El proceso de precarización laboral que la clase obrera española ha sufrido desde los años 90 ha sido constante, continuo y agresivo con el objetivo de destruir la fuerza de los trabajadores e individualizarlos para desposeerlos del poder del colectivo. Estos ataques se han dirigido a derrocar los pilares de los derechos básicos y condiciones laborales, la estabilidad, el salario y la protección social.
El elemento prioritario sobre el que se han sustentado estas agresiones contra la clase trabajadora es la ofensiva llevada a cabo contra la estabilidad del empleo. La inclusión de la temporalidad como componente prioritario de las relaciones laborales es el baluarte sobre el que ha pivotado el resto de reducción de derechos. No sólo por el factor personal que para el trabajador tiene el hecho de estar sometido a la coacción que supone la incertidumbre permanente del miedo a la pérdida del puesto de trabajo, sino por el influjo que tiene ese temor en los procesos de organización colectiva obrera. Un trabajador con miedo y sin apoyo del resto del colectivo es menos combativo.
El Código Penal de 1973, en su artículo 499 bis (“De los delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo”), establecía como delito la cesión de trabajadores de una empresa a otra para suprimir o restringir la estabilidad en el empleo: “El que por cesión de mano de obra, simulación de contrato, sustitución o falseamiento de empresa o de cualquier otra forma maliciosa suprima o restrinja los beneficios de la estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores por disposiciones legales”. Es decir, hasta la reforma laboral del PSOE de 1994, suprimir la estabilidad laboral de un trabajador era delito. Un tipo penal que los socialistas se encargaron de finiquitar para poder crear las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y establecer así que la estabilidad laboral sería un privilegio al alcance de unos pocos. Montserrat Avilés, histórica abogada laboralista, definió de forma sucinta lo que suponían las ETT: “Son las antiguas empresas de prestamismo laboral legalizadas. Contribuyen, sin duda, a la precarización del mercado de trabajo”.
La CEOE fue la principal impulsora de la aprobación de las ETT en España. En ningún momento los empresarios argumentaron que la implantación de estas empresas supondría una merma considerable de los derechos de los trabajadores, una precarización del tejido productivo y el establecimiento de la temporalidad como un elemento estructural de la sociedad. Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE en 1986, explicaba que la legalización de las ETT supondría el afloramiento de miles de puestos de trabajo que hasta entonces se situaban en la economía sumergida. Nada más lejos de la realidad. Un estudio elaborado por los catedráticos María Isabel Escobedo López e Ignacio Mauleón Torres establecía que, en 1991, la economía sumergida suponía el 14% del PIB. En 1997, tres años después de la legalización de las ETT, la tasa se situaba en el 17%, según otro trabajo de Ignacio Mauleón y Jordi Sardá. Hoy en día, la economía sumergida ronda ya el 20% del PIB.
El único objetivo que la CEOE buscaba con la legalización de las empresas temporales quedó pronto en evidencia. Sólo un año después de su aprobación, grandes empresas como Eulen crearon su propia ETT para librarse del salario fijado en el convenio y subcontratar con precios más bajos. El PSOE había facilitado a los empresarios un instrumento para conseguir empleo más barato e instaurar la incertidumbre en el trabajador, que poco a poco se haría más sumiso. Porque eso es justo lo que es una ETT: una pieza más del engranaje estructural que busca atomizar la fuerza de los trabajadores y destruir todas las redes de solidaridad y organización sindical y laboral. Así, cada trabajador será sólo un individuo aislado sin fuerza alguna para exigir mejoras de sus condiciones laborales.
Paros sin concesiones
Los antiguos trabajadores fabriles, los mineros y el resto de colectivos organizados de la clase obrera tradicional sabían que salían a exigir mejoras laborales, el mantenimiento de su puesto de trabajo era una certeza. Luchaban con el conocimiento pleno de que un solo despido suponía el paro indefinido y sin concesiones de sus compañeros hasta la readmisión.
La fuerza de esos colectivos se ha visto minada y la inestabilidad laboral estructural ha desintegrado las redes de organización obrera que permitían exigir derechos con la fuerza del puño. Es preciso eliminar el individualismo y reinstaurar en la conciencia colectiva que la lucha obrera es una realidad que vivimos cada día y que tiene su más terrible evidencia en la cola del paro, los desahucios y los recortes en sanidad y educación. El gran desafío para todos aquellos que, desde la política, quieran cambiar de forma radical la situación de la clase trabajadora parte de encontrar solución a los modos de organización colectiva para exigir y recuperar todos los derechos perdidos por el camino.
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