La normativa para evitar la judicialización de las reclamaciones aprobada por el Gobierno del PP tras la condena del TJUE permite a los bancos cerrar en la vía extrajudicial por 2.200 millones unas demandas que le habrían costado 3.600 en los tribunales.
Los bancos españoles han logrado salvar 1.400 millones de euros del botín que obtuvieron timando a sus clientes con las cláusulas suelo gracias a la aplicación del decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy habilitó, a toda prisa tras la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) que corrigió al Supremo y obligó a devolver todo lo estafado, una vía extrajudicial para resolver las reclamaciones de las víctimas.
El decreto, publicado el 20 de enero de 2017, un mes después del pronunciamiento del TJUE, contenía varias medidas favorables para las entidades financieras entre las que, además de permitirles ganar tiempo y posponer los pagos, destacaban otras dos: dejaba en sus manos el cálculo de la contraoferta a sus clientes, buena parte de los cuales seguían teniendo ‘viva’ la hipoteca con la misma entidad, y les eximía de pagar las costas judiciales tanto en caso de aceptar las demandas sin pleitear como si, tras el juicio, eran condenados a pagar una cantidad no superior a la inicialmente consignada.
La segunda medida les proporcionó un ahorro de más de 300 millones de euros según la asociación de consumidores Adicae, mientras que la primera les ha permitido retener otros 1.400, según las estimaciones del portal Reclamador.es, que basa sus cálculos en los datos oficiales que se conocen de este proceso iniciado hace ahora tres años.
Casi 2.800 euros de diferencia por demanda
Según el Ministerio de Sanidad, que gestionaba las competencias de Consumo hasta el mes pasado, el importe medio de las solicitudes presentadas por la vía extrajudicial (1.136.623) que especificaban la cuantía reclamada ascendía a 7.193,16 euros, aunque a mediados de 2018 había bajado a 6.999.
De ellas, los bancos habían aceptado año y medio después 502.564 (el 44,2%) con "un importe medio devuelto de 4.429,65 euros" que les supuso un desembolso "superior a 2.226 millones". La causa alegada para descartar algo más de un tercio de las reclamaciones que rechazaban (222.896 de 634.059) consistía en "entender que la cláusula suelo se ajusta a los requisitos de transparencia".
Los afectados obtenían resultados mucho más satisfactorios en los juzgados: los jueces resuelven de manera favorable al demandante en el 97,6% de los casos, según el último dato difundido por el Consejo General del Poder Judicial.
La estimación de 1.400 millones de Reclamador.es sale de aplicar la tasa de éxito en los juzgados a ese medio millón de acuerdos extrajudiciales aceptados por los afectados, que recibieron un promedio de 4.429 euros cuando la reclamación media ascendía a 7.193, casi 2.800 euros más por asunto.
E n los primeros dos años y medio del plan de choque por las cláusulas suelo se han resuelto 197.002 demandas (con un 96,3% de estimaciones en el trimestre de menor aceptación) y quedan 252.834 en trámite, según los datos del CGPJ. Ese volumen amenaza con colapsar los tribunales y retrasar hasta cuatro años la resolución del grueso de esos pleitos.
"Parece claro quién ha hecho negocio"
"La vía del decreto tan solo ha admitido a trámite el 44% de los casos, lo que ha supuesto devolver una media de 4.400 euros. La vía judicial da la razón a los consumidores en el 96% de los casos con una devolución media de 7.200€, que es un 63% más", explica Pablo Rabanal, CEO de Recamador.es, para quien "si tenemos en cuenta que medio millón de casos se han resuelto vía Real Decreto, podemos concluir que los consumidores que han acudido por esa vía han perdido 1.500 millones".
"Parece bastante claro quién es el que ha hecho negocio de verdad, y desde la Administración nadie ha asumido responsabilidad alguna", apunta, sino que, por el contrario, "el mensaje que se da es de un cinismo total, diciendo que se han devuelto por este mecanismo 2.200 millones, que es cierto; tanto como que deberían haber sido 3.600".
Para Almudena Vázquez, directora legal del portal, "la intención del decreto era evitar quebraderos de cabeza a los consumidores", pero los bancos "aprovecharon esa vía" y los clientes "acabaron renunciando a un parte del dinero que les correspondía".
El TJUE tiene sobre la mesa para resolver otra demanda sobre la legalidad de la renegociación de los intereses que, junto con la renuncia a pleitear por recuperar lo pagado de más, varios bancos españoles comenzaron a imponer a sus clientes tras el fallo inicial del Supremo sobre las cláusulas suelo.
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