Contra la ley mordaza digital

Detrás de esta nueva ley mordaza digital hay mucho más que una medida dedicada a contentar a las derechas y al españolismo en el conflicto con Cataluña. Detrás de esta Ley Mordaza Digital encontramos un ataque frontal al derecho de protesta.

Tras su anuncio en plena campaña electoral, esta semana ha salido adelante el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre por el que se adoptan “medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital”. Este decreto, impulsado por el Gobierno del PSOE ante la supuesta amenaza de una república digital catalana, ha visto luz verde gracias a los votos favorables de la derecha y ante la abstención de Unidas Podemos.

Algunos analistas ya han calificado la norma como una “Ley Mordaza Digital”, esto es, una evolución de la legislación represiva que profundiza en sus aspectos más lesivos poniendo foco en las formas y derivadas tecnológicas de organización de la protesta.

Según el texto publicado en el BOE, el decreto permitiría al Estado la intervención de internet a través de la asunción del “control y la gestión directa de infraestructura de red” sin orden judicial “por motivos de orden público”.

Como bien explica Enrique Luján, coautor del libro Resistencia digital, debemos entender internet como una red de redes compuesta por los numerosos elementos de conexión, códigos software (aplicaciones, plataformas, programas) y dispositivos hardware (soporte físico). De este modo, lo que esta norma ofrece al Estado es la potestad de intervenir de forma selectiva cualquiera de estos elementos tecnológicos que conforman las redes y, a juicio subjetivo del propio Gobierno, se hayan podido ver implicados en lo que pueda ser calificado como potencialmente alterador del “orden público”.

Esta ambigüedad no es casual, sino fruto de un propósito de ampliar el paraguas bajo el cual el Estado puede desplegar su carácter coercitivo sobre la población. Con esta norma, no solo el criminalizado Tsunami Democràtic podría ser objeto de cierre de sitios web o confiscación de servidores, lo cual es ya una absoluta aberración democrática.

Con una interpretación autoritaria de la nueva norma, las movilizaciones antidesahucios de la PAH, la organización del 15M o las masivas huelgas feministas de los últimos años podrían haber sido objeto de (más) represalias. Esta nueva Ley Mordaza Digital es, por tanto, otro ataque directo al derecho de protesta y de libre reunión. Pone en el foco cualquier forma de organización social atravesada de algún modo por la tecnología: un grupo de Telegram o WhatsApp en el que se haya hablado de la convocatoria de una manifestación, sitios web que promocionen cualquier movilización o la propia difusión de imágenes de protestas podrían no pasar el filtro arbitrario que se define en el texto.

A menudo, se suele restar importancia a las medidas que tienen que ver con la tecnología construyendo la idea artificial de que los mundos real y virtual existen como compartimentos estancos. Nada más lejos de la realidad. La guerra contra lo aparentemente imaginario es siempre un conflicto de causas reales y materialmente objetivas.

Pensar que cualquier tipo de regulación al respecto del control de esta infraestructura se reduce a un ámbito “virtual” o “cibernético” supone ignorar nuestro grado de dependencia digital y los derechos que a día de hoy están ligados a la infraestructura tecnológica.

Tu móvil forma parte de la infraestructura de red. Tu ordenador, por supuesto. Las páginas web de las que depende tu cita del médico, los servidores y bases de datos que guardan tu información bancaria. Detrás de la palabra mágica “internet” se encuentra una inmensidad de elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Precisamente, su normalidad los ha convertido en casi invisibles a nuestros ojos. De ahí que no seamos conscientes de las implicaciones que el conjunto de estos dispositivos y conexiones tienen en nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo y nuestra vida personal.

Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tiene que el PSOE haya decidido llevar adelante un ataque de estas características en plena negociación para conformar un supuesto gobierno progresista? La excusa es Cataluña, pero la verdadera razón va más allá. Sería absurdo pensar que el Gobierno hubiera impulsado nada menos que un decreto-ley por el cual se permite tomar el control de infraestructura tecnológica por el supuesto riesgo a una supuesta “república digital” imaginaria. Sería como disparar con fuego real a una sábana tendida que se mueve por el viento.

Detrás de esta nueva ley mordaza digital hay mucho más que una medida dedicada a contentar a las derechas y al españolismo en el conflicto con Cataluña. Detrás de esta ley mordaza digital encontramos un ataque frontal al derecho de protesta. Un ataque que tiene un objetivo preventivo y aleccionador.

Este decreto-ley, que con el dedo señala a Cataluña, tiene la mirada puesta en la crisis económica que se avecina. Busca desactivar no únicamente las movilizaciones surgidas al calor del conflicto catalán, sino aquellas que puedan generarse cuando toque aplicar recortes. Por un lado, pretende alejar a las clases populares de pensar que a través de la movilización pueden conseguir algo sin represalias. Por otro, dota de mayores herramientas coercitivas al Estado para perseguir cualquier tipo de disidencia. Y el objetivo es triple, porque contiene también un mensaje de tranquilidad hacia los mercados: “No se cederá ante la presión popular que pueda emerger demandando una salida social a la crisis” y, apuntala, “tenemos ya los medios para evitarlo”.

Aunque, en apariencia, Sánchez ha retomado la vía transformista con el acuerdo con Unidas Podemos, intentando mantener la ficción de progresismo que lo diferencie del bloque de las derechas, el PSOE es consciente del equilibrio que debe mantener como parapeto del régimen del 78. La alianza con Unidas Podemos tiene el propósito de absorber y desactivar impulsos de transformación estructural, pero el cada vez más fino barniz de progresismo esconde una tendencia del PSOE en su adaptación a la agenda reaccionaria y su asimilación de las presiones de los mercados sobre cómo gestionar la crisis que viene.

De este modo, Sánchez se suma a la vía coercitiva ante la crisis de régimen vista su dificultad y los fracasos de cercar los derechos democráticos por la vía del consentimiento. Lo hace con Cataluña como excusa pero mirando más allá, avanzando en el viraje autoritario global. Ante el estrechamiento de los grises entre confrontación con el sistema y vagón de cola de los gobiernos de corte neoliberal autoritario, Sánchez elige la vía Macron y no la de Corbyn.

En este sentido, la posición de Unidas Podemos ante un ataque unívoco a las libertades como este no se entiende si no es en una lógica de cesiones para mostrar lealtad al cogobierno con un PSOE que ya ha definido su hoja de ruta: “Se podrá hasta donde nosotros digamos”. Esta lógica convierte a Unidas Podemos en rehén y lo sitúa exactamente donde quería Sánchez, en una posición de subordinación y en un círculo vicioso de renuncias difícil de romper si no es asegurando su independencia política del PSOE.

Por eso, para no dejar huérfanas las expectativas de cambio real y el impulso constituyente que debe enfrentarse a medidas como esta Ley Mordaza Digital, resulta imprescindible ampliar el espacio de una izquierda democrática que no dependa del régimen que pretende impugnar.

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