A Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia –de ideología progresista–, no le tiembla la voz al acusar a organismos como la OCDE o el FMI de querer que los ciudadanos se olviden de que están "en un Estado social y democrático de derecho". Y es que el colectivo hizo público este lunes un duro comunicado para denunciar las "presiones" que, a su juicio, sufre la judicatura por parte de estos organismos y de otros como el Banco de España o la CEOE.Estas organizaciones protestan por la interpretación que los magistrados hacen de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La última fue, este mismo lunes, la patronal española, que denunció la falta de "seguridad jurídica" que, a su juicio, se produce cuando los jueces declaran nulos algunos despidos colectivos "por meros defectos formales", así como por su "valoración" sobre "la adecuación o no de la medida extintiva". Pero Bosch niega la mayor: "Que los despidos colectivos no estén ajustados a derecho no es culpa de los jueces".
PREGUNTA: ¿Por qué interpretan ustedes que existen presiones de la CEOE a la judicatura?
RESPUESTA: Hay una serie de entidades que pretenden generar un estado de opinión que culpe a los jueces españoles de que no se aplican las normas laborales en el sentido que convendría, según ellos, al país. Entendemos que no es una actuación aislada: ahora lo dice la CEOE, pero antes lo hizo el FMI, y también el Banco de España, y anteriormente la ministra de Empleo, Fátima Bañez. Esto va más allá de una opinión crítica con la labor de los jueces. Se trata de una descalificación muy peligrosa porque afirma que los jueces no cumplen su obligación de aplicar el ordenamiento jurídico. Es evidente que los jueces analizan cada caso concreto, no toman decisiones de acuerdo con una consigna general, y pensamos que se pretende influir en la judicatura para que se sienta culpable de no hacer lo que quieren determinados organismos muy influyentes.
P.: ¿Hay alguna crítica de la que se sientan objeto especialmente?
R.: Lo que estos organismos dicen es que la economía no crece lo suficiente, en parte, por culpa de los jueces de lo social que no aplican la reforma laboral. Es muy legítimo que esos organismos tengan sus intereses, pero nosotros no podemos entrar a valorar si una decisión mejora o no la economía, sino si las decisiones que se toman están ajustadas a Derecho. Ha habido resoluciones concretas de los tribunales con las que se han anulado decisiones de cierta entidad, como determinados despidos colectivos, y la CEOE o el FMI preferirían que el despido fuese lo más barato posible y que los jueces no hubiesen dictado estos autos. Pero es que, además, las cifras desmienten esta valoración de que los jueces están siempre a favor de los trabajadores, porque demuestran que más o menos en la mitad de los casos [de entre los judicializados entre 2012 y 2014] se da la razón a la empresa. Pero está claro que la CEOE, el FMI, el Banco de España y el propio Gobierno quieren excluir a la empresa del control judicial para que haga lo que quiera.
P.: ¿Estas presiones que usted denuncia están funcionando?
R.: En el Poder Judicial hay mucho malestar, pero por otro lado yo creo que los jueces no se van a dejar influenciar por estas cuestiones, porque tenemos una judicatura muy comprometida con los valores constitucionales. Pero estas descalificaciones están sugiriendo que los jueces no están cumpliendo con sus obligaciones, que están dictando resoluciones injustas, y eso es muy grave para un juez. No es lo mismo criticar al poder político que al judicial, porque el político está obligado a funcionar con el principio de oportunidad, a actuar con discrecionalidad conforme a las circunstancias. Por ejemplo, si un político va a realizar una obra y recibe críticas por ello, puede valorar si prefiere aguantarlas o cambiar de postura, pero un juez tiene siempre un funcionamiento reglado.
P.: Las acusaciones se refieren, especialmente, a la interpretación de la norma sobre despidos colectivos de la reforma laboral, y lo cierto es que en los últimos años ha aumentado la judicialización de estos casos...
R.: Es que es lógico que en una situación de fuerte conflictividad social, con una mayor tasa de desempleo provocada en parte por la realización de ERE en las grandes empresas, se judicialicen los casos. Pero eso no es culpa de los jueces, sino de la situación que existe actualmente, y de unas normas laborales que quizá no estén ajustadas a la situación del país. Es lógico que quien no esté de acuerdo con su situación pida el amparo de los tribunales. Que los despidos colectivos no estén ajustados a Derecho no es culpa de los jueces, y lo que debe de hacerse es practicarlos de acuerdo al orden legal.
P.: Pero este aumento, ¿puede tener también que ver con la confianza de los denunciantes en que exista una resolución favorable?
R.: Hay que fijarse en los datos. Por un lado, de los despidos colectivos que se han judicializado, sólo en poco más de la mitad se da la razón a los trabajadores: lo que dice la CEOE de que siempre se les favorece es un falso mito. Pero además, es que la inmensa mayoría de los despidos colectivos no se han llevado a los tribunales: del conjunto de los ERE, poco más del 1,2% han sido anulados: lo que no se puede pretender que, en la minoría de los casos en los que el despido es contrario a Derecho, los trabajadores no acudan al amparo judicial.
P.: ¿Le sorprende que las críticas de estos organismos vayan contra un colectivo con fama de conservador como el de los jueces?
R.: Más allá del perfil que pueda tener nuestro sector, es evidente que cualquier juez de lo social que deba tomar una decisión en materia de derechos no está ahí para proteger a la empresa o al trabajador, sino para valorar las alegaciones de las partes y conceder la razón a quien la tenga. Está en un plano diferente al de las cuestiones puramente ideológicas. Quienes aplican ideología son organismos como la OCDE o el FMI, que quieren que se resuelvan los casos a través de un dogma que está fuera de la Constitución, y que pretenden que nos olvidemos de que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Pero mientras no se cambie la Constitución, este principio no se puede suplir por una concepción que parta de un modelo neoliberal en lo económico.
P.: Y normas como la reforma laboral, ¿podrían estar incumpliendo la Constitución?
R.: Al final, eso lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Lo que está claro es que la Constitución impone que determinadas cuestiones son indisponibles por el legislador: por ejemplo, ni siquiera una mayoría de la sociedad puede acordar una ley por la que se aplique la pena de muerte. Es en estos parámetros en los que se tiene que mover cualquier juez, y en cuestiones relativas a los derechos sociales o la negociación colectiva, por mucho que quieran el Gobierno o los organismos internacionales, hay decisiones que no se pueden adoptar. Con respecto a la reforma laboral, hay toda una serie de cuestiones –como los modelos de contrato de trabajo o la negociación colectiva– que tienen problemas de encaje constitucional, y por eso se están valorando en el TC. Pero cualquier conflicto de normas que exista quien tiene que resolverlo no es el FMI, sino un juez imparcial e independiente.
P.: ¿Existen otro tipo de presiones, más allá de las declaraciones públicas, por parte de las empresas y los poderes económicos contra la judicatura?
R.: Nuestra jurisdicción social se ha ganado un respeto importante de los sectores sociales. Por eso vemos importante que desde determinados organismos se quiera erosionar la imagen de la Justicia. Lo que deben hacer la CEOE o el Gobierno es acatar las resoluciones y ya está, y algunas pueden ser sometidas a crítica en el ejercicio de la libertad de expresión, pero la crítica debe ser argumentada y a ser posible con razones jurídicas. Si no se está de acuerdo con la decisión relativa a un despido colectivo, hay que explicar en qué se ha podido equivocar el tribunal, pero eso nunca lo hacen.
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