Madrid es, junto a Atenas y Lisboa, una de las capitales europeas de la pobreza. Alrededor de un 4% de la población tiene problemas de acceso a alimentos. “La voz de alarma ya está dada, la sociedad está demostrando que es sensible ante el problema, pero las instituciones callan”, afirma la Carta Abierta contra el Hambre, un texto firmado por alrededor de 40 organizaciones sociales y presentado hoy en el que se expone la situación de alarma alimentaria que se vive en Madrid y se reclama la puesta en marcha de una serie de medidas para paliar el problema. Pero sobre todo, la carta expone una situación en la que chocan dos modelos de afrontar la crisis alimentaria: por un lado aquél basado en la filantropía y la buena voluntad, y, por otro, aquel en el que las instituciones tienen que garantizar el cumplimiento de un derecho positivo como es el derecho a la alimentación.
“Las propias administraciones publicas utilizan la filantropía de forma encubierta para que nadie se crea que tiene derecho a recibir esta ayuda”, explica a Diagonal el sociólogo José Ramón González, uno de los impulsores de la carta y autor del libro Emergencia alimentaria. Grecia, Portugal, España. González señala que no hay datos oficiales sobre personas atendidas por necesidad de alimentos ni sobre pobreza, “Creemos que es de forma deliberada, estamos luchando contra el negacionismo oficial del problema, que se basa en no facilitar datos”.Desde Carabanchel
La Carta contra el Hambre surge en el madrileño barrio de Carabanchel, a partir de una comisión sobre servicios públicos creada en el marco del 15M. González señala que precisamente en este barrio la situación de crisis alimentaria es un poco más aguda que en el resto de Madrid. El trabajo de estudio realizado por esta comisión se cruzó con una investigación sobre la situación de crisis alimentaria en Grecia, Portugal y España. A partir de ahí, otras organizaciones se involucraron en el proyecto y se pone en marcha la elaboración de la carta, que se acabó de consensuar entre los grupos participantes en junio de 2014.
La presentación de la carta irá acompañada, mañana en la sede de la Comisión Europea en Madrid, de la celebración de la Conferencia contra el Hambre, en la que agentes relacionados con el reparto de alimentos –tanto voluntarios como funcionarios de servicios sociales– grandes organizaciones como Cáritas y espacios creados desde abajo debatirán sobre qué medidas y cambios son necesarios para que se ponga en practica el derecho a la alimentación. “Tenemos que buscar una alianza estratégica entre las grandes instituciones de reparto de alimentos, que entendemos que no tienen que estar cómodas con esta función de sustitución del Estado, y ver que tienen que ver con estas pequeñas experiencias que logísticamente podrían estar muy conectadas”, explica González, quien señala la necesidad de crear una masa crítica de pensamiento en cuanto al derecho a la alimentación.
La Carta Abierta contra la Pobreza señala una serie de medidas de carácter urgente para paliar el problema de crisis alimentaria, entra las que se cuenta la aprobación de una dotación presupuestaria “suficiente para la compra de alimentos que la población empobrecida necesitan reforzando las ayudas económicas temporales y de emergencia social recogidas en la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid”. También la recuperación de las becas de comedor, de forma que cubran la totalidad del coste para familias con dificultades económicas; su apertura durante las vacaciones. Y, por último, que se cumpla el plazo máximo de tres meses a la hora de acceder a la renta mínima de inserción.
A corto plazo, la carta reclama que se modifique el sistema de reparto de alimentos para que sea más ágil y se conviertan los centros de distribución de alimentos en espacios de organización social.
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