La formación de Gobierno sigue pasando por la economía. El preacuerdo firmado por Unidas Podemos y el PSOE, que a partir de hoy pasa a ser evaluado por las militancias de los partidos que conforman el pacto, especifica poco o muy poco sobre las medidas del futuro Gobierno. En su punto dos, el citado acuerdo se encomienda a “proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia”.
Las cifras de gasto social, publicados el viernes 22 de noviembre por Eurostat, indican que el próximo Gobierno debe tener margen por un motivo: España sigue por debajo de la media europea. En términos absolutos, desde 2009 se ha producido un descenso del gasto social de 15 mil millones en euros constantes de 2010.
Las instituciones españolas destinan 3.700 euros menos por persona y año a gasto social que el resto de la media de la zona euro. Los capítulos en los que se divide esta estadística macro, que incluyen gasto en pensiones, gastos y subsidios por enfermedad, ayuda a la vivienda, ayudas a las familias y subsidios de desempleo, no han parado de menguar en los presupuestos generales desde 2009, primer año de la crisis.
2016 y 2017, los últimos años con datos, marcan el suelo del gasto social en cuanto a porcentaje del PIB. Actualmente, 22 de cada cien euros se dedican a estas partidas, son siete euros menos de lo que supone el gasto social en el conjunto de la zona monetaria europea. Entre los países europeos que son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) solo Irlanda destina menos porcentaje del PIB a gasto social.
El mayor descenso neto de la aportación estatal se produce en el campo de los subsidios de desempleo. Esa fue una de las promesas del Ministerio de Economía durante la gestión de Luis de Guindos, y las cifras lo confirman: en 2017 —último año con datos— se destinaron 17 millones a la partida de subsidios de desempleo, en 2008, antes de que explotara la crisis, se destinaban 25 millones de euros. El descenso sería achacable a la reducción del desempleo que se ha experimentado en los últimos tiempos... si no fuera porque las cifras de parados de 2008 a 2018 son casi idénticas.
Otra partida que ha sido mermada en términos absolutos son las ayudas a la vivienda. Un campo en el que nunca se ha apostado decisivamente desde las administraciones y que ha declinado en la última década: de 2.100 millones en 2008 a 1.100 millones en el 17. Las ayudas a la infancia y las familias también han caído en el mismo periodo.
Los presupuestos para la lucha contra la exclusión social se han estancado en los últimos diez años. La partida que más ha aumentado es el gasto en pensiones.
Catalunya y Castilla-La Mancha, las que menos gastan
En septiembre, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicó su informe de gasto en políticas sociales que, aunque incluye el gasto educativo —que no aparece en el índice publicado ayer por Eurostat—, confirmó el descenso generalizado producido a partir de las crisis en el conjunto del país.
Catalunya, que ha sido dirigida por el espacio político antes conocido como Convérgencia i Unió, y Castilla La Mancha, que ha oscilado entre gobierno del PSOE, PP (2011-2015), y de nuevo los socialistas, son los protagonistas negativos de este descenso del gasto social. Las administraciones autonómicas han sido responsables de un recorte de gasto de 4.190,2 millones de euros entre 2009 y 2018.
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