Las empresas de telecomunicaciones mundiales, con el apoyo de los gobiernos, han comenzado el despliegue de la red inalámbrica de quinta generación (5G) sin garantías para la salud pública y el medio ambiente. La implantación del 5G incrementará masivamente la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de las telecomunicaciones acumulándose a la ya existente con las actuales redes 2G, 3G, 4G y wifi.
Para transmitir las enormes cantidades de datos requeridos para Internet, la tecnología 5G, cuando esté completamente implementada, utilizará ondas milimétricas, que penetran poco en el material sólido. Esto requerirá que cada operador instale estaciones base cada 100 metros en las áreas urbanas de las ciudades, utilizando el mobiliario urbano público: farolas, marquesinas, semáforos, etc. También se lanzarán al espacio miles de satélites que rodearán la Tierra a diferentes altitudes para diversos fines de telecomunicaciones, pero principalmente para la entrega de Internet. Los astrónomos hacen una llamada en la que advierten que un número tan grande de objetos emisores de radio podría hacer imposible la radioastronomía y piden evitar que el desarrollo tecnológico sin un control serio convierta la práctica de radioastronomía en una antigua ciencia extinta.
La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han advertido ya de los riesgos de la exposición a radiofrecuencias, así como de la especial vulnerabilidad a dicha exposición de las personas electrohipersensibles, niñas y niños, embarazadas y personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. El despliegue del 5G constituye un temerario experimento sobre la humanidad y el medio ambiente.
Ecologistas en Acción pide al nuevo Gobierno que tenga en cuenta las observaciones y requerimientos de la Resolución del Defensor del Pueblo de 21 de agosto de 2019, en la que reconoce que la implantación de la tecnología 5G en nuestro país no ha sido objeto de evaluación ambiental previa. No se ha hecho oficialmente una evaluación ambiental previa del Plan 5G ni de los proyectos piloto derivados del mismo. Tampoco se ha justificado la negativa del Ministerio de Economía y Empresa a hacerla, y ello a pesar de que diversas asociaciones lo solicitaron durante el trámite de información pública del Plan 5G. En este sentido el Defensor del Pueblo destaca que el Ministerio, a través de su Secretaría de Estado para el Avance Digital, ha ignorado diversos artículos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, evitando consultar el borrador del Plan 5G y los borradores de los proyectos piloto 5G al órgano ambiental correspondiente.
Además, como reconoce el Defensor del Pueblo, en los proyectos piloto que se están llevando a cabo se va a utilizar una banda de frecuencias para la cual aún no se han fijado los límites de exposición seguros, lo que es algo totalmente opuesto al principio de precaución. Y apunta a que tampoco se ha prestado una atención especial a las personas electrosensibles ni en el Plan 5G ni en los Proyectos Piloto como pide el Defensor de Pueblo y determina la Resolución 1815 del Consejo de Europa.
Como consecuencia de lo anterior, Ecologistas en Acción pidió al Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. El plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en la salud.
Varios organismos internacionales están evaluando la exposición humana en el próximo escenario de exposición 5G, a la vez que científicas y científicos de la NTP analizan esta tecnología. Por ello Ecologistas en Acción, junto con miles de personas de todo el mundo, exigen a los gobiernos que se paralice el despliegue de esta red inalámbrica mientras no se demuestre que este producto es inocuo.
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