Las diez empresas y comunidades que más contribuyen al cambio climático en España

Andalucía, Cataluña y Castilla y León lideran el ranking, según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad. Endesa repite como la empresa que más contamina.

Solo diez empresas fueron las responsables del 25% de las 340.720 toneladas de dióxido de carbono equivalente que emitió España en 2018. Es decir, una decena de compañías son las causantes de un cuarto de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Si se amplía la lista hasta las 50 multinacionales más contaminantes, la cifra sube hasta el 34%. Los sectores de la energía, del petróleo y del cemento son los que más gases de efecto invernadero emitieron en España el año pasado.

Estos datos forman parte de Emergencia Climática en España, el informe presentado este viernes por el Observatorio de Sostenibilidad con motivo de la celebración de la COP 25, que acoge Madrid. Un año más, Endesa es la empresa que más emisiones ha generado con su actividad en España durante 2018, con 30.237.155 de toneladas de dióxido de carbono. En términos porcentuales, la eléctrica representa un 23% de las emisiones industriales y un 9,3% de todas las emisiones que se expulsan a la atmósfera. Le siguen, aunque bastante alejadas, Repsol y Naturgy, con 10.622.256 y 9.168.129 toneladas, respectivamente. En la octava posición, con 3.289.916 de toneladas de CO2, figura Iberdrola, compañía cuyo presidente pronunció un discurso durante la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, celebrada el pasado septiembre en Nueva York.

Los autores del informe también han analizado, a partir de las 850 instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero del país, la contribución de las comunidades autónomas al cambio climático. Desde 1990 hasta 2018, las que más han emitido gases a la atmósfera son Andalucía, con 1.483.238.322 toneladas de CO2; Cataluña, con 1.408.516.640; Castilla y León, con 1.058.459.083; Galicia, con 914.704.832; y Asturias, con 827.357.770 toneladas. En emisiones per cápita, las comunidades que más han emitido son Asturias, Castilla y León, y Aragón; las que menos, Ceuta, Melilla y Madrid.

España lidera el ránking de aumento de emisiones de la UE

España continúa muy lejos del objetivo de ser neutral en emisiones para mediados de siglo. Según el avance de datos conocido esta semana, España emitió un total de 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2018, lo que la sitúa un 15,4% por encima del nivel de emisiones de 1990, año base de referencia empleado para evaluar las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguiendo lo marcado en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), España plantea una reducción para 2030 de 21 puntos porcentuales respecto a los niveles de 1990.

Analizada por sectores, el transporte es el que más contribuyó en 2018 al cambio climático, con un 27% del total de emisiones, un 2,7% superior a hace un año. En este sentido, el transporte por carretera representa la mayor parte, un 25% de todas las emisiones. El segundo de los sectores más contaminantes es la industria, quien representa un 19% de las emisiones. Le siguen la generación de electricidad, con un 17%, y el sector agrícola, con un 12%.

En cuanto a las emisiones derivadas del consumo de combustible residencial, comercial e institucional, estas representaron el 9% de 2018, con un incremento del 1,9% respecto al año anterior. “Este aumento tendría que ver con el uso de gasóleo C, durante un año en el que las temperaturas medias fueron más bajas que en 2017 y el consumo de combustible en maquinaria agrícola, forestal y pesquera aumentó”, detalla el informe. Por su parte, el sector residuos supuso el 4,1% del total.

Uno de los sectores que más ha sido cuestionado en los últimos meses debido a su enorme contribución al calentamiento global, el sector aéreo, emitió cinco millones de toneladas de CO2. Un hecho que confirma la “tendencia continuada al alza que mantiene desde 2013”, denuncian los responsables de la investigación.

En términos generales, las emisiones de los sectores sujetos al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, en su acrónimo en inglés) suponen un 38,2% del total, un 6,6% inferior a 2017. En cambio, los llamados sectores difusos, es decir, aquellos que no están sujetos a sistema de comercio, aumentaron sus emisiones.

El estudio también analiza la relación entre PIB (Producto Interior Bruto) y las emisiones de dióxido de carbono equivalente, concluyendo que “siguen sin desacoplarse”: entre 1990 y 2017, las emisiones aumentaron un 17% y el PIB un 73%, mientras en Europa en el mismo periodo las emisiones cayeron un 22% y el PIB creció un 58%.

La comparativa con el resto de países del continente evidencian aún más la ausencia de acción climática de España. Según el inventario oficial publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente a mediados de este año, España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos desde 1990: un 17,9%. Unos datos que contrastan con el conjunto de la UE, que recortó un 23,5% sus emisiones en los últimos 27 años.

Esta semana se conocía otro dato récord: la concentración media de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaba en 2018 su máximo histórico, situándose en 407,8 partes por millón de CO2. En España, según detalla el Observatorio de Sostenibilidad a partir de los datos aportados por el observatorio de Izaña, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera es de 1,9 ppm por año desde 1984.

Los efectos climáticos son una realidad

“Muchos de los efectos que creíamos que iban a observar nuestros hijos los estamos observando ya nosotros”, lamentan los autores del estudio. Uno de los más visibles a los que se hace referencia es el aumento de las temperaturas, la cual se ha incrementado en un 1,57 ºC desde 1965. En el caso de ciudades como Barcelona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades más, el aumento se sitúa por encima de los 2 ºC. 

Además, el verano cada vez dura más, alargandose unos 9 días de media por década. El verano actual abarca prácticamente cinco semanas más que a comienzos de los años 80, apuntan desde el Observatorio de Sostenibilidad.

Quien también sufre es el mar Mediterráneo. El informe hecho público este viernes, siguiendo datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, señala que la temperatura superficial ha aumento a razón de 0,34 ºC por década desde principios de los años 80. Esto se traduce en una subida del nivel del Mar Mediterráneo estimada en 3,4 mm por año desde 1993 hasta 2017, acorde a registros del Servicio de Información Marítima de Copernicus mencionados en el informe.

Este aumento de las temperaturas provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero también afecta gravemente a los glaciares de España, enfatiza el estudio. Desde 1850, han desaparecido 33 de los 52 glaciares que había en el territorio español, “la mayoría de ellos después de 1980”, explican. Y las previsiones no son nada optimista, pudiendo “desaparecer irreversiblemente” para mediados de siglo. “Tesoros naturales como los glaciares de Maladeta, Aneto o Monte Perdido (Pirineos) están hoy en estado terminal y la opinión pública a veces ni lo sabe”, afirman.

Aun así, desde el Observatorio de Sostenibilidad optan por no centrarse únicamente en estas evidencias físicas, sino también en aquellas otras que afectan a la biodiversidad, como es puede ser la distribución de las especies, cambios en los comportamientos y en las migraciones, cambios en la alimentación o cambios de hábitats, entre otras.

Momento de actuar

“Es urgente e ineludible descarbonizar todos los sectores de nuestra economía en las próximas décadas”, demandan desde el Observatorio de Sostenibilidad, haciendo referencia a la reducción en un 7% anual de las emisiones reclamadas esta semana por el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

Piden, además, empezar a “adaptarnos al cambio climático, llevando a cabo planes de actuación concretos y consensuado, tanto en nuestras ciudades como en el resto de los sectores económicos, industriales y sociales”. En este sentido, interpelan directamente a las empresas, quienes “deben entender que la descarbonización es el futuro y que cuanto antes apuesten por ella, más beneficios obtendrán y será mejor para todos”.

Asimismo, consideran imprescindible “una serie de actuaciones inmediatas que no se han tomado en los últimos años, y que deben incluirse en los Presupuestos Generales del Estado del anterior Gobierno”, pues “no existen partidas presupuestarias serias para luchar contra la crisis climática”.

En esta línea, desde el Observatorio proponen una herramienta informática con 46 variables para informar y verificar si cualquier organismo público que ha declarado la emergencia climática está siguiendo los pasos necesarios para acometer la transición ecológica.

Finalmente, el informe hace hincapié en la ejecución de un proyecto concreto. Se trata del Corredor Verde del Mediterráneo, que consistiría en la creación de una gran malla ecológica de enfoque sistémico que añadiese a la red de espacios protegidos otros territorios no catalogados de alta calidad ecológica, singularidad paisajística o funcionalidad productiva “con el objetivo mixto de restaurar la biodiversidad y la funcionalidad y conectividad ecológicas y de enderezar el ciclo hidrológico lo que, en consecuencia, supone enfrentarse al Cambio Climático a través de algo más que la reducción general de emisiones”, cuentan.

https://www.climatica.lamarea.com/las-diez-empresas-y-comunidades-que-mas-contribuyen-al-calentamiento-global-en-espana/

Manipulación, medias verdades y pensiones

Vivimos en la era de la información, donde día tras día recibimos miles de inputs, pero el exceso de información paradójicamente puede llevar a una perversa y no pocas veces intencionada desinformación. Si poderes y medios ya suelen pecar de una lamentable subjetividad en la información que nos hacen llegar encima nos encontramos con el uso de una habitual y desmedida reiteración en la difusión de algunas noticias, buscando con ello incrementar la permeabilidad que entre la ciudadanía pueda tener el mensaje a transmitir.

Una de las noticias machaconas con la que no cesan de bombardearnos, sustentada en medias verdades, es la de la sostenibilidad del sistema de pensiones y la idea de que la mayoría de pensionistas cobran mucho más de lo que han aportado durante su vida laboral, algo esto último que no es cierto.

De los más de 6 millones de pensionistas por jubilación que tenemos, con una pensión media de 1.141€, la mayoría de ellos llegaron a su pensión tras cotizar en el régimen general toda o parte de su vida laboral, con una media de 35 años, donde las aportaciones hechas por el trabajador serían algo así como un 40% (cuota patronal y obrera) de su base de cotización, siendo la aportación media del pasado año –a modo de ejemplo-, teniendo en cuenta el salario medio (1.658€) –sin olvidar lo que a costado recuperar los niveles pre crisis-, de unos 775€. Se debe tener en cuenta que si bien la esperanza de vida se ha ido paulatinamente incrementado también lo ha hecho la media de años cotizados, por lo que los 83 años de esperanza de vida media a los que llegarán nuestros mayores lo harán cobrando pensión –si les toca- durante unos 18 años, lo que representa el haber pagado casi dos años por año de jubilación.

Y para quienes piensen en la menor aportación en cotizaciones de los trabajadores autónomos, cuya media de cotización se halla en unos 300€, que no olviden que la mayor parte de quienes trabajan durante toda su vida en dicho régimen con una cotización mínima suelen verse recompensado con una pensión de jubilación cercana a la mínima.

Importante también hacer mención que la pensión media, sumando todos los supuestos (jubilación, Incapacidades, viudedad, orfandad y favores familiares), de este país está en unos escasos 994€.

Las noticias sobre el tema no pocas veces ponen especial énfasis en la necesidad de asumir otros sistemas de pensiones, como “la cuenta nocional”, que se basa en hacer el cálculo sobre las cantidades reales aportadas durante toda la vida laboral, y dado el menor importe de las pensiones resultantes aconsejando la necesidad de complementarla con una parte privada.

A medios y poderes se les ve la intención cuando la apuesta es ir a un sistema mixto de pensiones que abriría el acceso al apetitoso pastel de las pensiones a bancos y fondos privados. Algunos de los que tanto hablan del tema ya desechan el buscar aquellos cambios que pudieran mejorar y garantizar el actual sistema público para directamente apostar por la liberalización de parte del sector.

Y que nadie caiga en el error, como se hizo durante los años más duros de esa estafa denominada crisis de repartir culpas por haber supuestamente vivido por encima de nuestras posibilidades. Pocos son los pensionistas que se aprovechan del sistema, la mayor parte de nuestros pensionistas y sobre todo de nuestros mayores se han ganado más que merecidamente hasta el último euro de su pensión.

https://kaosenlared.net/manipulacion-medias-verdades-y-pensiones/

Capitalismo de vigilancia

La empresa alemana Zalando pide a sus empleados que valoren a sus compañeros para medir el rendimiento

En la empresa alemana Zalando, la mayor tienda de ropa online de Europa, tienen una "herramienta" que se llama Zonar. Es un sistema informático a través del cual sus empleados pueden poner notas a sus compañeros. Sirve, dicen, para medir el rendimiento de unos 2.000 empleados que tiene la firma en Berlín. Zalando emplea, en total, a unas 14.000 personas y en 2018 presentó un volumen de negoció de casi 5.400 millones de euros.

La "herramienta", se supone, "es una parte importante de nuestra gestión del talento, donde tanto los empleados como los mánager tienen la oportunidad de interactuar", según decía Astrid Arndt en un reciente artículo del diario Süddeutsche Zeitung.

En ese texto, el diario muniqués se hacía eco de las conclusiones del estudio publicado esta semana por la Fundación Hans Böckler, una organización que centra sus estudios en el mundo laboral. El estudio versa sobre el uso de Zonar en Zalando, un uso que comenzó hace tres años y medio. Lo encargó dicha fundación a Philipp Staab y Sascha-Christopher Geschke, una pareja de investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín.

Ambos presentan en dicho estudio los lados oscuros de ese sistema informático de valoración de empleados. Entre otras cosas, lo hacen porque Staab y Geschke preguntaron a un importante grupo de trabajadores de Zalando cómo han acogido la supuestamente beneficiosa "herramienta" de "gestión de talento" que defiende Arndt. El Süddeutsche Zeitung también hacía algo similar en su artículo de esta semana, en el que se leía el testimonio de un trabajador que define Zonar así: "realmente son métodos de la Stasi". Es una alusión al temido Ministerio para la Seguridad del Estado de la extinta Alemania comunista, más conocido como Stasi.

"La problemática de este sistema se puede reconstruir sólo a través de lo que dicen los empleados. Son los empleados que califican el sistema como problemático", dice a eldiario.es Staab, uno de los responsables del estudio. "Los empleados dicen que, como pueden hacer regularmente valoraciones sobre sus compañeros, se sienten observados, y esto lleva a que aumente el estrés, porque existe un sentimiento de observación permanente", añade. Su estudio da a entender que Zonar juega un notable papel en la degradación del ambiente de trabajo en la empresa.

Tras Zonar se esconde la idea de que cada empleado puede hacer una valoración sobre sus compañeros, algo que parece igualar en competencias a cualquier trabajador de la empresa con los responsables del área de recursos humanos de la compañía. Las valoraciones, sin embargo, se utilizan en ese área de la empresa pese a que sólo ofrecen "una objetividad aparente", según Staab. Las valoraciones de Zonar ofrecen datos con los que en Zalando se hacen cálculos y clasificaciones sobre el rendimiento de los empleados.

Sin embargo, según dicen en la Fundación Hans Böckler, ese sistema informático plantea una situación en la que "los empleados son clasificados de forma parecida a como ocurre con los productos en las tiendas de venta online". Sea como fuere, a través del polémico sistema informático, en Zalando se establece una clasificación que diferencia entre empleados, agrupándolos entre los que desarrollan un rendimiento "bajo", "bueno" y "top". La evolución del salario depende de esas valoraciones, aunque, según recuerdan Staab y Geschke, la compañía también "usa este ranking para estructurar el diálogo con los empleados, repartir reivindicaciones y conceder o denegar aumentos salariales específicos".

Preocupación y crítica de los sindicatos

"Es un ejemplo de capitalismo de vigilancia", conviene en afirmar Staab a este periódico a cuenta de Zonar, aludiendo a la tendencia que han abrazado los grandes actores económicos de Internet consistente en hacer uso empresarial de los datos que generan los ciudadanos o, en este caso, los empleados. La publicación de su estudio ha traído consigo que los sindicatos muestren preocupación y emitan críticas contra este tipo de prácticas.

Así, Ver.di, el mayor sindicato del sector servicios en Alemania, criticaba el pasado miércoles a través de un comunicado el sistema informático de Zalando. En dicha organización de trabajadores lo consideran "invasivo, hostil a los trabajadores y problemático a nivel de la ley de protección de datos".

"Este sistema cambia mucho las cosas en el puesto de trabajo. Zalando está dando un paso más para implementar en Alemania este tipo de formas de control y clasificación de los trabajadores", dice a eldiario.es Eva Völpel, portavoz de Ver.di. En su sindicato ven muchos problemas en Zonar. "Es difícil que un trabajador pueda contradecir los resultados que se obtienen a través del sistema en cuestión. Con él se instala un clima de desconfianza en la empresa. Porque todo lo que digan los empleados, lo que puedan decir sobre los compañeros puede acabar repercutiendo en una valoración", abunda.

A esta "cultura de la desconfianza", según los términos del Völpel, se añaden dinámicas donde puede "haber valoraciones no objetivas" e injustas en sus consecuencias. Es decir, que los empleados que, por motivos ajenos a su rendimiento laboral, puedan caer peor que otros, se pueden ver perjudicados en su salario, mientras que otros pueden hacer piña para así darse valoraciones positivas y acceder a mejoras en su remuneración. De ahí una de las frases de una trabajadora de Zalando citada por el Süddeutsche Zeitung, según la cual, cuando se implementa el uso de Zonar, "sólo avanzas si le haces la pelota a tu jefe".

Tanto Völpel como los investigadores de la Universidad Humboldt de Berlín responsables del estudio sobre Zonar en Zalando se cuestionan sobre la legalidad del sistema respecto a la protección de datos. "No sabemos dónde van los datos, cuánto tiempo se quedan ahí y eso que estamos hablando de datos de los empleados que son sensibles", comenta la responsable sindical.

Zalando, alineada con Amazon

Pero eso no es todo. Que el aumento del sueldo sea algo que dependa de los datos de Zonar y su análisis en la dirección de personal es una "manera de trabajar que rechaza Ver.di, porque son las negociaciones entre sindicatos y empresas las que deben fijar la remuneración de los trabajadores", según Völpel. Respecto a esta cuestión, señalan en Ver.di, Zalando se alinea con otros gigantes de Internet, como Amazon, que también dificulta cuando no rechaza en Alemania el dialogo con los sindicatos sobre salarios.

En la Fundación Hans Böckler este extremo no sorprende, pues Amazon ya ha implementado en Estados Unidos este tipo de sistemas de valoración de empleados. Pero lo que preocupa ahora en Alemania es que "sistemas parecidos de evaluación de personal a través de algoritmos puedan ser adoptados por otras compañías", apunta a eldiario.es Stefan Lücking, investigador de la Fundación Hans Böckler.

Para evitar que así sea, los expertos y sindicalistas consultados por este periódico aseguran que es preciso que la clase política se ocupe de la cuestión relativa al uso de este tipo de sistemas en las empresas. Con Zonar en uso, en la política alemana el debate continua abierto.

La investigadora estadounidense Shoshana Zuboff, autora del libro The Age of Surveillance Capitalism  mantiene que es crucial que los políticos no estén "ni confundidos, ni intimidados" para hacer frente a los grandes capitalistas de la vigilancia. Está por ver cómo terminan comportándose la canciller Angela Merkel y compañía.

https://www.eldiario.es/economia/Metodos-Stasi-Zalando-comercio-electronico_0_966254244.html

GALERIA DE BUITRES DXLVI

Un sistema fiscal roto: 27 multinacionales españolas con 25.000 millones de beneficio no pagan impuestos

El conjunto de las empresas españolas que menos facturan tienen que pagar un Impuesto sobre Sociedades muy superior a la media europea.

España, a pesar de vivir una crisis que ha dejado tambaleando los presupuestos para Sanidad, Educación o las Pensiones (entre otros muchos sectores), se ha convertido en un paraíso fiscal para las grandes empresas, que deberían haber contribuido más incluso que el resto a paliar los efectos de esta recesión.

Hoy en día, el propietario de una multinacional que factura más de 4.000 millones de euros, que gana casi 1.000 millones cada año, paga apenas dos millones por el Impuesto de Sociedades. Esto es lo que le sucede con las grandes empresas españolas, según los datos de la Agencia Tributaria. El fisco acaba de publicar por primera vez los datos de tributación global de las 134 multinacionales españolas que facturan más de 750 millones al año, con un tipo medio efectivo sobre los beneficios del 12,6%. Esto supone que esas 134 compañías pagaron 11.594 millones de euros en impuestos por unas ganancias de 91.849 millones y unas ventas de 934.408 millones, casi un billón.

Sin embargo, esa media está muy alejada de la realidad de 27 multinacionales españolas que más ganan y cuyos beneficios están prácticamente libres de impuestos, según los propios datos de Hacienda. Estas 27 empresas tuvieron una cifra de negocios de 110.944 millones de euros (4.109 de media) y un beneficio de 25.325 millones (938 millones de media). En suma apenas pagaron 65 millones de euros por el Impuesto sobre Sociedades, lo que arroja un tipo medio de sólo el 0,3% y una media de 2,4 millones de tributación por compañía. Estos datos de la Agencia Tributaria se recopilan según la información remitida por las propias empresas correspondiente al año 2016, último ejercicio del que hay cifras actualizadas.

Las empresas que menos ganan cargan con un 25% de media por Sociedades

Este uso de la ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos y la permisivilidad del Gobierno que lo permite, se circunscribe únicamente a gigantes empresariales. El conjunto de las empresas españolas tiene que pagar un Impuesto sobre Sociedades muy superior a la media europea.

Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el tipo efectivo medio que pagan las firmas españolas es del 24,8%, frente al 20% de media en la Unión Europea. Esto coloca a España como el séptimo país con la mayor carga impositiva empresarial.

https://contrainformacion.es/un-sistema-fiscal-roto-27-multinacionales-espanolas-con-25-000-millones-de-beneficio-no-pagan-impuestos/

6 - Dic.: Marcha por el Clima

El próximo viernes 6 de diciembre la ciudadanía y numerosas organizaciones de la sociedad civil volverán a llenar las calles en la Marcha por el Clima. Es una movilización mundial que tendrá lugar en Santiago de Chile y Madrid, tras la decisión unilateral del gobierno chileno de cancelar la COP25 y su posterior acogida en España.

  Los organizaciones convocantes lanzan el manifiesto ‘El mundo despertó ante la emergencia climática’.

Estas marchas contarán con una voz única. Frente a la inacción de los gobiernos, la ciudadanía se levanta ante la emergencia climática y socioecológica.

 

El año 2019 ha marcado un antes y un después en la lucha por el planeta. Movilizaciones como el 15M, el 27S y el 7O han hecho historia no solo a nivel estatal, sino mundial, con millones de personas en las calles pidiendo medidas inmediatas ante la crisis ecológica y social. La colaboración entre muy diversos colectivos (sociales, ecologistas, estudiantiles, etc.) ha permitido articular un movimiento que el pasado 27 de septiembre se comprometía, bajo el lema “Todas por el clima”, a un despertar colectivo ante un sistema depredador en lo social y ambiental. Esta nueva ola de movilizaciones, la coordinación entre diversas organizaciones de la sociedad civil, y de una ciudadanía cada vez más comprometida constituyen el contexto en el que llega la COP25 a Madrid, convirtiendo este evento en una oportunidad para la clase política de demostrar que apuestan por la vida y el futuro del planeta. 

El traslado de la cumbre de Santiago de Chile a Madrid ha supuesto un esfuerzo logístico sin precedentes para los grupos activistas de ambas localizaciones, pero sería injusto obviar que este cambio de ubicación no es un mero obstáculo, sino que ha supuesto la pérdida de voces vitales que ya no serán escuchadas en la cumbre, como las de los pueblos indígenas. Las organizaciones convocantes de la Marcha por el Clima condenan de forma tajante y sin tapujos la violación de Derechos Humanos en Chile y exigen su cese. La represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. La Marcha por el Clima hace esta condena extensible al resto de zonas del mundo donde se están produciendo los mismos o parecidos procesos.

Por todos estos motivos y muchos más, la sociedad saldrá a la calle para dejar claro a la clase política que los ojos del mundo están puestos en la cumbre. El próximo día 6 de diciembre se producirán dos movilizaciones mundiales en Santiago de Chile y en Madrid, unas manifestaciones que con una voz única trasladarán que frente a la inacción de los gobiernos las personas estamos dispuestas a plantar cara ante la emergencia climática. Seguir tolerando las políticas extractivistas y fósiles, como las zonas de sacrificio chilenas, son inadmisibles. La falta de voluntad de las naciones de enfrentar la emergencia socioecológica solo conlleva mayor degradación ambiental, la alarmante pérdida de biodiversidad, mayores desigualdades, la imposibilidad de reducir el hambre en el mundo o mejorar el acceso al agua y un largo etcétera. 

La emergencia climática ya no es algo abierto a debate. Está aquí, es real y son muchas las voces diversas necesarias para hacerle frente. Las de las mujeres, tantas veces acalladas e invisibilizadas, cumplen un rol fundamental en las luchas tanto desde el Sur como desde el Norte global, no solo como víctimas del sistema si no también como agentes activas del cambio. Las de la juventud movilizada por el  clima, que ven peligrar su futuro, y su presente. Las de las comunidades y poblaciones indígenas, que se juegan la vida cada día defendiendo los bienes naturales comunes y sufren las peores consecuencias del cambio climático. Y las de toda la vida en el planeta.

Manifiesto 'El mundo despertó ante la emergencia climática'.

 

Contra la ley mordaza digital

Detrás de esta nueva ley mordaza digital hay mucho más que una medida dedicada a contentar a las derechas y al españolismo en el conflicto con Cataluña. Detrás de esta Ley Mordaza Digital encontramos un ataque frontal al derecho de protesta.

Tras su anuncio en plena campaña electoral, esta semana ha salido adelante el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre por el que se adoptan “medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital”. Este decreto, impulsado por el Gobierno del PSOE ante la supuesta amenaza de una república digital catalana, ha visto luz verde gracias a los votos favorables de la derecha y ante la abstención de Unidas Podemos.

Algunos analistas ya han calificado la norma como una “Ley Mordaza Digital”, esto es, una evolución de la legislación represiva que profundiza en sus aspectos más lesivos poniendo foco en las formas y derivadas tecnológicas de organización de la protesta.

Según el texto publicado en el BOE, el decreto permitiría al Estado la intervención de internet a través de la asunción del “control y la gestión directa de infraestructura de red” sin orden judicial “por motivos de orden público”.

Como bien explica Enrique Luján, coautor del libro Resistencia digital, debemos entender internet como una red de redes compuesta por los numerosos elementos de conexión, códigos software (aplicaciones, plataformas, programas) y dispositivos hardware (soporte físico). De este modo, lo que esta norma ofrece al Estado es la potestad de intervenir de forma selectiva cualquiera de estos elementos tecnológicos que conforman las redes y, a juicio subjetivo del propio Gobierno, se hayan podido ver implicados en lo que pueda ser calificado como potencialmente alterador del “orden público”.

Esta ambigüedad no es casual, sino fruto de un propósito de ampliar el paraguas bajo el cual el Estado puede desplegar su carácter coercitivo sobre la población. Con esta norma, no solo el criminalizado Tsunami Democràtic podría ser objeto de cierre de sitios web o confiscación de servidores, lo cual es ya una absoluta aberración democrática.

Con una interpretación autoritaria de la nueva norma, las movilizaciones antidesahucios de la PAH, la organización del 15M o las masivas huelgas feministas de los últimos años podrían haber sido objeto de (más) represalias. Esta nueva Ley Mordaza Digital es, por tanto, otro ataque directo al derecho de protesta y de libre reunión. Pone en el foco cualquier forma de organización social atravesada de algún modo por la tecnología: un grupo de Telegram o WhatsApp en el que se haya hablado de la convocatoria de una manifestación, sitios web que promocionen cualquier movilización o la propia difusión de imágenes de protestas podrían no pasar el filtro arbitrario que se define en el texto.

A menudo, se suele restar importancia a las medidas que tienen que ver con la tecnología construyendo la idea artificial de que los mundos real y virtual existen como compartimentos estancos. Nada más lejos de la realidad. La guerra contra lo aparentemente imaginario es siempre un conflicto de causas reales y materialmente objetivas.

Pensar que cualquier tipo de regulación al respecto del control de esta infraestructura se reduce a un ámbito “virtual” o “cibernético” supone ignorar nuestro grado de dependencia digital y los derechos que a día de hoy están ligados a la infraestructura tecnológica.

Tu móvil forma parte de la infraestructura de red. Tu ordenador, por supuesto. Las páginas web de las que depende tu cita del médico, los servidores y bases de datos que guardan tu información bancaria. Detrás de la palabra mágica “internet” se encuentra una inmensidad de elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Precisamente, su normalidad los ha convertido en casi invisibles a nuestros ojos. De ahí que no seamos conscientes de las implicaciones que el conjunto de estos dispositivos y conexiones tienen en nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo y nuestra vida personal.

Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tiene que el PSOE haya decidido llevar adelante un ataque de estas características en plena negociación para conformar un supuesto gobierno progresista? La excusa es Cataluña, pero la verdadera razón va más allá. Sería absurdo pensar que el Gobierno hubiera impulsado nada menos que un decreto-ley por el cual se permite tomar el control de infraestructura tecnológica por el supuesto riesgo a una supuesta “república digital” imaginaria. Sería como disparar con fuego real a una sábana tendida que se mueve por el viento.

Detrás de esta nueva ley mordaza digital hay mucho más que una medida dedicada a contentar a las derechas y al españolismo en el conflicto con Cataluña. Detrás de esta ley mordaza digital encontramos un ataque frontal al derecho de protesta. Un ataque que tiene un objetivo preventivo y aleccionador.

Este decreto-ley, que con el dedo señala a Cataluña, tiene la mirada puesta en la crisis económica que se avecina. Busca desactivar no únicamente las movilizaciones surgidas al calor del conflicto catalán, sino aquellas que puedan generarse cuando toque aplicar recortes. Por un lado, pretende alejar a las clases populares de pensar que a través de la movilización pueden conseguir algo sin represalias. Por otro, dota de mayores herramientas coercitivas al Estado para perseguir cualquier tipo de disidencia. Y el objetivo es triple, porque contiene también un mensaje de tranquilidad hacia los mercados: “No se cederá ante la presión popular que pueda emerger demandando una salida social a la crisis” y, apuntala, “tenemos ya los medios para evitarlo”.

Aunque, en apariencia, Sánchez ha retomado la vía transformista con el acuerdo con Unidas Podemos, intentando mantener la ficción de progresismo que lo diferencie del bloque de las derechas, el PSOE es consciente del equilibrio que debe mantener como parapeto del régimen del 78. La alianza con Unidas Podemos tiene el propósito de absorber y desactivar impulsos de transformación estructural, pero el cada vez más fino barniz de progresismo esconde una tendencia del PSOE en su adaptación a la agenda reaccionaria y su asimilación de las presiones de los mercados sobre cómo gestionar la crisis que viene.

De este modo, Sánchez se suma a la vía coercitiva ante la crisis de régimen vista su dificultad y los fracasos de cercar los derechos democráticos por la vía del consentimiento. Lo hace con Cataluña como excusa pero mirando más allá, avanzando en el viraje autoritario global. Ante el estrechamiento de los grises entre confrontación con el sistema y vagón de cola de los gobiernos de corte neoliberal autoritario, Sánchez elige la vía Macron y no la de Corbyn.

En este sentido, la posición de Unidas Podemos ante un ataque unívoco a las libertades como este no se entiende si no es en una lógica de cesiones para mostrar lealtad al cogobierno con un PSOE que ya ha definido su hoja de ruta: “Se podrá hasta donde nosotros digamos”. Esta lógica convierte a Unidas Podemos en rehén y lo sitúa exactamente donde quería Sánchez, en una posición de subordinación y en un círculo vicioso de renuncias difícil de romper si no es asegurando su independencia política del PSOE.

Por eso, para no dejar huérfanas las expectativas de cambio real y el impulso constituyente que debe enfrentarse a medidas como esta Ley Mordaza Digital, resulta imprescindible ampliar el espacio de una izquierda democrática que no dependa del régimen que pretende impugnar.

https://www.elsaltodiario.com/opinion/contra-la-ley-mordaza-digital

200.000 víctimas del juego ¿son ya una cuestión de salud pública?

El trastorno del juego no está incluido en protocolos preventivos de suicidio como factor de riesgo

El juego patológico es la tercera causa de suicidio en el Estado español, donde el suicidio es la primera causa de muerte no natural —por delante, por ejemplo, de los accidentes de tráfico—. Según Montserrat Gómez García, docente del Postgrado en Adicciones Comportamentales de la Universidad de Barcelona, “se considera que hasta un 90% de los jugadores patológicos presentan ideación suicida y cerca del 20% de los adictos al juego en tratamiento refieren intentos de autolisis, por lo que constata que la tasa de suicidio entre los ludópatas es seis veces superior a la de la población general”. Sin embargo, el trastorno del juego no está incluido en protocolos preventivos de suicidio como un factor de riesgo, como sí ocurre con otras adicciones y enfermedades crónicas. ¿Estamos abordando adecuadamente el juego como una cuestión de salud pública?

La epidemiología sugiere que el problema ya tiene una dimensión considerable. Según el último informe sobre adicciones comportamentales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones —Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas—, entre la población española de 15 a 64 años, el 0,4% de las personas sufre un uso problemático del juego y un 0,3% tiene un posible trastorno del juego —usando solo las definiciones DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría—. Son más de 200.000 personas.

Aunque no andamos sobrados de investigaciones sobre este asunto, vamos sabiendo que el juego patológico o el riesgo de padecerlo correlacionan en mayor o menor medida con otros problemas: abuso de sustancias, ansiedad, una probabilidad de experimentar fobias nueve veces mayor que las personas no jugadoras, el triple de posibilidades de sentir pánico, problemas de fatiga, falta de concentración, mayor presión arterial, problemas digestivos, problemas hepáticos, migrañas o dolor de cabeza... Aún cuesta saber con certeza cuáles de estos problemas se vinculan solo al juego o a otros factores sociodemográficos relacionados con el mayor riesgo de caer en el juego problemático. Entonces, ¿bastaría con profundizar en la investigación sobre la comorbilidad vinculada al juego para mejorar las políticas de salud pública sobre este problema?

Un reciente artículo liderado por Heather Wardle, profesora de la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, proponía algunas ideas fundamentales para este debate: “Hasta hace poco, los efectos del juego sobre la salud se entendían en gran medida en términos de patología individual, basada en la categorización de los síntomas o comportamientos clínicos, como la preocupación por el juego, los intentos fallidos de dejar de jugar, aumentar la tolerancia al juego o jugar para escapar de los problemas, utilizando criterios de diagnóstico establecidos en el Manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero esta perspectiva identifica que solo una pequeña minoría de la población tiene problemas de juego. Esto, junto con ideas neoliberales de promoción de la salud que enfatizan la responsabilidad individual de las elecciones que afectan a la salud, centran la atención política en el tratamiento de una minoría de jugadores con problemas y la promoción de juegos de azar responsables y el autocontrol”, explican Wardle y sus colegas.

Este es el enfoque que prevalece en las plataformas supuestamente preventivas del Gobierno: juegoseguro.es y jugarbien.es. Ambos portales dependen de la dirección general de Ordenación del Juego, un órgano del Ministerio de Hacienda —sin participación de las autoridades sanitarias— y están repletos de llamamientos al autocontrol, al autodiagnóstico y, para casos extremos, a la autoprohibición —solicitar voluntariamente la inclusión del DNI propio en un registro de personas no autorizadas a acceder a espacios de juego—.

¿A quién beneficia este señalamiento de la persona con problemas de juego como responsable de su conducta? Según explica Wardle, “este enfoque es apoyado y promovido por la industria, un actor poderoso en este sistema. Al igual que con las discusiones sobre otros productos dañinos para la salud pública, como los alimentos procesados y el alcohol, centrarse en el individuo se alinea con los intereses de la industria al desviar la atención regulatoria de los productos y las prácticas comerciales que causan daños, y de medidas políticas más amplias que restrinjan y regulen su disponibilidad”.

La deuda del juego

¡Bingo! Al retratar el juego problemático como una condición clínica que solo afecta a unas pocas personas que, además, pueden ser culpabilizadas aislada e individualmente de su apuesta, ya no estaríamos midiendo bien la dimensión real que tiene el juego problemático para la salud pública ni enfocando adecuadamente las medidas de prevención y tratamiento. ¿Qué nos estamos dejando fuera?

Obviamente, estamos perdonando a la industria la enorme deuda del juego con la comunidad de las víctimas y con el conjunto de la sociedad. Ya hace 20 años que el Gobierno australiano encargó un informe sobre este asunto: según sus estimaciones, por cada persona que juega de manera problemática, entre cinco y diez personas más sufren daños alrededor. En Gran Bretaña, las estimaciones más modestas calculan que el coste social de este desastre oscila entre los 200 y 1.200 millones de libras —de 230 a 1.400 millones de euros—. Estas cifras han sido cuestionadas como una fuerte subestimación, algo cabal si tenemos en cuenta que, volviendo a Australia, solo el estado de Victoria, con una población de poco más de seis millones de habitantes, cree que el coste social de los problemas con el juego en su territorio es de unos 4.000 millones de euros anuales.

¿Quién paga esta descomunal factura sociosanitaria? La industria suele escudarse en los impuestos que paga para esgrimir que ya cubre los gastos que ocasiona al conjunto de la población, pero ¿es cierto? De nuevo, a falta de datos sólidos para el Estado español, hay que recurrir a las estimaciones de otros países que han abordado este drama con antelación. Volvamos al estado de Victoria, Australia: ingresa por impuestos sobre el juego y las apuestas unos 1.600 millones de dólares australianos, pero hemos visto que estima el coste social del juego en casi 7.000 millones de dólares australianos. Como suele ocurrir, la banca gana y el Estado socializa una deuda neta de 5.400 millones de dólares australianos.

En síntesis, parecemos estar lejos de un abordaje político y económico del problema del juego que contemple todas las dimensiones de los cuidados que requieren las personas que los padecen directamente, las personas en riesgo de padecerlos, sus personas allegadas y el conjunto de la sociedad.

https://www.elsaltodiario.com/sector-del-juego/200000-victimas-del-juego-son-ya-cuestion-salud-publica

Cuando los “robots asesinos” dejan de ser ciencia ficción

El Centre Delás alerta sobre la proliferación de armas autónomas y la falta de regulación que podría llevar en pocos años a un escenario de guerra o de control de fronteras dominado por sistemas robotizados que no precisan intermediación humana para atacar.

Para los coches voladores o las colonias espaciales parece que habrá que esperar. Pero otras innovaciones que la ciencia ficción lleva décadas incluyendo en todo tipo de libros y películas se están haciendo realidad a un ritmo imparable.
La “escalada hacia los sistemas armados autónomos” es una de estas nuevas tendencias que el reciente informe del Centre Delás califica de “ética y jurídicamente inaceptable”. Para esta ONG, “delegar en una máquina las decisiones de matar va en contra de la dignidad humana y de los derechos de las personas”. 
En la última década, señala esta organización, las acciones militares y “de seguridad” que incluyen la utilización de sistemas militares robóticos y drones armados han “cambiado radicalmente los escenarios de guerra”. Los ataques con drones, señalan, no suelen salir en los telediarios, pero “muestran un ritmo de crecimiento continuado” y “acaban matando personas civiles, además de perpetrar ejecuciones sumarias y extrajudiciales”.
El Centre Delás describe en su informe, titulado Nuevas armas contra la ética y las personas. Drones armas y drones autónomos, una auténtica revolución en el negocio armamentístico. A la vez que los nuevos sistemas conseguían abaratar las operaciones militares —y minimizar las propias bajas— han incrementado el volumen de negocio del sector industrial militar. Unos sistemas que a menudo utilizan las ventajas de la inteligencia artificial para la vigilancia de las fronteras, incluyendo el “control armado con drones”. Estas herramientas diseñadas para vigilar —“y en su caso atacar”— migrantes se están utilizando en Israel, Corea del Sur, Estados Unidos o en la Unión Europea.

 Frente a las críticas de organismos de derechos humanos, desde la industria militar se ha ido “construyendo una falsa narrativa sobre las bondades” de la inteligencia artificial como un factor que evita los inconvenientes derivados del famoso ‘factor humano’. Una narrativa falsa, según el Centre Delás: “Los sistemas militares robóticos con autonomía constructiva tienen comportamientos no explicables, con una probabilidad garantizada de error que es significativa y no pequeña. Esto los hace esencialmente no aptos en situaciones donde los errores serán vidas humanas”.

Para esta ONG que investiga sobre armamento y procesos de paz, los sistemas de armas autónomas “nos sitúan en un escenario de deshumanización”. El mayor peligro de la “autonomía que está viniendo” lo identifican en los minidrones —armados o de reconocimientos—, “drones que rondan” —que sobrevuelan determinada zona de forma continuada y captan información de todo lo que encuentran— y en los “enjambres de drones”, un conjunto de mini-drones que interactúan entre ellos imitando a los enjambres de abejas o las bandadas de pájaros. Todos estos sistemas, en investigación en varios países, pueden incorporar fácilmente sistemas autónomos de decisión y están al alcance de gran número de economías. La incorporación de estos sistemas autónomos cambiaría por completo el mapa geopolítico y los escenarios de guerra, señalan en el informe.
“Es cierto que los humanos somos falibles, pero esta es la característica de la condición humana. Delegar en una máquina la decisión de matar va en contra de la dignidad humana y de los derechos de las personas. El problema ético aparece cuando los sistemas militares dejan de ser operados por personas y ejecutan sus tareas con autonomía de uso, sin intervención humana en los procesos de decisión y ataque”, reflexionan.

Ante esta situación, el Centre Delás demanda un instrumento jurídico vinculante que prohíba los sistemas militares robóticos con autonomía de uso. Una reclamación enmarcada en una coalición internacional llamada Campaign to Stop Killer Robots, que ha conseguido iniciar conversaciones en el marco de Naciones Unidas para crear un marco legal que “prohíba los sistemas de armamento sin control humano significativo”.

“Todavía no estamos en el mundo de Terminator, donde las armas toman sus propias decisiones”, reconocen desde el Centre Delás, pero algunos modelos como el dron Reaper ya empiezan a acercarse. Los esfuerzos en el presente por regular las armas autónomas y los “robots asesinos” tendrá mucho que ver con que consigamos librarnos de las peores pesadillas de la ciencia ficción en el futuro.

https://www.elsaltodiario.com/inteligencia-artificial/armas-autonomas-cuando-robots-asesinos-dejan-ciencia-ficcion

Las prácticas de formación: Trabajar gratis (y a veces pagando créditos)

Ahora que ya empiezo a divisar el final de esta etapa laboral que es la carrera universitaria (como vimos en “estudias o trabajas”) se me presenta, otra vez, la oportunidad de añadir una pequeña muesca al apartado del currículum destinado a la experiencia laboral. Además de ayudar a alguna empresa a sacar adelante una parte del trabajo que agrandara los beneficios de su cúpula, y permitirle ahorrarse algún salario que engrosará los números del paro. Para esta etapa final, la universidad tiene destinados 24 créditos, es decir, unas 600 horas (25 o 30 horas/crédito) que el alumnado deberá invertir en las llamadas prácticas curriculares o bien en cursar asignaturas optativas (aunque no en todas las facultades es igual).

La cercanía del comienzo del proceso de elección de dichas prácticas, hizo aflorar el recuerdo de las ya lejanas prácticas que hice para finalizar un ciclo de Formación Profesional (FP) de técnico en Salud Ambiental.

Antes de meterme a sacarle punta al tema de las prácticas de la FP tengo que admitir que a nivel personal este recuerdo me recordó a una etapa confortable –no estoy tan generoso como para decir feliz- en la que tras los rigurosos años de ir superando los diferentes niveles que componen el sistema educativo, por fin conseguía abandonar la monotonía y hastío que (salvo excepciones y más allá de ser buenos años de camaradería) caracterizan a las maratonianas jornadas en las aulas. O mejor dicho, jaulas, como recordaban los letreros customizados del instituto.

Llegaba el momento de poner en práctica todo lo aprendido en el año y medio que correspondía a la formación teórica este ciclo de FP y que como acabaría descubriendo, para poco o nada me iba a servir la teoría a la hora de hacer las prácticas.

A la hora de elegir el destino donde realizar las prácticas y como no hay mal que por bien no venga, el hecho de suspender una asignatura de segundo año me obligó a posponerlas para después de los meses de verano. Gracias a este suceso me evité tener que competir con el resto de compañeros por seleccionar un destino, que nos llenara el ojo, entre el abanico de posibilidades que ofrecía el centro. También es verdad que existe la posibilidad de buscarse uno mismo la empresa donde hacerlas, pero lo que menos apetece es llenarse más la agenda con toda la burocracia que supone eso (buscar unas prácticas que te gusten, correos para ver si te aceptan, procedimiento para convalidarlas con el centro de estudio, etc.). Y más aún cuando nadie te asegura que las vayan a terminar aceptando.

Esta libertad de elección me permitió escoger un ámbito laboral más tranquilo, eligiendo realizarlas en el CSIC; evitándome así otros destinos más tediosos en comparación con las condiciones y ritmos de un laboratorio de investigación. Condiciones como horarios más clásicos (turnos comerciales, partidos, que acaban ocupando todo el día), sin un sitio de trabajo fijo, con exposición a químicos peligrosos o nocivos para la salud, currar a la intemperie, etc.

Pero de lo que no me libre fue de esa constante, que salvo contadas excepciones, reina en todas las prácticas, sea cual sea el campo. Me refiero a tener que realizar tareas básicas y repetitivas que resumen muy bien la frase que todos oímos y que a todos nos dijeron: “Al final vas a las prácticas para que te pongan a barrer o a hacer fotocopias”. Es cierto que hay procedimientos para evitar esta situación pero es el alumno quien tiene que avisar a su tutora, alargando el periodo de prácticas entre que se le busca un nuevo destino, en el mejor de los casos.

Más allá de si lo dado en las clases acaba sirviendo de algo a la hora de las prácticas, lo que está claro es que se tiene una formación excesiva para los trabajos que se acaban haciendo, ya que son tareas mecánicas en las que basta con una o dos jornadas de tutorización (si no unas horas). Una tutorización que normalmente acabas recibiendo en la empresa.

En mi caso, me pase la mayoría del trimestre ocupado en dos tareas: por un lado “filetear” pescado, sacarle las espinas y la cabeza (omo en Los Simpsons: "meto cuchillo, saco tripas"), para luego aplastar la carne dentro de una bolsa y comprobar si había anisakis). Una formación de primera, vaya. Por otro lado, tuve que contar los diferentes tipos de microorganismo presentes en el plancton de agua de la Ría de Vigo. Apasionante. Ninguna de las tareas tenía nada que ver con las clases del ciclo (tal cosa solo suele suceder en formaciones más específicas como electromecánica, frío y calor, carpintería…) y la formación en mi caso consistió en unos minutos donde me explicaron como tenía que cortar el pescado para sacarle la carne y en darme unos apuntes donde aparecían las características de los microorganismos que había en la ría, junto con sus fotos/dibujos. Apuntes que tenía al lado mientras realizaba el susodicho conteo. 

O sea que ni escribir memoria ni nada y, como mucho, me sentiría seguro en añadir una línea más al currículo con algo del tipo “Experiencia en limpieza de pescado”. Trabajo sobradamente digno, pero si quisiera aprenderlo lo haría con las maestras pescaderas en alguna pescadería y no apuntándome a una Formación Profesional en "Salud ambiental". Ambas tareas las intercalé con una tercera que consistía en clonar ADN de pulpo. Lo que si era bastante más entretenido e interesante, ya que se trataba de un proceso de laboratorio más complejo y específico (aunque la parte que me dejan a mi consistía básicamente en pipetear), pero que también me lo enseñaron allí. Lo visto en clase, no pasó de un par de horas de laboratorio que para lo único que valieron fue para familiarizarme con los instrumentos de de trabajo, si es que alguien se puede familiarizar con algo en dos horas.

Ahora, como mencioné al principio, llega la ocasión de realizar las prácticas curriculares de la universidad en las cuales y, aunque aún me queda un tiempo para ello, lo que no cambia son las ganas de escapar del hastío que rodea a la formación teórica y los roles que en ella se dan; roles que, en el fondo, no son muy diferentes de los que se dan en colegios, institutos o centros de formación profesional. Lo que sí cambia, como ya hemos hablado en otros artículos, es que en estas fases superiores se espera del alumno un comportamiento más ejemplar y con un mayor sentido de la responsabilidad y por lo tanto se le da, en apariencia, mayores grados libertad. Valores inculcados en el alumnado durante los diferentes niveles del sistema educativo, a base del sistema palo-zanahoria.

Esta "libertad" ya se aprecia durante el proceso de selección de la empresa de destino, donde la oferta es escasa, lo que genera una mayor competencia entre los alumnos y además se deberá perder el tiempo buceando por la plataforma digital que las universidades tienen destinadas para estos. Si además no quieres acabar en una gran multinacional donde solo eres un número, la mejor opción es buscar y escoger por uno mismo el sitio de destino. Con la intención de procurar que se ajuste al campo laboral que más te atraiga, cuanto mejor si crees que tienes posibilidades de quedarte o, por lo menos, de matar dos pájaros de un tiro y por lo menos aprovechar para hacer el TFG de paso. Y, porque no, un trato más cercano. Eso sí, a pesar de buscarte tú la empresa, no te libras de todo el papeleo que supone la aceptación y firma del convenio entre la empresa y la universidad.

Un punto a favor que tiene esta “formación”. es que uno puede pasar de ellas y decantarse por la opción de destinar alguno, o la totalidad, de los créditos a realizar asignaturas optativas (cosa que no sucede en todas las carreras ya que en algunas, como por ejemplo psicología, las prácticas tienen carácter obligatorio). Estas asignaturas de formación no suelen ser gran cosa pero permiten una mayor flexibilidad, tanto en horas de clases como en materia y evaluaciones menos exigentes, etc.

De lo que no te libras, escojas prácticas u optativas, es de pasar por caja para pagar religiosamente cada uno de los créditos. Pagar por trabajar. Por trabajar gratis. Todo en orden.

Al final, con pringar un poco, acabas consiguiendo el título, pero… ¿quién gana realmente?

https://www.elsaltodiario.com/elsacapuntas/practicas-no-remuneradas-porque-nos-gusta-trabajar-gratis

Iberia-Air Europa: temor a un “agujero” en parte de Barajas

La compra de Air Europa por parte de Iberia hace temer que el aeropuerto de Adolfo Suárez Mádrid-Barajas pueda registrar un “agujero” en tres de sus cuatro terminales en el caso de que la aerolínea de Globalia, ahora radicada en la T1, la T2 y la T3, se mude a la T4 donde opera su futura dueña, integrada en IAG como Vueling.

Durante los nueve primeros meses del año, según ABC, el grupo Iberia y Air Europa fueron las aerolíneas que más tráfico generaron en el aeropuerto de Barajas. La primera transportó 46,5 millones de pasajeros, mientras que la segunda se quedó con 19,7 millones. Es por ello que fuentes del sector cuestionan que esta terminal tenga capacidad para asumir un tráfico tan notable. “Sin ejecutarse la ampliación, será difícil sumar a ambas”, explican.

El anterior Gobierno anunció a principios de 2018 que remodelaría las tres primeras terminales y ampliaría la T4 y su terminal satélite. El proyecto recogía por una inversión de Aena de 1.571 millones de euros hasta 2026 para elevar la capacidad de la infraestructura hasta los 80 millones de pasajeros, 10 más que en la actualidad. La propia Iberia recordó este proyecto cuando anunció la compra el lunes.

“Esta operación además es muy importante en la medida en que se alinea con la inversión de 1.571 millones de euros anunciada por el Gobierno de España para el desarrollo y el crecimiento del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que podría convertirse en la puerta de conexión entre Asia y América Latina y entre Europa y África”, destacó la aerolínea.

Ante una salida de Air Europa de la T1, T2 y T3, en el sector creen que la macrooperación puede generar una situación similar a la originada en 2006, cuando la inauguración de la T4 se llevó pasajeros a las otras tres terminales, y advierten de que la posición de dominio que tendrá Iberia puede disuadir a otras aerolíneas de potenciar estas terminales, aunque por el momento, los planes del Gobierno pasan por remodelar a medio plazo estas estaciones.

Iberia ha defendido que el grupo resultante con Air Europa tendría un peso menor que otras aerolíneas similares en sus «hubs». “De hecho, la cuota conjunta de IAG con Air Europa es del 39%, un porcentaje menor que la que tienen los competidores en París-Charles de Gaulle, Fráncfort o Ámsterdam”, explicó la aerolínea sobre una Barajas que se convertirá en la puerta de Europa a Iberoamérica, pues iAG copará el 26% de las conexiones entre el Viejo Continente y esta región con la operación, frente al 19% que sumará Air France-KLM.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con la compra de Air Europa por parte de Iberia, da así un gran paso adelante como gran hub europeo, con la aún duda de si Air Europa irá a corto plazo a la T4 donde se ubican las aerolíneas de IAG y de Oneworld, o por el contrario seguirá a largo plazo en las T1-2-3 como hasta ahora, donde compartía espacio con sus socias de SkyTeam como Air France o KLM (Barajas da un paso adelante como gran hub europeo con la duda de si Air Europa irá a la T4).

“Esta operación contribuirá a hacer de Madrid un hub más eficiente. Además de contribuir a la red de rutas entre Europa y América Latina, permitirá disponer de más conectividad y masa crítica para abrir nuevas rutas y crecer en otros mercados donde ahora no está o su presencia es muy pequeña y ofrecer mejores servicios a los clientes”, explica Iberia en un comunicado.

La rivalidad en Barajas entre Iberia y Air Europa venía provocando que España tuviese el único gran ‘hub’ en Europa donde dos aerolíneas se canibalizaban, algo que no ocurre en Londres-Heathrow –con British Airways–; Frankfurt –con Lufthansa–; París–Charles de Gaulle –con Air France– y Ámsterdam –con KLM–. 

Un estudio del conjunto de la redacción de Preferente muestra que en el mayor hub europeo, el londinense de Heathrow, con más de 75 millones de pasajeros en 2016, British Airways acaparó el 47 por ciento de ese tráfico, siendo con mucho la mayor aerolínea del aeropuerto (Dilema en Barajas sobre si en un hub es mejor una o dos aerolíneas).

De acuerdo al mismo estudio, el segundo mayor ‘hub’ europeo, el de París-Charles de Gaulle, que registró a 65,9 millones de pasajeros en 2016 —último año con datos disponibles para todas las terminadas evaluadas—, vio como Air France ostentaba el 51,5 por ciento del total de su tráfico.

El tercer mayor ‘hub’ del Viejo Continente, el de Amsterdam-Schiphol, que en 2016 recibió a 63,6 millones de pasajeros, tuvo a KLM como mayor aerolínea con el 48,3 por ciento de su tráfico, mientras en el aeropuerto de Frankfurt, con 60,7 millones de pasajeros es mismo año, Lufthansa acaparó el 64,6 por ciento del tráfico.

Barajas es el quinto mayor ‘hub’ europeo, gracias a los 50,4 millones de pasajeros que durante 2016 pasaron por sus cuatro terminales. Sin embargo, a diferencia del resto de grandes ‘hubs’, la mayor aerolínea no tiene una cuota de alrededor de la mitad del tráfico, sino que Iberia solo goza del 28 por ciento del total.

“La operación es de una gran importancia estratégica para el hub de Madrid que, durante los últimos años, se había quedado por detrás de otros grandes aeropuertos europeos. Tras este acuerdo, Madrid podrá competir con otros hubs europeos en igualdad de condiciones, con una mejor posición en las rutas desde Europa a América Latina y la posibilidad de convertirse en una puerta de enlace entre Asia y América Latina”, destacó Luis Gallego, consejero delegado de Iberia, en el anuncio de la compra.

https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-air-europa-temor-a-un-agujero-en-parte-de-barajas-294495.html

Apoyo y solidaridad a la lucha de las trabajador@s de Alitalia

Las organizaciones de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha (RSISL) envían su apoyo total a las y los trabajadores de Alitalia, que desde muchos años están en una dura lucha por la defensa del salario, de los derechos y de los puestos de trabajo, contra las políticas de privatización que han llevado a la bancarrota a la compañía de bandera italiana. Algunas organizaciones sindicales, entre ellas CUB transporti, que es parte de la RSISL, en los ultimos días ha llamado a una huelga de 24 horas el 25 de noviembre, pidiendo la nacionalización como única solución para la compañía aérea, oponiéndose a un plan de venta a capitalistas privados y compañías extranjeras que implica millares de despidos ; este plan de venta y privatización ya fue rechazado por las y los trabajadores en un referéndum de las y los trabajadores en 2017.

En estos días se atacó el derecho a esta huelga : el Ministerio de los transportes, utilizando la excusa de defender el "derecho a la movilidad", ha impuesto la reducción a 4 horas de huelga para el 25 de noviembre por... las malas condiciones climáticas (!), sin considerar mínimamente las reivindicaciones de las y los trabajadores.

Enviamos nuestra solidaridad a los y las trabajadoras de Alitalia por los ataques que están sufriendo por parte de las instituciones, los órganos de prensa y las direcciones de las grandes centrales sindicales, que siguen anteponiendo el mantenimiento de sus aparatos burocráticos frente a las exigencias de las y los trabajadores. Finalmente expresamos nuestro rechazo al ataque al derecho de huelga, ya desde hace tiempo lesionado por leyes represivas y liberticidas, no sólo en Italia sino en todo el mundo. ¡Apoyamos la lucha de las trabajadoras Alitalia! ¡Apoyamos las luchas por el derecho a la huelga!

http://www.laboursolidarity.org/Italia-apoyo-y-solidaridad-a-la?lang=fr
http://rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/italia-apoyo-solidaridad-la-lucha-las-trabajadoras-alitalia

Casi 3,3 millones de españoles subsisten deambulando entre el empleo y el paro

Los salarios de quienes logran trabajar todo el año han subido en la última década cuatro veces menos que el coste de la vida mientras los ingresos del precariado siguen siendo inferiores a los que percibían antes de la crisis.

Más de tres millones de españoles subsisten saltando entre el empleo y el paro a lo largo del año, en una cifra que repunta de nuevo tras siete años de reducción en los que se ha cronificado por encima de los tres millones de personas, según revelan los datos del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, del que la Agencia Tributaria hizo públicos este miércoles los últimos datos, correspondientes al ejercicio de 2018.

La hostelería es, junto con el comercio,

 uno de los sectores en los que más ha avanzado

la precarización en los últimos años

Los 3,272 millones de españoles que se encuentran en esa situación, que son el grueso de lo que se conoce como el precariado junto con los falsos autónomos de las plataformas digitales de servicios y de sectores como la industria cárnica, y en los que también se incluyen los damnificados por el aumento de los EREs y por la incipiente destrucción de empleo neto, suponen algo más de la sexta parte de  los 18,88 millones de trabajadores que el año pasado recibieron un sueldo.

Son 14.000 menos que hace diez años, cuando eran 19,31 millones los que accedían a un salario declarado a Hacienda, aunque su peso porcentual ha aumentado en tres décimas, hasta el 17,32%, lo que viene a dar idea del escaso avance que ha tenido la calidad del empleo en el mercado laboral español entre el estallido de la última crisis en 2008 y los primeros indicios de enfriamiento de la economía en los que algunos analistas ven los primeros indicios del comienzo de la siguiente.

La cronificación de ese colectivo por encima claramente de los tres millones de trabajadores y la recuperación de la tendencia al alza de los primeros años de la crisis convive con una merma de sus ingresos, que, pese a la mejora de los últimos tres años, continúan encontrándose por debajo de los anteriores a la crisis.

Quienes deambulan entre el empleo y el paro ingresaron el año pasado una media de 12.318 euros brutos al cabo del año: 223 menos que en 2008, pero también 282 por debajo de los 12.600 que marca el nuevo SMI de 900 mensuales que lleva vigente desde principios de este año.

Más parados cobran menos subsidio

Esa evolución de la magnitud del precariado y de su volumen de ingresos no deja de ser otro indicio de un aumento de la desigualdad que ha resultado especialmente notable en el último lustro, en el que la recuperación de las variables económicas ha corrido paralela a una congelación de los salarios y una precarización del empleo por la vía de flexibilizar la contratación que, entre otros efectos, ha disparado el número de trabajadores pobres y ha perpetuado el mileurismo, que afecta a uno de cada tres empleados.

Y también pone sobre la mesa otro factor, como es el de la menguante cobertura de las prestaciones por desempleo por tres causas: por un lado, un recorte por los gobiernos de Mariano Rajoy que sigue sin revertirse y, por otro, el deterioro de las carreras de cotización por la escasa mejora de los salarios y la reducción del tiempo que se cobran y, paralelamente, el agotamiento del subsidio por su mayor consumo de manera intermitente por la inestabilidad de la contratación.

Esas tendencias en las cotizaciones afectan al conjunto de los desempleados. A lo largo de 2018 cobraron el paro en algún momento 4,36 millones de desempleados que ingresaron una media de 3.004 euros vía subsidio, aunque solo 907.232 lo tuvieron como único ingreso, en este caso con una cuantía media de 4.257. Diez años antes, un volumen ligeramente superior de parados (4,48 millones) percibía un promedio de 3.285 al cabo del año, mientras los que tenían ese pago como único ingreso eran un 16% menos (763.080) y cobraban casi un 10% más (4.664).

Los sueldos suben por debajo del coste de la vida

Por último, quienes trabajan todo el año han visto aumentar sus salarios de manera generalizada, con cuatro años seguidos de aumentos después de otros tantos de bajada y con un salto de más de 600 euros el año pasado en el que se combinan dos factores en los que resultaron claves los sindicatos: la revisión del SMI de mayo de 2018, que suponía un incremento de casi 400, y el acuerdo cerrado por ccoo y ugt con las patronales ceoe y cepyme en la Mesa de la Negociación Colectiva para subir los sueldos un 2%, con otro 1% ligado a conceptos como la productividad, y que también se está dejando notar este año.

Sin embargo, la mejora de los salarios en la última década se encuentra muy por debajo del encarecimiento que ha sufrido el coste de la vida en ese mismo periodo.
Así, según los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio declarado ha pasado de 18.996 a 19.809 euros brutos anuales mientras el de quienes cobran sueldo todo el año, que son menos de quince de los casi 19 millones de trabajadores que logran ocuparse más o menos tiempo, subió de 21.661 a 22.368.

Eso significa que el avance general ha sido del 4,2% y el de quienes se emplean de manera estable se sitúa en el 3,2%, tan solo una tercera y una cuarta parte, respectivamente, del 12,7% que aumentó el IPC entre los cierres de 2008 y de 2018.

El número de trabajadores estables, que alcanza los 14,789 millones, supera ya los registros de 2008, cuando era de 14,437. Sin embargo, el del conjunto de los ocupados al cabo del año sigue siendo inferior en más de 400.000 (18,88 millones por 19,31).

https://www.publico.es/economia/3-3-millones-espanoles-subsisten-deambulando-paro.html