11 ene 2020

GALERIA DE BUITRES DLV

La empresa semipública Defex vendió armas durante nueve años a Arabia Saudí pagando mordidas a cargos del régimen
La Fiscalía acusa al que fuera presidente de la compañía pública hasta 2013, José Ignacio Encinas Charro, de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales.
Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas. En 1990 amplió su negocio a la comercialización de otras tecnologías y hasta su disolución definía su objeto social como «la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas», aunque su principal vía de ingresos fue siempre la venta de armamento para lo que contaba con la ayuda de empresas privadas.
El 51% de Defex estaba en manos del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y en su consejo de administración se sentaban el Ministerio de Defensa, de Hacienda, el de Exteriores, el de Economía. En esa mesa participaban también, con el 49% de la empresa, compañías privadas como Explosivos Alaveses, Maxamcorp o Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés. 
Ahora, tras casi una década de investigación, primero en Luxemburgo y después (los últimos siete años) en España, se está destapando la que quizá sea la mayor red de corrupción del Estado conocida hasta la fecha y Defex está en el centro de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este pasado miércoles su escrito de acusación por esa pieza relativa a Arabia, donde se da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales desde 2005 hasta el 2014, pero con menciones a un periodo mucho más amplio, que comienza en 1991.

Absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito

En su escrito de acusación y en el marco de una de las piezas separadas del caso Defex, correspondiente a once contratos de venta de armamento a Arabia Saudí en el periodo indicado, la Fiscalía acusa al que fuera presidente de la compañía pública hasta 2013, José Ignacio Encinas Charro, de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales. Junto a Encinas Charro se sentarán en el banquillo otras siete personas físicas y cuatro jurídicas, entre éstas últimas la propia Defex.
El Ministerio Público asegura que para obtener los contratos a través de mordidas, los acusados se aprovecharon de “la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenía la empresa pública Defex”.
La red corrupta había creado varias empresas pantallas que carecían de estructura alguna salvo la existencia de titulares de cuentas, la función de emitir facturas y recibir fondos de Defex para sus titulares y el pago de las mordidas. La forma en que se ocultaron esos fondos fue a través de contratos de prestación de servicios y de consultoría entre Defex y las empresas de los supuestos comerciales de la empresa pública. También se han encontrado comisiones al agregado militar de Arabia Saudí en España, Abdulá Al Shamuary.

Un delito institucionalizado

Anticorrupción califica toda esta trama de corrupción como “una actividad regular e institucionalizada en la empresa pública Defex”. Del lado de ésta participaron, según la Fiscalía, su presidente, José Ignacio Encinas Charro, y otros responsables de la sociedad pública: Ángel María Laurmbe Burgui, Manuel Iglesias-Sarria, y en menor medida Fernando Aguilar Viyuela, quien fue presidente de la compañía entre 2013 y su disolución, en 2015.
La investigación que provocó el cierre de Defex comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran la empresa pública española y la compañía Cueto 92. Las autoridades de ese país trasladaron la información bancaria a España en 2012 y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que recayó más tarde en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional también investiga la actividad de Defex en Angola, Camerún, Egipto y Brasil en una pieza principal y en otras separadas.

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