La Guardia Civil cifra en 845.000 euros el supuesto fraude de los cursos de formación
La Unidad Central Operativa (UCO) estima en al menos 845.226 euros el supuesto fraude de los cursos de formación cometido por el sindicato UGT entre 2010 y 2014, concentrándose el grueso del montante presuntamente utilizado de forma ilícita en los primeros años de la investigación. De hecho, el dinero supuestamente defraudado en 2012 (103.847 euros) y 2013(19.204 euros) no podría considerarse fraude de subvenciones ya que no supera el límite de 120.00 euros por ejercicio establecido en el Código Penal para ser considerado delito, por lo que podría resolverse como una mera irregularidad administrativa.
Los investigadores entienden, en cualquier caso, que queda demostrado que el sindicato vino haciendo un uso irregular de estas subvenciones durante años mediante «facturas engordadas» respecto a los costes de alquileres de locales y materiales, como se había apuntado en un primer informe, pero también utilizando este tipo de ayudas para financiar nóminas como si sus destinatarios estuvieran relacionados con estos cursos, aunque, realmente, no fuera así.
Los últimos acontecimientos en relación con el presunto uso fraudulento de estas ayudas por parte de UGT -con registro de sede y detención de seis personas incluida-, han hecho que todos los ojos vuelvan a mirar hacia el Principado, como gestor de estos fondos públicos. De ahí que el Ejecutivo regional defendiera ayer el «rigor» y la «limpieza» con la que se vienen adjudicando y controlando estas subvenciones. El Principado emitió un extenso comunicado para defender el seguimiento que, desde la Consejería de Empleo, se realiza de estas ayudas públicas. «Se revisa el 100% mediante la comprobación exhaustiva y plena de la documentación, incluido el soporte justificativo de los gastos», explican.
El propio consejero de Empleo, Francisco Blanco, realizó manifestaciones al respecto en el pabellón de Asturias en Fitur, donde subrayó el «exceso de celo» que, en su opinión, se ha demostrado tener en el control de estas convocatorias ya que, anotó, llegaron a revocarse subvenciones al sindicato que fueron autorizadas posteriormente por los tribunales. Se refiere Blanco a una convocatoria de 2013 en la que el Gobierno aplicó a UGT una valoración de -20 puntos en el apartado de gestión económico-administrativa como consecuencia, apuntaron, de una «incidencia derivada del seguimiento de acciones anteriores». Una decisión que provocó que el sindicato presentase un recurso que se resolvió a su favor, recibiendo finalmente una subvención de 498.958 euros.
También explicaron desde el Principado que el Servicio Público de Empleo ha iniciado otro procedimiento de «revocación y reintegro» contra UGT por una cantidad que entiende no estar justificada adecuadamente, correspondiente a la subvención obtenida por el Instituto de Formación de Estudios (IFES), entidad vinculada a UGT, en la convocatoria de formación de 2011. En este caso la subvención asciende a 403.504 euros y la resolución ha sido impugnada, estando pendiente de sentencia. No obstante, Blanco matizó que la revocación de subvenciones es una práctica «habitual» no «exclusiva» en el caso de UGT.
«En tiempo y forma»
El Ejecutivo regional anotó además que no sólo ha venido «atendiendo puntualmente en tiempo y forma» a los sucesivos requerimientos por parte de la Fiscalía, sino que los servicios jurídicos del Principado decidieron en febrero de 2016 personarse en dicho procedimiento. «El Ejecutivo dio de este modo un paso más en su obligación de velar por el buen empleo del dinero público», argumentan.
El Gabinete de Javier Fernández entiende, por lo tanto, que está «fuera de duda» su disposición a colaborar con la Justicia y asegura poder demostrar «tanto la limpieza de su actuación como el cumplimiento escrupuloso de la normativa», por lo que anuncia que comparecerá en la Junta General para ofrecer las explicaciones que le sean solicitadas. Evita, eso sí, hacer valoraciones sobre el operación policial que tuvo lugar el pasado martes.
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