Como venimos denunciando en este blog, este mes de mayo va a celebrarse en Madrid la feria de armamento FEINDEF. Entre las indeseables empresas que vamos a poder encontrarnos allí, hoy vamos a detenernos en una que hace unos años alcanzó cierta notoriedad, sobre todo gracias a uno de los más siniestros Ministros de Defensa que hemos padecido: Pedro Morenés. Se trata de la compañía Instalaza S.A., empresa fundada en 1943 con sede en Zaragoza, y dedicada a la fabricación de bombas, granadas, lanzacohetes, y otros artefactos de matar.
Fabricantes de las terribles bombas de racimo
Recordemos la conocida historia: uno de los macabros “artículos” que esta empresa estuvo fabricando durante años fueron las conocidas generalmente como “bombas de racimo”. Estas armas son especialmente dañinas para la población civil, ya que se trata de grandes carcasas que liberan un gran número de pequeñas bombas al abrirse. Estas submuniciones pueden causar diferentes daños, como perforar vehículos, iniciar incendios y matar o herir a muchas personas de manera indiscriminada con sus fragmentos de metralla. Incluso existen bombas de racimo con municiones buscadoras de calor. Pero los efectos más terribles se producen cuando “fallan” inicialmente. Las submuniciones sin explotar pueden quedar parcialmente enterradas, siendo peligrosas incluso después de terminada la guerra, especialmente para los niños por sus formas llamativas como pelotas de tenis o latas de refrescos.
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| Marcha contra las bombas de racimo, Dublín, mayo de 2008 |
Por estas razones, gracias al trabajo de innumerables organizaciones de la sociedad civil internacional, se consiguió que el 20 de mayo de 2008 se firmara un tratado internacional que prohibió el uso, fabricación y almacenamiento de esta munición. El tratado, conocido como “Tratado de Dublín” por ser esta ciudad la sede donde se firmó, fue aprobado por 109 países, entre ellos España, suponiendo, pese a sus evidentes claroscuros, un importante avance en la erradicación de estas armas.
Como consecuencia de la firma de este tratado, el Gobierno español anunció en julio de 2008 una moratoria unilateral sobre el uso, producción, almacenamiento, compra o transferencia de las bombas de racimo así como la destrucción de las municiones disponibles en los arsenales. Sin embargo, Instalaza continuó ofreciendo este armamento en su página web, al menos hasta enero de 2009, según noticia de EFE recogida en la web antimilitarista Insumissia.
Como consecuencia de la firma de este tratado, el Gobierno español anunció en julio de 2008 una moratoria unilateral sobre el uso, producción, almacenamiento, compra o transferencia de las bombas de racimo así como la destrucción de las municiones disponibles en los arsenales. Sin embargo, Instalaza continuó ofreciendo este armamento en su página web, al menos hasta enero de 2009, según noticia de EFE recogida en la web antimilitarista Insumissia.
La reclamación al estado y los favores del ministro
El escándalo fue mayúsculo cuando Instalaza decidió reclamar al Gobierno español 40 millones de indemnización en concepto de “daño emergente y lucro cesante”. Por aquel entonces, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa un desconocido y oscuro personaje llamado Pedro Morenés. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros -era la recta final del gobierno de Zapatero-, rechazó la petición de la empresa y esta decidió llevar el asunto a los tribunales.
La Audiencia Nacional, en octubre de 2013, dio la razón al Estado y sus argumentos fueron posteriormente confirmados por el Supremo en 2015. Para entonces ya estaba en el Gobierno el PP de Rajoy, y Pedro Morenés había sido nombrado ministro de Defensa, para asegurarse que de una forma u otra su antigua empresa se cobraría su “deuda”. Así, durante la legislatura con Pedro Morenés como ministro de Defensa, Instalaza consiguió 32 contratos por un importe de 17 millones, dos de ellos conseguidos sin concurso, a dedo, por 3 millones.
La muerte llega lejos
Como bien presumen en FEINDEF, el mercado de la muerte está ampliamente globalizado, lo que supone que el efecto mortífero de las armas que fabricamos aquí se desencadena a miles de kilómetros de nuestras casas, colegios y lugares de trabajo, lo que parece que hace un poco más digerible para una parte de la población la existencia de este sangriento negocio en nuestra vecindad. En lo que concierne a los “productos” de Instalaza, se les ha podido seguir la pista en algunas de las guerras recientes o activas más atroces.
Libia
En abril de 2011 la organización humanitaria internacional “Human Rights Watch”, con sede en Nueva York, pudo atestiguar cómo las fuerzas gubernamentales leales al líder libio, Muammar Gaddafi, dispararon municiones en racimo contra zonas residenciales de la ciudad occidental de Misrata, poniendo en grave peligro a la población civil. Los investigadores inspeccionaron los restos de una submunición de racimo y comprobaron que se trataba del proyectil de mortero MAT-120 120mm fabricado en España por Instalaza. Esta munición pudo ser fotografiada por el New York Times. “Es terrible que Libia esté usando este armamento, especialmente en una zona residencial”, señaló Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch. “Suponen un enorme riesgo para la población civil, tanto durante los ataques debido a su carácter indiscriminado como después de ellos debido a la dispersión de bombas sin explotar que siguen siendo peligrosas”, agregó.
Yemen
La guerra que actualmente tiene lugar en el Yemen, pese a no tener una repercusión mediática tan notable como otros conflictos actuales -como por ejemplo el de Siria- está considerada por Amnistía Internacional como “la mayor catástrofe humanitaria actual”. Allí se siguen cometiendo graves violaciones de los DDHH. Mueren miles de personas y millones carecen de las necesidades más básicas para la supervivencia. Amnistía Internacional ha denunciado que se cometen crímenes de guerra contra la población civil de Yemen, presentando evidencias de los ataques. Según Naciones Unidas, 50 países contribuyen a la crisis en Yemen, y España ocupa el puesto 26 en esta fatídica lista. La empresa Instalaza comparte buena parte de responsabilidad en ello: Un Informe de Armament Research Services reveló en 2016 que armas suministradas por la industria militar española Instalaza han sido utilizadas en la guerra del Yemen. Se trata de Lanzacohetes C-90CR y granadas de mano Alhambra, fabricados por la firma zaragozana, y que fueron localizados en manos de la insurgencia Houtis en Yemen. Con toda seguridad, estas armas llegaron a Yemen a través de Arabia Saudí, uno de nuestros principales clientes en la zona, como es bien sabido, y como sistemáticamente denuncia el Centre Delàs de Estudios por la Paz.
En resumen, una empresa modélica
Por supuesto, Instalaza también abastece de armamento al Ejército Español, y como decíamos más arriba, con el ministro Pedro Morenés ha resultado todavía más beneficiada. Es bien sabido que una gran parte del armamento y material que el Ejército Español almacena en sus cuarteles con el tiempo se deteriora sin remedio debido a la falta de previsión, de medios, y a la proverbial chapuza patriótica de nuestros militares. Se trata de un despilfarro multimillonario, pero sabiendo cuál es el efecto de estos “productos” cuando se utilizan para lo que fueron diseñados, tenemos que alegrarnos de este resultado. Pero por supuesto, no podemos dejar de lamentar la pérdida de estos cuantiosos fondos públicos que tan útiles habrían resultado para cubrir las crecientes necesidades sociales.
Como suele ser habitual, los defensores de las empresas alegarán el beneficio social de los puestos de trabajo. Pero ya hace mucho tiempo que las investigadoras sobre el gasto militar han demostrado que la inversión en alternativas civiles y la reconversión de la industria militar tienen un efecto beneficioso sobre la economía y el mercado laboral. A título de ejemplo, para iniciarse en este interesante tema, véase el artículo al respecto del Centre Delàs.
Como suele ser habitual, los defensores de las empresas alegarán el beneficio social de los puestos de trabajo. Pero ya hace mucho tiempo que las investigadoras sobre el gasto militar han demostrado que la inversión en alternativas civiles y la reconversión de la industria militar tienen un efecto beneficioso sobre la economía y el mercado laboral. A título de ejemplo, para iniciarse en este interesante tema, véase el artículo al respecto del Centre Delàs.
Así pues, la empresa Instalaza es un ejemplo destacado de compañía socialmente dañina, que debemos erradicar cuanto antes, pues como hemos ilustrado brevemente,1. Sus productos provocan la muerte de miles de personas inocentes (especialmente niñas y niños) en todo el mundo.
2. En el mejor de los casos (que sus “artículos” no lleguen a usarse) se trata de un parásito social depredador de fondos públicos.
3. Contribuye poderosamente a la corrupción política, uno de los males de nuestro tiempo, promoviendo activamente el fenómeno de las puertas giratorias.
4. Y todo ello exclusivamente para el enriquecimiento de sus propietarios y accionistas, que en la mejor tradición del capitalismo salvaje sitúan su beneficio económico individual por encima de cualquier otra consideración ética, incluyendo la vida de las personas.
Ante esta lamentable realidad, nosotras seguiremos luchando por cerrar las empresas de armamento.
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