Hoy 13 de noviembre debemos rememorar la catástrofe del hundimiento del petrolero Prestige hace 13 años frente a las costas gallegas, tras uno de los ejemplo de nefasta gestión de accidentes petroleros por parte de las administraciones autonómicas y estatales, y en especial del actual presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, el que definiera la mayor catástrofe ambiental de Galicia que inundó las costas de petroleo como "pequeños hilillos solidificados con aspecto de plastilina". Incluso después de verterse decenas de miles de toneladas de fuel, llegando a Portugal y Francia, y tras visitar las zonas afectadas, Rajoy declaraba que no existía una marea negra, sino zonas afectadas muy localizadas.
Tras el accidente llegó el veredicto de la Audiencia Provincial Sección n. 1 de A Coruña en 2013, en el cual el tribunal no ve responsabilidad penal y absuelve a los tres acusados -el capitán, Apostulos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argypoulos; y el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors- de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos de los que se les acusaba. Esta sentencia, respalda este cargo político del Gobierno de entonces sentado en el banquillo, de alejar el barco de la costa. La única condena fue por desobediencia grave a la autoridad al capitán del barco, a la pena de 9 meses de prisión.
Sin responsables penales, nadie ha pagado la factura de los costes que la misma Fiscalía elevó a más de 4.000 millones de euros. Así actúa la justicia en España, si lo comparamos con el caso del accidente petrolero en el Golfo de México en 2010 de la británica BP, que aceptó pagar 3.500 millones de euros de indemnización al Gobierno norteamericano. La aseguradora británica del Prestige, The London Steam-Ship Owners’ Mutual ha ganado la batalla, ya que era la única sociedad identificada y con responsabilidad dentro del oscuro entramado empresarial del buque, con banderas de conveniencia, que se ha librado de pagar los costes del desastre, evitando personarse en el juicio y asumir su responsabilidad. Queda una esperanza, ya que en septiembre de ese año la Fiscalía ha solicitado in extremis, al Tribunal Supremo que la sala declare la nulidad de la sentencia del Prestige, devolviendo los autos a la Audiencia Provincial de A Coruña para que tenga en cuenta cinco documentos que, según el Ministerio Fiscal, deberían servir para condenar al capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente, y que la aseguradora pague los costes del desastre. Por lo menos, aunque alejado de los 4000 millones de euros que reclama la fiscalía, la empresa operadora del Prestige y la aseguradora británica que cubre los daños pueden ser condenadas apagar una póliza de 1.000 millones de dólares.
Pero hasta el momento el coste lo pagó Galicia, sus rías, su mar, su gente y los miles de voluntarios que arriesgando su salud acudieron a limpiar de petroleo las costas. Los accidentes marítimos se han repetido, como en el caso del ferry “Sorrento” en abril de este año en Baleares, y la administración sigue sin tener un plan claro de actuación y puertos refugios, con medios y personal preparados para actuar ante catástrofes de este tipo. Además el Gobierno del PP, en manos del Ministro Soria, ha favorecido la prospección de yacimientos de petroleo a lo largo de las costas españolas, lo que solo puede traer más contaminación y problemas ambientales de todo tipo, ahondando en la nefasta economía basada en el petróleo.
http://www.ecologistasenaccion.org/article31107.html
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