CGT MAD BARAJAS: ¿Por qué el Salario Mínimo Interprofesional de 835 euros no es suficiente?

Hay que coger una muestra muy amplia en el tiempo para poder sumar una subida del Salario Mínimo Interprofesional con la cuantía absoluta igual a la que se pactó ayer en la llamada mesa de diálogo social que se reúne en el seno del Ministerio de Empleo. El año que viene, 2018, el SMIhabrá subido 130 euros con respecto a hace una década, el año 2008, cuando llegó a los 600 euros. Esta vez la subida de una década se hará realidad en 3 años, cuando en 2020 sea de 835 euros en 14 pagas anuales. Sin embargo para sindicatos que no participan en esta mesa -solo lo hacen CCOO y UGT-, catalogan el acuerdo, como mínimo de insuficiente

Unión Sindical Obrera - USO

En el tercer sindicato con mayor representación en España celebran el acuerdo, porque “no es una mala noticia” dice Laura Estévez, Secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales, pero sí les parece insuficiente porque el punto de partida no es bueno: “si hablamos de una subida del 4% para sueldos ‘normales’ nos parecería una gran noticia, ya que está muy por encima del IPC […] obviamente no nos vamos a enfadar porque sí que es una subida por encima de lo habitual, pero estamos insatisfechos”.

USO reclama una subida salarial progresiva que llegue a los 1.146 euros en 2020, tal y como exige la Confederación de Sindicatos Europeos: “el salario mínimo debería estar en los dos tercios del salario medio de un país”. En concreto, los estatutos de la asociación de sindicatos establecen que “no debe ser inferior al 60% del salario medio”, lo que España serían 1.126,86 euros -el último dato de sueldo medio es el de 2016: 1.878,1 euros-.

Actualmente USO no forma parte de ella porque, según Estévez, piden un 10% de representación media en toda España, con mínimos a cumplir en todas las Comunidades Autónomas: “máximos de representación muy por encima de los que se piden en política”. Eso sí, tienen claro hacia donde debería dirigirse su negociación a partir de 2018, y es a combatir la precariedad laboral:

Aumentar la presión fiscal a empresas tecnológicas con escasa mano de obra y a otras en las que primen los contratos temporales de corta duración. También a aquellas que no contratan a sus empleados, como algunas conocidas por su “economía colaborativa”: Deliveroo, Uber y Amazon son algunos ejemplos.

Eliminar bonificaciones a empresas que contraten temporalmente a víctimas de violencia de género, parados de larga duración, primer empleo, minusvalías… esas bonificaciones solo deben otorgarse por firmar contratos indefinidos.

Ejercer una política fiscal penalizadora para las empresas que no cumplan con la Seguridad Social, impidiéndoles incluso el acceso a inscribirse en concursos de obra pública.

Confederación General del Trabajo - CGT

En CGT directamente no gusta el acuerdo: “es darle de comer al PP cuando ellos son los responsables de la devaluación salarial generalizada y la debacle de las cotizaciones en la Seguridad Social”. Así de contundente se muestra Desiderio Martín, Secretario de Formación y Salud Laboral, que acusa a CCOO y UGT de “estar permitiendo las ilegalidades de millones y millones de trabajos que se están realizando sin pagar”. Martín dice que le han dado carta blanca a un gobierno que “ha estructuralizado la precariedad” y que se beneficiará políticamente de haber firmado un Pacto Social para 2020, que, como colmo, es insuficiente: “es una vergüenza con respecto a las necesidades salariales que tiene la gente cuando alrededor de 13 millones de personas no llegan a cobrar 850 euros en España” apuntando también que este sueldo es 100 euros inferior a la pensión media.

CGT no está de acuerdo ni siquiera con desde dónde han partido: solo subir el salario mínimo sin tener en consideración las contrataciones realizadas durante la última década, con sueldos inferiores a los que se pagaban antes por ejercer las mismas funciones. Desiderio Martín, como Laura Estévez de USO, fija el SMI en el marco de la carta europea: alrededor de 1.200 euros: “eso sí sería dar cumplimiento a la Carta Europea que supuestamente todos los países, firmantes o adherentes, deberían cumplir” dice Martín, aunque en CGT creen que debería ser un incremento inmediato y no progresivo en varios años.

No están a favor de la mesa que compone Ministerio de Empleo, CCOO, UGT y las patronales CEPYME y CEOE, aunque “son consecuentes con las políticas de Pacto Social a las que se lleguen”. CGT, explica Desiderio Martín, si tuviera que asistir a este tipo de reuniones sería solo en calidad de representación: “son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que decidir y no la CGT como estructura organizativa”. Su trabajo se centra en movilizar a las clases trabajadoras y estar en las negociaciones colectivas y concretas en las empresas. Aun así, en los próximos años su visión organizativa de las políticas sociales pasaría por:

Garantizar pensiones contributivas dignas, que además no pueda estar por debajo del salario mínimo de 1.200 euros.

Reformar el sistema de cotización: eliminar subvenciones a fondos privados de pensiones, eliminar el tope de cotización de los 40.000 euros de salario anual, para que los trabajadores que estén por encima de ese salario tengan también una presión fiscal progresiva con respecto a su sueldo, y las rentas más altas paguen más impuestos.