La producción de energía nuclear es peligrosa y genera residuos letales, pero el Tribunal Supremo ha decidido dar un balón de oxígeno a las empresas privadas que producen ese tipo de energía y ha franqueado el camino para el proyecto del PP de construir un cementerio radiactivo en Cuenca.
El miércoles 18 de enero de 2017 ha sido un gran día para los partidarios de la energía nuclear, para el Gobierno del PP y para todos los defensores del cortoplacismo. La producción de energía nuclear es peligrosa y genera residuos letales, pero el Tribunal Supremo ha decidido dar un balón de oxígeno a las empresas privadas que producen ese tipo de energía y ha franqueado el camino para el proyecto del PP de construir un cementerio radiactivo en Cuenca.
Por si alguien todavía no lo sabe, la gestión de los residuos nucleares es competencia pública (sí, las empresas privadas se lucran con la energía nuclear; pero usted y yo pagamos la gestión de esos residuos). En España, hasta el momento, no existe un lugar donde almacenar eso
s desechos de alta actividad (más allá de las piscinas de las centrales nucleares). El modelo nuclear necesita de un cementerio radiactivo y el lugar elegido para instalarlo fue la localidad conquense de Villar de Cañas, para alegría de su Ayuntamiento (gobernado por el PP).
s desechos de alta actividad (más allá de las piscinas de las centrales nucleares). El modelo nuclear necesita de un cementerio radiactivo y el lugar elegido para instalarlo fue la localidad conquense de Villar de Cañas, para alegría de su Ayuntamiento (gobernado por el PP).
Ese cementerio radiactivo (conocido eufemísticamente como Almacén Temporal Centralizado, ATC), todavía sin construir, será la gigantesca alfombra bajo la que esconder durante siglos la porquería asesina que genera un modelo de producción energética insostenible. Pero esa energía es la que satisface, a su vez, este modelo de sociedad adicta al consumismo, al productivismo y al extractivismo. Esa sociedad soñada por la derecha. Quizá no ha sido casualidad que el Tribunal Supremo publique su discutible decisión en plena ola de frío y el mismo día que el precio de la luz alcanzaba máximos históricos.
El Supremo ha decidido tumbar las medidas de protección medioambiental adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE) que buscaban paralizar las obras del cementerio nuclear. Y el Alto Tribunal lo hace empleando el argumento intoxicador e hipócrita de que debe prevalecer “la seguridad nuclear”. Señores magistrados: si no existiera la industria nuclear no habría necesidad de “seguridad nuclear”.
La decisión del Supremo legitima un modelo energético insostenible, fuertemente ideologizado y muy peligroso. Además, hace recaer en todos nosotros (en nuestro medio ambiente y en nuestro bolsillo) el riesgo generado por dicha industria nuclear. El único sentido de un cementerio nuclear debería ser el de acoger los últimos residuos generados por esa industria antes de su desmantelamiento definitivo. Y la construcción y gestión de dicho cementerio debería ser costeada por las propias empresas privadas que se lucran con esa forma de energía a costa de nuestro medio ambiente, de nuestro bolsillo y de nuestra salud.
Lo que el Supremo ha hecho es muy parecido a una amnistía fiscal en la que no sólo se le permite al defraudador blanquear su dinero negro (enterrar los residuos en un cementerio nuclear), sino que además se le anima a que siga defraudando (a que siga produciendo energía nuclear). Pero las consecuencias son mucho más graves que las de una amnistía fiscal… Las consecuencias durarán siglos.
El Supremo intenta justificar su decisión argumentando que es más importante la seguridad nuclear que “la ampliación de un espacio protegido para las aves”, cuando esa no es la discusión, esa no es la batalla que se está librando aquí. La protección de esas aves, me atrevo a decir, es una metáfora del futuro que queremos: un futuro sin energía nuclear, sin residuos radiactivos y sin el ansia depredadora de los recursos naturales que alienta el capitalismo salvaje.
Este miércoles, 18 de enero de 2017, el Tribunal Supremo no ha velado por los intereses de la sociedad, no ha pensado en el largo plazo ni en el modelo energético que necesitamos. Los magistrados se han limitado a mirar por los intereses de unos pocos: los de siempre.
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