A quien paga la Sanidad madrileña

La Consejería de Sanidad de Madrid firmó un total de 1.414 contratos durante el año pasado con empresas privadas por un importe de 562.183.400 euros, según los datos de un informe elaborado por el Grupo de Trabajo para una Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y que se ha hecho público este jueves.

En el documento, la plataforma analiza los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad a empresas en 2014. Pese a que esta cifra no es definitiva–ya que, según denuncian los responsables del informe, “hay muchos contratos que se trocean para evitar ser publicados”–, sí que muestra los efectos del proceso privatizador que aún hoy sufre a golpe de presupuesto la Sanidad pública de Madrid. Además de estos contratos detectados, hay que añadir otras partidas como las concesiones administrativas o los propios conciertos realizados con hospitales y clínicas privadas de los que la Consejería no ofrece todos los datos detallados.

De entre los contratos firmados en 2014 destaca el importe de aquellos adjudicados en la modalidad de gestión de servicios públicos y que la Sanidad pública, puede hacer con personal propio. La cantidad total que perciben las empresas por realizar estas funciones es de 126 millones de euros. El mayor contrato es el del Centro de Rehabilitación Dionisia Plaza, para el “tratamiento y rehabilitación de niños y adolescentes”, de más de 14,4 millones de euros. El siguiente es el de la Clínica Nuestra Señora de La Paz, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios: 3,7 millones de euros por el “servicio de desintoxicación en 90 días”.

“Que dentro de los contratos de gestión de servicios públicos estén el tratamiento a enfermos terminales, psiquiatría, adolescentes y niños o especialidades como la cirugía, la terapia o la radiología no parece algo normal”, apunta Cathy Boirac, del Grupo de Trabajo para una Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. “Creemos que es mucho más lógico y coherente que un servicio de Sanidad pública tenga que asumir con sus profesionales sanitarios todo lo relativo a la atención sanitaria. Pero claro, esto significaría contratar más personal y ahora se está haciendo todo lo contrario”, se lamenta. Esta es la principal denuncia que las plataformas en defensa de la Sanidad pública hacen a los responsables políticos. “Las empresas privadas tienen que repartir beneficios y ese dinero sale de la reducción de médicos, del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas diagnósticas…”, repite constantemente Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid).

Deuda, corrupción y competencia

Es muy difícil conocer con exactitud el dinero destinado a la privatización sanitaria. Por un lado, la opacidad es una constante en la Administración y por otro, no existe un estudio que compare el coste económico de una gestión pública y otra privada. Un ejemplo de las partidas que quedan fuera de control y de las que no se ha justificado su necesidad son los contratos firmados para la realización de mamografías. Hace poco más de una década, el cribado poblacional se hacía en los hospitales públicos, pero ahora se ha ido derivando a clínicas privadas ­­–hasta 15 centros en 2014– o a la Asociación Española contra el Cáncer, que se encarga de las unidades móviles. “Y mientras, ¿qué pasa con los mamógrafos en los hospitales? Pues que seguramente estén infrautilizados, lo cual sería un caso flagrante de deuda ilegítima”, apunta Boirac.

Precisamente, el control de esta deuda es una de las batallas que plantea el informe. La Comunidad de Madrid debe actualmente a diferentes acreedores un total de 26.341 millones de euros. El Gobierno madrileño no aporta datos acerca de cuánto de ese dinero hay que imputarlo a la deuda sanitaria, pero en octubre de 2012, en una respuesta parlamentaria a Izquierda Unida, admitió que esa cantidad ascendía a 1.738 millones de euros.

El gran agujero de la Sanidad madrileña reside en la adjudicación de contratos. Dos estudios publicados en los últimos años lo corroboran. El primero de ellos, de la Comisión Europea, Study on corruption in the healthcare sector, ya avisaba en 2013 de que entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública en la UE se perdía en prácticas corruptas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicó otro informe en febrero de 2015 donde afirmaba que la falta de competencia en todas las contrataciones hace que haya un sobrecoste anual que, en España, alcanzaría los 45.000 millones de euros.

Esta falta de competencia propicio que las empresas Ferroser y Clece se adjudicasen en 2013 el contrato del servicio de limpieza de 16 hospitales madrileños por 208 millones de euros hasta 2016. Esta última compañía, propiedad de ACS (empresa presidida por Florentino Pérez), se encarga de la gestión del Hospital de La Princesa.

Marisa, paciente de este centro, acude todos los días a su puerta junto a un grupo de vecinos para protestar por la degradación del servicio que, en su opinión, sufre el hospital. “Ha bajado la calidad de la limpieza en general. Ha habido problemas con las toallas y las sábanas, que vienen sucias. Desde hace dos años, desde que se le concedió la contrata a una empresa, esto va de mal en peor”, denuncia. Los pacientes también se quejan de suciedad en los pasillos. Hace un año, al hacerse cargo del servicio, Clece prescindió de 29 trabajadores. La empresa sostiene que cumple “con todas las condiciones del contrato de limpieza” y que, en el caso de La Princesa, ha obtenido el certificado ISO 9001:2008 para las actividades de “limpieza integral de zonas críticas, semicríticas, generales y exteriores de centros sanitarios de atención especializada, como hospitales, centros de especialidades, centros de salud mental, centros de transfusiones y otros centros sanitarios públicos y privados”.

Otro de los contratos que en 2014 no aparece en la información pública que ofrece la Consejería de Sanidad es el de la adjudicación de los cuidados paliativos a órdenes religiosas. “Son organizaciones que, por ley, están exentas de presentar, como el resto, su cuenta de resultados. Ni siquiera deben estar inscritas en el Registro Mercantil, por lo que encontrar información económica o estatutaria sobre quién las dirige es casi imposible”, explica Cathy Boirac. La Comunidad de Madrid contrató en 2009 la atención a enfermos terminales con clínicas privadas gestionadas por seis empresas, tres de ellas eran órdenes religiosas y una “asociación” religiosa: Instituto San José. Las otras dos eran civiles. El contrato acababa en 2013 y desde la Consejería no ofrecen más información. Tampoco contestaron a La Marea sobre cuál es el gasto anual de la Administración en sanidad privada.

Donde sí existen más datos es en lo referente a los contratos firmados con la industria farmacéutica. El informe elaborado por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad destaca el peso que tienen las empresas vinculadas a Farmaindustria, que suponen un gasto de más de 145 millones de euros en comparación a los 3,3 millones de euros dedicados a los medicamentos genéricos asociados en Aeseg. A los que hay que sumar el gasto de las recetas prescritas en los Centros de Salud. Los autores del documento achacan estas cifras a la presión que ejerce la industria y apuntan a otros lobbies como la Fundación IDIS, que aglutina a las principales clínicas privadas, y Sedisa, donde se agrupan los mayores directivos del sector, quienes junto a Farmaindustria firmaron durante 2014 un total de 358 contratos con la Consejería por un importe superior a los 250 millones de euros.

[Actualización del reportaje publicado en el número de octubre de la revista La Marea]

http://www.lamarea.com/2015/11/26/a-quien-paga-la-sanidad-madrilena/