El Tribunal de Cuentas ha detectado una larga lista de irregularidades en la gestión de las ayudas públicas para la formación de trabajadores ocupados. En un informe que acaba de publicar sobre la gestión de la línea estatal de estas subvenciones durante el periodo 2009-2011, el órgano fiscalizador concluye que tanto las patronales CEOE y CEPYME como las dos principales centrales de trabajadores, UGT y CCOO, subcontrataron más cursos de los que permite la ley, utilizaron empresas satélite como proveedores, gastaron las ayudas en conceptos ajenos a la formación y no controlaron el resultado de estos programas. El documento del Tribunal de Cuentas demostraría que el fraude en las ayudas de la formación que investigan la Guardia Civil y la Policía Nacional en Andalucía podría haberse producido en realidad en todo el territorio español.
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| El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda |
En los tres años sometidos a inspección, se concedieron en total 1.099 millones de euros para financiar acciones formativas para trabajadores. El Tribunal de Cuentas denuncia, en primer lugar, que los fondos se asignaran con porcentajes fijos a las patronales (un 50% del total) y los sindicatos (el otro 50%) con independencia de la calidad de sus proyectos. De hecho, “en la convocatoria de 2010 –según subraya este organismo público–, fueron las únicas entidades habilitadas legalmente para solicitar las subvenciones”. Y se da la circunstancia de que estos actores sociales son precisamente los encargados de evaluar las solicitudes de las ayudas. Es decir, que controlan todo el proceso.
Subcontratación irregular
El Tribunal de Cuentas también aprecia graves anomalías en el manejo de esas cantidades millonarias. La Ley General de Subvenciones de 2003 sólo permite la subcontratación del 50% de los fondos. Sin embargo, en el ejercicio 2010, por ejemplo, el 26,5% de los 412,3 millones de euros concedidos acabó siendo gestionado por entidades afiliadas a las patronales y los sindicatos, y otro 49,28% fue directamente subcontratado con otras sociedades supuestamente independientes. “En consecuencia, las organizaciones empresariales y sindicales beneficiarias de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de los planes de formación en el ámbito estatal se convirtieron (…) en meros intermediarios”.
La subcontratación se hizo, además, sin solicitar previamente ofertas a tres proveedores diferentes, una salvaguarda que impone la Ley de Subvenciones. “La práctica ocasiona una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras”, que se traduce en la vulneración, a juicio del órgano de control, de los “principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos”. La CEOE incumplió este precepto en la adjudicación de cursos por valor de 4,3 millones de euros y, CEPYME, por importe de 6,1 millones.
Gastos sin control
Las irregularidades afectan asimismo a la justificación de los gastos. Ninguna de las entidades beneficiarias controló las horas efectivas de formación de cada uno de los cursos, dejando en el aire el cálculo del coste. El Tribunal de Cuentas ni siquiera ha podido comprobar que el desembolso en la contratación de profesores fue realmente el que han declarado patronales y sindicatos. Pero hay otras pillerías. En el caso de UGT, la inspección ha detectado que el sindicato adjudicó servicios relacionados con sus cursos a firmas satélite. Es decir, que actuó al mismo tiempo como licitadora y proveedora, reteniendo las subvenciones públicas.
El órgano de control denuncia, además, que todos los actores sociales imputaron gastos a los programas formativos que no guardaban relación con ellos. UGT financió todos los gastos de su escuela de formación con cursos que en realidad se habían efectuado en otras sedes. En otras ocasiones, presentó gastos por duplicado.
Ni idea de los resultados
El otro gran agujero negro en estas ayudas es la medición de sus efectos. El informe reprocha a los beneficiarios que no dispongan de ningún sistema para comprobar el resultado de las acciones formativas y que se limiten únicamente a realizar “encuestas de satisfacción de los alumnos”, en lugar de efectuar un “verdadero análisis del impacto de dichas acciones en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores”.
Los indicios de fraude son más que evidentes. El Tribunal de Cuentas ha podido comprobar que, de los 788.740 alumnos inscritos en los programas financiados en 2010, más de 30.000 eran empleados de las propias empresas beneficiarias u organizaciones de su entorno. Un grupo de 398 individuos efectuó un total de 6.068 acciones formativas, muchas de las cuales coincidieron en tiempos y horarios. Su asistencia a todas ellas fue materialmente imposible. El órgano de control considera que la “multiparticipación” fue especialmente “elevada” en el caso de CCOO, contradiciendo los principios de “igualdad y objetividad” en el acceso a los planes de formación.
Cambios en el sistema de reparto
El Ministerio de Empleo pondrá en marcha el próximo 1 de enero un nuevo sistema de adjudicación de las ayudas para la formación que pretende terminar con estas prácticas fraudulentas. Entre otras novedades, el plan obligará a patronales y sindicatos a concursar junto a otras entidades por la gestión de los fondos para cursos. Ya no tendrán garantizada su porción del pastel. Además, el departamento de Fátima Báñez creará un órgano encargado exclusivamente de fiscalizar la gestión del dinero y el resultado de los programas.
Mientras tanto, las inspecciones siguen poniendo en duda el sistema que ha estado operando durante los últimos años. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen abiertas diferentes investigaciones sobre la gestión de las ayudas para la formación en Andalucía. Los casos, que han permitido hallar una tasa de fraude cercana al 100%, ya están judicializados. Pero el informe del Tribunal de Cuentas extiende ahora la sombra de la sospecha a todo el territorio nacional.
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