¿De dónde vienen los fondos buitre?

El término fondo buitre fue popularizado por movimientos sociales y ONG, pero ha sido adoptado por todo tipo de organismos internacionales. 

Emile Zola en su despacho, fotografía de 1885

La actividad financiera basada en la recaudación de deudas rescatadas a bajo precio no es patrimonio exclusivo de la época moderna. Simultáneamente a la aparición del mercado de títulos, ha habido acreedores cuya actividad consistía esencialmente en ejercer presión sobre los deudores con dificultades de pago. Así, ya en 1891, Emilio Zola describía precisamente en El dinero esta actividad de recaudación, personificada en los personajes de Busch y la Méchain. Especializados en el rescate de títulos a bajo precio, estos indagan y rastrean por todo París a los deudores que han quebrado, forzando a continuación el reembolso integral de sus deudas. En todo caso, en la descripción que hace Zola del fenómeno, se trataba en aquella época de una actividad orientada hacia deudores privados, individuos o empresas, y limitada al espacio de un país o una ciudad, en este caso a París.

A partir de la desregulación financiera de los años 1980, esta actividad adquiere una nueva dimensión: se extiende progresivamente a las deudas de los Estados. Los planes de reestructuración de deudas de los años 1980 han transformado esos montajes de endeudamiento complejos en activos fácilmente comercializables. Los acreedores iniciales devalúan sus préstamos que luego venden en el mercado secundario. Las rebajas de 80% sobre el valor nominal de los préstamos despiertan el apetito de los depredadores por los procedimientos judiciales, garantizando su rentabilidad a pesar de su costo y lentitud. 

Así en los años 1990, este esquema se ha aplicado a las deudas soberanas de los países pobres. En 1992, el fondo Dart Capital demandaba a Brasil ante un tribunal. A continuación, México, Perú, Ecuador y Argentina, sucesivamente declarados en quiebra, eran denunciados ante los tribunales por algunos de sus prestamistas. En los años 2000, los países afectados fueron en su mayoría africanos: Camerún, República Democrática del Congo (RDC), República del Congo, Guayana, Etiopía, Liberia, Sierra Leona, Zambia, Sudán y Uganda. 

Ya que a menudo han sido juzgados por jueces anglosajones, que aplican la common-law y por tanto disponen de una capacidad de creación de derecho, estos contenciosos son fuente de jurisprudencia en materia de reestructuración soberana. Y, aunque son relativamente poco conocidos por el gran público o por los economistas, son objeto de una notable atención en los ámbitos del derecho, particularmente inglés y estadounidense. A partir de mediados de los años 1990, estos diferentes contenciosos que implican a los deudores públicos han sido objeto de consideración especial por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). 

En los informes del FMI fueron identificados por primera vez como un fenómeno de pleno derecho. La denominación litigious creditors, o acreedores pleitistas, se atribuía a aquellos acreedores que daban prioridad a la demanda judicial frente a la reestructuración de las deudas. Simultáneamente, muchas organizaciones no gubernamentales asumieron esta temática. En los años 1990, las primeras asociaciones que se interesaron por estos contenciosos eran sudamericanas, y el ámbito de movilizaciones se extendió solamente por los países afectados. Estas asociaciones no retomaban la denominación de acreedores demandantes, propia de las organizaciones internacionales; sino que denominaron a estos acreedores como fondos buitre. Denominación que hoy ha sido ampliamente asumida por los movimientos sociales, los periodistas, las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales, los jefes de Estado y las instancias europeas.

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