Cuando se habla de exclusión financiera, rara vez
pensamos en los países ricos y altamente bancarizados como España. Nos
escudamos en cifras que muestran que un 94% de los hogares disponen de
una cuenta bancaria [1] para pensar que este problema no nos afecta. Sin
embargo, la Comisión Europea define la exclusión financiera como el
“proceso por el cual la gente encuentra dificultades en el acceso y/o
uso de servicios y productos financieros en el mercado general, que sean
apropiados a sus necesidades y les permitan llevar una vida social
normal en la sociedad a la que pertenecen”. Y lo cierto es que
nuestra sociedad nos condiciona enormemente respecto a la utilización de
estos servicios. ¿Quién puede disponer de un trabajo formal sin cuenta
bancaria en la que domiciliar la nómina? ¿Hay alternativa al préstamo
hipotecario para la compra de una vivienda? ¿Y qué pasará con las
pensiones públicas? Si no tienes capacidad de ahorro, la perspectiva te
la pintan muy negra.
Pues también es cierto que la
brecha social se está abriendo entre las personas que son capaces de
acceder y utilizar estos servicios bancarios en condiciones adecuadas, a
quienes les aportan un valor añadido, y otras personas a las que cada
vez les cuesta más acceder a una cuenta bancaria, que han de pagar un
mayor coste por mantener sus ahorros en un banco o al solicitar un
crédito y se enfrentan a mayores dificultades porque la atención es
menos personalizada. Estas personas se definen como consumidores
vulnerables en el mercado bancario, y pueden experimentar mayor
dificultad para eludir malas prácticas comerciales o para controlar sus
decisiones financieras.
Recordemos que apenas un tercio de la población se puede
considerar completamente integrada desde un punto de vista social (en
2007 este porcentaje era del 50%, Fundación Foessa 2014 [2]): la mayor
parte de la ciudadanía se enfrenta a problemas de precariedad laboral y
económica, de salud y de participación social o política. A estas
personas les queda la banca low-cost, innovadora y
basada en algoritmos y medios electrónicos con los que es complicado
negociar, con una restricción importante a servicios que requieren la
evaluación de riesgos, como el crédito – palabra que significa
confianza-, y el recurso de recurrir a familiares y amigos cuando
necesiten financiación para un imprevisto, aumentando el círculo de
vulnerabilidad hacia su entorno más cercano. Y es que en España el
crédito rápido o incluso tipo ‘ payday loans’, con
tintes de usura, se enfrenta a fuertes lazos sociales que, al menos, han
evitado un recrudecimiento de la situación de sobreendeudamiento
generalizado.
De la desigualdad socio-económica a la exclusión financiera
En particular, las zonas urbanas se están enfrentando a una creciente
desigualdad socioeconómica, factor que puede llevar a la discriminación
bancaria de determinados barrios y colectivos. De hecho, la reducción de
oficinas durante la última reestructuración bancaria ha sido más
intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de
renta y mayor porcentaje de población extranjera.
Se
asume que los servicios bancarios son básicos para la completa
integración de las personas en la sociedad actual, pero los poderes
públicos están deshaciendo su participación en las entidades bancarias.
Existe una contradicción entre lo que tiende a considerarse un servicio
básico y la desvinculación pública que delega su prestación a los
mercados. La reciente crisis ha demostrado que el mercado financiero es
imperfecto y que las consecuencias sociales causadas por los intereses
contrapuestos de diferentes grupos de interés pueden llegar a ser muy
graves.
La intervención estatal reciente de entidades
con graves problemas de solvencia demuestra que no basta con considerar
la prestación de servicios de transacción, de ahorro y de crédito como
una mera cuestión de mercado, sino que implica responsabilidades para
toda la sociedad. Sin embargo, esta intervención se considera
transitoria, hasta que las entidades rescatadas puedan ser de nuevo
atractivas para los mercados de capitales. Las dificultades de uso de
los servicios bancarios, el concepto más relevante para la exclusión
financiera en los países desarrollados, pueden seguir agravándose en una
situación en la que el mercado toma las decisiones y la sociedad se
limita a asumir la responsabilidad ante los fallos del mismo.
En términos territoriales, una asunción plena de los servicios
bancarios como servicio básico implicaría garantizar su prestación con
una cierta cobertura territorial y poblacional, como se realiza con los
servicios farmacéuticos, de transporte o postales.
El derecho a una cuenta bancaria en Europa
La Unión Europea ya ha comenzado el proceso para garantizar el derecho a
una cuenta bancaria para todos los ciudadanos a través de la Directiva
Europea de Cuentas de Pago 2014/92/UE, pero aún no se vislumbra cómo se
aplicará en España, a pesar de que el límite para su transposición vence
en septiembre de 2016. Como contraste, en Reino Unido se ha cerrado ya
un proceso de consulta pública abierto a los ciudadanos y diversos
grupos de interés, y en Alemania se perfila un proyecto de ley que pone
un foco particular en la situación de los refugiados y su derecho de
acceso a una cuenta bancaria.
Será relevante
comprobar si su aplicación en España tendrá en cuenta al colectivo
inmigrante no regularizado y cómo se considerará el concepto de
‘personas residentes’, ya que la directiva incluye a las “personas en
busca de asilo, de conformidad con la Convención de Ginebra, de 28 de
julio de 1951, y el Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativos al
estatuto de los refugiados y otros tratados internacionales
pertinentes”, además de permitir una interpretación extensiva del
término.
En definitiva, la inclusión financiera de
los ciudadanos posee una perspectiva moral, implícita en el surgimiento
de la banca social. De hecho, “la banca sin ánimo de lucro surgió con el
objetivo de restaurar la confianza en el mercado bancario” (Hansmann,
1996) [3]. La crisis debería de servir para replantear el modelo de
banca social y su potencial papel para recuperar la dañada confianza de
la ciudadanía. La banca ética, aquella que integra objetivos sociales y
ambientales en su propio ámbito de negocio, ha de replantearse su papel
respecto a la inclusión financiera en los países desarrollados, y en
concreto en España.
Ésta, aunque se encuentra entre
sus objetivos, no ha sido la razón fundamental de su surgimiento, sino
el apoyo a la economía social y sostenible. Pero su objetivo de
transformación de la economía es holístico e implica atender otras
derivadas sociales y éticas. El retroceso de la denominada ‘banca
social’, particularmente de las cajas de ahorro, puede crear un espacio
vacío de atención para colectivos desfavorecidos, que la banca ética
debería afrontar en la medida de sus posibilidades.
Revell (1989) [4] analizó el surgimiento de las cajas de ahorro como
entidades bancarias inclusivas, desde un doble objetivo: el
socioeconómico, para evitar que las personas traspasaran la línea de la
pobreza debido a sucesos imprevistos; y el político, para evitar
conflictos sobrevenidos a causa de la miseria “manteniéndoles [a ciudadanos con escasos recursos] en las capas respetables de la sociedad”.
Si en terminología actual sustituimos ‘respetabilidad’ por
‘integración’, éste puede constituir el reto social más importante para
la banca española, en un entorno en el que la desigualdad tiende a
acrecentarse.
El artículo refleja la opinión de la autora. Economistas sin fronteras no coincide necesariamente con su contenido.
[1] Banco de España (2014): Boletín Económico, enero 2014. Encuesta
Financiera de las Familias (EFF) 2011: métodos, resultados y cambios
desde 2008.
[2] Fundación Foessa (2014). Análisis y
perspectivas 2014: Precariedad y cohesión social. Madrid: Fundación
Foessa y Cáritas Española.
[3] Hansmann, H., 1996. The Ownership of Enterprise. Belknap Press, Cambridge.
[4] Revell, J. (1989). El futuro de las cajas de ahorros. Estudio de
España y del resto de Europa. Fundación FIES de la CECA. Madrid
http://www.eldiario.es/zonacritica/Exclusion-financiera-desigualdad-social_6_451864842.html
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