De aprobarse la Directiva Bolkstein, el organismo dirigido por Juncker tendría la última palabra en las regulaciones o normativas locales o regionales en materias como vivienda, casas de apuestas o servicios de prostitución.
Nuevos documentos hechos públicos recientemente arrojan luz sobre las consecuencias, alcance e influencia de los lobbies sobre la reforma del procedimiento de notificación de servicios, la conocida como Directiva Bolkestein. Unos 55 documentos, incluyendo correos electrónicos, cartas, informes de posición y actas de encuentros entre funcionarios de la Comisión y lobbies sobre el procedimiento de notificación han mostrado cómo y quién está influyendo en el proceso de negociación y aprobación para que dicha directiva alcance a las administraciones regionales y locales.
Varias preguntas realizadas a la Comisión Europea (CE) por parte de la organización civil Corporate Europe Observatory (CEO) han mostrado la enorme influencia que están ejerciendo tres de los grandes lobbies de la industria europea (BusinessEurope, EuroCommerce y EuroChambres), al mismo tiempo que ignora las demandas y las peticiones de reunión por parte de sindicatos, ayuntamientos u organizaciones civiles.
Según revelan estos nuevos documento, la CE tendrá la autoridad de anular nuevas leyes y normativas desarrolladas por parlamentos nacionales, asambleas regionales y gobiernos locales de toda Europa, o imponer retrasos significativos a fin de modificar propuestas, ya que dichas administraciones tendrán que enviar sus normativas y nuevas leyes a Bruselas tres meses antes de su aprobación para que la CE de su visto bueno.
¿Qué puede paralizar Bolkestein?
Según han revelado las informaciones publicadas por CEO, la CE podría usar dicha directiva para evaluar el impacto sobre el libre comercio de servicios en la Unión Europea, de la misma manera que ya lo ha hecho desde 2006 con los Estados, pero aplicado también a administraciones locales y regionales.
Bruselas podría evaluar, y por lo tanto paralizar o sancionar, a las administraciones públicas que quieran llevar a cabo sin su consentimiento las reformas legislativas o de normativas que puedan imponer restricciones en cuanto a la forma jurídica de las empresas, la participación, impongan tarifas mínimas, máximas o fijas de un servicio, prohibición de actividades multidisciplinares, regímenes de autorización o derecho exclusivo concedido a un único operador.
La contratación pública responsable que han intentado llevar a cabo ayuntamientos, como que se premien las ofertas por parte de cooperativas o empresas locales, podrían ser paralizadas por la Comisión Europea.
De este modo, las propuestas de contratación pública responsable que han intentado llevar a cabo administraciones locales en el Estado español, como que se premien las ofertas por parte de cooperativas o empresas locales, podrían ser paralizadas por parte de la CE debido a las exigencias o denuncias por parte de las grandes empresas.
Que la CE tenga la última palabra, y otorgue un plazo de tres meses para que los lobbies puedan hacer reclamaciones sobre licitaciones públicas que impongan tarifas máximas o mínimas puede bloquear toda iniciativa por parte de una administración local de licitar o regular un servicio básico, como la electricidad o el agua, o que la administración imponga a la empresa que gane la prestación de dichos servicios que esta ofrezca unos precios asequibles para la ciudadanía o que no se realicen cortes en el caso de que las familias no puedan hacer frente al pago de dichas necesidades básicas.
¿En qué servicios tendrá la última palabra la Comisión Europea?
Uno de los documentos enumera cuales son las áreas y en qué tipo de servicios la CE tendrá la última palabra. Entre esos sectores se encuentran las normas que atañen a la regulación de las casas de apuestas y la industria del juego. Si una comunidad autónoma pretende regularizar la distancia entre los salones de apuestas y los colegios, tal y como han hecho recientemente Madrid o Extremadura, tendrá que enviar la normativa a la CE y los lobbies tendrán tres meses para presentar alegaciones frente a la Comisión para modificar o paralizar dicha normativa.
Vivienda es otro de los servicios donde el control y la soberanía de los ayuntamientos se podría ver afectados en caso de aprobarse la Directiva Bolkestein. Si un gobierno local quiere regular el uso de plataformas de alojamiento, como la conocida AirBnB, tendría que pedir permiso a la CE con tres meses de antelación y la multinacional podría realizar aportaciones y quejas a dicha norma. Como ya explico CEO en su informe UnFairbnb , el lobby al que pertenece dicha empresa, European Holiday Home Association, ha presentado denuncias ante la Comisión contra ciudades que han intentado regular este sector, como Berlín, París, Barcelona o Bruselas. El gasto de dicho lobby en Bruselas, según el mismo informe, se multiplicó por cinco entre 2015 y 2016.
La Directiva Bolkestein daría la última palabra a la Comisión Europea en caso de que un ayuntamiento o un comunidad autónoma quisiera aplicar regulaciones a la prostitución.
Otro de los sectores de servicios en los que la CE quiere tener la última palabra es el de “servicios de prostitución”, lo que podría dejar en la mano del “libre mercado” la lucha contra la trata de blancas o acciones abolicionistas.
El resto de servicios que completa el listado incluye algunos como el cuidado de niños, los culturales y deportivos, ambientales, servicios de consultoría para el suministro de agua y la gestión de residuos, servicios de propiedad industrial o intelectual, servicios funerarios, educación, formación, de salud, protección del agua o algunos como la venta ambulante y los artistas callejeros. En total, 79 sectores se verían afectados por esta Directiva.
Tres lobbies presionando durante el proceso
La documentación muestra cómo tres grupos de presión han participado activamente en la elaboración de la extensión de esta directiva y cómo han forzado a las autoridades europeas a acelerar el proceso mediante reuniones, quejas y comunicados en los que se exigía que “haya una obligación de notificaciones más estricta para nuevas regulaciones y medidas que afecten a las compañías de servicios”, tal y como hizo BusinessEurope.
Este grupo de presión, el más activo en la gestación de la directiva según los documentos publicados por CEO, representa a las grandes empresas de la industria europea. En septiembre de 2015, BusinessEurope pidió a la Comisión que “aumentase la efectividad del laxo procedimiento de notificaciones existente que fue introducido por la Directiva Bolkestein de 2006”, alegando que “toda nueva ley, normativa o disposición administrativa que afecte a compañías de servicios debe ser evaluada por la Comisión en relación a su compatibilidad con la legislación de la UE” y solicitando un “periodo de statu quo en la elaboración de decisiones mientras la Comisión evalúa las nuevas disposiciones”.
Otro de esos grupos, EuroCommerce, defensor de las grandes cadenas de supermercados, ha estado muy presente en las negociaciones y ha tenido numerosas reuniones con miembros de la CE para dar forma y acelerar la aplicación de la directiva. “En bastantes países de la UE se han introducido normativas locales que limitan el número de grandes superficies de hipermercados en el extrarradio, a fin de proteger el pequeño comercio”, explican desde CEO como la principal causa para que este lobby esté tan interesado en la aplicación de dicha normativa europea en los municipios de todos los Estados miembros.
EuroChambres, la asociación de cámaras de comercio e industria de Europa, también aparece en la documentación y en los emails de la CE. Este grupo de presión preguntó de qué manera tendrán acceso a las notificaciones por parte de las administraciones públicas, a qué se tendrá acceso y de qué manera podrían enviar sus observaciones para que fueran consideradas antes de que la CE de luz verde a la aplicación de dicha ley o normativa local. La Comisión respondió que “las notificaciones iniciales, documentación de apoyo y medidas adoptadas finalmente serán compartidas con las partes interesadas mediante un interfaz online, en el que habrá también una opción para que dichas partes puedan manifestar sus observaciones”.
INTENTOS DE PARARLA
En ninguno de los más de 50 documentos aparece ninguna contestación a las críticas y quejas por parte de los sindicatos o asociaciones de pequeños comercios. Ante esta negativa a atender las demandas de la sociedad civil, más de 160 grupos de la sociedad civil organizada, sindicatos, alcaldes y formaciones políticas de distintas ciudades europeas han firmado y enviado una carta de protesta a la presidencia austriaca de la UE en noviembre de 2018 y otra carta a la presidencia rumana entrante, rechazando la directiva propuesta, ya que “reduciría el espacio para políticas progresistas, incluso a nivel municipal” y porque es “desproporcionada y en desacuerdo con el principio de subsidiariedad”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran agrupaciones municipalistas del territorio como Barcelona En Comú, Participa Sevilla o Zaragoza en Común, así como organizaciones sociales como el Observatori del Deute en la Globalitzaciò, Attac o Ecologistas en Acción entre muchas otras.
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