadísticas del Ministerio de Empleo, pero la crisis ha sido la coartada para la rebaja de sueldos, y el paso positivo hacia un apartado dentro del Régimen General no ha terminado con la situación de desprotección laboral.
A lo largo de estos años, Pimentel se ha organizado con algunas de sus compañeras y ha formado Territorio Doméstico, un espacio “transfronterizo” que lucha por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras del hogar. Pimentel explica que la llegada de cuidadoras y trabajadoras del hogar extranjeras ha sido un chollo para el Estado, que ha cubierto con trabajadoras con bajos sueldos y pocos derechos el salto hacia trabajos cualificados por parte de la población autóctona.
También lo ve así Javier Moreno, quien cree que la paradoja de que las trabajadoras migrantes hayan sufrido menos el desempleo masivo se debe a las “necesidades y debilidades” de nuestra sociedad. “Se han resuelto problemas de conciliación mediante contratos muy precarios y muy bajos”. No obstante, señala Moreno, “no podemos contar con que resuelvan nuestros problemas de dependencia y conciliación; también envejecen y también necesitarán prestaciones y cuidado”.
13 nov 2016
11 nov 2016
Casi la mitad de las horas extraordinarias no se cobran
El porcentaje de trabajadores asalariados que hace horas extra no retribuidas ha pasado del 29,8% en 2007 al 46,1% en 2016, según la última Encuesta de Población Activa
Casi la mitad de las horas extraordinarias que realizan los trabajadores asalariados en España no se cobran, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año.
Entre julio y septiembre se realizaron en España más de 5,3 millones de horas extraordinarias a la semana. De ellas, se retribuyeron 2.718.200 horas (el 51,06%), mientras que 2.604.700 horas extra no se pagaron, el equivalente al 48,9% del total.
Entre julio y septiembre se realizaron en España más de 5,3 millones de horas extraordinarias a la semana. De ellas, se retribuyeron 2.718.200 horas (el 51,06%), mientras que 2.604.700 horas extra no se pagaron, el equivalente al 48,9% del total.
El número de horas extraordinarias realizadas por los asalariados se ha ido reduciendo en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica. Mientras que en el primer trimestre de 2008 las horas extra contabilizadas a la semana superaban los 10 millones, en el tercer trimestre de este año la cifra se ha reducido casi a la mitad (5,3 millones).En los últimos ocho años, al mismo tiempo que bajaba el número de horas extra, aumentaba el peso de las horas extraordinarias no retribuidas. Así, en el primer trimestre de 2008 sólo el 37,9% de las horas extra no se pagaban, cifra que ahora es del 48,9% pero que ha llegado a ser mucho mayor.
De hecho, en el tercer trimestre de 2012 el 67,3% de las horas extraordinarias no tenían retribución alguna. Ese periodo, el del tercer trimestre de 2012, es además el que menos horas extraordinarias contabiliza en toda la serie (4.508.200), tanto pagadas como no pagadas.
Casi 600.000 asalariados hacen horas extra
De los 15,4 millones de asalariados contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el tercer trimestre, algo más de 14,8 millones no realizaron horas extraordinarias en este periodo, frente a casi 600.000 que sí hicieron.
En concreto, 599.400 asalariados, el 3,9% del total, realizaron horas extra entre julio y septiembre. A 282.100 asalariados se les pagó por este trabajo extra, mientras que a 276.800 no se les retribuyó y 40.500 declaran haber realizado horas extra tanto pagadas como no remuneradas. En el tercer trimestre de 2007, periodo en el que los expertos sitúan el inicio de la crisis económica en España, los asalariados que realizaban horas extra superaban la cifra de 1,1 millones de trabajadores; ahora esta cantidad se ha reducido prácticamente a la mitad.
En consonancia con el mayor peso del número de horas extraordinarias no retribuidas producido en los últimos años, los asalariados que declaran haber realizado horas extra no remuneradas han ido ganando terreno a los que perciben una retribución por ellas. Así, en los últimos nueve años el porcentaje de asalariados que realiza horas extra no retribuidas ha subido desde el 29,8% del tercer trimestre de 2007 al 46,1% en el mismo periodo de 2016.
Los sindicatos relacionan el aumento de las horas extraordinarias no retribuidas con la reforma laboral que emprendió el Gobierno del PP en 2012 y que, según ellos, ha facilitado la "explotación laboral" y la realización de horas extras no pagadas.
La mayor parte de las horas extras no remuneradas se concentra en el sector servicios, con una menor presencia sindical en comparación a los sectores industriales, energético o de la construcción.
En concreto, 599.400 asalariados, el 3,9% del total, realizaron horas extra entre julio y septiembre. A 282.100 asalariados se les pagó por este trabajo extra, mientras que a 276.800 no se les retribuyó y 40.500 declaran haber realizado horas extra tanto pagadas como no remuneradas. En el tercer trimestre de 2007, periodo en el que los expertos sitúan el inicio de la crisis económica en España, los asalariados que realizaban horas extra superaban la cifra de 1,1 millones de trabajadores; ahora esta cantidad se ha reducido prácticamente a la mitad.
En consonancia con el mayor peso del número de horas extraordinarias no retribuidas producido en los últimos años, los asalariados que declaran haber realizado horas extra no remuneradas han ido ganando terreno a los que perciben una retribución por ellas. Así, en los últimos nueve años el porcentaje de asalariados que realiza horas extra no retribuidas ha subido desde el 29,8% del tercer trimestre de 2007 al 46,1% en el mismo periodo de 2016.
Los sindicatos relacionan el aumento de las horas extraordinarias no retribuidas con la reforma laboral que emprendió el Gobierno del PP en 2012 y que, según ellos, ha facilitado la "explotación laboral" y la realización de horas extras no pagadas.
La mayor parte de las horas extras no remuneradas se concentra en el sector servicios, con una menor presencia sindical en comparación a los sectores industriales, energético o de la construcción.
GALERIA DE BUITRES CCCXXIX
Los planes de pensiones se embolsan 1.830 millones solo en comisiones. Gracias a ellos, las entidades financieras mantienen cautivos, además, 104.000 millones de euros aportados por los ahorradores
Los planes privados de pensiones son un mal negocio en España para los ciudadanos, al menos durante los últimos tiempos, debido a su escasa rentabilidad y a los gastos que conllevan. Sin embargo, siguen siendo un apetitoso pastel para los responsables de administrarlos (en su mayoría, instituciones financieras) gracias a las cuantiosas comisiones que generan.
Hay dos tipos de comisiones, las de gestión y las de depósito, cuyas cuantías establece cada plan dentro de los máximos fijados por ley, que desde 2014 se sitúan en el 1,5% y en el 0,25% anual, respectivamente. Esos porcentajes se aplican sobre todo el dinero acumulado, no sólo sobre las ganancias, por lo que son independientes de la buena o mala marcha del plan.
Hay dos tipos de comisiones, las de gestión y las de depósito, cuyas cuantías establece cada plan dentro de los máximos fijados por ley, que desde 2014 se sitúan en el 1,5% y en el 0,25% anual, respectivamente. Esos porcentajes se aplican sobre todo el dinero acumulado, no sólo sobre las ganancias, por lo que son independientes de la buena o mala marcha del plan.
La ley permite, no obstante, cambiar la comisión fija de gestión del 1,5% por otra del 0,9% que recaiga exclusivamente sobre la rentabilidad obtenida. Pero fuentes de sector aseguran que raramente se hace, debido a que a los administradores no les interesa en la situación actual, por el poco margen que ofrecen tanto las inversiones en renta fija como en renta variable.
Según datos de la patronal del sector, Inverco, los planes de pensiones acumulaban a finales de septiembre un patrimonio de 104.580 millones de euros. Se incluyen ahí las tres modalidades que existen: los individuales, que son los más frecuentes; los de empleo, que promueven empresas para sus trabajadores, y los asociados, que corresponde a entidades como los sindicatos.
Si sobre los 104.580 millones de euros de patrimonio actual se aplicaran el 1,5% de comisión de gestión y el 0,25% de comisión de depósito, resultarían unos ingresos anuales de más de 1.830 millones. Eso equivale, por ejemplo, a casi el 15% de los beneficios cosechados en 2015 por los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular y Sabadell).
Sin embargo, muchos planes no están gravados por las comisiones máximas, ya que las entidades financieras juegan con ellas para captar clientes, dentro de un mercado muy competitivo. El último dato conocido sobre la comisión media de los planes de pensiones es del 0,8%, aunque la de los individuales suele estar tradicionalmente por encima, según los expertos consultados.
En cualquier caso, para la banca se trata de un producto muy atractivo, porque las especiales características de este instrumento de ahorro le permiten, además, mantener cautivos durante años miles de millones de euros, que los partícipes de los planes no puede retirar (salvo contadas excepciones) hasta que llegue su edad de jubilación.
De hecho, en el ranking de los fondos de pensiones con mayor patrimonio que publica Inverco, ocho de los diez primeros tienen detrás a grandes entidades financieras.
Sin embargo, muchos planes no están gravados por las comisiones máximas, ya que las entidades financieras juegan con ellas para captar clientes, dentro de un mercado muy competitivo. El último dato conocido sobre la comisión media de los planes de pensiones es del 0,8%, aunque la de los individuales suele estar tradicionalmente por encima, según los expertos consultados.
En cualquier caso, para la banca se trata de un producto muy atractivo, porque las especiales características de este instrumento de ahorro le permiten, además, mantener cautivos durante años miles de millones de euros, que los partícipes de los planes no puede retirar (salvo contadas excepciones) hasta que llegue su edad de jubilación.
De hecho, en el ranking de los fondos de pensiones con mayor patrimonio que publica Inverco, ocho de los diez primeros tienen detrás a grandes entidades financieras.
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