El término “austeridad” –tramposo y equívoco como pocos–, aplicado a los salarios, hace referencia a las políticas destinadas a moderar o reducir las retribuciones de los trabajadores con el objetivo de activar la inversión, mejorando los márgenes de beneficio de las empresas, y promover la competitividad, ajustando los precios de los bienes y servicios colocados en los mercados doméstico, europeo y global.
No entraré a valorar los resultados de estas políticas, que han sido, en el mejor de los casos, discretos, o, directamente, negativos. Pero sí quiero llamar la atención del lector sobre una dimensión de la represión salarial –¡llamemos a las cosas por su nombre!– que trasciende los datos estadísticos sobre la evolución seguida por los salarios nominales y reales. Esta información es, por supuesto, muy necesaria, pero resulta claramente insuficiente para tener una visión cabal de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo.
La Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo 2015 elaborada por Eurofound aporta una batería de indicadores, de naturaleza más bien cualitativa, que da cuenta de la verdadera magnitud del ajuste salarial. Dos de las preguntas contenidas en el apartado denominado “Intensidad del trabajo” hacen referencia a las condiciones en que los asalariados realizan su trabajo: a) ¿Su puesto de trabajo conlleva trabajar a gran velocidad?, y b) ¿Su puesto conlleva trabajar con plazos muy ajustados? El valor añadido proporcionado por estos y otros indicadores que aparecen en el cuestionario es que abren la “caja negra” de las empresas, para preguntarse qué está sucediendo con las condiciones laborales de los que han conservado su empleo o han conseguido uno nuevo.
La respuesta a la primera pregunta para el conjunto de la Unión Europea es que el 23% de los trabajadores valoran que la velocidad con que desempeñan su tarea es siempre muy alta y para el 37% lo es entre una cuarta parte y tres cuartas partes de su jornada laboral. En España, los porcentajes son, respectivamente, el 33% y el 31%; y en Alemania, el 22% y el 44%. En total, más del 60% de los trabajadores encuestados consideran que están obligados a realizar su trabajo con gran velocidad.
La contestación a la segunda de las preguntas apunta en la misma dirección. En la UE, el 27% de los trabajadores opinan que siempre tienen que desarrollar su labor en plazos muy estrictos, y el 37% que lo tienen que hacer durante una buena parte de su tiempo laboral. En España estos porcentajes son el 35% y el 29%; y en Alemania, representan el 21% y el 45%. De nuevo nos encontramos con que más del 60% de los asalariados están obligados a desempeñar su trabajo en plazos muy ajustados.
Una conclusión, muy relevante, que se desprende de estos datos es que la represión salarial ha sido considerablemente más pronunciada que lo reflejado por las estadísticas agregadas sobre la trayectoria seguida por las retribuciones de los trabajadores. No sólo el crecimiento de los salarios nominales y reales en los años de crecimiento del Producto Interior Bruto (a partir de 2013) en la mayor parte de los países comunitarios ha sido débil o, simplemente, inexistente. Además, hay que tener en cuenta que la carga de trabajo -hacer más en menos tiempo- se ha intensificado para muchos trabajadores; ello supone una reducción de hecho de los salarios realmente percibidos.
Buena parte de los estudios en materia laboral ponen el foco en la destrucción o conservación del empleo, en la creación mayor o menor de puestos de trabajo o en la evolución de los salarios. Esta información es, desde luego, trascendental, pero es imprescindible poner el foco asimismo en las condiciones de trabajo dentro de las empresas; pues estas condiciones están cambiando sustancialmente, a peor, tanto en los países del norte como en los del sur, tanto en las empresas en declive como en las “historias de éxito”.
Para la economía crítica es evidente que presionar a la baja los salarios no crea puestos de trabajo (este ha sido uno de los argumentos estrella de las denominadas políticas de austeridad). Resulta igualmente claro que disponer de un puesto de trabajo y la reducción de la tasa de desempleo oficial no implica un aumento de las retribuciones de los trabajadores ni la mejora de sus condiciones de vida. En el escenario que emerge de la crisis, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo –a través de la represión salarial y de la aceleración de los ritmos laborales– se ha convertido en una pieza clave de la Europa realmente existente, del proceso de acumulación capitalista y de la propia supervivencia del sistema.
A escasos días del comienzo de la crucial COP24, Greenpeace publica el informe Así nos afecta el cambio climático en el que relata los efectos de este sobre la península, un territorio donde ya se ha alcanzado un aumento del 1,5ºC sobre los niveles predindustriales.
Mientras el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) alertaba al mundo de los problemas que supondría para el planeta al alcanzar un calentamiento de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, y del grave incremento de estos si se llegaba a los 2ºC, una cifra relativa a la península Ibérica pasaba medianamente desapercibida. “En España ya estamos en 1,5 grados”. Así lo afirmaba este miércoles David Vieites, biólogo y director del departamento de Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante la presentación del informe Así nos afecta el cambio climático realizado por Greenpeace. Esto dato hace de España, según la ONG, el país europeo más vulnerable al cambio climático.
Con la XXIV Conferencia de las Partes de Naciones Unidas contra el cambio climático (COP24), a la vuelta de la esquina —comienza el 2 de diciembre—, las organizaciones ecologistas hacen balance de los deberes y la ambición del Estado español al respecto. “Pedimos que España siga en una posición de reclamar la máxima ambición climática; que esté en todos los compromisos, como la eliminación progresiva del carbón; y que pida unas emisiones netas cero para el 2040”, señala Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.
Inundaciones en El Burgo de Ebro en abril de 2018
Un plan de cierre de las centrales energéticas contaminantes, —en concreto 2025 para las térmicas de carbón—, un calendario para el abandono de las energía sucias, un Plan Nacional de Energía y Clima para que el sistema eléctrico se acerque a un 100% renovable en 2030 y alcanzar el 100% de la demanda de energía final total con energías renovables, así como un plan para la transición justa hacia nuevas actividades productivas sostenibles y la eliminación de todas las subvenciones a energías sucias, son las demandas de la organización ecologista para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Se da la circunstancia que la Comisión Europea de que este miércoles la Comisión Europea ha presentado una propuesta para conseguir que 2050 sea el año en que la UE sea climáticamente neutral y elimine las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). “Esto es hoy solo una posibilidad”, matizaba José Luis García, responsable del Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, “pero es la primera vez que se plantea”. García hacía referencia además a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador, ha dicho, “tiene muchos elementos en la dirección correcta, pero se queda todavía corto”.
“El cambio climático no es igual en todo el planeta, y en España nos afecta principalmente en dos cosas: se incrementa la temperatura y se reducen las precipitaciones, y eso tiene consecuencias para el medio natural en el que vivimos y del que nos nutrimos”, indicaba Vieites este miércoles en la sede de Greenpeace. Dejando aparte un distópico —pero posible— colapso climático a largo plazo, estas dos no son, ni mucho menos las únicas consecuencias a las que se enfrenta la península.
1. Efectos sobre la Salud
“En el anteproyecto de Ley de cambio climático no hay ninguna palabra que aluda a los efectos sobre la salud del cambio climático”, denuncia Cristina Linares Gil, científica titular del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) e integrante del grupo de expertos para el sexto informe de IPCC. La cuestión no es baladí. Las olas de frío y de calor, algo que se está intensificando en todo el globo, con especial intensidad en España, pueden agravar enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
“El cambio climático no genera enfermedades nuevas, sino que va a exacerbar las que ya hay”, alerta la experta. Con unas previsiones para 2030 de 38.000 muertes anuales más por sobreexposición al calor, 48.000 por enfermedades diarreicas, 60.000 por paludismo y 95.000 muertes extra de malnutrición infantil, Linares señala que el calentamiento global “no es un debate, sino una cuestión de ciencia” sobre la que hay que actuar ya.
Una mayor mortalidad y un aumento de las enfermedades se relacionan directamente, además, con el aumento de olas de calor y de frío. Como explica la experta, “la temperatura global está subiendo en picos de sierra, los de arriba son olas de calor y abajo olas de frío”, algo que está relacionado con el aumento de la pobreza energética a la que tienen que hacer frente las personas con menos recursos. “El problema con la salud es principalmente que nos tenemos que adaptar y cómo va a ser esa adaptación, y si nuestros sistemas sanitarios están preparados para abordar y asimilar esa adaptación”, alerta. Tampoco olvida esta investigadora el aumento de las enfermedades tropicales en un país en el que no son endémicas.
2. Calidad del Aire
“El cambio climático va a promover más situaciones de estabilidad atmosférica y mayor frecuencia de estas, con lo que determinados contaminantes ya presentes en nuestras ciudades como las partículas (PM), el ozono troposférico (O3) o el dióxido de nitrógeno (NO2) permanecerán más tiempo en la atmósfera de las ciudad”, denuncia la científica del ISCIII. Además, según indica, “el efecto isla de calor en las grandes ciudades en verano tenemos una combinación mortal de temperatura y contaminantes que va a incrementar de forma importante la mortalidad por causas circulatorias y respiratorias”.
Con datos de 2014 basados en estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el informe La calidad del aire en el Estado español durante 2017, de Ecologistas en Acción, apuntaba cómo en España se contabilizan 30.000 muertes prematuras al año: 23.180 por partículas PM2,5, 6.740 por NO2 y 1.600 por ozono, “lo que supone casi duplicar los 16.000 fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas una década”, remarca la federación ecologista.
Además, el proceso de calentamiento implicará, según denuncian desde Greenpeace, más personas alérgicas con síntomas más acusados. “Habrá cambios en la distribución de los alérgenos, con períodos de polinización cada vez más largos, más intensos y con picos más abruptos, con gran cantidad de morbilidad asociadas”, expone Linares, quien recuerda que en la última década se ha triplicado el número de personas alérgicas registradas, principalmente en las grandes ciudades. Es en estas donde además donde partículas contaminantes como el NO2 interaccionan con el polen, algo que implica, según explica la científica, que “el sistema inmune reaccione de forma diferente, intensificándose los brotes alérgicos”.
Otro informe, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señalaba que la mala calidad y el cambio climático, unido a estilos de vida poco saludables, están afectando cada vez más a la salud en Europa, España, por supuesto, incluida.
3. Biodiversidad
“Hoy en día, el 50% de las especies de la península están amenazadas”. Así de tajante es David Vieites cuando habla de la relación de la biodiversidad con el calentamiento global. Eso hará que la las formas de vida de la península ibérica tenga que optar por una de estas tres opciones: migrar, quedarse y adaptarse, o morir.
El aumento de las temperaturas —o su descenso en determinadas zonas, ya que el cambio climático no es lineal, como remarcan estos científicos— afecta a los procesos esenciales de los organismos y a la pérdida de biodiversidad y de diversidad genética que ya ha provocado la sexta extinción masiva provocada por el ser humano se suma el aumento de la temperatura global.
La desaparición total del territorio peninsular del oso pardo o del alcornoque en el suroeste ibérico pueden ser una realidad a mediados de siglo. También la proliferación de especies exóticas es una consecuencias claras del cambio climático y en la que este tiene mucho que ver. Otra especie que ya se está viendo claramente afectada es la posidonia oceánica, el organismo vivo más longevo del mundo, hábitat de cientos de especies marinas y responsable del azul y la pureza de numerosos puntos de la costa mediterránea, puntos que cada vez son menos, lo que sin duda afectará al turismo.
4. Alimentación y agricultura
Según una investigación firmada por una quincena de científicos de Australia, China, Estados Unidos y Japón, y publicada en mayo en la revista Science, los cereales están viéndose alterados por la mayor proporción de dióxido de carbono. En concreto, el trabajo, centrado en el arroz —alimento básico de más de 3.000 millones de personas— señala que, a mayores niveles de CO2, menor cantidad de proteínas, minerales y vitaminas esenciales para los humanos se encuentra en los granos.
Otro estudio, de 2014 y publicado en la revista Nature, ya apuntaba que, de continuar el ritmo de incremento de CO2, en 2050 otros alimentos como el trigo, la cebolla o las patatas perderán entre un 6% y un 14% de proteínas y la dieta diaria habrá perdido, de media, más de un 5% de sus valores nutricionales.
La sequía crónica, como señalaba Vieites, es una de las principales y más acusadas consecuencias que el cambio global tendrá en España. Las pérdidas que en los últimos años se han acumulado en el sector de secano —especialmente en los cereales y el sector olivarero— son importantes, lo que en varias ocasiones han hecho incrementarse el precio de estos, algo que pasará cada vez más.
En el regadío, el sector que se lleva el 85% de las reservas de agua en España, la situación podría ser peor en el futuro, ya que son las regiones más secas del Estado —Almería, Murcia y País Valencià— las que lideran, con mucho, la producción de productos hortofrutícolas, una actividad que reporta 2.364 millones de euros al PIB nacional y genera más de 100.000 puestos de trabajo.
Por supuesto, no hay que olvidar los problemas que puede haber en el suministro de agua. Tampoco la desaparición progresiva de las abejas y otros insectos, ya que el 70% de las principales cultivos depende de la polinización de estos.
Olas en la playa de Arenales, en Liencres, cerca de Santander,
el 6 de febrero de 2014
5. Turismo y aumento del nivel del mar
Uno de los principales motores económicos españoles está claramente amenazado. “Aunque el nivel del mar aumente solo unos pocos milímetros, la línea de costa se va a ir erosionando”, indica Vieites, científico del CSIC. “Ese modelo va a haber que revisarlo, y si seguimos así el turismo de sol va a estar en Inglaterra”.
La actividad que supone el 16% del PIB va a verse comprometida por una serie de factores: el incremento de temperatura superior a la media global, la reducción de precipitaciones, el aumento de los fenómenos extremos, con olas de calor y tormentas, y el calentamiento de la superficie del mar, lo que implicará la proliferación de medusas, entre otras cosas.
El informe Cambio Climático en la Costa Española, elaborado por la Universidad de Cantabria en 2014, ya señalaba que la subida de las temperaturas en las zonas costeras mediterráneas, las más afectadas por el calentamiento global en Europa, haría que “la predisposición de los turistas visitar estos destinos diminuya tanto en temporada alta como en todas las temporadas con la subida de 1ºC”.
Vieites remarca además los cambios en la morfología de estas zonas que podría traer un aumento del nivel del mar, con inundaciones permanentes, además de un incremento de las puntuales.
6. Fenómenos meteorológicos extremos
Poco más que añadir a un conocido efecto del cambio climático que se lleva notando especialmente en la última década. Un “tiempo loco” que se traduce no solo en olas de calor y sequías, también en olas de frío, tormentas, lluvias torrenciales, ciclones, inundaciones e incluso huracanes, como ha hecho Leslie este año, el primer huracán que se acerca a Europa desde que hay registros.
El reciente informe del IPCC señala al Mediterráneo como “punto caliente” en este sentido, con un mayor calentamiento y menores precipitaciones como regla general.
7. Desertización y desertificación
Con señala el responsable del Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, “el 20% de la península ya es un desierto y el 75% del territorio está en riesgo de serlo”. Es un fenómeno que es claramente palpable en amplias zonas del territorio estatal.
Los paleoecólogos Joel Guiot y Wolfgang Cramer ya anunciaron en julio de 2017 en Science, que la fecha en la que la mitad de la península podría ser como el desierto del Sáhara si sigue el actual ritmo de calentamiento global es el año 2090.
Tal como señalan desde Greenpeace, la desertización está resultando en “una pérdida irreparable de suelo”, algo unido y amplificado por la actual sobreexplotación de lo acuíferos y de los recursos hídricos, el sobrepastoreo y la urbanización masiva e irracional.
Incendio en Coín, Málaga, en 2012
8. Incendios
Esta lista no puede finalizar sin hablar del fuego. El informe Así nos afecta el cambio climático apunta que “el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones crearán el caldo de cultivo ideal para los incendios forestales, especialmente en zonas de alta montaña”.
Los incendios registrados en Asturias, Galicia y Portugal son testimonio de ello. De hecho, en 2017 hubo mayor número de incendios, mayor superficie quemada y mayor número de grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas) que en ningún otro año de la última década, a excepción de la extensión calcinada, cuyo récord se alcanzó en 2012.
Las aerolíneas a nivel mundial alcanzarán unos ingresos por servicios complementarios de 92.900 millones de dólares (82.200 M €) al cierre de 2018; según la estimación realizada por al consultora CarTrawler. La cifra representa un aumento del 312% con respecto a los 22.600 millones de dólares (20.008 M €) de 2010, el primer año en que se efectuó este cálculo, y un 13% más que en 2017.
CarTrawler realiza esta estimación de ingresos por servicios complementarios por noveno año y corresponde a 175 aerolíneas.
Los ingresos ancillary se generan por actividades y servicios que producen flujo de caja para las aerolíneas más allá del transporte de sus clientes de un lugar a otro. Esta amplia gama de actividades incluye las comisiones por reservas hoteleras, la venta de millas de viajeros frecuentes a socios y el suministro de servicios a la carta, los cuales ofrecen más opciones para los consumidores y más beneficios para las aerolíneas.
“Los cerca de 93.000 millones de dólares en ingresos indican que los promotores de ventas de bienes están vendiendo productos que un gran número de clientes desean. IATA calcula que más de 4.300 millones de viajeros volarán en 2018. La mayoría de ellos ahora tienen la opción de pagar un poco más para conseguir más confort y comodidad, lo que proporciona a las aerolíneas una oportunidad de oro para construir y reforzar la experiencia de sus clientes a largo plazo”, explicó Aileen McCormack, directora comercial de CarTrawler.
La flexibilidad se extiende
La flexibilidad de los ingresos por servicios complementarios permite que cualquier aerolínea genere ingresos de opciones a la carta, venta de viajes a comisión, programas de viajero frecuente y paquetes de tarifas. Muchas de las mayores aerolíneas del mundo están adoptando la práctica de los servicios complementarios.
En el último año, la venta de tarifas de estilo económico básico, que no incluyen servicios como equipaje facturado y selección de asientos, han pasado a ser predominantes en las compañías aéreas que realizan rutas transatlánticas, así como en vuelos dentro de Norteamérica y Europa.
United reveló en 2017 que el atractivo de mejorar a una categoría superior a la clase turista básica funcionó muy bien; entre el 60 y 70% de los pasajeros seleccionaron el producto estándar de mayor precio en vez del turista básico, cuando le dieron la opción.
IdeaWorksCompany anticipa que el diseño de productos económicos básicos se expandirá en todo el mundo y aumentará la actividad por ingresos de servicios complementarios para aerolíneas tradicionales en África, Asia, Oriente Medio y Sudamérica.
La huelga indefinida en ISS-Airbus llega a su fin tras el referéndum celebrado en Illescas ayer por la mañana, con él se dio por bueno el acuerdo alcanzado con la empresa el pasado viernes.
Después de 21 días en que los compañeros han estado en las puertas de las factorías en un ejemplo de unidad y lucha que ya no se ven en estos tiempos de conformismo, la huelga indefinida en ISS en Illescas y Getafe llega a su fin.
El acuerdo alcanzando con la empresa y aprobado ayer en referéndum por la plantilla de ISS en Illescas, obliga a que los catorce compañeros despedidos (los otros tres compañeros ya fueron recolocados en Airbus) en el plazo máximo de 6 meses, sean recolocados inicialmente por ISS en los centros donde esta empresa tengan puestos de trabajo y con prioridad en las contrataciones que ISS haga en Airbus. Después de mucho luchar, más tarde o más temprano, si el trabajador quiere, volverá a trabajar para ISS en las plantas de Airbus en Getafe o Illescas.
Del mismo modo, con el fin de paliar la pérdida económica por los días de huelga, se les abonará a todos los trabajadores que tengan contrato con ISS una paga de 15 días en la nómina de Enero de 2019.
Hoy martes, se registrará la desconvocatoria de huelga, aunque los trabajadores no podrán entrar en las factorías de Airbus como muy pronto hasta el jueves, ya que antes la empresa ISS debe obtener los permisos de entrada y tener preparados los medios materiales de producción.
Airbus por su parte deberá deshacerse de las empresas que han hecho esquirolaje durante la huelga.
CGT mantendrá las denuncias ya interpuestas ante la inspección de trabajo por la vulneración del derecho a la huelga, ante el esquirolaje sufrido tanto por parte de Airbus como de ISS.
Del mismo modo, CGT vigilará muy de cerca el cumplimiento de este acuerdo, ya que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, ni nos fiamos de ISS, ni mucho menos nos fiamos de Airbus.
No han sido semanas fáciles, y seguramente el acuerdo al que se ha llegado podría haber sido mejor, pero hay que tener en cuenta que no sólo estábamos luchando contra una empresa, estábamos luchando contra tres, ISS, ID Logistic y Airbus; por no hablar de la nula colaboración del resto de organizaciones sindicales, que solamente se han dedicado a poner trabas y sembrar confusión entre los trabajadores de ISS. Con todos los contratiempos que hemos tenido, desde CGT sólo podemos sentirnos orgullosos y dar la enhorabuena a los compañeros de ISS, y mostrarles de nuevo todo nuestro apoyo. Habéis dado un ejemplo de lucha, dignidad y solidaridad, y solo esperamos que todo ello sea el espejo en el que se vea la clase obrera a partir de ahora.
Colectivos vecinales y ecologistas han puesto en marcha una plataforma para paralizar la ampliación del aeródromo de Casarrubios del Monte-El Alamo, un proyecto promovido por un grupo de empresarios que, bajo el nombre de Air City Madrid Sur, pretenden crear el segundo aeropuerto de la región.
Bajo el nombre de ‘Plataforma No Aeropuerto’, estos colectivos pretenden organizar una serie de charlas informativas para “tomar cartas en el asunto” y evitar que el proyecto de este nuevo aeropuerto llegue a materializarse, ya que se muestran “a favor de un modelo de transporte sostenible económica y ambientalmente”.
“Las poblaciones afectadas son muchas y sus habitantes están muy preocupados por las graves repercusiones en salud y calidad de vida que pueda generar este proyecto“, señalan en un comunicado, donde dicen “desconfiar” de este tipo de infraestructuras, “visto lo visto en Ciudad Real o Castellón por ejemplo”, dicen.
Desde la plataforma insisten en que este tipo de proyectos “prometen puestos de trabajo sin hablar de la calidad de los mismos y que luego quedan en nada”, ya que “no sería la primera vez que un proyecto tan ambicioso se va a pique y los ciudadanos tienen que pagar los sobrecostes con dinero público”.
Además, denuncian que las personas propietarias de los terrenos próximos al aeródromo “no tienen información al respecto”, por lo que “no saben si serán expropiadas o qué pasará con sus terrenos” en el caso de que se lleve cabo finalmente este aeropuerto, que fue anunciado el pasado mes como el segundo aeropuerto de la región.
También ponen el acento en que “la aviación comercial es una gran fuente de emisión de gases de efecto invernadero”, por lo que “miles de personas que viven en las cercanías se verán afectadas por la contaminación ambiental y por el ruido de los aviones, que puede acarrear problemas de salud por niveles de ruido nocivos”.
“Las aeronaves, además, sobrevolarían viviendas y terrenos dentro de la comarca del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama, un espacio natural protegido pero acorralado por carreteras, urbanizaciones y vertidos de residuos”, añaden desde la plataforma.
Ampliación del aeródromo Casarrubios-Álamo
La empresa Air City Madrid Sur presentó el pasado mes su proyecto para construir un segundo aeropuerto comercial para la capital de España de carácter privado, que consistirá en una ampliación del actual aeródromo de Casarrubios del Monte-Alamo, a caballo entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.
El proyecto responde, según los promotores, a la necesidad de un segundo aeropuerto en Madrid que garantice la conectividad aérea de la capital ante cualquier contingencia en Barajas y haga frente al crecimiento previsto del sector en una capital, la de Madrid, que es la única de las grandes urbes continentales con un solo aeropuerto.
Según informó la propia compañía, el proyecto contempla una pista principal de 3.200 metros, una terminal de 15.000 metros cuadrados en su primera fase con 6 millones de pasajeros al año y servicios aeroportuarios complementarios, con más de 50.000 metros cuadrados para mantenimiento de aeronaves y hangares.
La ubicación elegida ofrecería “varias ventajas” por su cercanía a Madrid -30 km-, la orografía del terreno, la “mínima afectación” al entorno y las comunicaciones terrestres con infraestructuras como la A-5 y la R-5, que dan acceso al aeródromo y conexiones a la A-42 y la A-4 a través de la CM-41 (Autovía de La Sagra).
Salón de actos de la FAL (Peñuelas 41, Metro Embajadores) viernes 30 de Noviembre a las 19:30h. Contaremos con la presencia de Alfonso Domingo, director del documental.
El sevillano Melchor Rodríguez García, exnovillero, anarquista de la CNT-FAI, salvó a miles de personas de derechas en la Guerra Civil. Sin embargo, su talla humana -un paradigma en medio de aquel conflicto fraticida- no es conocida por el gran público.
Melchor Rodríguez, que conoció la cárcel en más de treinta ocasiones a lo largo de su vida, fue nombrado Delegado especial de prisiones durante el mandato del anarquista García Oliver en el Ministerio de Justicia. Desde su puesto, a finales de 1936, detuvo las sacas de las cárceles madrileñas y los “paseos”, jugándose en numerosas ocasiones la vida, como cuando se enfrentó a una turba frente a la prisión de Alcalá de Henares.
Posteriormente fue encargado, tras el golpe del coronel Casado, de entregar Madrid a las tropas franquistas como concejal y último alcalde de la república. A pesar de su humanitaria actuación, fue juzgado por los vencedores y condenado a 20 años de cárcel, de los que cumplió cinco. Su entierro, en 1972, congregó a anarquistas y miembros del régimen en un caso único en la historia española. Su vida parece sacada de una película de ficción. Tal y como él decía, “se puede morir por las ideas, nunca matar”.
La gran presión del marketing alimentario, dirigido a la infancia, tiene gran incidencia en el aumento del consumo de alimentos insanos en su dieta. La campaña Defiéndeme demanda un sistema de regulación que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables.
En el Estado español, alrededor de un 40 % de los pequeños tienen sobrepeso u obesidad, una cifra que solo supera la de Chipre. Entre ellos, un 19 % de los niños y las niñas, es decir, casi uno de cada cinco, sufre obesidad.
Esto supone un auténtico fracaso de las actuales políticas públicas que deberían tener como objetivo la protección del derecho a la salud de nuestros hijos e hijas.
Una de las causas que están detrás de este cifras inasumibles, por todos los efectos que en la salud presente y futura de la infancia tienen, es la enorme presión del marketing alimentario dirigido expresamente a ellos, que ha conseguido generar un ambiente irrespirable del que no se puede escapar.
La población infantil son un grupo muy interesante para las empresas anunciantes, ya que estos ejercen una influencia en el 43 % de las compras familiares. La industria alimentaria despliega una presión intensa sobre la población infantil. Analizando las compras realizadas por población de 4 a 12 años encontramos que un 33 % son alimentos y bebidas.
No es de extrañar, la población infantil ve una media de 95 anuncios al cabo del día, más de 34.000 anuncios al año. En el Estado español, a lo largo de un año se crean alrededor de 5.000 campañas de distintos productos cuyo objetivo es el público infantil.
Es por esto que la propia OMS está exigiendo a los estados que tomen medidas contundentes, como la prohibición de este tipo de publicidad de alimentos insanos, que en nuestro país suponen 4 de cada 5.
La administración pública sanitaria hasta la fecha no ha hecho nada, amparándose en la existencia del PAOS, un código ético de publicidad infantil, que no diferencia entre alimentos sanos e insanos, que además es de autorregulación y voluntario, para entendernos, escrito por las propias empresas de alimentación procesada. Un código que está lleno de ambigüedades, que solamente cubre un pequeño espectro de la publicidad infantil, y que contiene numerosas y evidentes vías de escape y excepciones que puede usar la industria alimentaria. Por si no fuera suficiente, además, se incumple sistemáticamente. Los resultados muestran que el código PAOS es incumplido por el 49,3 % de los anuncios de empresas adheridas a este, existiendo además un 20,7 % de anuncios cuya evaluación presentaba dudas respecto a su cumplimiento. El porcentaje se eleva a más del 70 %. Pero aún hay más. Resulta que el porcentaje de incumplimiento fue mayor entre las empresas que sí han suscrito el Código respecto a las que no. Es decir, que parece que suscribir el Código exime de cumplirlo.
Y como colofón a este enorme engaño a la ciudadanía, la supervisión del cumplimiento del código PAOS es responsabilidad de una organización privada, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), formada por medios de comunicación, industria y sus asociaciones sectoriales. Las personas que forman parte del jurado son designadas por la Junta Directiva de Autocontrol y por el Instituto Nacional de Consumo. La Junta Directiva está presidida por Campofrío Food Group, y entre sus vocales encontramos a Danone, Coca-Cola, Gallina Blanca, Kellogg’s, Nestlé o Univeler.
Estos últimos días el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha diferentes medidas, entre ellas el etiquetado Nutri-Score con colores, justamente con el objetivo de ayudarnos a diferenciar los perfiles nutricionales de estos productos. La pregunta es obvia, ¿aquellos alimentos etiquetados en rojo como insanos, se deben seguir publicitando entre la población infantil?
Lo que sabemos hasta ahora es que la publicidad alimentaria infantil tiene un impacto directo y enorme en el consumo de los niños y niñas, y esto genera obesidad y enfermedades derivadas. Sabemos, además, que cualquier publicidad dirigida a la población infantil se trata simplemente de una manipulación, pues ellos no pueden distinguir entre la ficción y realidad, por tanto deben de ser especialmente protegidos.
También sabemos que hasta ahora la administración pública es consciente y sabedora de estos datos y los ha asumido y decidido no hacer nada para revertirlos.
Por ello desde la campaña Defiéndeme, más de 40 organizaciones sanitarias y sociales demandamos un sistema de regulación, con rango legal apropiado, que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables, con un perfil nutricional acorde con las recomendaciones de los expertos. Para seleccionar los productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin.
Al día de hoy, el Gobierno ha anunciado la voluntad de regular la publicidad infantil, pero de nuevo apelando a la autorregulación de las empresas y a su buena voluntad. Parece que las grandes empresas alimentarias han asumido que tiene que haber algún tipo de regulación, pero, por supuesto, no quieren que sea pública, prefieren, como hasta ahora, hacer lo que mejor les parezca e inventarse sus normas y controles.
¿Se imaginan ustedes a la industria del automóvil autorregulando sus emisiones?
Veremos si el Gobierno decide proteger la salud de millones de niñas y niños de este país, o los intereses de unas pocas multinacionales.
La Comisión indaga si restringen la competencia en la distribución de billetes de avión
La Comisión Europea ha abierto una investigación a los proveedores de sistemas de reservas de viajes Amadeus y Sabre al considerar que los acuerdos que alcanzan con aerolíneas y agencias de viajes sobre la distribución de billetes de avión podrían restringir la competencia. En concreto, Bruselas indagará si “ciertos términos” de esos pactos limitan las posibilidades de sus clientes para usar otros proveedores. Según fuentes comunitarias la investigación, sin fecha límite, se ha abierto de oficio.
La comisaria de Competencia, Margrethe Verstager, ha puesto el foco sobre los dos líderes del sector de los sistemas globales de distribución para viajes: la española Amadeus y su competidora norteamericana Sabre. Su tecnología permite acceder a los horarios de vuelos, la disponibilidad de asientos y los precios de los billetes de un enorme volumen de aerolíneas. La industria turística contrata sus servicios para tareas que van desde encargar vuelos y servicios por parte de las agencias hasta gestionar reservas de las aerolíneas.
Sin embargo, Bruselas sospecha que los acuerdos que están firmando con sus principales clientes podrían estar restringiendo la competencia y, por lo tanto, violando las leyes comunitarias al limitar su acceso a otros proveedores. En concreto, Competencia ha decidido indagar si esos pactos dificultan que otras empresas dedicadas a la distribución de billetes puedan entrar en el mercado y si, además, están repercutiendo sobre el coste de emisión de los pasajes, que acaban repercutiendo en los consumidores.
Verstager afirmó en un comunicado que “la liberalización del mercado de la aviación de la UE” ha supuesto “beneficios significativos para los ciudadanos”, incluyendo “más opciones y billetes más baratos”. “Nuestra investigación sobre Amadeus y Sabre se centra en posibles restricciones en la competencia en el mercado de servicios de billetes de avión. Nos preocupa que estas restricciones puedan crear barreras para la innovación y elevar el coste de distribución de los billetes”.
Los acuerdos que están bajo investigación, según Bruselas, pueden “infringir las normas de competencia de la UE”, que prohíben acuerdos entre empresas que restringen o distorsionan la competencia en el mercado único. El ejecutivo comunitario, que ha empezado una “investigación en profundidad”, ha recordado que la apertura del caso no prejuzga su resultado. Ese proceso no tiene fecha de finalización, puesto que esta depende de la complejidad del caso, las compañías afectadas y el ejercicio del derecho de defensa por parte de los proveedores.
De la propaganda en el buzón al bombardeo de spam político personalizado
La tramitación exprés de la nueva Ley de Protección de Datos ha introducido una disposición que pretende transformar el sistema de propaganda clásico por las nuevas técnicas de captación de voto a través de mensajería y redes sociales
Todo comenzó con una startup y un test. La startup se llamaba Global Science Research y, por medio de un sencillo formulario de preguntas y respuestas a través de Facebook, recopiló millones de datos de usuarios activos y de sus amigos. Los usuarios cobraron unos pocos dólares por rellenar el test y los datos fueron transferidas a Cambridge Analytica. El resto está hecho del material con el que se han forjado las campañas electorales y políticas que han marcado el último lustro: la elección de Trump, el Brexit o la elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Una serie de prácticas que combinan acumulación de datos —big data— con aprendizaje automático —machine learning— para diseñar modelos que funcionen en la segmentación de votos.
A través de esas herramientas comienza el bombardeo —que incluye las famosas fake news y los no menos famosos bots “rusos”— hasta conseguir lo que ya se ha llamado “el pucherazo en tu cabeza” (o cómo el smartphone conoce mejor que el usuario a quién va a votar y, sobre todo, en base a qué estímulos puede moverse el voto). Cambridge Analytica ya no existe, pero su sombra planea sobre los procesos electorales y campañas políticas en marcha. Aquella empresa alumbró una forma de negocio que amenaza con influir decisivamente en el futuro de las democracias liberales. Es el fin de la edad de la inocencia digital, y el Parlamento español se acaba de poner al día.
La semana pasada, el Senado español dio el último paso previo a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Tramitada de manera exprés —entre enero y noviembre—, la ley, aprobada por unanimidad por el Senado, introdujo una disposición final, la 58 bis, que ha sido denunciada como el artículo que abre la puerta al “spam político”. Sin embargo, aún hay demasiadas lagunas y brechas que no quedan esclarecidas en la normativa, y que tendrán que esclarecer los tribunales o la Junta Electoral, llegado el caso.
'Spam' analógico
La práctica de la propaganda política intrusiva ya existe en España y es una anomalía respecto al resto de países europeos, explica Simona Levi, experta en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la plataforma X.net. Las campañas electorales, desde hace muchos años, incluyen el llamado “buzoneo”, una práctica subvencionada, para la que los partidos cuentan con el censo de población. Una modificación en 2011 estableció avales para el buzoneo solo al alcance de los grandes partidos —y Podemos lo sufrió entonces— y, sin embargo, la nueva norma se lo pondrá aún más difícil a partidos emergentes y sin representación.
No es habitual en otros países del entorno recibir en casa la papeleta de los principales partidos. A partir de ahora, esa práctica puede ser sustituida por los mensajes a través de WhatsApp u otros sistemas de mensajería instantánea. Sin embargo, lo que alarma a los movimientos de defensa de derechos es la posibilidad de que esos mensajes surjan de herramientas de segmentación de voto y de ficheros en los que la ciudadanía quede clasificada según sus opiniones y tendencias. El gran hermano puesto al servicio de los partidos políticos españoles. La escopeta nacional en manos de HAL 9000. Planazo.
La protección de datos
De forma insólita, al tratarse de una ley en tramitación, la Agencia de Protección de Datos emitió una posición oficial en la que asegura, como primer punto, que la nueva ley “no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas”. Sin embargo, la respuesta de esta agencia no ha satisfecho las dudas generadas en el movimiento por los derechos digitales. Yolanda Quintana, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ironiza sobre el contenido del comunicado de la agencia: “Es como el comunicado de Schrödinger, no se puede saber si está vivo o muerto”.
Para Quintana, la respuesta es “inadmisible por parte de una agencia cuya finalidad es la protección”. A un primer y segundo punto en el que la agencia niega la mayor —el spam político— le sigue un tercero en el que asegura que la norma permite “la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales”. Una línea fina como un tranchete que puede determinar el uso y abuso de ficheros creados para campañas electorales.
El asesor de la PDLI y abogado Carlos Sánchez Almeida insiste en lo inadecuado de que la agencia —que fue dirigida en el pasado por el ponente de la ley aprobada, el socialista Artemi Rallo— se haya posicionado a favor de un texto que reduce garantías “de forma consciente”. “No hay buena fe; quien atribuye la disposición a la ignorancia se equivoca. [Los partidos] han aprendido muy bien que internet es un riesgo para su función intermediadora, lo que quieren es el control de la opinión pública para gestionar esa labor de intermediación”, explica.
Marcos G. Piñeiro es uno de los responsables de Concepto 05, una empresa dedicada a estrategia digital. Desde su experiencia, advierte de que hay que diferenciar entre la monitorización de la actividad en internet de temáticas y opiniones políticas, que “no difiere mucho de cuando se realizan encuestas”, y la publicidad. “Seleccionar los perfiles que emiten esas opiniones para después hacerles publicidad segmentada ya es una combinación más delicada. Que además este proceso lo realicen directamente los partidos políticos no parece demasiado democrático”, explica este colaborador de El Salto.
El Modus operandi
Piñeiro resuelve algunas dudas sobre el uso que la nueva normativa puede generar en el contexto de las campañas electorales: “La publicidad está cambiando en todos los sectores. Cada vez se busca que sea más efectiva, menos invasiva e interesante para el consumidor. Facebook, Google, Twitter, etc., basan su modelo de negocio en esta publicidad y cada día mejoran los procesos de segmentación para que el anunciante consiga llegar a personas con altas probabilidades de comprar su producto. Para ello crean algoritmos que aglutinan mucha información sobre los usuarios y detectan qué elementos tienen en común los que terminan efectuando la compra. Después hacen publicidad a más personas que tienen esas características y, por lo tanto, más posibilidades de compra”, explica Piñeiro.
Nada suena demasiado raro si se cambia el concepto compra por la “toma consciente de una decisión de voto”. El problema estriba en que la nueva ley, según sus críticos, amplía las capacidades de los partidos políticos para la explotación de este tipo de técnicas. Junto a la disposición 58 bis, la inclusión de los partidos políticos en el artículo 77 de la ley, que establece el régimen aplicable a responsables del tratamiento de datos, otorga a las formaciones —siempre y cuando tengan representación— el estatus de órganos “no comerciales”, de modo que la garantía para los particulares de su derecho de oposición —el aplicable para explicitar que no se quiere recibir información— se dificulta y encarece. Además, las sanciones aplicables disminuyen su gravedad, al dejar de ser entendidos como cualquier otra empresa.
Si se desarrolla el articulado tal y como está, el derecho de oposición requerirá el envío de la denegación explícita por correo certificado, adjuntando el DNI, “de forma que tendrán también el nombre y apellidos de tus padres y madres”, abunda el abogado Carlos Sánchez Almeida, quien considera que “habría que empezar a hablar de la agencia de desprotección de datos”.
Este experto, además, cuestiona además la forma en la que se llevarán a cabo estas técnicas de propaganda, ya que si los partidos subarriendan la capacidad recién adquirida a empresas especializadas puede darse un supuesto de cesión inconsentida de datos. La nueva ley exime a los partidos de autorización para este tratamiento, pero no les permite transferir a empresas esa materia prima para su explotación. La duda estriba en saber hasta qué punto los partidos están en disposición de generar oficinas de consultoría digital en su propio seno.
Partidos de dos velocidades
Para Simona Levi, es importante que no haya diferencias ni excepciones para los partidos políticos a la hora de emplear datos de particulares, ya que la nueva norma abre la puerta a que la comunicación “no tenga control”. En su opinión, los modelos de segmentación de opinión de Cambridge Analytica son el “pan de cada día” de un sector en auge, y la disposición aprobada en el Parlamento “afianza y protege este tipo de negocios, por más que la Agencia de Protección de Datos diga que no se permite perfilar con estas técnicas”. En opinión de Levi, la norma hace “una interpretación retorcida del reglamento europeo” en el que se basa la modificación de la ley. El objetivo es, en su opinión, que los grandes partidos mantengan “su base de voto cautivo, que sigue manteniendo en peligro la libertad y el secreto de voto, ya que se mantiene el acceso al censo”.
Carlos Sánchez Almeida añade su percepción de que la nueva norma puede suponer “una bomba nuclear en manos de un jefe de campaña”. Para Almeida, “en el momento en que un jefe de campaña toma el control, la organización se convierte en una organización con un solo fin… y lo van a usar”.
Yolanda Quintana, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), también estima que es imprudente dejar en manos de los partidos la derogación de la polémica disposición. “No confiamos en ningún grupo porque [la ley] salió por unanimidad, no confiamos ni en las intenciones ni en el uso de las prácticas”, señala Quintana, quien, no obstante, refiere que algunos partidos (Izquierda Unida y Podemos) han anunciado un recurso de inconstitucionalidad.
En todo caso, la PDLI ha preparado un antídoto en forma de escrito que se pondrá en marcha inmediatamente después de la publicación en el BOE de la Ley Orgánica. El formulario, explica Quintana a El Salto, permitirá a los individuos solicitar la “destrucción de cualquier fichero” con los que los partidos y formaciones vayan a trabajar sobre datos personales.
“La Junta Electoral se tendrá que pronunciar ante otra de las brechas jurídicas”, confirma Quintana, en referencia a las diferencias que se hace en el artículo 77 entre partidos con representación y aquellos que no la tienen: “Desde el punto de vista de la igualdad electoral es claramente incompatible”.
Las esperanzas de que no se desarrolle en toda su plenitud el llamado spam político también pasan por la Unión Europea: “Confiamos en que Europa eche para atrás cuando se informe de este articulado”, concluye esta portavoz de la PDLI, quien, no obstante, niega que la ley “haya nacido muerta” y la enclava en el momento actual de campañas electorales inminentes o en proceso.
Con leyes como la Lomce de educación, la Ley Mordaza o la reforma del Código Penal durmiendo el sueño de los justos, desde la PDLI se ve con cierto asombro cómo la Ley de Protección de Datos ha quemado las etapas en tiempo récord y ha añadido una disposición que cambia el modelo de propaganda de forma tan definitiva. A una semana de que se cierre la campaña andaluza y ante un 2019 que ya se presenta como estomagante hasta para los más forofos de los mítines y autobuses de campaña, la nueva norma introduce a España en una nueva etapa de comunicación política en la que la cabeza de los electores sustituye a los buzones de correos.
Desde la aparición del modelo low cost en el sector de las aerolíneas, allá por los inicios de la década de los setenta (Pacific Western Airlines fue la pionera y posteriormente su heredera Southwest Airlines, EE.UU.), y su desembarco en los principales mercados de la industria aérea, Europa y la región Asia-Pacífico, mucho ha cambiado las condiciones en las que trabajan pilotos y el resto del personal que componen la plantilla de una compañía aérea.
Lejos ya queda, como si de una época remota o casi inexistente se tratase, el momento vivido por muchos profesionales en el que las condiciones de trabajo eran sino ideales, casi, a la vez que justas, en una profesión, la nuestra, que le otorgaba a uno cierto prestigio y reconocimiento social frente a otras profesiones, y en el que las exigencias psicofísicas y de mantenimiento de la aptitud de vuelo tienen poco que ver con otras, sin desmerecer ninguna otra profesión.
Sucesivas crisis económicas, en las últimas décadas, el ataque de las Torres Gemelas, el desplome del precio del petróleo, y la feroz competencia entre las aerolíneas de todo el mundo por dominar sus mercados y no perder clientes, nos han llevado a una situación actual en la que la reestructuración de las grandes compañías aéreas se ha enfocado principalmente en reducir costes operativos, con la creación de filiales low cost, para por un lado combatir contra este nuevo modelo que nació en Estados Unidos y aterrizó con fuerza en Europa de la mano de compañías como Ryanair, Easyjet, Wizz Air, etc…y por otro lado, esa reducción de costes operativos ha afectado de una manera preocupante y podríamos decir, que hasta abusiva, a las condiciones y prestaciones que actualmente pueden disfrutar los pilotos comerciales, y mas concretamente, algunos pilotos en determinadas aerolíneas (regionales, aviación general y algunas grandes aerolíneas auto-denominadas de “clase mundial”).
La presión sobre el colectivo de pilotos lejos de disminuir, ha ido en aumento los últimos años con el cese de operaciones constante de las compañías aéreas más débiles, o por absorción de las más grandes. Recordemos que solo en España han desaparecido no menos de 25 compañías aéreas en los últimos 30 años, ocupando su lugar en nuestros aeropuertos españoles algunas low cost extranjeras que han visto la gran oportunidad de crecimiento en España, un país que en 2015 recibió la visita de 68 millones de turistas, un nuevo máximo histórico.
La consecuencia derivada de este proceso, ha sido que un gran número de profesionales han empezado a mirar a otros mercados, que antaño, no parecían ser tan atractivos cuando el “patio de casa” brillaba con fuerza en pleno auge del sector de la aviación comercial, pero que ahora se vislumbran como la gran oportunidad de recuperar esa calidad de vida perdida, con las prestaciones que realmente merece nuestro colectivo debido al alto rendimiento que las compañías aéreas de hoy, exigen a sus pilotos.
Desde el comienzo de la crisis en España, en 2008, cerca de 2.500.000 españoles, en su mayoría, profesionales altamente cualificados han salido fuera de nuestro país en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones de trabajo. De ellos un gran número han sido pilotos que principalmente han buscado los mercados de Oriente Medio, Asia, y en menor medida Latinoamérica.
CHINA: UN MERCADO EN EXPANSIÓN
En los dos últimos años, el mercado chino se ha posicionado como uno de los que mas profesionales demanda debido al crecimiento acelerado de la industria aérea en el león asiático. Pilotos, personal técnico de mantenimiento, etc…son las profesiones mas demandadas en el sector de las aerolíneas chinas, un mercado que, según los analistas seguirá creciendo durante los próximos 10-15 años.
El boom del transporte aéreo en China se está produciendo fundamentalmente por dos razones:
1º) Actualmente solo el 20% del espacio aéreo chino se utiliza para aviación civil, debido a las restricciones que la aviación militar ejerce sobre ese país. Tanto compañías aéreas locales(China Southern, Air China, China Eastern, etc.)como extranjeras, con acuerdos bilaterales con el gobierno chino, están demandando cada vez más conexiones aéreas entre sus países y China y por lo tanto demandando la liberalización del espacio aéreo que actualmente está expresamente reservado para operaciones militares. (Fuente:Universidad de Aviación Civil de China).
2º) Una cada vez mas númerosa clase media que está migrando de las zonas rurales a las ciudades, con mayor poder adquisitivo y facilidad para viajar. Según un estudio de la prestigiosa Consultora estratégica McKinsey, más de 300 millones de chinos se han movido de las áreas rurales a la ciudad en los últimos 30 años, y otros 350 millones están de camino. Se espera que para el año 2030 dos tercios de la clase media mundial se localice en la región Asia-Pacífico.
Podriamos añadir, de manera adicional, que el gobierno chino está fomentando el desarrollo del ferrocarril, abaratando el precio de los billetes en desplazamientos cortos y medios, lo que está provocando una “guerra comercial” por ganar clientes entre la industria del ferrocarril y la del transporte aéreo.
AEROLÍNEAS CHINAS: CONDICIONES DE TRABAJO
Con este escenario sobre el tapete, es fácil entender, por que se está empezando a producir una fuga de pilotos hacia el mercado chino, donde la necesidad de estos profesionales empieza a ser un problema debido a la falta de mano de obra en el país. Según Boeing, la demanda prevista de nuevos pilotos y técnicos por región para los próximos 20 años es la siguiente:
Asia-Pacífico – 226.000 pilotos y 238.000 técnicos
Europa – 95.000 pilotos y 101.000 técnicos
Norte América – 95.000 pilotos y 113.000 técnicos
América Latina – 47.000 pilotos y 47.000 técnicos
Oriente Próximo – 60.000 pilotos y 66.000 técnicos
África – 18.000 pilotos y 22.000 técnicos
Rusia y la CEI – 17.000 pilotos y 22.000 técnicos
Las condiciones y tipos de contratos que ofrecen las aerolíneas chinas a los pilotos “expat”, son cada vez más atractivas. Hecho que se suma a la posibilidad en muchos casos, de que algunas compañías ofrezcan una base europea para el piloto con un reverse schedule pattern o RSP, a tan solo dos horas de casa. En este tipo de contrato podemos optar por bases como Amsterdam, Londres, Frankfurt, etc…una oferta difícil de rechazar en el actual escenario. Sueldos que oscilan entre $14.000/mes y $25.000/mes se pueden ver a diario en las ofertas que publican los diferentes brokers aéreos que ofrecen sus servicios en la región Asia-Pacífico.
Imagen del nuevo aeropuerto internacional de Pekín
En cuanto a las diferentes bases a las que podemos optar en territorio chino si elegimos un contrato commuting o resident, las compañías chinas nos ofrecen la posibilidad de escoger de entre una lista de grandes ciudades, principalmente en la zona sur y este del país, donde se localizan los grandes centros económicos y sociales del país. Hablamos de ciudades como Pekín, la capital del país, Shangai, Tianjing, Cantón y Shenzen, donde las aerolíneas locales fijan sus hubs de operaciones y planifican la conectividad aérea en un país de más de 1300 millones de habitantes.
Acuerdo de Cooperación entre EASA y la CAAC
Las relaciones diplomáticas entre Europa y China, lejos de retroceder, avanzan a pasos agigantados en el actual escenario de crisis mundial, con la firma de acuerdos marco y convenios bilaterales en materia de economía, empresarial, turismo y cultura(España firmó en 2015 durante el viaje de estado del Presidente Rajoy a China, acuerdos bilaterales comerciales por un valor superior a $4000 millones). Uno de los mas importantes y que contribuye positivamente al desarrollo y crecimiento de la aviación comercial entre ambos actores, ha sido la reciente firma del Aviation Partnership Project (APP) firmado entre la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Administración de Aviación Civil de China (CAAC).
Dicho acuerdo de cooperación valorado en unos 10 millones de euros se centra principalmente en las áreas de Seguridad, Aeronavegabilidad y Legislación, entre otras cinco áreas más. Uno de los puntos a destacar y en el que se está trabajando junto con organismos de turismo y agencias de viajes tanto españolas como chinas, es en el aumento de la conectividad aérea entre ambos países.
De momento, a Air China, la primera que ya volaba a nuestro país, le siguen Beijing Capital Airlines, con servicio a Madrid desde Hangzhou y Cathay Pacific, que comenzará la ruta Hong Kong-Madrid el próximo 2 de junio.
Las grandes aerolíneas chinas ya han puesto su objetivo en España. Según datos de Turespaña, el organismo nacional de turismo, se prevé que en 2020 lleguen a España 1.000.000 de turistas chinos, un aumento del flujo de viajeros considerable, teniendo en cuenta que en 2015 nuestro país recibió 300.000, del total de 68,1 millones de turistas que nos visitó.
Quizás estemos siendo testigos del renacimiento de la antigua ruta de la seda..”The Silk Road”…, esta vez por aire…
El conflicto de Airbus, que a día de hoy se alarga ya a más de dos semanas de huelga indefinida, comenzó con la información de que la empresa ID Logistics había perdido el contrato de servicio de limpieza y transporte de útiles en la empresa aeronáutica Airbus, en las factorías de Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid). En su lugar, entraría la empresa ISS Facility, lo que implicaría una fácil subrogación, que no debiera de suponer más problema que un simple cambio de chaquetilla, con un logo diferente. No es la primera vez que sucede en nuestra plantilla, o en muchas otras de nuestro entorno y rara vez ha supuesto conflicto alguno, puesto que han de respetar todos los derechos que tienen los trabajadores.
En esta ocasión, algo cambió a dos días de dicha subrogación. Airbus comunica a ISS que recorta un porcentaje del paquete de trabajo que subcontrataba, quedando así mermado en 17 trabajadores de la planta de Illescas.
Como no podía ser de otra manera, los trabajadores se reúnen en Asamblea y de allí, sale la decisión de convocar una Huelga Indefinida para el día 5 de noviembre, si no se llega a una solución. Se decide que si no entramos todos, no entra nadie. El sindicato CGT, mayoría en el Comité de Empresa, es el que le da forma legal a la decisión adoptada. Los compañeros de Getafe, aun sin afectarles directamente la reducción de puestos de trabajo, deciden apoyar y secundar la huelga igualmente.
El día 31 de octubre, antes del Puente de los Santos, fue un día para olvidar. Nos reunieron a todos en la oficina de la empresa entrante para oficializar los rumores. Sacaron una lista con los 17 nombres que no continuarían y la situación se tensó viviendo una escena que se asemejaba mucho a lo que se vivía en las plazas de los pueblos, cuando pasaban los “amos” ofreciendo peonadas.
Tras un largo puente para pensar en frío, el lunes día 5 de noviembre comienzan entonces las acampadas en las puertas de ambas factorías. Día y noche haciendo guardias al calor de la hoguera y del compañerismo.
En cuanto a acercamientos en busca de solución, la primera semana hay poco movimiento. Las empresas quisieron generar fatiga en nosotros y un silencio que produjo una incertidumbre que en ocasiones nos hizo dudar de hacia dónde nos estábamos dirigiendo.
La segunda semana la cosa cambia. Se dan cuenta de que no vamos de farol y que estamos dispuestos a permanecer en nuestra postura hasta solucionar esta sinrazón. Las factorías empiezan a resentirse por la falta de nuestro trabajo y muchas secciones tienen que parar de fabricar por no tener útiles limpios ni movimientos de los mismos entre máquinas. Es por ello que Airbus decide cometer la ilegalidad de vulnerar el derecho a la huelga, contratando a tres empresas diferentes para intentar paliar el hueco que nosotros dejamos.
Nos confirma la inspectora de trabajo, que acude ante nuestra denuncia, que lo que Airbus está haciendo es totalmente ilegal, pero que como tiene mucho poderío económico, probablemente, el pago de la multa que le impongan no le supondrá esfuerzo económico real. Estamos seguros de que han echado cuentas y les sale rentable.
Además, nos aseguran desde dentro de la fábrica, que los trabajos que nosotros realizábamos se están haciendo sin unos mínimos de seguridad, lo que podría suponer un accidente grave del que nos arrepintiésemos todos. Y es que mover utillaje que pesa varias toneladas no es ningún juego de niños.
Se suceden reuniones cruzadas entre las cuatro partes: Airbus, IDL, ISS y Comité de Huelga. Entramos en una montaña rusa de sensaciones. Cuando tras una reunión salimos habiendo dado un paso adelante para un posible acuerdo, en la siguiente volvemos a retrocederlo por falta de acuerdo entre alguna de las tres empresas.
Entre Airbus e IDL, la empresa saliente, hay temas legales que se nos escapan. No quieren relación alguna y eso nos perjudica.
Sin ir más lejos, el jueves 15 estuvimos a un paso del acuerdo, pero esa mala relación entre empresas lo truncó, dejándonos de nuevo en la calle. El pasado viernes, viendo el escaso avance y la resistencia por parte de Airbus, nos convocamos en Asamblea todos los compañeros en el campamento de Illescas para decidir el devenir de la tercera semana. La decisión fue continuar otra semana más para seguir tensando la situación y ya veríamos después.
Este lunes pasado, los sindicatos de Airbus se reunieron con su empresa para intentar buscar solución y nos trasladaron lo que parecía un pasito atrás de la empresa y la intención de solucionar el conflicto, que se extiende ya demasiado en el tiempo.
Hemos sido visitados por muchísima gente que nos ha brindado su apoyo; compañeros de otras empresas, que vienen desde lejos o que salen de la fábrica en su tiempo de descanso. También distintos grupos políticos, tanto a nivel de ayuntamientos de la zona como del Congreso de los Diputados, mucha prensa escrita y audiovisual… A todxs ellxs les damos las gracias por su esfuerzo.
A día de hoy, estamos a la espera de concretar una nueva reunión con la empresa entrante para poner encima de la mesa toda la información trasladada entre todas las partes y poder llegar a un acuerdo, que parece algo más cercano que días atrás. Hoy jueves tenemos un arbitraje, en el que podría solucionarse todo, aunque visto lo visto, no queremos hacernos ilusiones para que una posible cuarta semana de huelga no se nos haga psicológicamente complicada.
Estamos fuertes, aun con lluvia y frío, pero convencidos de que existen soluciones si hay voluntad. IDL da trabajo en España a más de 4200 personas e ISS a más de 27000.
¿En serio les es tan difícil dar trabajo a 17? ¿O estamos siendo rehenes de una política entre empresas con dobles intenciones?
Una conclusión, muy relevante, que se desprende de estos datos es que la represión salarial ha sido considerablemente más pronunciada que lo reflejado por las estadísticas agregadas sobre la trayectoria seguida por las retribuciones de los trabajadores. No sólo el crecimiento de los salarios nominales y reales en los años de crecimiento del Producto Interior Bruto (a partir de 2013) en la mayor parte de los países comunitarios ha sido débil o, simplemente, inexistente. Además, hay que tener en cuenta que la carga de trabajo -hacer más en menos tiempo- se ha intensificado para muchos trabajadores; ello supone una reducción de hecho de los salarios realmente percibidos. 
