El Juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha citado a declarar como investigados, figura anteriormente conocida como imputados, a José Manuel Vargas Gómez, presidente y consejero delegado de Aena, y a su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema Devesa, por los presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.
Junto a ellos, también han sido citados Amparo Brea Alvarez, directora de Planificación y Medio Ambiente; y Jose Manuel Hesse Martin, anterior director de Medio Ambiente, según aparece en el auto al que ha tenido acceso este medio y que tiene fecha de notificación el pasado 25 de junio.
Vargas y Lema deberán personarse ante el juez para tomarles declaración el próximo 4 de julio, mientras que la fecha marcada para Brea y Hesse será dos días después, el 6 de julio.
Este caso se remonta dos años, cuando los residentes de Ciudad Santo Domingo presentaron una querella criminal, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid en noviembre de 2014, y que ahora ha tomado la decisión de citar a los cuatro investigados dentro del proceso de diligencias previas.
Los querellantes consideran que los hechos revisten caracteres de presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, con multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Además, señalan que el delito contra el medio ambiente del artículo 325 y siguientes del Código Penal está castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio uno a tres años.
Estas citaciones llegan en un momento especialmente sensible dentro del proceso judicial que desde hace 12 años enfrenta a la empresa pública con los residentes de Ciudad Santo Domingo, que esperan el pronunciamiento definitivo de la Justicia para este mismo año.
Desde que en 2008 el Tribunal Supremo se pronunció en favor de los vecinos, al reconocer que Aena vulnera su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria por el ruido de las aeronaves, y dictó que se corrigiera, pero sin especificar las medidas concretas, se ha producido un rosario de recursos, autos y sentencias que han impedido ejecutar el fallo.
Para tratar de cerrar este capítulo, en diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso una reducción del 30% del número de sobrevuelos sobre Ciudad Santo Domingo, decisión que no satisface a ninguna de las partes, que están ahora pendientes del fallo definitivo del Alto Tribunal, inicialmente previsto para este mismo verano.
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