La abultada indemnización que recibió Rafael Sánchez-Lozano (Indemnización millonaria para Rafael Sánchez-Lozano) al dejar su puesto como consejero delegado de Iberia fue legal y ajustada a los estatutos de IAG. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid que ha desestimado la demanda presentada por la Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia (AadIberia).
“El sistema de remuneración de los consejeros de IAG consta detallado en el Documento de Registro de IAG aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 26.10.2010 y en los informes sobre remuneraciones publicados en la web de la CNMV, por lo que cumplirían las previsiones del artículo 37 de los Estatutos Sociales de la entidad”, señala la magistrada en su sentencia.
La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia, que representa a 2.200 extrabajadores y familiares, impugnó en los tribunales las cuentas aprobadas en la junta general de accionistas de IAG de 2014 en las que se incluía la retribución de cerca de dos millones de euros que cobró el exdirectivo al salir de la compañía (El juzgado dirime la legalidad de la indemnización de IAG a Sánchez-Lozano). Una cantidad que, a su juicio, no correspondía a conceptos salariales sino “una prebenda por su colaboración en los planes que permitieron despedir a través de un ERE a más de 3.000 trabajadores”. Hacía hincapié especialmente en que se le hubiera pagado 52.667 euros durante seis meses (de octubre de 2013 a marzo de 2014) como ayuda mientras buscaba trabajo. Un dinero que IAG justificó mediante tres correos electrónicos entre un representante de la compañía y el propio Sánchez-Lozano (IAG justifica con tres mails la paga extra a Sánchez-Lozano para que buscara trabajo), algo insuficiente para la asocación.
La juez de lo Mercantil 9 de Madrid rechaza la demanda de AadIberia porque “lo aprobado en la junta general de IAG no fueron las cantidades entregadas a Sánchez-Lozano por su salida de la sociedad, sino su reflejo en las cuentas anuales (…) sin que sea admisible que bajo la calificación de “inmorales y “perjudiciales a la sociedad” se pretenda impugnar el acuerdo limitándose a la concreta indemnización previamente pactada y publicitada”.
Por todo ello, “procede declarar la licitud del acuerdo impugnado y adoptado por la Junta General siendo este conforme a los estatutos sociales de IAG sin que se aprecie daño para el interés social de la compañía”, concluye la sentencia.
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