El gran negocio electoral de Indra
Se acercan las elecciones de Cataluña del 21 de diciembre, fecha en la que todos estaremos pendientes del resultado. ¿Saldrá de nuevo una mayoría para el independentismo? ¿Ciudadanos ganará más diputados? ¿Los perderá el PDeCAT? La respuesta a estas preguntas las resolverá Indra, la compañía tecnológica del Ibex 35 que provee sistemas electorales, según informó El Periódico. La decisión del Gobierno ha tenido su miga política: la carrera por la gestión de recogida y difusión de los datos provisionales se ha disputado entre Indra, en la que el Estado es el principal accionista, y Syctel, una empresa catalana fundada en 2001 por un grupo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Ministerio del Interior ha tramitado este contrato por vía de urgencia debido a la falta de tiempo ante la inminente cita electoral, lo que significa que no ha habido concurso público en el que se detallaran las condiciones, servicios solicitados y precios. Es la segunda vez que se aplica esta vía para realizar el escrutinio provisional (no el definitivo). En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, también se optó por este procedimiento e Indra fue la adjudicataria de un contrato de 4,7 millones de euros.
El coste de la tecnología para los comicios varía mucho entre unas elecciones y otras, algo que llama la atención. La periodista Eva Belmonte, de Civio, una organización que lucha por una mayor transparencia, indicó en el programa El Objetivo de LaSexta que el precio de los comicios de 2011 fue tres veces mayor –costaron 16,8 millones por la inclusión de 2.000 nuevas mesas electorales– que el de las elecciones repetidas de 2016. La primera convocatoria de las generales, en diciembre de 2015, también costó más del doble que en 2016: 11,7 millones y estuvo a cargo de Scytl, que batió por primera vez a su competidora Indra en el concurso.
Casi 40 años de experiencia
Civio define a Indra como “un gigante con muy buenas relaciones con el Estado”. De hecho, esta compañía ofrece a la Administración pública una larga lista de productos y servicios, desde tecnologías médicas hasta tareas de mantenimiento de áreas de aterrizaje en buques de guerra, sin olvidar el control de las fronteras, especialmente en lugares como Ceuta y Melilla (Indra ingresó 87 millones desde 2002 por servicios de vigilancia fronteriza, según El Confidencial). Su primer accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 18,7% de las acciones. El segundo es la Corporación Financeria Alba (10,5% de las acciones), seguido por varios inversores internacionales con paquetes de más del 3%.
La compañía tiene 39 años de experiencia en el negocio electoral en España y ha sido la encargada de realizar la mayoría de recuentos provisionales en elecciones generales, europeas, autonómicas y locales. Además, en las últimas décadas, también se ha encargado de gestionar, prácticamente en solitario, los escrutinios provisionales en unos 400 procesos electorales en el ámbito internacional. Según consta en sus informes anuales, el negocio electoral de este “gigante” al servicio del Estado depende de su división de Administraciones Públicas y Sanidad, encargada, entre otros servicios, de automatizar procesos administrativos que la ciudadanía lleva a cabo en el día a día. Este segmento generó 398 millones de euros el pasado año, equivalentes al 15% de las ingresos totales del grupo.
En 2014, Indra llegó a organizar también las elecciones iraquíes a cambio de 130 millones de dólares, con un contrato de gran envergadura debido a que eran los primeros comicios legislativos de ese país tras la salida de las tropas de EEUU. Desde entonces, sin embargo, el negocio electoral de Indra ha caído de forma constante, principalmente debido al menor número de proyectos “básicamente en España y América”. Durante los últimos tres años, la empresa ha vivido varios sobresaltos ligados a dos de los grandes casos de corrupción que han salpicado (principal pero no exclusivamente) al gobierno de la Comunidad de Madrid: las operaciones Púnica y Lezo.
En el primero de ellos, la detención en octubre de 2014 de José Martínez Nicolás, el jefe de la Agencia de Informática y Comunicaciones del gobierno autonómico madrileño, se relacionó con la compañía tecnológica por la adjudicación de contratos a cambio, presuntamente, de pagar a proveedores de la trama Púnica. Según publicaron varios medios de comunicación de ámbito nacional, estas investigaciones llevaron a la Comunidad de Madrid a paralizar un contrato adjudicado a Indra, por 4,5 millones de euros, para realizar el escrutinio provisional en las elecciones autonómicas de 2015.
Sin embargo, esta misma compañía ya poseía un contrato con el Ministerio del Interior para realizar el mismo servicio, al que se aconsejaba a las comunidades autónomas que se sumasen para evitar un mayor gasto público. Esta licitación directa entre la Comunidad de Madrid e Indra habría supuesto un sobrecoste de un millón de euros, de acuerdo a la información recogida por El Español. Este método ya se había utilizado en 2011: Indra ganó ambos contratos, tanto el de Interior como el de la Comunidad de Madrid, por el que cobró 2,9 millones. El juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye Lezo, sostiene que la empresa recompensó presuntamente al PP madrileño sufragando gastos de campaña y otros servicios.
Las pesquisas de la Púnica llevaron a imputar en abril de 2015 al todavía consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, que también se encuentra relacionado con la Operación Lezo a través de su mujer, María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal de Isabel II. La implicación de la empresa en este último entramado supuso el registro de la sede de Indra en abril de este año.
Acusaciones de fraude
Más allá de las fronteras españolas, Indra también ha tenido problemas en el desarrollo de su negocio electoral. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) reportó errores en los sistemas comprados a Indra por 40 millones de dólares (33 millones de euros) en las elecciones generales de 2016, unos comicios que se desarrollaron en medio de grandes manifestaciones.
Los más recientes contratiempos los tuvo en Argentina y Angola, donde los partidos de la oposición criticaron y acusaron a los gobiernos de Mauricio Macri y João Lourenço, respectivamente, de la falta de transparencia en la contratación de los servicios electorales de Indra. La empresa española, que espera remontar sus expectativas de negocio este año, rechazó las acusaciones lanzadas sobre las primarias celebradas en agosto en Argentina y en cualquier otra elección: “Indra no ha llevado a cabo ningún tipo de manipulación en ninguna elección en las que participó, tanto en Argentina como en el exterior”.
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