El Ministerio de Fomento, el dueño de la red pública de aeropuertos, AENA y las 60 aerolíneas que operan en España, firmaron el jueves un pacto que ponía fin a la guerra de las tasas. El acuerdo establecía un tope en la subida de estos precios del IPC más un punto en 2014, del IPC más dos puntos en 2015 y del IPC más puntos en 2016 y hasta 2018 del IPC más 4 puntos. Además el Gobierno ha aceptado mantener el pacto de moderación de tasas hasta 2023 en los parámetros que se negocien en su día.
La rúbrica por parte de las aerolíneas, con la significativa excepción de la irlandesa Ryanair (la que más viajeros transporta en España con 28,9 millones en 2012), no se ha producido sin condiciones. Fomento se ha comprometido a modificar la ley de la Seguridad Aérea aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
Tal modificación es la garantía que han exigido las aerolíneas como condición para proceder a retirar las demandas que en su día presento la patronal ALA ante la UE y las compañías ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En las demandas denunciaban la “subida abusiva” de un 19% impuesta “sin respetar los procedimientos legales” de las tasas de aeropuerto de AENA en el año 2012. Los querellantes reclamaban compensaciones y multas contra la Administración española por un importe superior a 200 millones de euros.
Las modificaciones de la Ley de Seguridad Aérea que exigen las aerolíneas, y a las que se compromete Fomento, tienen por objetivo ampliar el plazo por el que AENA, en base a los compromisos de ajuste fiscal, se comprometía ante la Unión Europea a equilibrar su balance antes de 2016 subiendo las tasas hasta ese año con un tope del IPC más cinco puntos.
Ryanair se queda fuera
Del acuerdo con el que se han comprometido la Administración y las aerolíneas, queda al margen la mayor compañía por número de pasajeros que opera en España: Ryanair. La irlandesa presentó una propuesta de pacto a Fomento por la que se comprometía a traer a España cinco millones de pasajeros adicionales a los 28,9 millones que ya transportó en 2012. A cambio reclamaba que no se le aplicara la subida de tasas. Fomento no aceptó la propuesta y Ryanair ha quedado fuera del pacto con lo que, con toda probabilidad, no retirará las demandas que, a título propio, interpuso contra la Administración española por la subida de 2012.
Del acuerdo con el que se han comprometido la Administración y las aerolíneas, queda al margen la mayor compañía por número de pasajeros que opera en España: Ryanair. La irlandesa presentó una propuesta de pacto a Fomento por la que se comprometía a traer a España cinco millones de pasajeros adicionales a los 28,9 millones que ya transportó en 2012. A cambio reclamaba que no se le aplicara la subida de tasas. Fomento no aceptó la propuesta y Ryanair ha quedado fuera del pacto con lo que, con toda probabilidad, no retirará las demandas que, a título propio, interpuso contra la Administración española por la subida de 2012.
En un comunicado la compañía lamenta que Fomento y AENA “hayan dado un ultimátum que implica un incremento de tasas sobre los ya de por sí elevados precios actuales. Todo ello con la finalidad de pagar el déficit generado como consecuencia del despilfarro efectuado en terminales y pistas que nadie había solicitado ni tienen ninguna justificación lógica”. Tras recordar que en el último año los aeropuertos españoles han perdido 10 millones de pasajeros y augurar que en 2013 perderán otros 15 a causa de las “tasas excesivas”, Ryanair lamenta que AENA haya rechazado su plan “para generar anualmente más de 5 millones de pasajeros, 5.000 puestos de trabajo y 1.200 millones de euros en ingresos turísticos”.
Privatización lejana
Diversas fuentes que han participado en las negociaciones sobre las tasas han asegurado que durante el proceso “solo se ha abordado tangencialmente” el plan de privatización de una parte entre el 30% y el 49% del capital de la empresa propietaria de la red pública de aeródromos, AENA Aeropuertos. Las compañías solicitaron garantías para que, cuando se produzca tal privatización, no se disparen aquellos precios de las terminales aéreas que no están regulados, tales como los aparcamientos, las cafeterías, bares y restaurantes, los accesos o los establecimientos comerciales. Las fuentes mencionadas dijeron que, de los planteamientos de sus interlocutores en Fomento, se desprende que tal privatización “no será un proceso que se aborde a corto plazo”.
No al capital riesgo
Las aerolíneas, por su parte, han transmitido a Fomento que “verían con muy malos ojos” que el comprador de una participación significativa de las acciones del dueño de los aeropuertos españoles cayera en manos de un fondo de capital riesgo. El temor se ha disparado tras conocer que los operadores aeroportuarios privados españoles como Ferrovial o Abertis no están interesados en la privatización, según las condiciones inicialmente apuntadas. Temen que si entra un fondo de inversión, los precios de los principales aeropuertos de la red se disparen, y además se genere una situación de inestabilidad en el sistema aeroportuario “dada la visión cortoplacista de los negocios que tienen las empresas de riesgo”.
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