Porque un proyecto de vida personal o familiar se hará efectivo cuando se respete y garantice plenamente el derecho a una vivienda digna. Actualmente, en nuestra Comunidad, nos encontramos ante una verdadera situación de emergencia habitacional, consecuencia de un problema estructural de fondo. La contradicción “Casas sin gente, gente sin casa” en Madrid es evidente. Existen cientos de miles deviviendas vacías en manos de grandes tenedores y cientos de miles de personas privadas del acceso a una vivienda estable y asequible. A ello se suman las miles de familias sobreviviendo en precario, amenazadas por el desalojo y abocadas a una situación de exclusión social. Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada es una obligación de las Administraciones Públicas y diseñar el procedimiento para conseguirlo es competencia de la Comunidad de Madrid.
Porque el derecho a una vivienda digna y estable que se reconoce en la Constitución Española y los Tratados Internacionales resulta ser hasta el momento una mera declaración de intenciones debido a la falta de desarrollo legislativo de los sucesivos gobiernos. La vivienda no es una mercancía de lujo sino un Derecho Humano que debe ser protegido, garantizado y promovido por los poderes públicos. De esta forma, deben ser las instituciones quienes, desde la acción política, proporcionen los recursos necesarios para la creación de un parque de vivienda pública y social suficiente para que este derecho sea real, exigible y justiciable.
Es hora de dar el salto de las palabras a los hechos. Mientras convivimos a diario con desalojos de vivienda, a falta de legislación protectora de los ciudadanos, aceptar el acaparamiento de cientos de miles de viviendas vacías por parte de las entidades financieras sería avalar la lógica de la especulación inmobiliaria. Quienes tienen una especial posición de predominio en el mercado, capaz de llevarnos a una crisis globalizada, gozan de una influencia que ha servido de excusa al antidemocrático rescate de la banca con fondos públicos. Este papel social privilegiado de los bancos debe conllevar una especial responsabilidad a la hora de cumplir sus deberes de conservación y convivencia, instaurando los mecanismos idóneos para restituir la deuda social que ostentan frente a la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, los desahucios sin alternativa habitacional y la vivienda vacía se constituyen como verdaderos usos antisociales de la propiedad. Porque apenas el 1% de la vivienda de Madrid se destina a vivienda pública, una cifra que habla por sí sola ante los 300.000 demandantes y que, además, se ha visto mermada por las cerca de 5.000 viviendas malvendidas a fondos buitre. Frente a cifras de más de 4.700 solicitantes de vivienda pública por especial necesidad en 2016, la Comunidad sólo dispone de 163 alojamientos, con listas de espera que se alargan más de diez años. Necesitamos mejorar los niveles de disponibilidad de vivienda social para responder a la necesidad general, priorizando el uso frente a la especulación. Es necesario equiparar nuestro modelo a los estándares de nuestro entorno europeo: Francia, 17 por ciento; Holanda, 34 por ciento.
Porque es hora de entender la vivienda como el bien de especial naturaleza que es. Para defender el derecho a la intimidad o los derechos de la infancia se hace necesaria una defensa integral del hogar. La administración debe garantizar la protección de los consumidores en materia de vivienda, centralizado en una Agencia única que atienda sus reclamaciones frente a los abusos de prestamistas y arrendadores que impongan su máximo lucro frente a los derechos de todas. Para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible implantar el sistema que permita resolver las consultas y denuncias de la ciudadanía, prevenir las prácticas abusivas y lograr que se corrijan, sancionando la vulneración de derechos de los consumidores en materia de vivienda.
Porque el acceso a los suministros básicos es un derecho tan básico y vital como el sustento alimentario o el abrigo. Los poderes públicos no agotan su obligación asegurando un techo a las familias de la Comunidad, sino que el hogar deberá estar provisto de aquellos suministros que garanticen el agua, el calor y la electricidad. Todos los recursos que son necesarios para mantener la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las personas.
Porque el acceso a los suministros básicos es un derecho tan básico y vital como el sustento alimentario o el abrigo. Los poderes públicos no agotan su obligación asegurando un techo a las familias de la Comunidad, sino que el hogar deberá estar provisto de aquellos suministros que garanticen el agua, el calor y la electricidad. Todos los recursos que son necesarios para mantener la habitabilidad de los inmuebles y la dignidad de las personas.
Por último, porque estos compromisos deben constituir un proyecto social y general, participado por todos los actores de la vida pública de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto a las instituciones corresponde garantizar el derecho a la vivienda, atar en corto a las grandes
corporaciones que han vulnerado derechos y cometido prácticas antisociales, y a la ciudadanía participar y vigilar que estos derechos se hagan efectivos.
corporaciones que han vulnerado derechos y cometido prácticas antisociales, y a la ciudadanía participar y vigilar que estos derechos se hagan efectivos.
Los Derechos Humanos compete ejercerlos a todas, desde todas y para todas.
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