24 jul 2017
Level planea llegar hasta una flota de 30 aviones de largo radio
Airbus ha confirmado este lunes en una nota remitida a preferente.com que Level sumará tres nuevos A330-200 para totalizar una flota de cinco al añadírsele a los dos actuales con los que la marca de IAG ha comenzado a operar desde su estreno este junio en su base de Barcelona volando a cuatro destinos: Los Ángeles, San Francisco (Oakland), Buenos Aires y Punta Cana.
Los Airbus de Level tienen una capacidad de 293 plazas en economy y 21 en premium economy, y el fabricante europeo recuerda que el “A330 es el modelo de cabina ancha que más vende de su categoría, habiendo acaparado una cuota de mercado superior al 50 por ciento desde su lanzamiento en 2004″.
“La familia A330 ha recibido hasta la fecha cerca de 1.700 pedidos, de los que más de 1.300 unidades se encuentran prestando servicio con más de 110 operadores en todo el mundo. Con una fiabilidad operativa del 99,4 por ciento y la introducción de diversas mejoras, los miembros de la familia A330 son los aviones de cabina ancha más capacitados y económicamente eficientes que existen hoy”, asegura Airbus.
Como publicó preferente.com, Level anunció que planea llegar hasta una flota de 30 aviones de largo radio, similar a la cifra que tiene Iberia, que hoy día son 35, mientras Norwegian podría llegar a 40 Dreamliners si ejecuta todos sus pedidos, que en firme no llegan a 30, y en el caso de Eurowings, de Lufthansa, son 6 actualmente los aparatos de largo radio que dispone, concretamente A330 como Level (Level, Norwegian y Eurowings: la ambición medida en flota).
A estas tres aerolíneas debe sumársele la nueva de Air France, que se llamará Joon y no Boost, y no será una compañía de bajo coste. En un comunicado, Air France dijo que Joon comenzará a operar a partir del próximo otoño con vuelos de medio alcance desde el aeropuerto de París Charles de Gaulle, a los que se añadirán otros de largo recorrido a partir del verano de 2018 (Air France llamará Joon a su “no low cost” para millenials en lugar de Boost).
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/airbus-confirma-que-level-sumara-3-a330-mas-llegando-a-5-268871.html
20 jul 2017
La CNMV suspende la cotización de Aena y Abertis cautelarmente
Las acciones de Aena y Abertis fueron suspendidas de cotización “cautelarmente, con efectos inmediatos” ayer miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informó el organismo regulador en un comunicado
Según recogía la agencia española Efe, la suspensión por tres horas se adoptó después de que un diario informara este miércoles de que Aena ha considerado lanzar una contraopa sobre Abertis. Aena confirmó que fue estudiada tal posibilidad que finalmente fue rechazada por Enaire, accionista mayoritario, según notificó a la CNMV
El Gobierno español habría descartado la oferta competidora que el gestor aeroportuario, participado en un 51% por el Estado, propuso para adquirir el grupo de autopistas, según la infirmación.
Las acciones de Aena cayeron un 1,12%, hasta los 16,41 euros por título, al cierre de la jornada de ayer, y Abertis bajó un 0,58%, hasta los 16,41 euros.
En este contexto, analistas recuerdan que la concesionaria italiana de autopistas Atlantia formalizó en mayo su interés por lanzar una oferta pública de adquisición (opa) amistosa por el 100% de Abertis. El pasado 3 de julio, la CNMV admitió a trámite la solicitud de autorización de esta opa presentada el 15 de junio.
19 jul 2017
Stop deportaciones
Paremos los vuelos de deportación de inmigrantes @Stopdeportacion es un Grupo Trabajo de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE
Vuelo de deportación a Guinea Conakry 24/07/2017
Confirmamos que el lunes 24 de julio habrá un vuelo de deportación con destino Guinea Conakry. Aunque las redadas serán a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá de Madrid y pasará por Barcelona.
Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña a las compañías que realizan los vuelos (hasta hace poco Air Europa y desde hace unos meses Air Nostrum, Orbest y Evelop), desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…
*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en Twitter en @Stopdeportacion y a través de los hastags #AlertaVuelo y #StopDeportación.
https://stopdeportacion.wordpress.com/
¿Te gusta viajar? - Apoyo a las 11 personas expulsadas del Vuelo de Vueling VY7888
El pasado sábado 15 de julio de 2017 a las 16:25h salía desde Barcelona a Dakar (Senegal) el vuelo de Vueling VY7888. Se estaba demorando el despegue cuando se oyeron unos gritos desesperados de una persona que se encontraba en la parte trasera del avión. Al oír esos gritos varias personas preguntan a las azafatas qué es lo que ocurre, a lo que no se responde nada. La gente se pone de pie y el pasillo se llena con varias decenas de personas solicitando información.
Entre los pasajeros se comenta que se podría tratar de una persona que está siendo deportada a Senegal, la cual se encontraba maniatada en los últimos asientos del avión y rodeada de dos escoltas con guantes. Varias personas piden que la compañía constate esta información, que no había sido anunciada en el momento de la compra del billete, negándose a viajar con una persona en estado de angustia extrema, en lo que se considera una clara vulneración de los derechos humanos más básicos. Poco después sollozaba, en el mismo preocupante estado de nerviosismo: «No voy a volver. Je suis malade (estoy enfermo)».
El pasillo sigue repleto de gente que debate la situación y sigue haciendo preguntas. El avión no despega, pero ni el comandante ni la tripulación comunican nada en un primer momento. De hecho, cuando un pasajero le pregunta a una azafata por qué no estamos despegando, ésta alega que hay un problema con el equipaje. Más adelante, se constatará que ha habido un problema con el peso del equipaje, por el cual varias maletas no han subido al avión, cosa que habría podido causar ese retraso.
A pesar de las preguntas a la tripulación, no se hace ningún aviso oficial por megafonía. Una hora y media después, con el pasillo aún repleto de gente, se hace el primer anuncio por el micrófono en el que se solicita sentarse para poder proceder al desembarque del deportado. La gente aplaude y acto seguido se comunica que también se procederá al desembarque de todo el pasaje del avión. Ésta es la única comunicación oficial que tenemos por parte de Vueling.
Cuando nos encontramos desembarcando, se escoge aleatoriamente en la misma puerta de salida del avión a seis personas que, ante nuestra sorpresa, quedamos retenidas. El resto del pasaje sale y se le informa de que volarán más tarde con otra tripulación. Las seis personas allí retenidas somos identificadas y pedimos que se nos explique claramente qué está ocurriendo, así como el criterio utilizado para seleccionarnos. Se nos dice que no podemos viajar a Dakar y que una lanzadera nos llevará a recoger las maletas. Nadie nos aclara la razón por la que se nos ha escogido a nosotras seis y no al resto de decenas de personas que llenaron el pasillo desde el primer momento hasta el último. En el momento de la selección vemos como son dos pasajeros quienes con su dedo nos señalan para que se nos retenga.
Seguidamente se procede a la nueva embarcación del resto del pasaje y, antes de entrar al avión, otras cinco personas son seleccionadas, también arbitrariamente, y se procede de la misma forma que con las seis primeras identificadas. Finalmente, el vuelo sale con once personas en tierra, sin ninguna comunicación por parte de Vueling sobre la cuestión. Según constatan viajeros que volvieron a embarcar, el joven seguía profiriendo de nuevo angustiosos gritos.
Las once personas que aquí estamos nos juntamos por primera vez ayer. No nos conocíamos entre nosotras, y no organizamos ningún motín en el avión. Lo único que allí ocurrió fue que un chico se puso a gritar y una multitud de personas se levantó en el pasillo preguntándose qué ocurría y debatiendo, sin que Vueling comunicara absolutamente nada por megafonía salvo el desembarque. Se nos prohibió viajar de manera aleatoria. Había personas que participaron en los debates rechazando la deportación que no fueron expulsadas y personas que no dijeron absolutamente nada que están entre nosotras. Nadie nos ha explicado claramente ni el criterio ni las razones. Tampoco, en ningún lugar, Vueling ha informado a sus clientes de que podrían viajar con personas deportadas contra su voluntad, escoltadas y gritando desesperadamente.
De entre quienes estamos hoy aquí, hay quienes habíamos oído hablar de este tipo de deportaciones. Otras, a raíz de lo ocurrido, nos hemos enterado de la triste realidad de la expulsión de personas en vuelos comerciales. Lo sucedido en ese avión ha provocado el contacto con organizaciones que llevan años denunciando estas prácticas. A través de dichas organizaciones, hoy podemos saber que a nivel europeo varias personas han fallecido en este tipo de vuelos: tras ser amordazada (Osamuyi Aikpitanyi-9/6/2009), por no poder respirar (Jimmy Mubenga), asfixiada por una almohada para evitar gritos (Semira Adamu-1998), tras ser atada con más de 10 metros de cinta adhesiva (Marcus Omofuma-25/5/1999), en un precario estado de salud siendo desprovista de atención médica (Joseph Ndukaku-marzo de 2010), o por parada cardiorespiratoria tras ser introducida en un avión con un casco y atada de pies y manos impidiéndose que un médico le reanimara (Aamir Mohamed Ageeb).
Muchos son los colectivos que denuncian la continuidad de este tipo de prácticas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones informa de convenios firmados por casi 12 millones de euros anuales de dinero público con Air Europa (Grupo Globalia) y Swift Air entre 2013 y 2016, y con Viajes Barceló y Air Nostrum (filial de Iberia) ahora. De hecho, se sabe que el próximo día 24 se realizará un vuelo de deportación a Guinea Conakry que saldrá de Madrid y pasará por Barcelona. Queremos dar la voz de alarma y comunicar públicamente nuestro rechazo a este tipo de deportaciones, así como al trato recibido por parte de Vueling como pasajeros.
El suceso del día 15 no debe ocurrir nunca más. Ante los gritos continuados de una persona maniatada y en preocupante estado de salud y nerviosismo consideramos que cualquier persona con un mínimo de humanidad lo menos que hace es levantarse para ver lo que está pasando. Esto es lo que hicieron decenas de personas. Nosotras somos sólo once de ellas.
Accidentes laborales : Nadie debería perder la vida intentando ganársela
Hablemos claro y llamemos a las cosas por su nombre. Este terrorismo patronal es producto de la connivencia del Poder Legislativo y de las Inspecciones de Trabajo, que no actúan para impedir que estas acciones criminales se sigan produciendo
En los últimos días estamos asistiendo a una oleada de muertes de la clase trabajadora. Los “medios” de comunicación se han hecho eco, en gran medida gracias al debate abierto sobre el asunto en las redes sociales, del aumento de víctimas mortales en “accidentes laborales”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) cree que esta realidad, que muchos y muchas niegan, esconden, justifican y se resisten a llamar “terrorismo”, es tan corriente y está tan normalizada que nuestra sociedad se ha acostumbrado y ya no se escandaliza si es un obrero el que cae de un andamio y pierde la vida.
La inseguridad jurídica en cuanto al contrato incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de la persona trabajadora. Pero todo es parte de una cadena perversa: primero se crea inseguridad jurídica en el contrato de trabajo. Luego el trabajador o trabajadora precaria prefiere trabajar por un mísero salario que le permita sobrevivir. Por último, antepone el hecho de trabajar en cualquier condición a su seguridad y a su salud.
El empresariado ya no solamente no cumple “la ley”, sino que se siente absolutamente impune a su accionar de manera criminal al exigir al empleado o empleada cualquier trabajo, en cualquier circunstancia puesto que lo más importante es el rendimiento, la productividad y el beneficio. La vida humana es, simplemente, un accidente.
Quienes mueren por golpes de calor, caídas, incendios, atropellos, etc. son una consecuencia “no deseable” de lo “importante” que es crear valor para el capital. Por eso da lo mismo las temperaturas extremas, los convenios colectivos, las regulaciones laborales o los derechos fundamentales porque lo más importante es que el espectáculo continúe, como pasó hace pocos días con la muerte del equilibrista Pedro Aunión en Madrid.
Madrid, 18 de julio de 2017
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
15 jul 2017
Salario de subsistencia
Escuché hace unos días las palabras del presidente de la patronal, CEOE, Joan Rosell, que afirmaba que era imposible llegar a fin de mes con 800 euros de sueldo. Y me quedé sorprendido. No porque sea imposible llegar con ese dinero a fin de mes, sino porque lo diga el máximo representante de los que pagan los salarios.
En términos económicos, no llegar a fin de mes con lo que se recibe por trabajar significa que no se alcanza siquiera el llamado salario de subsistencia. Es una expresión que se acuñó en los comienzos del capitalismo. En los tiempos más duros para todo aquel que sólo podía vender su fuerza de trabajo. La miseria se extendía entre trabajadores de la floreciente e industrial Inglaterra, mientras se acumulaba capital como hasta entonces no se había conocido. Los asalariados carecían de derechos, la organización sindical era raquítica, cuando no estaba prohibida, y era únicamente el empleador el que determinaba lo que debía pagar a sus empleados. ¿Cuál era la base para decidir lo que debía cobrar el trabajador? Los economistas más insignes de la época, los padres del pensamiento económico actual, lo habían detectado claramente y hasta ahora nadie les ha quitado la razón. El trabajador debía cobrar al menos el salario que le permitiera vivir y reproducirse, esto es, el salario de subsistencia. Era un reparto totalmente injusto de la riqueza, pero al empresario le bastaba para que el sistema funcionase. En expresión actual, el salario con el que exclusivamente se puede llegar a fin de mes.
Si doy por ciertas las palabras de Rosell y las contrasto con los datos, no me queda otra que concluir que casi tres millones de asalariados en España no cobran siquiera el salario de subsistencia. Representan casi el 20% de los cerca de 15 millones de asalariados en nuestro país. Los datos están extraídos de la Encuesta de Población Activa y corresponden a 2015, el último año del que se ofrecen cifras segmentadas por el nivel de salario mensual.
Más en detalle, el 10% de los asalariados, un millón y medio de personas, gana por término medio tan sólo 420 euros y otro número semejante tiene un sueldo mensual de 820 euros. Se puede aducir que muchos de ellos ganan tan poco porque trabajan a tiempo parcial, no las ocho horas del tiempo completo. Pero también la Encuesta de Población Activa dice que el 70% de los que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no les han contratado por más. Lo que cobran es, por tanto, lo máximo que la empresa les quiere pagar. Eso tienen para vivir. Además, si observamos a los que trabajan a tiempo completo, un millón y medio cobra, por esas ocho horas al día, 615 euros mensuales. Les faltan todavía 185 euros para que “les sea imposible llegar a fin de mes”. Otro millón y medio recibe, por sus ocho horas diarias de trabajo, 850 euros mensuales.
Se comprende así que el bajo salario mínimo establecido por el Gobierno (648 euros mensuales en 2015) se ha convertido en un simple adorno, pese a que este año el PP y el PSOE alcanzaron un pomposo acuerdo para subirlo hasta los 707 euros al mes. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que el Banco de España en su Informe Anual en 2013 pidió que se creasen empleos por debajo del salario mínimo. Entre sus funciones figura la de asesorar al Gobierno.
La desvergüenza de pagar por debajo del salario de subsistencia no es de ahora, pero desde la reforma laboral del PP se ha convertido en una estrategia contenida en la misma. ¿De qué manera? Pues de dos formas. La primera, debilitando la negociación colectiva para conseguir congelar salarios e incluso lograr bajarlos en numerosas empresas.
La segunda, y más eficaz si cabe, es facilitando aún más el despido. Esto no tuvo como único objetivo permitir que las empresas pudiesen desprenderse fácilmente de trabajadores que no necesitan. Más que eso, hizo posible a las empresas deshacerse de una parte de las plantillas y sustituirlas, sólo en parte, por nuevos trabajadores con sueldos claramente más bajos.
Lo comprobamos con datos también de la Encuesta de Población Activa. El sueldo de un joven de 24 años que se incorporó a trabajar en 2015 fue un 11% más bajo que el que cobró otro joven en 2008. ¿Bajó así el salario para todos los empleados? No. Los que llevaban tiempo en el puesto de trabajo, por ejemplo, una persona de 45 años, notó cómo su sueldo bajó, pero menos, el 1,5%. Hay que aclarar que estas bajadas salariales fueron mucho mayores si se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida. El sueldo real de un joven de 24 años es ahora un 18% menor. Y el de un trabajador de 45, un 9% más bajo. En resumen, no sólo han bajado los sueldos de los que han conseguido mantener el empleo, los despedidos han sido sustituidos por otros que cobran mucho menos. Esa ha sido la acción emprendida por los empresarios a los que representa Rosell.
Rosell, los empresarios a los que representa y el Gobierno lo saben muy bien: cuando han conseguido reducir drásticamente los salarios por la vía de sustituir unos altos por otros bajos, no les importa sentirse generosos y comprensivos y anunciar que deben subirse más. Pueden incluso salir ganando.
Veamos el efecto práctico, tomado de datos reales, también de la Encuesta de Población Activa. Una empresa tenía empleada a una persona a la que pagaba 1.113 euros al mes. Llevaba ocho años en el puesto de trabajo. En 2015 la despide y contrata a otra a la que paga 616 euros. Se ha ahorrado 497 euros mensuales por que le hagan el mismo trabajo. Ahora, alardeando de comprensión social, decide subir a sus empleados el 2,5%. Si no hubiera despedido al asalariado que llevaba ocho años en la empresa tendría que subirle 28 euros cada mes. Pero como lo sustituyó por otro al que le abona un salario más bajo, esa subida se convierte en 15 euros mensuales. Si hacemos números, comprobamos que ahora el ahorro por haber sustituido a ese trabajador no sólo no ha descendido, sino que ¡ha aumentado! con su bondadosa comprensión de las penurias ajenas. La diferencia entre lo que ganaría el asalariado que se quedó en la calle y el nuevo ha pasado a ser de 509 euros al mes. Es lo que se ha ahorrado el empresario con su “sentido particular y farisaico de la justicia distributiva”. Como se ve, el cielo premia siempre a los caritativos.
En conclusión, para ser un buen empresario hay que saber hacer números. Si tiene destreza en ello, podrá engañar a mucha gente.
Emilio de la PeñaRojo y Negro Nº 314, julio-agosto 2017
Addenda, suplemento cultural :
addenda49julio.pdf
http://rojoynegro.info/publicacion/rojo-negro-n%C2%BA-314-julio-agosto-2017
Willy Walsh: "O Europa cambia o IAG no puede continuar"
Este martes, Michael O’Leary, el director general de Ryanair compareció ante el Parlamento Europeo para explicar cómo ve el Brexit. El miércoles lo hizo el otro irlandés que dirige un gran conglomerado aeronáutico, Willy Walsh, por IAG. Como es tradicional, quien escucha a O’Leary se queda convencido de que a Europa y al Reino Unido le quedan unos pocos meses de vida y que después de la ruptura la gente dejará de viajar. Quien escuchara a Walsh, en cambio, habría esperado un mensaje más tranquilizador, como era habitual en él. “Era”, porque en esta ocasión, sin llegar al dramatismo de O’Leary, Walsh ha dejado preocupada a la audiencia. En un escenario negativo que ni él ni nadie quieren ver, IAG tendría nada menos que disolverse. Walsh parece no creérselo, pero esta vez ya lo contempla.
La razón de este peligro para IAG es una norma europea que, siendo frecuente en la aviación, tiene pocas explicaciones en lo que pretende ser una economía abierta. Y es que nadie puede tener la mayoría del capital de una aerolínea en Europa si no es europeo. Por ejemplo, Etihad no pudo nunca llegar a la mayoría de Alitalia, por lo que su inversión siempre quedó en manos ajenas.
El asunto es grave porque está llevando a Ryanair a recomprar acciones en manos de inversores británicos para poder seguir siendo europea y operar libremente. El problema es mucho más serio para Iberia y para British Airways: las dos aerolíneas llegaron a un acuerdo de unión que hacía que en la práctica la mayor parte del capital de Iberia fuera británico –aunque una parte también de BA fuera española–. Pues bien, si Europa no cambia las leyes, IAG se enfrenta a tres problemas muy serios: Aer Lingus, Vueling e Iberia. Y un cuarto que es menor, pero que también es un problema: Level.
Por eso, Willie Walsh, el irlandés que preside IAG, el conglomerado en el que están estas aerolíneas, dijo en el Parlamento Europeo que no es posible mantener esta legislación caduca. Desde luego, tiene razón: mientras Aena puede ser propietaria del aeropuerto de Luton, mientras los franceses tienen explotaciones de petróleo alrededor de todo el mundo, nadie de fuera de Europa puede tener un 50 por ciento de una aerolínea local. Usted le compra los aviones a Airbus, que es europea, sin problemas, pero después no puede ser extranjero si quiere volar con bases en el Viejo Continente. Walsh, como todo el mundo en la aviación, está convencido de que esta norma no puede mantenerse. Con toda la razón, les dijo a los europeos que “la Unión opera con un sistema regulador de la propiedad de las aerolíneas que es misterioso y oscuro”. “Estas estructuras son innecesarias”, sugiriendo que esperaba no tener que crear una estructura en Europa para poder volar dentro de sus fronteras, como si eso fuera posible.
Si no hubiera un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en torno a este asunto, el grupo IAG tendría que dividirse y crear estructuras financieras muy complejas para mantener su operatividad, lo cual, incluso si fuera posible –cosa que no todos comparten– complicaría extraordinariamente su funcionamiento.
Mientras tanto, su gran rival, Michael O’Leary, podría encontrarse en una situación opuesta, dado que tiene la mayor parte de su negocio en Gran Bretaña siendo una aerolínea europea. Por eso O’Leary vaticina una situación catastrófica, aunque la exageración es parte de su vocabulario normal. Walsh es más moderado, pero espera que Europa corrija este problema que, ciertamente, es bastante poco liberal. Según publicó el diario londinense Financial Times, el profesor de legislación de la aviación de la universidad de Oxford, Brian Havel, dijo que con la legislación actual, “IAG no puede continuar existiendo con esta estructura” después del Brexit. El diario londinense considera que sólo un 20 por ciento del capital de IAG es de propiedad de ciudadanos de la UE.
Sin embargo, este es uno de los asuntos que el Gobierno británico debería negociar con más cuidado, porque altera su papel en Europa especialmente en materia de aviación. Y es uno de los asuntos en los que España, el principal nexo europeo de IAG debería moverse. Que Iberia y Vueling tengan que salir a buscar inversores es una operación arriesgada y nada conveniente cuando se hace con estas prisas y presiones.
14 jul 2017
GALERIA DE BUITRES CCCLXXXV
El negocio sanitario de Florentino Pérez y otros constructores
Las grandes constructoras han visto un filón en los derechos de los Hospitales públicos y su venta posterior
Podría explicarse que, tras la salida de los March de ACS, Florentino Pérez necesita capital líquido para emprender nuevas acciones empresariales o pagar la cuantiosa deuda que mantiene su empresa, parte de la cual proviene de su época en que quiso ser el amo y señor de la energía española. Los más de 2.600 millones que el Estado español le viene abonando por diversos contratos cerrados, a la espera de la resolución final/judicial de las autopistas de pago, tampoco parecen suficiente para abonar esa deuda y tapar algún que otro fracaso empresarial (Hochtief se ha negado a fusionarse con ACS).
La sorprendente venta de las participaciones en tres hospitales baleares no responde a un problema de liquidez en sí mismo. ACS, a través de su filial Iridium, ha vendido el 80% de las participaciones que poseía al grupo Mirova. Mirova es un fondo de inversión de la “economía social y solidaria” según afirman en su web. Es la filial dedicada, realmente, a las inversiones en servicios sanitarios de Natixis Global Asset Management, empresa de capital francés vinculada a Caisse d’Espagne y bancos corsos.
La venta le ha reportado a Pérez unos ingresos 43,3 millones de euros con una plusvalía neta de 7 millones según ha reportado la propia ACS. Parece poco provecho para una gran inversión, pero ahí no se cuenta que por la gestión del Hospital Universitari Son Espases y el Gran Hospital Can Misses, a la empresa de Florentino Pérez ha estado cobrando dinero de las administraciones públicas y los beneficios obtenidos de las gestiones.
Ya vendió ACS su participación, en 2014, a otro fondo de inversión su participación en el Hospital Puerta de Hierro. También se deshizo del 80% de sus participaciones en favor del fondo de inversiones DIF. En aquella ocasión, se vendieron esas participaciones junto con los intercambiadores de transportes de Madrid y la línea 9 del metro de Barcelona. Todo ello por un montante de 175,2 millones de euros con una plusvalía de 44,5 millones. El Hospital de Puerta de Hierro fue el primero en utilizar la fórmula PIF, esto es, se hacen cargo de la construcción y la gestión no médica a cambio de un canon durante 30 años. El problema es el canon.
Como se denunció en las páginas de Diario 16, el canon es una figura oscura y que en la Consejería de Salud no han sabido explicar cómo se aplica a fecha de hoy. El canon en sí encubre numerosos gastos de gestión que, las concesionarias, utilizan para incrementar los costes (por ejemplo, una bombilla de 3 euros ellos la han facturado a casi 6) y supone un gran coste para las arcas públicas. Según el estudio de costes y pagos que realizó Podemos, el coste del Hospital que pudo suponer unos 300 millones de euros, ha sido ya amortizado por la concesionaria en 5 años pues los pagos son de cerca de 200 millones al año.
En el caso de Pérez podría tratarse de una posible fórmula de desinversión en ciertos servicios para centrarse en otros. Pero no es una explicación plausible. Ya en estas mismas páginas, se comentó cómo el imperio de Florentino ocupa todo lo ocupable respecto a servicios públicos. Desde una cafetería en un hospital hasta un CIE o una casa de acogida de mujeres maltratadas, más autopistas, embalses y demás aspectos del ladrillo puro y duro. A todo ello hay que sumar que en abril ACS, mediante UTE, se ha hecho cargo de la construcción y gestión no-médica del Nuevo Hospital de Toledo. Por tanto, la venta de Pérez parece estar más vinculada a las revelaciones de ciertos casos de corrupción (Púnica, Lezo, 3%) o al posible cambio en la modalidad de los pagos de cánones. Tiene información privilegiada y directa de los responsables políticos y eso ayuda a invertir y desinvertir.
Los demás empresarios del ladrillo también venden
Pero ACS no ha sido la única empresa que ha vendido sus participaciones en las distintas concesionarias de Hospitales. Sacyr también ha estado vendiendo sus “hospitales” a distintos fondos extranjeros. En 2016, vendió su participación del 20% que tenía en la concesión del Hospital Puerta de Hierro al fondo de inversiones DIF, fondo que como se ha explicado más arriba controlaba ya el 80% que le había vendido ACS. El importe de la venta fue de 55 millones de euros, a los que se sumarían los cánones recibidos, que con mucho ya superaban la propia construcción, y los beneficios de la gestión.
También se deshizo Sacyr del 49% de las concesiones que mantenía en los hospitales de Parla y Coslada, guardándose un 51% de las mismas. En este caso el benefactor fue el fondo de inversiones LBIP de Lloyds por una cifra de 90,2 millones de euros. “Esta operación se engloba dentro de la estrategia de Sacyr Concesiones de dar entrada en sus concesiones a un socio financiero que maximice la rentabilidad de sus activos y aporte capital para el desarrollo de nuevos proyectos (greenfield), sector en el que ostenta una posición de liderazgo mundial” decía el comunicado de la propia Sacyr.
En Portugal también había vendido sus participaciones de HC-Hospitais Concesionados por un valor de 113 millones de euros al fondo de inversiones Aberdeen. Se trataba de las participaciones del 51% en dos hospitales de Braga y Vila Franca y del 40% de uno en Isla Terceira, en las islas Azores. La operación, en esta ocasión, servía para rotar “activos maduros” e invertir en nuevos proyectos.
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) también vendió parte de sus productos en el corpus sanitario español. Junto a Bankia vendió Globalvía que poseía participación en el Hospital de Torrejón de Ardoz y que se selló por 420 millones de euros. En este caso fue a tres fondos de inversiones privados.
La sanidad pública en manos privadas y fondos de inversión
Todo esto no es más que consecuencia de los numerosos años de gobierno en distintos lugares de España del Partido Popular y por su apuesta, que ha seguido algún gobierno socialista como el andaluz, de derivar a camas privadas a ciertos pacientes para bajar las listas de espera. Listas de espera que se incrementaban por la falta de inversión real en la sanidad pública con medios materiales y humanos, como han denunciado colectivos médicos y la marea blanca.
El gran beneficiario de toda esta trama de desvíos público-privados es el grupo sanitario Fresenius Helios (IDC Salud, anteriormente Capio y Quirón Salud), empresa que gestiona la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Villalba e Infanta Elena. Estos Hospitales, con la derivación de pacientes, han visto aumentados sus ingresos en una media del 250%. Algo que se permite y se fomenta desde la propia Consejería Madrileña como han denunciado PSOE y Podemos. “Hay una competencia desleal que la consejería fomenta. La facturación intercentros además no es bidireccional y estos centros mandan a los pacientes complicados a los públicos” ha denunciado Mónica García de Podemos Asamblea de Madrid.
El caso más sonrojante, y que es objeto de denuncias continuas en los Plenos de la Asamblea de Madrid, es el Rey Juan Carlos de Móstoles. El Hospital recibe todos los años “donaciones” de la Comunidad de Madrid para que acoja a numerosos pacientes, pero aquí se puede hacer una comparación con el Hospital Universitario de la misma localidad. Mientras que el aumento de pacientes derivados en el año 2016 sólo fue en el público de apenas 2900, en el otro la cifra se situó en 30.449. De esta forma el usuario observa que le atienden con más prontitud para una operación, pero desconoce que el dinero público se está yendo a manos privadas y se produce una desinversión en lo público.
La pescadilla que se muerde la cola, se quita a lo público dinero de inversión para favorecer a lo privado, y como lo público recibe menos dinero se deteriora y justifica la lógica del partido conservador y del liberal de que lo privado es mejor. Cuando la realidad demuestra que lo público empeora porque están regalando dinero a lo privado. A esto hay que añadir, como denuncia Maribel Domínguez del sindicato MATS, que los servicios telefónicos contratados “dan orden” de derivar continuamente a los centros concertados. Cuando Aguirre impuso la libre elección de centro sabía perfectamente lo que hacía.
El problema es que en la actualidad la sanidad, al menos parte de la madrileña, se encuentra en manos de fondos de inversión de capital desconocido y cuya única función es obtener beneficios con prontitud y especular. No tienen, en muchos casos, relación real con la gestión directa de ciertos servicios, sino que sólo buscan el beneficio a corto y medio. Así lo indican los periodos de inversión que exponen algunos de ellos en sus propias páginas web. Por ejemplo, en el caso de Fresenius Helios, que sí tiene experiencia en gestión, sus sociedades se encuentran ubicadas en las Islas Caimán. Por lo que podría estar incumpliéndose la legislación vigente que impide contratar con empresas que residan en paraísos fiscales.
13 jul 2017
CCOO y UGT implicados en el negocio de los planes de pensiones
¿Cómo ha sido posible que la clase obrera haya retrocedido, de sus derechos conquistados, al panorama actual?
La idea capitalista de robarle a la clase obrera las pensiones públicas viene de bastante lejos. Alguien diría que puestos a valorar la distancia, viene desde el momento que tuvieron que ceder allá por últimos del siglo 19. Ya en nuestro tiempo, algunos lo comprobamos en plena actividad siendo explotados a mediados de los 70 del siglo 20.
Por estas fechas, recuerdo a un empresario (L. C. F.) de la construcción (yo era enlace sindical) “razonándome” sobre las ventajas que nos reportaría a los trabajadores, si en vez de que nuestras cotizaciones fueran a parar al Estado, lo hicieran a empresas privadas. Me aseguraba que con todo ese dineral que cotizábamos entre ellos y nosotros (empresarios y trabajadores) tendríamos los mejores servicios; refiriéndose de forma concreta, a hospitales y sobre todo a futuras pensiones de jubilaciones.
Por entonces mi formación política era incipiente, con grandes lagunas y por ello pasaba por fases peligrosas en las que te pueden crear dudas y llevarte hacía posiciones contrarias a las de tu clase dejando de defender los intereses de tus compañerxs. Sin embargo, a pesar de las lagunas de formación y conocimiento, la condición de clase, los esfuerzos personales, que muchos pudimos y supimos hacer para aprender (aún con errores) nos dispuso siempre a estar del lado de los nuestros.
Ya a principios de los 80, recuerdo a Antonio Buendía, responsable de Acción Sindical de CC OO en Tarragona, hábil en economía, me comentaba que había leído, en alguna parte, textos que dejaban claro las intenciones del capitalismo para hacerse con el dinero público que atesoraba la Seguridad Social.
En la Ley de Pensiones de 1985 que parió el PSOE, se inicia, de manera concreta, el desmantelamiento del sistema público de pensiones.
¿Cómo ha sido posible que la clase obrera haya retrocedido, de sus derechos conquistados, al panorama actual?
Ahora, no recuerdo bien, si fue a últimos de los 80 o principios de los 90, cuando una compañera, destacada activista del Sindicato, me comentaba con ironía, como podíamos defender las pensiones públicas, oponiéndonos a las privadas, cuando nuestro Sindicato estaba metiéndose en ese negocio.
A día de hoy no todxs sabemos, al menos con plena conciencia, hasta qué punto CC OO y UGT, están hasta los labios de “mierda corrupta”, haciendo negocio acosta de una conquista decimonónica que costó mucha sangre y sufrimiento a lxs trabajadorxs que la consiguieron. Sabemos que ambos sindicatos van de la mano, asociados y confabulados, nada menos que con el BBVA, con Telefónica además de alguna otra propia que tienen. Estaría bien conocer los beneficios reales que obtienen, estos dos sindicatos, en esta actividad privada.
¿Cómo es posible movilizar a la clase obrera en la defensa de las pensiones públicas, si las dos principales organizaciones sindicales son parte del negocio de su privatización?
¿Cómo puede puede explicarse que los pensionistas de CC OO y de UGT se manifiesten, ondeando sus banderas, contra los ataques a las pensiones públicas, al tiempo que sus dirigentes están obteniendo beneficios millonarios para el sindicato, por ser accionistas de esos fondos de pensiones privados?
No es suficiente con denunciar a la patronal y al Gobierno en su ofensiva de acoso y derribo de la clase obrera por sus constantes ataques y amenazas de otros nuevos. Hay que dedicar más tiempo a denunciar a las dos organizaciones sindicales que más afiliados y representantes sindicales tienen, por su delincuente colaboración.
Esta actividad sindical vergonzante y aberrante, tan obvia de CC OO y UGT, está encallada ahí, como si fuera una parte normal del funcionamiento sindical. No existe, no ya pleno conocimiento, ni siquiera tenue, de sus afiliados en cuanto a los efectos negativos para sus intereses. Es contradictorio, grave y hasta esperpéntico que, veteranos militantes con muchas canas, aún no hayan tomado conciencia de ese funcionamiento de corrupción, para que en vez de seguir ondeando esas banderas, arranquen su tela y dejen desnudo el palo para mejor uso.
Tampoco es comprensible que todos y todas aquellxs que nos encontramos en las organizaciones alternativas anticapitalistas y revolucionarias, no hayamos sido capaces de llegar a toda esa parte de nuestra clase, poniéndola en su contra y organizándola con nosotros. Tal vez nosotros, no hayamos tomado conciencia, tampoco, como se merece, de la trascendencia que esto tiene.
Precisamente, muchxs de estxs trabajadorxs que militan, sobre todo, en CC OO y en IU, son quienes suelen cabrearse y abroncar a otra mucha gente del pueblo por votar, en elecciones al Parlamento, a partidos de la derecha y de la falsa izquierda como es el PSOE. No se dan cuenta, que ellos mismos están actuando igual, al dar soporte a un sindicato, cuyos dirigentes han pactado el desmantelamiento de las pensiones públicas, así como el de otros muchos retrocesos inscritos en las reformas laborales. Pactos y decretos, que cuando no los han firmado, o no les han dado su visto bueno, los han permitido haciendo la vista gorda. No obstante en esta selva de golfería y traición, de vez en cuando se han visto obligados a convocar “huelgas generales” de 12 o de 24 horas, sin continuidad de ningún tipo, para justificarse y lavarse la cara tratando de esconder el mal que están haciendo.
De todas las acometidas y traiciones llevadas a cabo contra la clase obrera, en las que CC OO y UGT han participado, la del saqueo de las pensiones públicas es la más sádica por su crueldad.
Si un día la verdadera democracia triunfara, todos aquellos elementos que han estado y están al frente de los aparatos sindicales de estas dos organizaciones (juntos con los de las patronales), irían a dar con sus huesos en la cárcel.
J. Estrada Cruz
Las grandes cadenas de distribución, un poder global
La crítica se ha centrado habitualmente en la producción y el consumo, pero las cadenas de distribución constituyen grandes centros de poder. Es más, los modelos de distribución y comercialización dominantes influyen de manera decisiva en la producción. Es la tesis central del libro “La dictadura de los supermercados”, publicado por la periodista Nazaret Castro en la colección A Fondo de Akal. Se considere el sector del textil (Inditex, Mango y H&M), las prendas deportivas (Decathlon), los juguetes (Toys’R’Us e Imaginarium), los muebles (Ikea), la electrónica (Media Markt), los cosméticos (Yves Rocher), la alimentación (Carrefour) y los libros, entre otros negocios (Amazon) hay una serie de tendencias que se repiten, como la reducción del comercio de proximidad y el cambio de la correlación de fuerzas entre pequeños productores y grandes empresas. En 2015 los gigantes de la distribución mundial eran las estadounidenses Wal-Mart y Costco; la francesa Carrefour; la alemana Schwarz (propietaria de Lidl); Tesco, de Gran Bretaña y The Kroger, de Estados Unidos. En cuanto a las españolas, Mercadona ocupaba la posición 42 en la ratio global; Inditex, el 44; El Corte Inglés, el 66 y Dia el 72.
Ofrece una idea del poder de estas empresas que la cadena de supermercados Wal-Mart facturara en 2013 el equivalente a más de un tercio del PIB español. El libro de la colección dirigida por el periodista Pascual Serrano responde en 215 páginas a la cuestión de fondo, planteada en el mismo subtítulo: “Cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos”. El estudio del sector de la alimentación en España ofrece algunas pautas: los grandes distribuidores controlan el 46% del mercado, aunque estudios oficiales elevan la cifra al 72%. Sólo cinco empresas –Mercadona, Eroski, Carrefour, Auchan y Dia- controlan la distribución minorista. El reverso de la concentración en el negocio alimentario es la merma del pequeño comercio, que pasó de 95.000 tiendas en 1998 a 25.000 en el año 2004.
A escala global, la tendencia alcanza límites extremos. Sólo una decena de corporaciones producen y distribuyen más de dos mil productos vendidos por todo el planeta. Por ejemplo los de Coca Cola, que se consumen en una cantidad de más de 1.700 millones por día. Grupos como Nestlé tienen registradas 8.000 marcas diferentes, que circulan por el mundo en busca de consumidores. Entre los múltiples reproches efectuados a estas corporaciones figuran los de evasión fiscal. Nazaret Castro recuerda que Inditex ha sido señalada por utilizar filiales en Holanda, Suiza e Irlanda para tributar menos. La empresa negó estas acusaciones. Denuncians similares se han realizado sobre Ikea (desviación a Liechtenstein durante dos décadas del 3% de cada venta realizada).
Nazaret Castro es cofundadora del colectivo de periodismo de investigación independiente “Carro de Combate”, que denuncia los impactos sociales y ambientales del consumo cotidiano. Junto a la periodista Laura Villadiego ha publicado los ensayos “Amarga dulzura. Una historia de los orígenes del azúcar” (2013) y “Carro de Combate. Consumir es un acto político” (2014). En el libro editado por Akal, destaca la llegada al estado español de gigantes de la distribución como Cotsco, que inició la penetración por Sevilla (2014) y continuó en Getafe (2015). Con el previo pago de una cuota anual, el cliente de Cotsco puede adquirir en una superficie de 1.500 metros cuadrados todo tipo de productos: desde alimentos y electrodomésticos, hasta gasolina barata. En cuanto a las ventas online, Amazon cuenta con un servicio de mensajería (la aplicación Amazon Prime Now) que dsitribuye productos frescos a sus clientes; cuenta asimismo con un Market Place virtual, explica Nazaret Castro, que permite a los pequeños productores vender directamente sus artículos al consumidor, siempre que abonen a Amazon un 15% del precio de venta. El catálogo incluye productos del hogar, belleza y electrónica. La comodidad del consumidor es el argumento que justifica los nuevos métodos.
En “La dictadura de los supermercados” se explica de modo palmario el desequilibrio en la relación mercantil. “Los grandes distribuidores asfixian a sus proveedores con políticas abusivas, como las draconianas condiciones de pago (a veces a meses vista); o descuentos de hasta el 20% en las entregas”, explica la periodista. Uno de los grandes ejemplos apunta a los ganaderos y el sector lácteo. Además, en el estado español las grandes distribuidoras han optado por todo tipo de procedimientos: la apertura de locales de barrio, la guerra de precios para ganarse a los consumidores, la inclinación por los productos frescos y las llamadas “marcas blancas”, que en Mercadona han alcanzado más del 40% de los productos a la venta. Otra vía de expansión ha sido la de las franquicias, que en el caso de Dia han terminado, en diferentes ocasiones, con demandas en los tribunales contra la empresa. Prueba del empuje del franquiciado son las cafeterías (Starbucks), peluquerías (Llongueras), panaderías y clínicas dentales (Vitaldent).
Autora de la investigación “Cara y cruz de las multinacionales españolas en América Latina” (2014), Nazaret Castro cuenta con un máster en Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires. En “La dictadura de los supermercados” no excluye referirse a casos concretos. Así, en el sector textil pone el foco en Inditex, a la que sitúa en pugna con dos grandes rivales: Gap (Estados Unidos) y H&M (Suecia). La periodista llama la atención sobre los 16.000 millones de euros que facturó Inditex en 2012, a través de sus tiendas en 12 países; y sobre el hecho de que el gran patrón, Amancio Ortega, sea uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. De los 29 euros que puede costar una camiseta distribuida por estas grandes cadenas, la cantidad destinada al salario de los obreros que la producen no supera el 5%. La explicación radica en los procedimientos de subcontratación y deslocalización, con mengua de derechos laborales hacia países del Sur. En ese contexto se produjo la muerte de 1.129 personas al derrumbarse en abril de 2013 el edificio Rana Plaza, en Bangla Desh.
El modo de operar no es muy diferente en el sector del mueble. “Ikea trabaja con 1.800 proveedores de más de 50 países; antes de producir un artículo, investiga qué proveedor realiza más barato cada paso de la cadena de producción, a fin de obtener la máxima ganancia”, explica la investigadora. De hecho, Ikea ha sido objeto de acusaciones por el uso de mano de obra infantil en Pakistán. Otro tanto ocurre en un negocio bien diferente, el del libro, donde emporios como Penguin Random House o Planeta se expansionan a costa de sellos pequeños y medianos, al tiempo que se cierran librerías de barrio.
El modelo global de grandes distribuidoras produce impactos muy negativos en el empleo. Por cada puesto de trabajo que genera la cadena Wal-Mart, se destruyen 1,4 en otros negocios. Y cuando esta multinacional se implantó en México, la ONG ProDesc denunció que transgredía de modo sistemático la legislación laboral; en Estados Unidos, Wal-Mart también ha recibido denuncias por supuestas amenazas a obreros que participaran en huelgas. Sin embargo, esta corporación se presenta como innovadora; por ejemplo, al introducir estrategias como los bonus para los trabajadores que cumplan las ratios de productividad. Nazaret Castro destripa a fondo el correlato de este modelo laboral en España: el submundo de explotación que esconde Mercadona y su principio de “Calidad Total”.
No es una cuestión menor el impacto ambiental generado por el sistema vigente. Fresas que desde California atraviesan 9.000 kilómetros antes de llegar a Inglaterra; o ternera australiana que termina en los mercados británicos tras recorrer 21.000 kilómetros. Por la baratura, el transporte marítimo en contenedores se ha convertido en piedra angular del comercio global. Pero precisamente por esta generalización, ha devenido una de las grandes fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Mientras, los residuos están ahogando los mares y todos los años se desperdician o arrojan a la basura 1.300 millones de toneladas de alimentos, según la FAO. Así, lo que Nazaret Castro denomina la “neoliberalización de la comida” también se resume en el poder de unas pocas –seis- corporaciones: Hendrix, Genus, Monsanto, Cargill, ADM y Bunge.
La periodista ha estudiado a fondo dos componentes de la dieta, el aceite de palma y el azúcar. En cuanto al primero, “el momento del consumo es el último eslabón de una cadena que comienza en regiones tropicales de África, América y sobre todo del sudeste asiático, donde la palma es desde hace años la principal causa de deforestación”. Además expulsa a las poblaciones campesinas de sus territorios y maneras de vida. Se trata, actualmente, del aceite vegetal más consumido en el mundo. La ingesta de azúcar, en muchas ocasiones “invisible” en el pan, los salados, el embutido o las salsas de tomate, deja asimismo profunda huella en los pueblos del Sur.
“Cocinar es un acto político”, defiende Nazaret Castro. Denuncia que el sistema actual convierte a los animales en mercancía. El poder de la industria cárnica puede condensarse en cinco grandes firmas: JBS, Tyson Foods, Cargill, BRF y Vion. El mismo grado de concentración se extiende a otros muchos sectores, por ejemplo a los cosméticos: Procter & Gamble, L’Oreal, Unilever, Estée Lauder y Avon. El último apartado del libro se dedica a las alternativas: grupos de consumo, mercados sociales, agroecología autogestionada y asamblearia… “Cada acto de consumo es un gesto de dimensión planetaria”, afirma el filósofo brasileño de la Economía Solidaria, Euclides André Mance.
12 jul 2017
Los beneficios de las empresas crecen hasta 100 veces más que los salarios
Las ganancias de las empresas crecieron más de un 24 % en los dos últimos años, mientras que la retribución media no solo no mejoró, sino que cayó un 0,3 %.
Se disparan los beneficios y caen los salarios
La desigualdad crece y muestra que la larga recesión iniciada en 2007 y que empezó a revertirse en 2014 ha servido para enriquecer a los propietarios de los medios de producción, principalmente a la banca y las grandes empresas, a costa de aquellos que están obligados a venderles su fuerza de trabajo para sobrevivir, los asalariados. A ello han contribuido las sucesivas reformas laborales que han creado las condiciones de precariedad laboral y salarial deseadas por la patronal, y la política pactista y desmovilizadora de CCOO y UGT, aceptando el discurso empresarial de la necesaria “moderación salarial” para mantener y crear empleo que sólo sirve para aumentar la tasa de explotación de los asalariados.
En esa situación algunos sectores empresariales y la ministra de Trabajo, como fiel representante de sus intereses, han empezado a levantar el discurso de que convendría un incremento de los salarios que permita recuperar, aunque sólo fuera en parte, el poder adquisitivo perdido.
Hasta el momento la CEOE se había resistido a ese aumento, alegando que la situación de las empresas todavía no era lo bastante buena para ello. Pero la enorme caída de los salarios de estos años, inevitablemente está repercutiendo en el consumo, en la reactivación económica y en los ingresos del Estado, por lo que la ministra de Trabajo ha empezado a pedir a las empresas “generosidad para elevar las nóminas con el mismo vigor con el que se crea empleo“.
Y es que, según los datos de la Central de Balances del Banco de España, durante el primer trimestre del año los beneficios de las empresas se incrementaron casi un 11 %, cien veces más que la subida de la nómina media por trabajador, que solo creció un 0,1 %. Continúa así una tendencia que ya se apreciaba en los dos años anteriores (ver gráfico anterior). De acuerdo con la estadística del Banco de España, las ganancias de las empresas crecieron un 24’7 % en 2016, mientras que la retribución media cayó un 0,3 %.
En la misma línea que el Banco de España apuntan los datos de la contabilidad nacional que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, que señala que la remuneración media por empleado subió un 0,4 % en el primer trimestre del año mientras que el excedente bruto de explotación (donde se integran las rentas del capital, entre ellas el beneficio empresarial) se disparó un 5,3 %.
De hecho, si se compara con la situación previa a la crisis, se aprecia que los salarios tienen un peso cada vez menor en la economía española. La nómina total de los trabajadores por cuenta ajena fue el año pasado 33.600 millones de euros inferior a la percibida en el 2008. Mientras, el beneficio empresarial no solo no ha caído, sino que ya está por encima de los valores precrisis, al incrementarse en 7.850 millones.
Por otra parte, si atendemos a los datos del Índice de Precios de Trabajo (IPT), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (ver gráfico inferior), los trabajadores han perdido más de un 11% de poder de compra durante la crisis, por el doble efecto de una caída de sus salarios y, a la vez, la subida de la inflación. El salario por hora se redujo un 0,7% entre 2008 y 2014, coincidiendo con los años de crisis económica. En ese periodo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) creció un 10,7% (ó un 8,7% en promedio anual). La estadística refleja que los precios del trabajo, medidos en salario por hora, estaban en 2014 por debajo del año base de la estadística, 2008. Esto significa que el nivel salarial actual es inferior al existente en el año que arrancó la crisis.
Es cierto que las empresas españolas han aumentado sus gastos de personal (un 2,3 % en el 2015 y un 0,9 % el año pasado), pero eso se debe al incremento de las plantillas, ya que se ha priorizado la contratación sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores.
¿Recuperación del poder adquisitivo perdido?
Tras el mensaje directo del Gobierno («Es momento de que los salarios se correspondan con la creación de 500.000 empleos al año», dijo la ministra Báñez), las dos grandes patronales empezaron a dar señales que apuntan hacia el deshielo del acuerdo para la negociación colectiva. Así, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que hasta ahora se había mostrado inflexible respecto a la última propuesta remitida a los sindicatos (que consistía en una horquilla de incremento entre el 1 y el 2,5 %), abrió ayer la puerta a superar esos topes en el caso de las nóminas más bajas. «Quizá ha llegado el momento de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos», apuntó en una entrevista radiofónica, en la que reconoció que «es muy difícil» llegar a fin de mes con 800 euros.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi (reelegido en el cargo), deslizó que el mínimo fijado para la subida podría revisarse hasta el 1,2 %, aunque recordó que «el 50 % de las empresas todavía presentan pérdidas o están compensándolas».
De todos modos, desde el punto de vista de los trabajadores, no hay que echar las campanas al vuelo: la propuesta patronal, flexible y adaptada a las empresas, no es la de un aumento generalizado ni suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los salarios de manera significativa. Y la disposición de CCOO y UGT, tan aficionados al pacto a la baja, no es la de cambiar su línea de acción. Porque, sin organización y movilización amplia y sostenida de la clase trabajadora, la patronal no renunciará a reducir sus cuantiosos beneficios a cambio de una mejora de los salarios y las condiciones de trabajo. Y eso dependerá, en todo caso, de la capacidad movilizadora del sindicalismo alternativo y de la indignación traducida en organización y lucha de algunos sectores y colectivos de asalariados rompiendo con la dinámica desmovilizadora de los últimos años (ver gráfico inferior sobre la evolución de las huelgas).
GALERIA DE BUITRES CCCLXXXIV
Los dueños de la banca se han enriquecido un 20% en plena crisis del Popular
A pesar del impacto que produjo la intervención del Popular y su posterior venta al Santander por el precio simbólico de un euro, los accionistas de los grandes bancos españoles no tienen motivos para quejarse. La primera mitad del año les ha salido redonda, con una revalorización media de sus inversiones superior al 20%, prácticamente el doble de la experimentada por el conjunto del Ibex 35 durante ese mismo periodo.
Los accionistas del Popular perdieron 3.600 millones de euros entre el cierre de 2016 y el día en que se produjo la intervención, ejecutada por el Banco de España el pasado 7 de junio en representación del Mecanismo Único de Resolución europeo. Pero dicha cantidad es poco más de una décima parte de lo que ha subido desde principios de 2017 la capitalización (valor de mercado) de los seis bancos que en la actualidad forman parte de Ibex.
Esas seis entidades (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter) valen ahora más de 190.000 millones, frente a los 158.443 contabilizados a 31 de diciembre. Dicho de otro modo: el patrimonio de sus accionistas ha crecido 31.000 millones largos en apenas seis meses, pese a las convulsiones bursátiles derivadas de la caída del Popular y sin contar con los dividendos que hayan podido embolsarse en el primer semestre.
Por supuesto, no a todos los bancos del Ibex les ha ido igual de bien, aunque la revalorización ha sido general, además de muy significativa en todos los casos. Las mayores subidas, con bastante diferencia, se las han anotado el Sabadell, con un 39%, y Caixabank, con un 35%, mientras que la más modesta ha correspondido a Bankinter (11%). BBVA ha visto aumentar su valor un 19% desde principios de año y Santander y Bankia, un 17%.
Esta última entidad supera ya los 13.000 millones de euros, pero sigue estando muy por debajo de los 22.424 millones que costó sanearla después de su nacionalización. Además, el Estado sólo controla el 66% del capital, tras el proceso de desinversión iniciado en febrero de 2014 con la venta de un paquete del 7,5% a grandes fondos por 1.365 millones de euros.
Bankia es el cuarto banco con mayor peso en el Ibex, precedido por sólo por Santander, BBVA y Caixabank. La institución que preside Ana Botín continúa en cabeza de grupo, a notable distancia de los demás, con una capitalización que ronda los 85.000 millones de euros; seguido por el BBVA, que vale en el mercado 50.000 millones en números redondos.
Deliveroo, Telepizza, Kellys... ¿la rebelión de la precariedad?
La ultraexplotación como verdadera cara de la “recuperación”. Los conflictos de la precariedad como oportunidad para la recomposición de la lucha obrera y la pelea contra la burocracia sindical
Domingo veraniego en las Ramblas de Barcelona. Entre las terrazas abarrotadas de turistas y el bullicio habitual se cuela una tonadilla ajena a esta estampa: “si no cobramos, no rodamos”. Bajando hacia Colón un nutrido grupo de “riders”, los ciclorepartidores de comida a domicilio de las aplicaciones móvil, cruzan esta arteria de la “marca Barcelona” para denunciar una de las peores formas de precariedad laboral.
Ese día, 2 de julio, se está llevando adelante el primer parón del sector. Tres horas, las “horas pico” de pedidos, en que los repartidores de Barcelona, Madrid y Valencia se han negado a pedalear. Este fin de semana en Barcelona el paro será total, ni sábado ni domingo habrá repartidores rodando. Vienen organizándose desde hace unas semanas y la respuesta de la empresa a sus reivindicaciones ha sido despedir a una docena de “cabecillas” y endurecer aún más sus condiciones laborales.
Denuncian su situación laboral fraudulenta. Son obligados a darse de alta como autónomos pero trabajan como asalariados. Es la figura del “falso autónomo”, cada vez más extendida en múltiples sectores. Los trabajadores ya no lo son, pasan a ser “colaboradores”. Y como tales se puede prescindir de sus servicios sin ninguna justificación. En sus retribuciones esta figura tiene un impacto brutal.
Cobran 4 euros por ir a un restaurante, coger un pedido y entregarlo. A esta cantidad deben restarle el 21% del IVA y el 22% del IRPF, se les queda pues en 2,28 euros. Pero aún tendrán que hacer muchas entregas para empezar a cobrar algo, pues con esos poco más de 2 euros deben pagar la cuota autónomos. Esto quiere decir que un trabajador que acaba de entrar debe pedalear 24 pedidos sin cobrar, pues le llegaría solo para pagar los 54,12 euros de la cuota bonificada. En los 6 meses siguientes deberá pedalear gratis 58 pedidos (la cuota sube a 134,06), en los otros 6 serán 82 pedidos sin cobrar (la cuota es de 186,25 euros) y en adelante 118 (para abonar los 267,04 de cuota).
Pero por si fuera poco Deliveroo ha decidido apretar aún más las tuercas. Hasta ahora abonaba un mínimo de dos pedidos a la hora, aunque no entraran. Esto garantizaba un ingreso mínimo de 8 euros brutos (4,56 netos). Ahora quiere eliminar esa cláusula de los contratos y que solo se cobre si hay pedidos. Esto hará que muchos repartidores estén a la espera una, dos o más horas, y si no se le asignan pedidos (porque no entran, no en su zona o porque la empresa quiere que se vaya) no cobren ni un euro.
Este modelo de ultraexplotación se extiende paulatinamente por todas las grandes ciudades. Además de Deliveroo hay otras empresas que funcionan igual, como Globo, Just Eat o la Nevera Roja. Todas ellas contribuyen a tirar a la baja los salarios y las condiciones de uno de los sectores más precarios de la hostelería: la comida rápida a domicilio. McDonalds acaba de acordar con Globo externalizar su servicio de deliveri y Burguer King se plantea deshacerse de sus repartidores para externalizar este sector con un acuerdo similar.
La líder del sector hasta ahora, Telepizza, no quiere “perder el tren”. Ya ha ofrecido sus servicios de reparto -en los que los trabajadores cobran 3,98 euros/hora- a Amazon y SEUR para la entrega de pequeños paquetes. Pero considera que todavía se puede exprimir más a sus trabajadores. Para ello acaba de poner en marcha un plan de franquiciación de tiendas. Dejarlas en manos de pequeñas y medianas patronales que garanticen un beneficio estable para la multinacional en tiempos de dura competencia y donde las representaciones de los trabajadores que se vienen estableciendo en distintas ciudades desaparezcan. Si bien el convenio que rige su actividad, el de Deliveri, es de los peores del Estado, siempre se puede incumplir (en horarios, pago de horas suplementarias...) y mejor hacerlo sin la molestia presencia de comités de empresa y secciones sindicales.
Este ataque también está siendo respondido. En una de las ciudades donde se está planteando la franquiciación, Zaragoza, el comité de empresa ha convocado una manifestación unitaria para el próximo lunes. En ella los delegados de la CGT Telepizza llaman también a participar a los trabajadores de Deliveroo y otras app y quieren reivindicar también su demanda histórica, que se les considere trabajadores de la hostelería y su pase a dicho convenio. De éste fueron segregados en 1994 para inventarse otro nuevo, el de Deliveri, donde se perdieron pluses, condiciones y salario de forma brutal. Todo con el apoyo de las federaciones de hostelería de CCOO y UGT.
Esta ofensiva de precarización afecta a otros muchos sectores. Uno de los más explotados es el de las camareras de piso de los hoteles. Con la aprobación de la reforma laboral de 2012 se abrió la veda para los descuelgues de convenio y las externalizaciones masivas. Los hoteleros, aún siendo uno de los sectores que más han maximizado su volumen de negocio y beneficios en estos años, decidieron hacer uso de las nuevas condiciones.
Las camareras de piso, “las que limpian”, fueron externalizadas y pasadas a empresas multiservicios. En la mayoría de ellas se pasó del convenio de hostelería, donde cobraban por encima de los 1.000 euros, al de multiservicios o el Estatuto de los Trabajadores, donde reciben el SMI, poco más de 600. Las nuevas condiciones implicaron también mayores abusos, más carga de trabajo, despidos por embarazo y otras lindezas.
En este colectivo comenzaron a gestarse también procesos de organización, como Las Kellys, que pelean por la prohibición de las externalizaciones y la vuelta al convenio y condiciones perdidas. Una pelea que la han llevado a las negociaciones de diversos convenios de hostelería provinciales. En Barcelona vienen concentrándose en las puertas de la patronal los días en que CCOO y UGT entra a negociar, exigiéndoles que pongan encima de la mesa la prohibición de estas prácticas. En la pasada manifestación del orgullo LGTBI participaron y realizaron una acción contra uno de los hoteles usuario de estas prácticas -Olivia Plaza-, y el próximo sábado 8 convocan a una concentración en la puerta del Hilton Diagonal Mar.
Estos son solo tres casos testigos de la verdadera cara de la “recuperación económica” de la que habla el gobierno y los grandes medios. El descargue de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora ha sido brutal, en forma de desempleo de masas y aumento de la miseria. El peso de su “recuperación” también nos lo cargan en forma de salarios de miseria, precariedad y minijobs. El mismo Banco de España reconoce que si no se contaran los empleos a tiempo parcial forzoso el desempleo escalaría al 30%.
Pero también son una buena muestra de interesantes procesos de organización y lucha de los sectores más precarios y explotados de la clase trabajadora. No son los únicos y no han empezado ahora. Ya vimos grandes luchas de sectores similares como la de los técnicos subcontratados de Movistar en 2015. Hay otras muchas en curso, como los trabajadores de diversas contratas en lucha por su remunicipalización o de sectores como el telemarketing que llevó adelante este curso una pelea finalmente traicionada por las direcciones de CCOO y UGT.
El rol de las direcciones de los grandes sindicatos ante estos procesos sigue siendo nefasto. Desincentivando -cuando no bloqueando- estos procesos de organización, rechazando sus reivindicaciones por “maximalistas” y firmando, cuando puede, acuerdos a espaldas de los trabajadores, como en Movistar o telemarketing. No es de extrañar, si las empresas hoy pueden imponer estas condiciones es gracias a la labor de consorte que las direcciones de CCOO y UGT han realizado con los diferentes gobiernos desde 1997, cuando firmaron la primera de una serie de reformas laborales que trajeron las ETTs, los contratos basura, las subcontrataciones y toda la maraña legal en la que se ampara la precariedad.
En el caso de los “falsos autónomos”, viene siendo una figura aceptada de hecho por CCOO y UGT desde hace años en numerosos sectores. Los jóvenes trabajadores de Deliveroo y otras empresas no les quitan el sueño, como no se lo han quitado los trabajadores precarios a los que llevan años sin organizar ni defender. En el caso de los convenios de “segregación”, como el de Deliveri, fueron ellos los que lo firmaron dócilmente, como han “firmado” en estos años otras lindezas como las dobles tablas salariales o la aceptación de porciones de la plantilla permanente con contratos temporales o de ETTs. Y respecto a las subcontrataciones que hoy se extienden en los hoteles, no serán ellos los que la rechacen, pues vienen aceptándolas en la industria y grandes servicios desde hace años.
Y es que las luchas contra la precariedad son todo un cuestionamiento a la estructura de la que se ha dotado el capitalismo español desde al menos la mitad de los 90. Un modelo en el que el 40% de los trabajadores en activo son precarios, y ese es uno de los principales activos de la competitividad de las empresas españolas. Unas direcciones sindicales comprometidas con la estabilidad política del régimen y con la política de concertación con la patronal no quiere cuestionar este nudo gordiano de las ganancias capitalistas en el Estado español.
Estos procesos de lucha se vienen organizando mucha veces a través de plataforma unitarias como fue la Marea Azul de Movistar, las mismas Kellys, “Riders x Derechos”, el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes o la plataforma de las trabajadoras de atención domiciliaria de Barcelona, y cuentan con el apoyo de algunas centrales de la izquierda sindical, como la CGT, CoBas o la IAC en Catalunya, en las que muchos de estos trabajadores comienzan a sindicare.
Se trata de conflictos duros que pueden estar marcando una reactivación de la lucha obrera. Son varios los gigantes a derribar. Las mismas multinacionales y las leyes aprobadas a su medida, los diferentes gobiernos que las sostienen -incluido muchos del “cambio” que las siguen contratando para que gestionen servicios públicos, enfrentando huelgas contra la precariedad como la del metro de Barcelona o persiguiendo con la policía a los "manteros"- y las direcciones de los grandes sindicatos que juegan en contra de que estas luchas se desarrollen y logren victorias. Para lograrlo es clave avanzar en la puesta en contacto y coordinación de las distintas luchas, y que cuenten con todo el apoyo decidido del conjunto de la izquierda sindical, política y social para resistir y vencer.
Que los sectores más explotados y oprimidos de la clase trabajadora empiecen a organizarse y movilizarse es una oportunidad para ir conformando un polo anclado en la lucha de clases que pelee por la recomposición del movimiento obrero y disputar el rol de dirección que siguen jugando la burocracia sindical que hoy dirige CCOO y UGT. Esto pasa por que la izquierda sindical se vuelque en estos conflictos, supere la división entre diversas centrales, avanzando hacia la unificación de todo el sindicalismo alternativo, y mantenga una política de denuncia y exigencia a las grandes centrales para empalmar con aquellos trabajadores que son parte de su base y empiezan a estar descontentos con la política de paz social y concertación. Que estas primeras chispas se transformen en hogueras que arrasen con años de derrota y precariedad es posible.
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