Uno de los papeles fundamentales de nuestro militarismo, tan activo en operaciones en el exterior (más de 70 desde Felipe González a la actualidad y más de 200.000 efectivos implicados en ellas a lo largo de esta trayectoria, con un muy considerable gasto en intervencionismo) es promover la industria militar, una fuente de pingües beneficios para unas pocas empresas, accionistas, bancos y fondos de inversión que participan de esta ingente actividad
España se sitúa entre el 6º y 7º puesto del ranking mundial de venta de armas (según el año) y mantiene una febril labor exterior de nuestra diplomacia (del Rey para abajo) en la promoción de la industria militar española y en la realización de grandes contratos armamentistas en el exterior. Para ello se participa a nivel político, con constantes viajes de ministros, del propio Presidente de Gobierno y del mismo Rey y una amplia acción diplomática al efecto, así como con la constitución y desarrollo de unas empresas públicas de ayuda a la venta de armas (Defex, por cierto implicada en escándalos y corrupciones innumerables) y constantes exhibiciones in situ del potencial de nuestro armamento, para lo que se programan y realizan viajes insólitos (barcos de guerra a Australia para que comprueben la operatividad), maniobras conjuntas con potenciales clientes o el propio despliegue de tropas en zonas de guerra.
La acción de guerra del ejército es un escaparate necesario para la venta de armas españolas. Según nuestros políticos, la venta de armas es un desarrollo necesario para poder tener una industria fuerte que nos permita su sostenibilidad y dotarnos de las armas que necesitamos de forma autónoma, sin depender de terceros. Sigue el argumento explicando que necesitamos participar en operaciones exteriores de guerra para tener un ejército entrenado por si se necesita y para impulsar la industria militar como una opción estratégica para nuestra autonomía militar y por su impacto positivo en el desarrollo industrial y el trabajo… Un argumento circular y capcioso que, además, no es cierto, pues la mayoría de las patentes mundiales pertenecen a muy pocos dueños, todos ellos de fuera, la industria militar no contribuye al desarrollo ni al avance científico (sino que más bien es altamente ineficiente y parasitaria de la ciencia desarrollada fuera de lo militar) y, desde luego, el sector industrial a pesar de dar muchos beneficios a sus dueños, ofrece solo 20.000 puestos de trabajo reales, muy por debajo del desarrollo potencial de otros sectores de mayor calidad de desarrollo humano, como puede ser el de las energías renovables, la educación, la sanidad o la investigación científica centrada en resolver problemas humanos esenciales.
Lo cierto es que, a pesar de todo ello, el Gobierno se ha empeñado, y es el principal punto del programa de gobierno de la legislatura X y del Ministro Morenés, en acabar de crear un “polo militar industrial” español impulsado desde el poder político y suficientemente mimado.
Para promover y crear este polo, el estado ha ido tejiendo toda una estructura que sirve para la creación y dominio absoluto del sector. Para ello cuenta con un entramado de empresas y de participaciones en empresas de lo que constituye el sector entramado público del complejo militar-industrial español, que responde al siguiente esquema de problemas y de empresas e intereses entrecruzados.
¿Cuál es la política a la que responde el gasto militar y para qué sirve todo esto?
La política española de seguridad invierte una ingente cantidad de dinero en defensa, nos endeuda de forma insostenible con las empresas militares y resuelve la vieja pregunta de cañones o mantequilla a favor de los cañones, pero todo ello no sirve para una mejor defensa de los intereses de la sociedad ni de los bienes tangibles que la gente quiere defender (seguridad, salud, educación, vida digna, medio ambiente sostenible, …) todos ellos más cercanos a la idea de seguridad humana que de seguridad militar, sino que sirve para:
- Participar de una visión militarista de la seguridad internacional y ser parte (y una parte muy importante puesto que somos el segundo contribuyente en términos de esfuerzo y tropas a las operaciones militares de Europa y el sexto del mundo) del entramado de intervencionismo e injerencia militar vigente.
- Alinearnos de forma radical y nítida con la política militar de la OTAN , EE.UU. y la cada vez más militarizada UE.
- Promocionar la industria militar y la venta de armas, lo que a su vez potencia la creación de nuevos conflictos y guerras.
- Mantener un dispositivo militar aberrante, con un sobredimensionamiento incluso desde el punto de vista militar del ejército, un mando por cada 2 soldados y soportando un gasto del que comen más de 2.500.000 personas.
- Generar una deuda militar por compra de armas que no se necesitan, que han sido adquiridas de forma opaca por personajes implicados en la confusión de intereses de las empresas militares y de la política, y que forma parte de la deuda ilegítima que soportamos.
- Reducir los gastos de otros bienes sociales e invertir en armamento.
- Demostrar que el ejército es un instrumento altamente peligroso para nuestros derechos, si tenemos en cuenta que las políticas de control social en marcha cuentan en 2016 con 14.410 millones de € y que la llamada seguridad interior cada vez cuenta con un enfoque más abiertamente militarizado, así como que para la doctrina militar nunca hemos dejado de ser considerados como un “hipotético” enemigo interior.
- Mantener la opacidad, ya que en materia de política de defensa no tenemos opinión, se decide todo de forma semisecreta y no existe verdadero control.
- Legitimar la actuación militar y la inteligencia militar en Centroáfrica y el Índico para defender nuestra seguridad, en asombrosa coincidencia con los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y los intereses de dominación de recursos naturales utilizando la doctrina de seguridad española y la rara hipótesis de “fronteras avanzadas”.
Nuestro entramado de defensa sirve para la cada vez mayor militarización política y para fomentar un aparato internacional de dominación que ni nos ha sido consultado ni nos beneficia.
La casta política y la coartada cómplice de la “política de Estado”
Frente a ello no existen en la política al uso voces críticas. Los presupuestos generales de 2016 no tuvieron propuestas ni enmiendas significativas en materia de defensa. Durante la X legislatura la Comisión de Defensa, como en las anteriores, no ejerció control político alguno al Gobierno. No se han planteado propuestas alternativas en materia de defensa por ningún partido…
Existe un consenso basado en una injustificada “razón de estado” que viene a predicar que como la política de defensa es muy importante debe ser considerada una política de estado y no sujeta a crítica de fondo, lo que justifica que quede excluida del debate y que la ciudadanía mantenga la minoría de edad de siempre al respecto.
De hecho la política de defensa no ha variado ni en los gobiernos del PP ni en los del PSOE, incluida la fase del “general pacifista” de Podemos como JEME.
¿Es hora de rebelarnos?
Hay un dicho que señala que en España lo que no ha hecho la gente desde abajo se ha quedado sin hacer. Es ilusorio pensar que la casta política, beneficiada de una política de defensa como la explicada, tenga el mínimo interés en abordar ni un solo cambio en esta situación.
Ninguna de las opciones políticas ofrecen en sus promesas alternativas al sistema de defensa actual.
Existen, sin embargo, capacidades desde la sociedad más que suficientes para enarbolar una verdadera agenda de cambios sociales y políticos basados en la idea de desmilitarizar la defensa y de ejercer una defensa social y de la seguridad humana transfiriendo el enorme gasto destinado al militarismo a otras necesidades sociales y transformando los actuales modelos de defensa hacia una defensa de la seguridad humana: quitar poder a lo militar y dotarnos en paralelo de una defensa alternativa.
La desobediencia civil de las campañas de objeción fiscal siguen siendo un referente de lucha social contra el gasto militar.
Hoy como nunca tenemos información pertinente y suficiente sobre el militarismo y múltiples propuestas. El hecho de que el informe que hemos elaborado este año cuente con el apoyo y estímulo de organizaciones sociales tan plurales y combativas como Ecologistas en Acción, CGT, Renta Básica, Yayoflautas o la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, las antimilitaristas Red antimilitarista noviolenta de Andalucía, o los antimilitaristas del Puerto de Santa María, el colectivo Bardenasya contra el polígono de tiro de Bardenas, o Colectivo Mambrú de Zaragoza, los antimilitaristas del MOC de Las Palmas, la Internacional de Resistentes a las Guerras, los antimilitaristas gallegos de Non ao Gasto militar, el KEM-MOC de Bilbao o Grup Tortuga el Elche, medios de difusión alternativos o incluso con organizaciones de solidaridad y cooperación, demuestra la transversalidad de la lucha contra el gasto militar y el militarismo y permite difundir más y mejor la propuesta antimilitarista de desmilitarización.
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