6 - Abr.: IGUALDAD, DERECHOS Y LIBERTADES

Redistribuir riqueza-Conquistar derechos
Recuperar el planeta
Defender lo público-Por una vida digna

SÁBADO 6 DE ABRIL 18 H. SAN BERNARDO-CALLAO
http://rojoynegro.info/evento/agitaci%C3%B3n/manifiesto-caminando-la-igualdad-derechos-libertades

GALERIA DE BUITRES DIV

Pagos en B y contratos temporales durante una década: las irregularidades destapadas por un juez en la UGT gallega

Trabajó durante siete meses sin contrato, periodo durante el que cobró en B. No se trata del abuso laboral de una empresa cualquiera: la ilegalidad tuvo lugar en el sindicato UGT en Galicia entre 2001 y 2002. Es una de las irregularidades que destapa una sentencia de un juzgado de lo social de Vigo, que anula el despido de la sindicalista Rosa María Acuña y concluye que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato en Galicia usó un ERE para "liquidar" a rivales tras unas elecciones internas.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso eldiario.es, recoge que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato en Galicia no cumplió "ninguno de los requisitos" establecidos para el despido colectivo, en el que incluyó a Rosa María Acuña y otros tres trabajadores, más un quinto que se sumó voluntariamente.

En la Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC‐UGT), que promovió el ERE, su secretario general, Miguel Ángel Cilleros, responde a eldiario.es que la federación "como no podía ser de otro modo, respeta la decisión judicial", aunque consideran que en la aplicación del despido colectivo "se cumplió, escrupulosamente, con la legalidad y los criterios conforme a la norma que regula este tipo de medias, siempre traumáticas (más en un sindicato)".

Aunque Cilleros defiende el ERE ejecutado, aún no confirma que el sindicato vaya a recurrir la sentencia condenatoria. "Nuestro gabinete jurídico está analizando la sentencia, pues cabe la posibilidad de que decidamos recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia", sostiene el que fuera competidor frente a Pepe Álvarez para hacerse con la secretaría general de UGT en 2017.

Contratos temporales de 1998 a 2007

Más allá del análisis del ERE, la sentencia detalla además las condiciones laborales de la denunciante desde el inicio de su actividad para la organización de trabajadores: 1998. La mujer ha trabajado "de forma ininterrumpida" para el sindicato UGT en Vigo desde ese año, según constatan los hechos probados de la sentencia, pero su historia laboral no lo refleja como tal.

La sindicalista sumó durante casi una década contratos temporales, por obra y servicio o circunstancias de la producción, que se concatenaban o se firmaban al cabo de unos días. Desde 1998 a 2007. En algunos de esos contratos ni siquiera figura la causa que debe justificar la contratación eventual. La mayoría de las contrataciones están ligadas a la Federación de Servicios del sindicato en esa Comunidad, pero también al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y a UGT Galicia.

En UGT Galicia guardan silencio y apuntan que no quieren hacer declaraciones ya que la relación laboral con la sindicalista fue legal. El secretario general de la FeSMC estatal de UGT apunta en cambio que, tanto en el caso del ERE como en lo referido a las condiciones laborales de la trabajadora, el organismo "cuenta con órganos internos de garantías y control, y un Código Ético que aplicaremos sin dudar para, llegado el caso, depurar responsabilidades si fuera necesario".

Pagos en B mientras cobraba el paro

En estos años de concatenación de contratos eventuales, hubo un periodo en el que Rosa María Acuña ni siquiera estuvo dada de alta en la Seguridad Social por el sindicato. La mujer trabajó desde agosto de 2001 a marzo de 2002 sin contrato. "Se le pagaba en B por los responsables comarcales del sindicato", recoge la sentencia. 

El magistrado Germán María Serrano también sostiene en la resolución judicial que la demandante trabajó para el sindicato y cobró en negro incluso "complementado la prestación por desempleo". Estos hechos, insiste, han sido corroborados por "los testigos protagonistas o convivientes con este fraude, conocido por el sindicato tanto en sus direcciones territoriales como nacionales".

El juez considera acreditado un fraude en la situación laboral de la denunciante, entre otros motivos, "porque la concatenación de contratos sin causa es desmesurada, porque se ha trabajado sin contrato y sin alta en la Seguridad Social y porque se ha trabajado cobrando prestaciones por desempleo", suscribe.

Germán María Serrano critica además con dureza al sindicato porque, cuando la FeSMC de UGT en Galicia incluyó a Rosa María Acuña en el ERE estatal del año pasado, no tuvo en cuenta para su indemnización la antigüedad total de sus servicios prestados (desde 1998), sino solo desde 2008, año desde el cual la trabajadora ha estado empleada con un contrato indefinido. Para el juzgador se trata de un "error inexcusable" porque "el sindicato debía conocer a la perfección la doctrina unificada en casos de concatenación de fraude", señala.

La sentencia contempla también que a partir de un momento dado la sindicalista firmó un contrato de alta dirección, pero el magistrado asegura que se trata de "otro hito más en el fraude", ya que UGT no acreditó que la mujer cambiara de estatus o ejerciera cargo político sindical dejando las funciones de organizadora sindical que cumplía anteriormente.

Miguel Ángel Cilleros destaca que "determinados hechos que puedan ser censurables en un contexto muy concreto no deben opacar la honestidad de todos los que nos dedicamos a esta digna labor en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras" y recuerda que la federación que dirige "cuenta con más de 200.000 afiliados y decenas de responsables sindicales, asalariados y colaboradores que ejercen su responsabilidad con transparencia, buena fe y dedicación".

https://www.eldiario.es/economia/Pagos-temporales-irregularidades-destapadas-UGT_0_877362408.html

30 - Mar.: Red Europa Zapatista

Por un entorno seguro y saludable

Las campañas públicas, por parte de los poderes, sobre prevención de riesgos laborales brillan por su ausencia y ocupan un espacio escaso o nulo en la prensa, televisión y agenda política. La seguridad y salud en el trabajo continúa siendo un problema ignorado, pese a que los accidentes laborales han aumentado en el año 2018.

Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, en 2018 aumentaron los accidentes con baja, los graves, en itinere, en jornada de trabajo, así como en numerosos sectores (construcción, industria manufacturera, transporte y almacenamiento, suministro de energía eléctrica, industrias extractivas, hostelería, etc.). El año pasado se registraron 602.316 accidentes con baja, lo que supone un aumento del 3,2%. Se produjeron 3.917 accidentes graves, lo que supone 121 más que en 2017. En 2018 se produjeron 652 accidentes laborales mortales, 34 mas que en 2017. Hablamos de muertes, de una lacra dramática y silenciosa. Es un grave problema mundial. El pasado mes de diciembre murieron 13 mineros en un accidente laboral en Republica Checa. El 25 de enero en una mina de la empresa Vale SA (privatizada en 1997), tuvo lugar lo que el director adjunto de la OIT, Vinicius Pinheiro considera que puede ser el mayor accidente laboral de la historia de Brasil, con más de 200 muertos.

La accidentabilidad crece, con todo el drama humano para las victimas y familiares. Aun así, el interés y la reflexión mediática es escasa, lo que refleja la escasa conciencia existente sobre la seguridad y salud en el trabajo. El problema de la siniestralidad laboral, se relaciona y añade con el de las enfermedades profesionales, que rara vez se reconocen como tal; los factores psicosociales desfavorables en numerosos trabajos, los abusos de las mutuas, sobreesfuerzos, estrés, accidentes laborales no reconocidos, trastornos muscoesqueléticos a causa del trabajo, acoso laboral y moobing, burnout etc.

Riesgos psicosociales y condiciones de trabajo:

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, define los factores de riesgo psicosocial como “aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que se presentan con capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud (física, psíquica o social) del trabajador. Así, unas condiciones psicosociales adversas están en el origen tanto de determinadas conductas y actitudes inadecuadas en el desarrollo del trabajo como de determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar del trabajador”.

Trabajar bajo factores psicosociales desfavorables (intensos ritmos de trabajo, tareas y objetivos irrealizables, presión, sobrecarga de trabajo, amenazas de las jefaturas, ordenes contradictorias, etc.) pueden tener efectos negativos en la salud y producir daños en la salud mental y física de los trabajadores y trabajadoras, e incluso aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes laborales. Trabajar diariamente en un entorno laboral de este tipo puede ocasionar estrés postraumático y crónico, depresión, burnout, baja autoestima, tristeza, tensión, ansiedad, sentimientos de culpa, fatiga crónica, insomnio, dolores de cabeza, hipertensión arterial, desajustes en los ritmos biológicos, problemas cardiacos, cerebrovasculares, gastrointestinales, etc. También puede ocasionar e incentivar conductas como la agresividad y otras que afectan negativamente a la salud, como aumentar el consumo de tabaco, alcohol, drogas, ludopatía, etc. A su vez, trabajar bajo factores psicosociales desfavorables puede afectar a la vida personal en forma de problemas familiares, infelicidad, separaciones, incomprensión, etc.

Según el Eurobarometro nº 398 de abril de 2014, los trabajadores y trabajadoras europeas consideran que el estrés es uno de los principales riesgos profesionales (53%, en España el 44%) [1]. La prevalencia del estrés relacionado con el trabajo es alarmante según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo; una encuesta que se realizó en mayo de 2013, reveló que el 51% de las y los trabajadores consideran que el estrés relacionado con el trabajo es frecuente en sus lugares de trabajo, y cuatro de cada 10 personas trabajadoras creen que el estrés no se aborda de forma correcta en las empresas en las que trabajan. Organismos como la OIT y la OMS han señalado el estrés como la epidemia del Siglo XXI. La relación entre estrés, elevada carga de trabajo y accidente laboral ha sido demostrada en algunas sentencias judiciales que han reconocido ictus o infartos como accidente laboral. Hablamos de un problema muy serio. En 2002, el Instituto Finlandés de Salud Laboral y la Universidad de Helsinki publicaron un estudio en el que señalaban que el estrés laboral duplicaba la mortalidad cardiaca [2]. Las Universidades de Harvard y Stanford han publicado estudios indicando que en EE UU anualmente mueren 120.000 personas a causa del estrés laboral.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a identificar, evaluar, corregir y prevenir los riesgos para la salud de las y los trabajadores. A través de las evaluaciones de riesgos, se pueden reducir las probabilidades de que se produzcan accidentes y enfermedades de origen laboral. Pero las empresas se niegan a evaluar, identificar y prevenir los riesgos psicosociales, como el estrés. De hecho en numerosos casos, se promueve una organización del trabajo con empleos precarios y con ritmos de trabajo intensos. No es un problema nuevo; de hecho, es muy viejo. Uno de tantos a los que se ha enfrentado históricamente la clase trabajadora. Lo podemos comprobar con ejemplos relacionados con el cine.

Charles Chaplin dirigió la brillante película Tiempos Modernos, estrenada en 1936. El mismo Chaplin fue el actor protagonista, representando a un obrero de una fabrica metalúrgica, que aprieta tuercas sin un segundo de descanso, en una cadena de montaje bajo ritmos de trabajo extenuantes. El trabajo a destajo es inhumano, hay cámaras y jefes por toda la fábrica dando órdenes agresivas para trabajar más rápido. Los jefes, para tratar de aumentar la productividad, prueban la Alimentadora Bellows, cuyos vendedores dicen: “Alimentadora que sirve la comida a los obreros mientras trabajan. No hagan pausas. Adelántese a la competencia. Esta alimentadora evita las pausas, incrementa la producción y reduce los gastos”.

Podemos poner otro ejemplo: Surcos, película estrenada en 1951, sobre una familia de origen rural que se traslada a Madrid en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. El padre de familia comienza a trabajar en una fábrica, pero el primer día no soporta unos ritmos de trabajo inhumanos y tras una sucesión de imágenes notablemente impactantes, acaba desmayándose. Hablamos de películas que abordan dramas y fenómenos que de un modo u otro continúan produciéndose en la actualidad. Problemáticas que se repiten y sufren trabajadores de Amazon, Glovo, sector del Telemarketing, Hostelería, freseras de Huelva, etc.

Podemos incidir en las denominadas Kellys, trabajadoras limpiadoras de hotel, camareras de piso, que se han organizado para denunciar las pésimas condiciones en las que trabajan y los efectos negativos en su salud. Hoy, 83 años después del estreno de Tiempos Modernos, nos encontramos con abusos empresariales, explotación y trabajos precarios en los que no importan ni las condiciones en las que se trabaja, ni la seguridad y salud del trabajador o la trabajadora. En la actualidad podemos encontrar alguna rara excepción en el mundo cinematográfico, como la película de David Cánovas, La punta del iceberg, estrenada en 2016, protagonizada por Maribel Verdú, en donde se abordan suicidios a causa del estrés laboral. Un argumento parecido lo encontramos en Corporate, película francesa estrenada también en 2016, dirigida por Nicolas Silhol.

Mobbing, acoso laboral y suicidios

Cuestiones como el acoso y los factores psicosociales desfavorables en el trabajo, son problemas aun más ignorados que otros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, que ya es decir. Que este drama sea silenciado, no significa que no exista. En el año 2003, Iñaki Piñuel, experto en acoso laboral, escribió el libro Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y superar el acoso psicológico en el trabajo. El autor señalaba que el 15% de la población activa sufría acoso laboral (2,3 millones), que el 5% de ellos pensaban suicidarse cada día, y que uno de cada cinco suicidios se debían al acoso laboral. Estudios posteriores del mismo autor indicaban que entre un 10 y un 15% de los suicidios que ocurren en España tienen su origen en el acoso en el trabajo, y que el 74% de los casos lo ejercen las jefaturas [3].

Los suicidios por causas laborales ocurren en todo el mundo y en distintas profesiones o edades. Han aparecido noticias sobre suicidios y adicciones a drogas en el sector financiero, como el artículo del columnista del New York Times, Andrew Ross Sorkin, titulado “Reflexiones sobre el estrés y las largas horas de trabajo en Wall Street”. Este tipo de noticias señalan que hay empleados tomando drogas para poder aguantar los ritmos de trabajo, así como de un becario que murió tras estar 72 horas trabajando y sin dormir, suicidios a causa del estrés laboral, etc. En 2015 un ex trabajador de Fox News se suicidó delante de una de las sedes de la empresa tras repartir octavillas en las que criticaba a la compañía y jefes. Previamente había denunciado por Twitter y YouTube que sufría acoso laboral.

Los ejemplos abundan y por su gravedad destaca la oleada de suicidios de trabajadores de France Telecom (hoy Orange), una de tantas empresas que fue privatizada, con la consiguiente reconversión empresarial que supuso 22.000 despidos. Diversas fuentes señalan que su presidente en 2006 dijo que haría despidos “de una forma u otra, por la ventana o por la puerta” [4]; 58 trabajadores se quitaron la vida en tres años, algunos en el mismo centro de trabajo tras explicar en cartas de despedida los abusos empresariales que sufrían. Un trabajador se clavó un cuchillo en una reunión, otro se quemó a lo bonzo en el parking de la empresa. Un empleado se tiró con el coche al vacío, tras dejar en una carta en la que denunciaba que le hacían la vida imposible. Otros se tiraron por ventanas de las oficinas. Las victimas han contado que sufrían sobrecarga de trabajo, movilidad forzosa, empeoramientos de horarios y salarios, presiones constantes para aumentar la productividad o para abandonar la empresa voluntariamente, y todo tipo de abusos empresariales. La Inspección del Trabajo francesa tras su investigación manifestó que la empresa utilizaba métodos brutales contra los trabajadores y trabajadoras, con todo tipo de humillaciones y técnicas de acoso laboral. A parte de los suicidios, hubo casos de intentos fallidos, se multiplicaron casos de estrés, depresión, desesperación y ansiedad. La fiscalía francesa solicitó en 2016 procesar a directivos de la empresa, y continúa abierto un proceso judicial.

La demostración del vínculo que existe entre problemas laborales y suicidio ha sido ratificada en sentencias judiciales, reconociéndose como accidente laboral. La sentencia del Tribunal Supremo nº 8112 de 2009 establecía como probado que “el trabajador sufría continuas vejaciones, humillaciones y degradaciones en el trabajo, calificando de acoso moral la presión a que fue sometido el trabajador por parte de la empresa en que prestaba servicios, e inferir, por la contundencia de los datos fácticos y de la falta de prueba en contrario por parte de la Mutua y de la Empresa, que el suicidio del trabajador se produjo como consecuencia de dicho acoso”

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ratificó otro caso en 2014. El mismo Tribunal también considero accidente laboral el suicidio de un trabajador de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuatro días después de que le abrieran un expediente disciplinario. El pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó una sentencia anterior en primera instancia que consideraba como accidente laboral el suicidio de un trabajador del sector de la banca.

Pese a que hablamos de un problema muy grave, continúa siendo ignorado. Los riesgos psicosociales siguen sin evaluarse, eliminarse y prevenirse en las empresas. La depresión, ansiedad y el acoso laboral continúan siendo excluidas de la lista oficial de enfermedades profesionales, pese a que son problemas crecientes. Este drama no cuenta con ningún interés por parte de los poderes públicos. Hay campañas para prevenir accidentes de tráfico o el bullying, lo cual es innegablemente positivo, y en lo que se debería mejorar y profundizar. Pero por el contrario no existen campañas oficiales contra el acoso laboral, de tolerancia 0 con el moobing, el estrés en el trabajo, etc. Para la ideología oficial de la clase dominante eso seria atentar contra el libre mercado, la libertad empresarial, y abrir una caja de Pandora con efectos imprevisibles en múltiples campos, entre ellos el de las ganancias empresariales.

La patronal prefiere seguir instalada en una organización del trabajo basada en la precariedad, el látigo y predominio indiscutible de la productividad sobre la prevención y salud laboral. El movimiento obrero lleva luchando mucho tiempo contra esta situación. Merece la pena recordar la lucha social y sindical contra el grupo suizo Eternit en Italia, un gigante del amianto, que negaba la nocividad del mismo y que enviaba a los activistas sindicales a los talleres más contaminantes. Una histórica sentencia condenó a la empresa entre otras cuestiones por omisión en medidas de seguridad y negligencia intencionada contra la salud, causando más 2.200 muertos, la mayoría obreros de Eternit.

Hacen falta cambiar leyes y fomentar campañas de información y sensibilización. Incluso sería positivo educar sobre prevención de riesgos laborales desde los colegios e institutos. De hecho, La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en exposición de motivos señala el propósito de “fomentar una autentica cultura preventiva por medio de la promoción de la mejora de la educación en esta materia en todos los niveles educativos”. Incluso en su artículo 5.2 se establece que: “Las Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza”. Pero las intenciones y prioridades educativas de gobiernos y patronal son otras. Podemos poner ejemplos muy llamativos: por un lado, el Banco de España y la CNMV han pedido que se imparta educación financiera en colegios e institutos; por otro, la CEOE ha planteado que desde la guardería a la universidad, se incluya una asignatura orientada a crear futuros empresarios.

Pero aparte de cambios de leyes más favorables para el mundo del trabajo y campañas de sensibilización, lo más urgente es potenciar secciones sindicales fuertes que puedan combatir con éxito los abusos empresariales y ganar conflictos a la patronal. La misma respuesta la encontramos en artículos que recomiendan combatir el estrés laboral con técnicas de relajación. Hace falta un sindicalismo de clase y combativo, que se tome en serio y como una prioridad todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras y la prevención de riesgos laborales. Tenemos que luchar por empleos dignos, de calidad, con derechos, seguros, estables, y socialmente útiles, libres de estrés, ansiedad y acoso laboral.

Raúl Navas, delegado sindical de CGT y de prevención de riesgos laborales

https://info.nodo50.org/Por-un-entorno-seguro-y-saludable.html

Contra la reforma de la Ley de Mutuas

El sistema de gestión de la Incapacidades Temporales a través de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales es una anomalía en la Unión Europea de los 15. No es fácil encontrar un país occidental donde los empresarios tengan otorgado el poder de decidir inicialmente si una lesión o enfermedad tiene el carácter de laboral. Tampoco que se les atribuya la facultad de emitir propuestas de alta médica, que se convierten de facto en altas efectivas, en los supuestos de enfermedad común o accidente no laboral.

Por mucho que se cambie la denominación de las Mutuas Patronales, Empresariales o Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), suprimiéndoles esos apellidos de su verdadera esencia y se sustituya por el bondadoso nombre de “Mutuas de la Seguridad Social”, estas entidades no son otra cosa que “asociaciones de empresarios”. CGT está en contra de esta forma de gestionar privadamente las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal, que supone también fundamentalmente un enorme riesgo para su salud y bienestar.

Especialmente dañinos están resultando ser la Ley 35/2014, de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. El modelo de las Mutuas como entidades empresariales, a las que se conceden fondos públicos para que gestionen prestaciones asistenciales y económicas a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal debe desaparecer y ser reintegradas sus funciones al ámbito público.

http://rojoynegro.info/evento/acci%C3%B3n-sindical/cgtlkn-sigue-la-campa%C3%B1a-la-reforma-la-ley-mutuas

13 - Abr.: Gobierne quien gobierne las Pensiones se Defienden

Apoyo a las movilizaciones de pensionistas del 11 y 13 de abril, en Francia y en el Estado español

MADRID 13 de Abril , 18 h.: ATOCHA-Pza.J.Benavente-SOL

En Francia, con el llamamiento de 9 organizaciones sindicales y asociativas que, desde hace varios años, organizan conjuntamente la resistencia de los y las jubiladas frente a los continuos ataques de los gobiernos y la defensa de sus demandas.

En el Estado español, con el llamamiento de la Coordinadora de defensa de las pensiones, que ya ha organizado manifestaciones importantes, nuevamente en resistencia a los ataques de los gobiernos y en defensa de las demandas de las y los pensionistas.

Las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, cuyas estructuras o colectivos de pensionistas propios de cada una de ella, apoyan estas movilizaciones. Hacemos un llamamiento a la organización de concentraciones frente a las embajadas y consulados franceses y españoles, y al envío de comunicados de apoyo a las organizaciones francesas y españolas.

Tanto en Francia, en el Estado español como en cualquier otro lugar, exigimos un sistema de protección social, público, universal y solidario, que garantice la continuidad los ingresos que permitan una vida digna. Ninguna pensión de jubilación debe ser inferior al salario mínimo reclamado en el país.

La patronal organiza el desempleo: en oposición, debemos imponer una reducción del tiempo de trabajo, incluida la reducción de la edad de jubilación y la reducción del número de años necesarios para la jubilación completa. Es posible, al recuperar de la patronal una parte de lo que nos roban cuando trabajamos: al reducir las ganancias de quienes explotan el trabajo de otros, hay margen más que suficiente para satisfacer estas demandas. Son decisiones políticas, son decisiones sobre el tipo de sociedad que queremos.

El 11 y el 13 de abril, apoyaremos a las y los pensionistas que se manifestarán en Francia y en el Estado español: su lucha forma parte de la lucha de la clase obrera en su conjunto; Son parte de la relación de fuerzas globales, a nivel internacional.

Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas

 

Los salarios en España son peores que hace 10 años

Las empresas han estado bajando los sueldos de los nuevos contratos durante los años de la crisis, de forma que la media de sueldo del año pasado está al nivel del 2010 y por debajo incluso que las ofertas que hicieron en el 2016.

Según el estudio sobre la oferta y demanda de empleo en España realizado por las consultoras Adecco e Infoempleo, en el 2018 la opción mayoritaria entre los empresarios fue no subir sueldos (49%), frente al 33% que los subió y un 16,3% que incluso los bajó. Una tendencia extrapolable a todos los años anteriores desde 2007.

La situación no mejora. Las empresas, independientemente de la mejora de sus ingresos, siguen escatimando en los sueldo de sus empleados. Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo, señala que la banca, los medios de comunicación, los servicios relacionados con el turismo y la construcción, en las ofertas para trabajadores poco cualificados, concentran la mayoría de empresas que prevé pagar menos este año a sus nuevos trabajadores.

La situación no se limita solo a España. Un estudio del Instituto de Sindicatos Europeos (ETUI), destaca que los salarios de los trabajadores en 8 países de la Unión Europea son más bajos en promedio, en términos reales (ajustados por la inflación) que hace diez años.

El estudio muestra que los salarios medios en el Reino Unido, Italia, España, Grecia, Portugal, Hungría, Croacia y Chipre fueron más bajos en 2018 que en 2009. Además, señala que los salarios reales se han detenido, con un aumento cero, en Bélgica y Finlandia, durante el mismo período.

“Esto es una prueba de que la crisis no ha terminado en todos los países y que, incluso donde se está produciendo una recuperación económica, los trabajadores no se benefician de ella”, ha señalado Luca Visentini, Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). “La razón de esto se encuentra en las medidas de austeridad que han desmantelado el salario mínimo y los sistemas de negociación colectiva, y han aumentado enormemente las desigualdades “.”La UE necesita actuar urgentemente para aumentar los salarios, principalmente fomentando y permitiendo la negociación colectiva entre empleadores y sindicatos”.

https://contrainformacion.es/los-salarios-en-espana-son-peores-que-hace-10-anos/

28 - Mar.: DIFERENCIANDO TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

https://ateneolaidea.wordpress.com/
Amigas y amigos, hoy os proponemos una nueva charla sobre aspectos del sistema tecno-industrial en la línea crítica que venimos desarrollando desde hace un tiempo.

La marcha acelerada que mantiene este proceso tecnológico nos preocupa cada vez más. Su coartada haciendo creer que es el Progreso con mayúscula y no un instrumento del sistema estatal-capitalista, es decir de negocio y dominación de alta intensidad, ha confundido a muchos. Desde el Ateneo queremos contribuir a un mayor conocimiento de lo que realmente supone.

 

GALERIA DE BUITRES DIII

Los principales directivos del Ibex 35 ganan 87 veces más que la media de sus empleados

Los principales ejecutivos del Ibex 35 ganaron en 2017 una remuneración media que fue 86,6 veces más elevada que la media percibida por su personal empleado, lo que supone un incremento del 8% en comparación con 2016, según se desprende del informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35 realizado por la Fundación 1º de mayo en colaboración con la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de ccoo.

La brecha entre el sueldo del máximo representante de la compañía y la retribución media de los empleados es incluso superior en algunas compañías del Ibex 35. Así, por ejemplo, en el caso de Inditex, el salario del primer ejecutivo representa 463,8 veces la retribución media de la plantilla.

Entre los ratios medios más elevados también se encuentran Acciona (356,2 veces más), Abertis (278,3) e Indra (211,3). En el lado contrario, empresas como Aena (3,4), Bankia (7,9) y Red Eléctrica (12,7) son las compañías en las que la distancia entre el salario medio del primer ejecutivo y de la media de los empleados es menos elevada.

En concreto, del informe se desprende que en un total de 21 empresas analizadas se ha aumentado la distancia entre la retribución del primer consejero y la retribución media, mientras que en 13 empresas se ha reducido.

Asimismo, el estudio apunta que las empresas del Ibex 35 presentaron una remuneración agregada de sus primeros ejecutivos de 151,3 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 9,2% en comparación con 2016.

Por empresas, las retribuciones más elevadas de los primeros directivos se dieron en 2017 en Acciona (14,2 millones de euros), Abertis (11,7 millones), Inditex (10,7 millones) y Banco Santander (10,6 millones).

Por otro lado, los costes de personal de las empresas del Ibex 25 alcanzaron los 72.400 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 4,3% con respecto a 2016, un total de 2.900 millones de euros más en términos brutos.

Los costes de personal más elevados se dieron en Banco Santander (12.000 millones), ACS (7.600 millones), Telefónica (6.900 millones) y BBVA (6.500 millones de euros). En cambio, los más reducidos se registraron en Colonial (28 millones), Merlin (71 millones), Mediaset (105 millones) o Cellnex (107 millones de euros).

De forma más concreta, las empresas del Ibex 35 pagaron 48.800 millones de euros en concepto de sueldos y salarios en 2017, lo que supuso un incremento del 7,7% en comparación con lo pagado en 2016. Por empresas, Banco Santander (8.300 millones) es la empresa con la partida más elevada en este concepto, seguida de ACS (5.600 millones) y BBVA (5.200 millones de euros).

Por otro lado, las cotizadas del principal índice español destinaron al pago de las cotizaciones sociales unos 8.400 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 5,3% en comparación con el año precedente.

Casi 1,5 millones de empleados

Respecto a las plantillas, el estudio pone de relieve que un total de 1,43 millones de personas trabajan en las empresas del Ibex 35. Entre las empresas con mayor número de personas empleadas destaca Banco Santander, seguido de ACS, Inditex, BBVA y Telefónica.

Según el estudio, el 18,6% de las personas empleados tuvo un contrato temporal en 2017. Por compañías, destaca ACS, con un porcentaje del 66%; Acciona (29,2%) o Inditex (27%), donde el porcentaje de trabajadores con un contrato temporal es superior al 25%.

Teniendo en cuenta el género, las mujeres representaron el 43,7% de las personas empleadas en el conjunto de las empresas del selectivo. Por edad, la mayor parte de las plantillas se concentraron en las edades comprendidas entre los 30 y los 50 años (66%).

Por otro lado, el informe señala que solo 23 empresas del total de las integradas en el Ibex 35 informaron de su contribución fiscal en 2017, que ascendió a 88.800 millones de euros. La mayor parte de las empresas (20 empresas) diferencian entre los impuestos soportados directamente (30.400 millones) y los impuestos recaudados (56.000 millones de euros), "siendo mayor el volumen de impuestos recaudados que soportados".

El informe ha sido presentado por el responsable de políticas públicas y protección social de ccoo, Carlos Bravo, y los técnicos Mario Sánchez y Luis de la Fuente.

https://www.publico.es/economia/ibex-principales-directivos-ibex-35-ganan-87-veces-media-empleados.html

Cómo y en qué nos afectará la Directiva Bolkestein si la aprueba la Comisión Europea

De aprobarse la Directiva Bolkstein, el organismo dirigido por Juncker tendría la última palabra en las regulaciones o normativas locales o regionales en materias como vivienda, casas de apuestas o servicios de prostitución.

Nuevos documentos hechos públicos recientemente arrojan luz sobre las consecuencias, alcance e influencia de los lobbies sobre la reforma del procedimiento de notificación de servicios, la conocida como Directiva Bolkestein. Unos 55 documentos, incluyendo correos electrónicos, cartas, informes de posición y actas de encuentros entre funcionarios de la Comisión y lobbies sobre el procedimiento de notificación han mostrado cómo y quién está influyendo en el proceso de negociación y aprobación para que dicha directiva alcance a las administraciones regionales y locales.

Varias preguntas realizadas a la Comisión Europea (CE) por parte de la organización civil Corporate Europe Observatory (CEO) han mostrado la enorme influencia que están ejerciendo tres de los grandes lobbies de la industria europea (BusinessEurope, EuroCommerce y EuroChambres), al mismo tiempo que ignora las demandas y las peticiones de reunión por parte de sindicatos, ayuntamientos u organizaciones civiles.

Según revelan estos nuevos documento, la CE tendrá la autoridad de anular nuevas leyes y normativas desarrolladas por parlamentos nacionales, asambleas regionales y gobiernos locales de toda Europa, o imponer retrasos significativos a fin de modificar propuestas, ya que dichas administraciones tendrán que enviar sus normativas y nuevas leyes a Bruselas tres meses antes de su aprobación para que la CE de su visto bueno.

¿Qué puede paralizar Bolkestein?

Según han revelado las informaciones publicadas por CEO, la CE podría usar dicha directiva para evaluar el impacto sobre el libre comercio de servicios en la Unión Europea, de la misma manera que ya lo ha hecho desde 2006 con los Estados, pero aplicado también a administraciones locales y regionales.

Bruselas podría evaluar, y por lo tanto paralizar o sancionar, a las administraciones públicas que quieran llevar a cabo sin su consentimiento las reformas legislativas o de normativas que puedan imponer restricciones en cuanto a la forma jurídica de las empresas, la participación, impongan tarifas mínimas, máximas o fijas de un servicio, prohibición de actividades multidisciplinares, regímenes de autorización o derecho exclusivo concedido a un único operador.

La contratación pública responsable que han intentado llevar a cabo ayuntamientos, como que se premien las ofertas por parte de cooperativas o empresas locales, podrían ser paralizadas por la Comisión Europea.

De este modo, las propuestas de contratación pública responsable que han intentado llevar a cabo administraciones locales en el Estado español, como que se premien las ofertas por parte de cooperativas o empresas locales, podrían ser paralizadas por parte de la CE debido a las exigencias o denuncias por parte de las grandes empresas.

Que la CE tenga la última palabra, y otorgue un plazo de tres meses para que los lobbies puedan hacer reclamaciones sobre licitaciones públicas que impongan tarifas máximas o mínimas puede bloquear toda iniciativa por parte de una administración local de licitar o regular un servicio básico, como la electricidad o el agua, o que la administración imponga a la empresa que gane la prestación de dichos servicios que esta ofrezca unos precios asequibles para la ciudadanía o que no se realicen cortes en el caso de que las familias no puedan hacer frente al pago de dichas necesidades básicas.

¿En qué servicios tendrá la última palabra la Comisión Europea?

Uno de los documentos enumera cuales son las áreas y en qué tipo de servicios la CE tendrá la última palabra. Entre esos sectores se encuentran las normas que atañen a la regulación de las casas de apuestas y la industria del juego. Si una comunidad autónoma pretende regularizar la distancia entre los salones de apuestas y los colegios, tal y como han hecho recientemente Madrid o Extremadura, tendrá que enviar la normativa a la CE y los lobbies tendrán tres meses para presentar alegaciones frente a la Comisión para modificar o paralizar dicha normativa.

Vivienda es otro de los servicios donde el control y la soberanía de los ayuntamientos se podría ver afectados en caso de aprobarse la Directiva Bolkestein. Si un gobierno local quiere regular el uso de plataformas de alojamiento, como la conocida AirBnB, tendría que pedir permiso a la CE con tres meses de antelación y la multinacional podría realizar aportaciones y quejas a dicha norma. Como ya explico CEO en su informe UnFairbnb , el lobby al que pertenece dicha empresa, European Holiday Home Association, ha presentado denuncias ante la Comisión contra ciudades que han intentado regular este sector, como Berlín, París, Barcelona o Bruselas. El gasto de dicho lobby en Bruselas, según el mismo informe, se multiplicó por cinco entre 2015 y 2016.

La Directiva Bolkestein daría la última palabra a la Comisión Europea en caso de que un ayuntamiento o un comunidad autónoma quisiera aplicar regulaciones a la prostitución.

Otro de los sectores de servicios en los que la CE quiere tener la última palabra es el de “servicios de prostitución”, lo que podría dejar en la mano del “libre mercado” la lucha contra la trata de blancas o acciones abolicionistas.

El resto de servicios que completa el listado incluye algunos como el cuidado de niños, los culturales y deportivos, ambientales, servicios de consultoría para el suministro de agua y la gestión de residuos, servicios de propiedad industrial o intelectual, servicios funerarios, educación, formación, de salud, protección del agua o algunos como la venta ambulante y los artistas callejeros. En total, 79 sectores se verían afectados por esta Directiva.

Tres lobbies presionando durante el proceso

La documentación muestra cómo tres grupos de presión han participado activamente en la elaboración de la extensión de esta directiva y cómo han forzado a las autoridades europeas a acelerar el proceso mediante reuniones, quejas y comunicados en los que se exigía que “haya una obligación de notificaciones más estricta para nuevas regulaciones y medidas que afecten a las compañías de servicios”, tal y como hizo BusinessEurope.

Este grupo de presión, el más activo en la gestación de la directiva según los documentos publicados por CEO, representa a las grandes empresas de la industria europea. En septiembre de 2015, BusinessEurope pidió a la Comisión que “aumentase la efectividad del laxo procedimiento de notificaciones existente que fue introducido por la Directiva Bolkestein de 2006”, alegando que “toda nueva ley, normativa o disposición administrativa que afecte a compañías de servicios debe ser evaluada por la Comisión en relación a su compatibilidad con la legislación de la UE” y solicitando un “periodo de statu quo en la elaboración de decisiones mientras la Comisión evalúa las nuevas disposiciones”.

Otro de esos grupos, EuroCommerce, defensor de las grandes cadenas de supermercados, ha estado muy presente en las negociaciones y ha tenido numerosas reuniones con miembros de la CE para dar forma y acelerar la aplicación de la directiva. “En bastantes países de la UE se han introducido normativas locales que limitan el número de grandes superficies de hipermercados en el extrarradio, a fin de proteger el pequeño comercio”, explican desde CEO como la principal causa para que este lobby esté tan interesado en la aplicación de dicha normativa europea en los municipios de todos los Estados miembros. 

EuroChambres, la asociación de cámaras de comercio e industria de Europa, también aparece en la documentación y en los emails de la CE. Este grupo de presión preguntó de qué manera tendrán acceso a las notificaciones por parte de las administraciones públicas, a qué se tendrá acceso y de qué manera podrían enviar sus observaciones para que fueran consideradas antes de que la CE de luz verde a la aplicación de dicha ley o normativa local. La Comisión respondió que “las notificaciones iniciales, documentación de apoyo y medidas adoptadas finalmente serán compartidas con las partes interesadas mediante un interfaz online, en el que habrá también una opción para que dichas partes puedan manifestar sus observaciones”. 

INTENTOS DE PARARLA

En ninguno de los más de 50 documentos aparece ninguna contestación a las críticas y quejas por parte de los sindicatos o asociaciones de pequeños comercios. Ante esta negativa a atender las demandas de la sociedad civil, más de 160 grupos de la sociedad civil organizada, sindicatos, alcaldes y formaciones políticas de distintas ciudades europeas han firmado y enviado una carta de protesta a la presidencia austriaca de la UE en noviembre de 2018 y otra carta a la presidencia rumana entrante, rechazando la directiva propuesta, ya que “reduciría el espacio para políticas progresistas, incluso a nivel municipal” y porque es “desproporcionada y en desacuerdo con el principio de subsidiariedad”. 

Entre las organizaciones firmantes se encuentran agrupaciones municipalistas del territorio como Barcelona En Comú, Participa Sevilla o Zaragoza en Común, así como organizaciones sociales como el Observatori del Deute en la Globalitzaciò, Attac o Ecologistas en Acción entre muchas otras.

 https://www.elsaltodiario.com/municipalismo/como-que-afectara-directiva-bolkestein-comision-europea

El trabajo a tiempo parcial se sitúa en la cifra más alta de la última década: casi 2,9 millones de personas

“El empleo a tiempo parcial suele ser un indicador positivo de la dinamización del mercado laboral”, considera en el informe Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, quien afirma que “la contratación a tiempo parcial puede funcionar como una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo y reducir los índices de paro”.

Cerca de 2,9 millones de ocupados (2.894.800) tenían en 2018 un contrato a tiempo parcial, cifra un 3,2% superior a la de 2017, cuando la cifra registrada fue de 2.805.400 trabajadores a tiempo parcial, según un informe de Randstad, que señala que se trata de la cifra más alta registrada en los últimos diez años.

En cuanto a la tasa de ocupación a tiempo parcial en estos diez años, ha evolucionado desde el 12,3% de 2008, creciendo sin freno hasta llegar al 16,1% de 2014, momento a partir del cual bajó ligeramente en 2017 situándose en el 14,8% que se mantiene para 2018 a pesar de que hay más personas trabajando a tiempo parcial, porque la base sobre la que se calcula este indicador contempla el conjunto de personas con empleo actualmente, desde el 25,8% de paro de 2014.

Por edades, Randstad destaca en su informe que, a menor edad del profesional, mayor es la tasa de ocupación a tiempo parcial. Así, el 37,4% de los trabajadores menores de 25 años tiene jornada parcial, seguido de los ocupados de entre 25 y 45 años (15%) y los mayores de 45 (12%).

Por comunidades autónomas, Extremadura es la región que muestra una mayor tasa de ocupados a tiempo parcial, con un 16,5%, seguida de País Vasco (16,4%); Navarra (16,2%); Andalucía y Aragón (15,9%); Castilla y León (15,7%), Comunidad Valenciana (15,4%), Asturias (15,3%); Cantabria (15,2%); Murcia (15,1%), y La Rioja (15%). Las tasas más bajas se dan en Catalunya (14,6%), Castilla-La Mancha (14,1%), Canarias y Galicia (13,9%), y Baleares y Madrid (13%).

En términos absolutos, Catalunya, con 495.400 ocupados a tiempo parcial, Andalucía (492.100) y Madrid (395.100) son las regiones con más trabajadores en esta modalidad de jornada. En el lado opuesto se sitúan La Rioja (20.800), Cantabria (36.700) y Navarra (46.200), con el menor número de profesionales a tiempo parcial.

http://postdigital.es/destacadas/trabajo-tiempo-parcial-maxima-decada-p42320/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+postdigital%2Frss+%28PostDigital%29

El boom de la aviación frena su expansión

La acelerada expansión del tráfico aéreo en España está bajando su ritmo. Si en el verano de 2016 creció un 10%, para esta temporada se espera un incremento del 2,5%, cuatro veces menor.

Esta cifra aportada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se encuadra con el crecimiento que se espera en Europa, que se situará en el 3,2%, precisó el presidente de la entidad Javier Gándara.

En invierno se crece (pero también menos)

En la temporada de invierno, que oficialmente termina a fines de marzo, se presenció un aumento del 7,1% en las operaciones.

Este índice también es menor comparado con el de las últimas temporadas (en la del año pasado fue del 9,1%), pero para ALA representa un saldo positivo en su búsqueda de la desestacionalización.

Hace cinco años, en España se ofrecían 1,68 asientos en temporada alta frente a la baja. Ahora este ratio bajó a 1,48, en sintonía con las estadísticas en el resto de Europa.

Mejor puntualidad en el invierno

Un rasgo positivo de la última temporada es la mejora de la puntualidad en las operaciones. En los 25 aeropuertos principales de Europa ha sido del 79%, 16 puntos mejor que la obtenida durante la temporada de verano, cruzada por la saturación en muchas terminales y varias jornadas de huelgas por parte de los controladores.

Además, los dos aeropuertos españoles principales, Madrid y Barcelona, se han situado por encima de la media, con una puntualidad del 87% y el 84% respectivamente. 

Cabe esperar que esta buena performance se mantenga en el verano, y que no se repitan los episodios de retrasos crónicos que se vivieron en El Prat, que lo llevaron a desplomar sus índices de puntualidad durante la última temporada estival.

Se espera un verano complicado

Pero ya Gándara advierte de que el verano “será complicado” en la gestión del espacio aéreo.

“Cabe recordar que la posición geográfica de España la convierte en uno de los países más vulnerables de cara a sufrir las consecuencias de la congestión del espacio aéreo. Cualquier alteración operativa en el centro de Europa provoca de forma inevitable que los vuelos hacia o desde España se vean afectados”, describió el presidente de ALA.

Las aerolíneas reclaman compartir las compensaciones

Para evitar un nuevo panorama de retrasos y cancelaciones precisó que las aerolíneas trabajan para incrementar el número de aviones y tripulaciones en standby (reserva) de las que hacer uso en caso de necesidad.

Gándara aprovechó la presentación de estos resultados para reclamar que las aerolíneas no sean las únicas que tengan que pagar compensaciones a los pasajeros por retrasos, sobre todo si son por causas ajenas a las compañías aéreas.

Por otra parte, el titular de ALA negó que la paralización de los vuelos del Boeing 737 MAX pueda alterar la programación del verano. Recordó que hay pocas aerolíneas en Europa que operan este modelo de avión, y los que lo hacen “tienen cierta capacidad de flota” para afrontar la situación, indicó.

https://www.cerodosbe.com/es/transportes/boom-de-la-aviacion-frena-su-expansion_613295_102.html

Los MERCADERES DE LA MUERTE quieren reunirse de nuevo EN MADRID

Los colectivos abajo firmantes queremos expresar nuestro más profundo rechazo a la organización de la FERIA INTERNACIONAL DE LA DEFENSA (FEINDEF), que se celebrará los próximos 29, 30 y 31 de mayo de 2019 en el recinto del IFEMA de Madrid, espacio gestionado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, entre otras entidades.

Según los promotores, esta feria viene a cubrir el hueco dejado por HOMSEC, el Salón Internacional de Tecnologías para la Seguridad y Defensa, cuya 7ª y última edición tuvo lugar en Madrid del 14 al 17 de mayo de 2017, y que suscitó un fortísimo rechazo social entre la población madrileña y del resto del Estado. Detrás de esta nueva feria, además del Ministerio de Defensa, están AESMIDE ‒la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas‒ y TEDAE. Esta última es la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, que aglutina a los principales fabricantes y exportadores de armas de España, tales como Navantia, Airbús, Expal, o Instalaza (la empresa fabricante de bombas de racimo del conocido traficante Pedro Morenés).

Esta feria, que pretende ser bienal, está enfocada a los “distintos protagonistas de la defensa y seguridad de Europa y del mercado internacional” y, según el comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, está abierta a la participación de industrias de países “principalmente de la Unión Europea, Hispanoamérica, Oriente Medio y del Norte de África”. Es decir, está orientada a vender armas a los principales escenarios de las guerras que producen la migración de las personas refugiadas que después rechazan acoger los principales países exportadores de esas armas.

FEINDEF servirá de punto de encuentro entre comerciantes de armas y agentes que se benefician del negocio de la guerra, como empresas de seguridad privada militar y empresas de video-vigilancia, entre otras. En FEINDEF, “se mostrarán y explicarán las últimas novedades de los programas de aviones de combate europeos de nueva generación… y, por supuesto, en misiles aire-aire, antibuque, aire-tierra y superficie-aire”.

También estarán presentes las nuevas aplicaciones para ciberdefensa y ciberseguridad, a pesar de la enorme preocupación internacional que despierta este tipo de armamento, y que ha sido denunciada recientemente por el Secretario General de la ONU.

España es el séptimo exportador de armas del mundo. Esto no es casualidad y se logra, entre otras cosas, gracias a ferias como esta. Todo ello se produce a espaldas de la ciudadanía, que sigue manifestando su profundo rechazo a este macabro negocio, como hemos podido comprobar recientemente cuando se ha conocido públicamente la escandalosa venta de armamento a Arabia Saudí. Armas con las que se está masacrando a población civil yemení desarmada.

Instituciones que se declaran defensoras de la paz y los derechos humanos, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, no deberían permitir que eventos de este tipo se celebren en espacios como el IFEMA en cuya gestión participan. Queremos que los espacios públicos sirvan para la promoción de una cultura de paz, no como escaparates de la guerra y la violencia. Ferias como esta promueven modelos de seguridad represivos y centrados en amenazas militares sobre la integridad territorial y política de los Estados, totalmente alejados del modelo de seguridad humana que defiende el derecho a una vida libre de violencia, de miseria y de miedo. Queremos un modelo de seguridad humana integral, feminista y que ponga la vida en el centro; que contemple aspectos que van desde lo político y lo comunitario, a aspectos relativos a la seguridad económica, alimentaria y medioambiental.

Porque creemos que otros modelos de seguridad son posibles:

1. Exigimos al IFEMA la cancelación del evento.

2. Exigimos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid que se desmarquen públicamente de esta iniciativa y que auditen las cuentas de la feria del evento y las hagan públicas en aras de la transparencia.

3. Llamamos a la sociedad a denunciar y boicotear esta feria, uniéndose a las acciones contra la misma, para evitar que se celebre.

4. Proponemos declarar a Madrid, que ya es Capital de Paz, Ciudad Libre de Comercio de Armas.

Animamos a todas las personas y colectivos a adheriros a este manifiesto y apoyar las movilizaciones que convocaremos. Contacto y adhesiones:
desarmamadrid@desobediencia.es

Iniciativa promovida por la Plataforma Desarma Madrid, formada por:
Asamblea Antimilitarista de Madrid, BDS, Ecologistas en Acción, Yayoflautas Madrid, Legal Sol, Mujeres de Negro contra la Guerra, Plataforma por la Desobediencia Civil de Madrid.

https://desarmamadrid.wordpress.com/

Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo al crecer menos que la inflación que fue de 1,7% en el 2018

En el 2018, mientras los sueldos crecían un 1% de media, la inflación también crecía en un 1,7%, por lo que los sueldos perdieron siete décimas de poder de compra.

Centrales sindicales denuncian que los salarios de los trabajadores han perdido en total 2,6 puntos de poder adquisitivo durante los años 2017 y 2018.

Estos datos se basan en la Encuesta de Coste Laboral que publica el Instituto Nacional de Estadística. A la perdida de 0,7% de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores durante el 2018 hay que sumar los 1,9 puntos de poder adquisitivo que se perdieron en 2017.

En definitiva, el conjunto de ambos años acumula una pérdida de poder de compra de los salarios de 2,6 puntos. Es importante destacar que los y las trabajadoras ya llevan un 7,8 puntos de pérdida en el poder adquisitivo de los salarios desde 2010. Denuncian que esta pérdida de poder adquisitivo se enmarca en un contexto en el que las empresas siguen aumentando sus beneficios y repartiendo “cuantiosos dividendos”.

Así, desde el sindicato ugt tachan esta situación de “inadmisible”, por lo que pide a las empresas que aumenten los salarios reales de los trabajadores, eso si, se lo pide tímidamente como suelen hacer ellos.

https://kaosenlared.net/los-salarios-siguen-perdiendo-poder-adquisitivo-al-crecer-menos-que-la-inflacion-que-fue-de-17-en-el-2018/

La efectividad de la acción directa: la huelga de La Canadiense y sus consecuencias

La movilización de los trabajadores de La Canadiense entre el 5 de febrero y el 16 de marzo de 1919 logró un hito histórico.

La consecuencia de la Primera Guerra Mundial para la patronal en España fue tener frente a ella a un movimiento obrero bien organizado y un sindicalismo capaz de triunfar en huelgas perfectamente diseñadas. Los conflictos se expandieron por diversos puntos de la península, lo que generó una profunda crisis en la Restauración. En ese momento, la CNT coordinaba las hasta entonces aisladas acciones colectivas rurales con la protesta urbana. Tal y como escribió entonces un industrial catalán, aquellos eran “tiempos de pesadilla”.

La inquietud de las élites se centraba sobre todo en Cataluña, donde la CNT tenía más de 400.000 afiliados en 1919, lo que representaba casi la mitad de su militancia, un tercio de los cuales se encontraba en Barcelona. Este poder de los Sindicatos Únicos de Barcelona quedó patente en 1919, con la huelga en la empresa Riegos y Fuerza del Ebro, Sociedad Anónima, una compañía anglo-canadiense conocida localmente como La Canadiense.

El conflicto comenzó a principios de 1919 con el despido de un grupo de trabajadores administrativos afiliados a CNT. Los trabajadores sindicados de la empresa, tanto obreros como administrativos, abandonaron sus puestos de trabajo y llamaron a la solidaridad de la CNT local. De este modo, un conflicto en principio insignificante se convirtió en una lucha titánica entre una amplia coalición que integraba, por un lado, a las autoridades locales y estatales y al capital nacional e internacional, y por otro, a la CNT de Barcelona.

El Gobierno movilizó a sus fuerzas represivas, se aplicó la ley marcial y, dada la militarización de los servicios básicos, los soldados reemplazaron a los obreros. Alrededor de 4.000 trabajadores fueron encarcelados. Aun así, los cortes en los suministros de energía paralizaron la industria de la provincia de Barcelona durante 44 días. En medio de la escasez de alimentos, los cortes de electricidad y las antorchas encendidas por las patrullas del Ejército durante la noche, la capital de Cataluña se parecía a una ciudad en guerra. Finalmente, el primer ministro, el conde de Romanones, trató de calmar la situación enviando un emisario, José Morote, para llegar a un acuerdo entre los sindicatos y la patronal.

Tras la presión de Morote, la dirección de La Canadiense cedió a las reclamaciones de CNT, lo que incluía un aumento de salarios, el pago a los huelguistas de los sueldos perdidos y una amnistía total de los piquetes. En un intento de evitar nuevos conflictos de clase, el Gobierno de Madrid fue el primero de Europa en aprobar la jornada de ocho horas en la industria. A pesar de la oposición de algunos sectores de CNT, Seguí anunció las medidas a los militantes en un mitin el 17 de marzo de 1919. Este triunfo anunció la madurez de la CNT, que se convirtió en un actor principal en el mundo del trabajo.

Sin embargo, el conflicto de La Canadiense había polarizado el contexto social, desencadenando procesos clave que iban a marcar la Restauración. La autoritaria Federación Patronal de Barcelona, que representaba a la élite industrial, había sellado una alianza con los elementos más extremistas del Ejército en la región. En un flagrante acto de rebeldía contra el Gobierno, el entonces capitán general de Barcelona, Joaquín Milans del Bosch, respaldó a una agrupación de oficiales de infantería —los llamados junteros— y, azuzado por la Federación Patronal, se negó a liberar a los miembros de la CNT en custodia militar, en un intento de echar por tierra el acuerdo de La Canadiense y provocar un enfrentamiento con los sindicatos. Las posiciones intermedias se desvanecieron.

La nueva situación parecía dar la razón a los sectores reacios de la CNT, que el 24 de marzo lanzó una huelga general para lograr la liberación de los encarcelados. El Gobierno Romanones reprimió el movimiento, declarando la ley marcial en Barcelona y suspendiendo las libertades civiles en toda España. Ante las acaloradas críticas de la Federación Patronal y el ruido de sables de la guarnición de Barcelona, el desacreditado gobernador civil y el jefe de policía huyeron a Madrid, donde Romanones dimitió.

El año 1919 fue el ejemplo de cómo las cuestiones laborales eran tomadas por una gran parte de las autoridades como un problema de orden público. Aunque republicanos y socialistas intentaron canalizar el descontento a partir de los acuerdos internacionales sellados en la Organización Internacional del Trabajo, la hostilidad de los capitalistas a la intervención del Estado en la industria, así como el endurecimiento de las posturas autoritarias de los grupos más reaccionarios de la sociedad española, hicieron fracasar cualquier intentona.

La evidencia se volvió a comprobar en septiembre, cuando el ala sindicalista de la CNT de Barcelona y los elementos más liberales de la burguesía accedieron a someter sus diferencias a la “Comisión Mixta”, un comité de arbitraje patrocinado por el Estado. No obstante, sus esperanzas se vieron frustradas ante la erupción de un conflicto social y laboral después de que la Federación Patronal de Barcelona declarase un cierre patronal de 84 días que afectó a 300.000 obreros y que duró desde el 3 de noviembre de 1919 hasta el 26 de enero de 1920.

Este creciente poder de los Sindicatos Únicos de la CNT hizo aumentar la influencia de una Federación Patronal que pretendió destruir al anarcosindicalismo reivindicando su derecho ilimitado a fijar las condiciones de trabajo. Los capitalistas comenzaron a distanciarse del Estado de la Restauración y el sentimiento de los miembros de la patronal era que las autoridades de Madrid carecían de la voluntad política de enfrentarse a los sindicatos y que el poder central no defendía sus intereses. Para algunos grupos de la burguesía, la salvación pareció residir en el Ejército, que comenzaría a actuar de forma autónoma frente al Gobierno central, alcanzando una libertad de maniobra que culminaría con el golpe de septiembre de 1923. 

https://www.elsaltodiario.com/anarcosindicalismo/efectividad-accion-directa-huelga-canadiense

Más de 2,6 millones de trabajadores en España son pobres

Más de 2,6 millones de trabajadores están en situación de pobreza, ha alertado la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, con más de 8.000 entidades de acción social, que urge a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones a firmar un pacto de Estado para reducir la tasa actual del 26,6% al 15%.

"Hemos oído hablar de que el empleo es el que es que nos puede ayudar a salir de la pobreza, es una verdad a medias y muchas veces la peor de las falsedades; el empleo que se ha ido generando en la última década es un empleo que precariza mucho, tenemos un 14,1% de los trabajadores en situación de pobreza: 2.654.000 trabajadores", ha denunciado el presidente de esta red, Carlos Susías.

"Más del 30% de las personas empobrecidas en España tienen empleo, con lo cual lo de tener empleo y salir de la pobreza se produce en determinadas condiciones", ha añadido, quien ha recordado que España es el cuarto país con mayor desigualdad de la UE.

El responsable de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español ha explicado que se van a reunir los próximos días con todos los partidos para que se comprometan a asumir 10 metas para la próxima legislatura, como una estrategia nacional que sirva de hoja de ruta para reducir la pobreza y/o exclusión social que afecta a 12,5 millones de personas (26,6%).

Dotar de ingresos a los casi 600.000 hogares que carecen de ellos, aumentar las tasas de empleo —especialmente femenina— hasta la media europea, erradicar el sinhogarismo, el chabolismo y las infraviviendas y garantizar la universalidad de la sanidad y el acceso a todas las personas, son algunas de las propuestas de las entidades de acción social.

"El 31% de los menores de 16 años, 2,6 millones de menores, están en situación de pobreza y/o exclusión social", ha señalado Susías, mientras que en la UE se sitúa en el 15%.

Las entidades sociales plantean que se establezca un sistema estatal de rentas mínimas para unificar criterios "porque hay una veintena de sistemas diferentes en las comunidades autónomas", y prestaciones por hijo a cargo "digna de dicho nombre", es decir, de al menos 100 euros mensuales por hijo a cargo.

Otras de las metas que proponen a los partidos, es reducir la tasa de pobreza de los hogares monoparentales del 47,9 (el 80% son monomarentales) al 25% y la tasa de abandono educativo temprano desde los 18,3 actual hasta el 11%.

En materia laboral, plantean que sean compatibles empleo y prestaciones sociales "para que no se actúe en contra de la incorporación laboral".

"Por ejemplo cuando una persona tiene una renta mínima y recibe una oferta de unas horas de trabajo un fin de semana, debería darse de baja de esa renta para aceptar esa oferta, lo que le penaliza porque tarda en recuperarla luego varios meses; al final muchos optan a no trabajar o a hacerlo en negro", ha señalado.

La red lamenta que esos indicadores de pobreza se producen a pesar de que los gobiernos —español y europeos— hayan suscrito compromisos, como la Agenda de la ONU 2030 o la Estrategia Europea 2020.

Con esta última, "se planeaba en España que había que reducir la pobreza en 1,4 millones de personas entre 2010 y 2020 y nos encontramos con que no se ha reducido, sino que se ha aumentado en 1.420.000; lo que significa que habría que reducir en más de 2,5 millones el número de personas en situación de pobreza para cumplir con ese objetivo europeo antes de 2020".

https://www.publico.es/economia/2-6-millones-trabajadores-espana-son-pobres.html