El momento es clave para exigir un calendario de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en la península ibérica, pero también para vigilar la gestión de los residuos y evitar que se desarrollen nuevos proyectos mineros para la obtención de uranio.
Entre 2020 y 2024 expiran todos los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares españolas, por lo que los dos próximos años son fundamentales para evitar que estos se extiendan y poder influir en la configuración del sistema eléctrico en nuestro país. Ante la amenaza que supone el mantenimiento de un parque nuclear envejecido, hemos renovado el espíritu de las protestas de oposición a este tipo de energía que surgieron en los 70 y 80, cuando comenzaron a construirse esas centrales nucleares, para librarnos de esta amenaza de una vez por todas en la península ibérica.
Por ello hace tres años constituimos el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que se enfrenta a enormes desafíos en estos próximos años. Entre ellos, la organización del próximo Foro Social Mundial Antinuclear, que se celebrará en Madrid en junio de 2019.
A pesar de que las nucleares son cada vez más inseguras según van envejeciendo, y de la generación de residuos, el Gobierno del PP y las grandes empresas eléctricas apuestan por la continuidad de los reactores españoles hasta más allá de los 40 años, incluso por la prolongación hasta los 60 años. El motivo para esto es sencillo: en el mercado eléctrico español, cada reactor de 1000 MW amortizado produce aproximadamente 1 millón de euros de beneficios diarios antes de impuestos. Son los enormes intereses económicos que hay detrás del mantenimiento de las centrales, y no la reducción de gases de efecto invernadero, el verdadero obstáculo para el cierre nuclear.
La actitud más política que técnica y poco rigurosa del Consejo de Seguridad Nuclear aumenta el riesgo que suponen los reactores cada vez más envejecidos y con mayores problemas. Como se ha demostrado claramente en los accidentes de Chernobil y Fukushima, del que se conmemora su 7º aniversario este 11 de marzo, la radiactividad no se frena en las fronteras entre países. Ni resulta ser tan segura, tan barata y tan limpia como nos la han vendido. 7 años después, muchas familias aun no pueden volver: el mar, la tierra y el aire están altamente contaminados. Aun así, las autoridades japonesas insisten en su reapertura. Por esta razón, las actividades nucleares españolas amenazan tanto a Portugal como al resto de Europa.
Nuestros esfuerzos estos años se han centrado en Almaraz. Los dos reactores de la central nuclear situada en la provincia de Cáceres, con unos 2100 MW de potencia, están ubicados a unos 100 km de la frontera, por lo que un escape podría alcanzar tierras portuguesas a través del aire o del agua del Tajo.
El mantenimiento de las nucleares requiere de un aumento de la minería del uranio y existe también la posibilidad de que la empresa australiana Berkeley abra una mina a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), también conectado con Portugal por el río Yeltes, que desemboca en el Hebra y este a su vez en el Duero. La apertura de esta mina depende de que se produzca un relanzamiento nuclear que provocaría un aumento de los precios del uranio. Los residuos radioactivos —todavía sin una solución definitiva a su gestión— de alta actividad son otro problema sin resolver para la industria nuclear española y mundial.
Según los planes oficiales, esta instalación debería haber entrado en funcionamiento en 2010, pero todavía no han empezado las obras. En la actualidad, el emplazamiento candidato está en Villar de Cañas (Cuenca), pero los terrenos han sido protegidos ambientalmente por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, ampliando una ZEPA (zona de especial protección para las aves), si bien esta protección está recurrida en los tribunales por el Gobierno del PP.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha prohibió la modificación de las normas urbanísticas presentadas en un Plan de Ordenación Municipal (POM) por el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y emitiendo este una sentencia avalando la prohibición del POM. En estos momentos, por tanto, no es posible ni continuar con la emisión de permisos para construir el ATC ni mucho menos empezar las obras.
Después de 8 años de resistencia, lo consideramos una victoria más de la lucha del movimiento antinuclear frente a un nuevo intento de construir el cementerio nuclear. Se suma así a todas las luchas que se han producido desde que la industria nuclear lo intentó por primera vez en 1986, con la aprobación del Proyecto IPES en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), también muy cerca de Portugal.
Por este retraso en la construcción del ATC, todas las centrales españolas tienen ya Almacenes Temporales Individualizados (ATIs) o planes para construirlos. Además de la construcción de ATIs, la no construcción del ATC ha hecho que los residuos radiactivos procedentes de la central de Vandellós I sigan en Francia, en La Hague. Estos residuos se enviaron allí para extraer el plutonio que contenían, al ser utilizable para fabricar bombas atómicas y estar sujeto a salvaguardias.
Pero, además de la construcción del ATC, la prolongación del funcionamiento de las nucleares hace imprescindible la ampliación de la capacidad de almacenamiento de residuos de muy baja, baja y media actividad. En estos momentos, estos residuos se envían al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), en la Sierra de Hornachuelos. Para continuar con el parque nuclear en funcionamiento es imprescindible la ampliación de El Cabril, cuya capacidad debería más que duplicarse, o la construcción de un nuevo cementerio nuclear en otro lugar de España. Las poblaciones vecinas han mostrado ya su oposición a esta ampliación puesto que El Cabril está en un emplazamiento inconveniente: lejos de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas, en una zona de alto valor natural y con sismicidad relativamente alta.
ENRESA, la empresa encargada de la gestión de los residuos y del desmantelamiento de las centrales, está siendo noticia por el agujero económico para estas tareas hasta 2018, que podría alcanzar unos 3000 millones de euros. Y también existe la loca pretensión del ministro Nadal de privatizar estas actividades transfiriéndolas a las eléctricas.
Por otro lado, la posición de la UE tras los acuerdos de París contra el cambio climático obliga a los países miembros a presentar una estrategia de reducción de emisiones estos próximos meses. España, como el resto de estados, se enfrenta también a una redefinición de su modelo energético de aquí a 2030 que permita satisfacer dichos acuerdos. Es necesario establecer los papeles que han de jugar las distintas fuentes de energía en el nuevo mix energético y, en particular, es imprescindible definir el papel de las centrales nucleares y evitar las grandes infraestructuras gasistas que quieren sustituirlas.
Actualmente, y tras el reciente y feliz cierre definitivo de Garoña (Burgos), funcionan en España 7 reactores nucleares que proporcionan el 21% de la electricidad consumida y suman una potencia de unos 7400 MW. Es de notar que esta aportación de energía eléctrica es muy superior al porcentaje de potencia nuclear instalada, de solo el 6%.
Esta disfunción se explica porque las centrales nucleares son muy inflexibles y no se regulan, por lo que funcionan todo el tiempo. Y ese es justo uno de los problemas que limitan la extensión de las renovables. Así, en 2014 se desperdició el 14% de la energía eólica. Aproximadamente el 45% de la electricidad española procede de energías renovables y el resto se produce en centrales térmicas de carbón y gas.
La potencia total instalada es de unos 108.000 MW, muy por encima de la máxima demanda que jamás hemos tenido en España. Este mix de generación eléctrica permite una sencilla sustitución de la potencia nuclear por ahorro y renovables, incluso en un horizonte de 10 años. De hecho, en las dos últimas subastas que han tenido lugar en España para la incorporación de renovables a la generación eléctrica han entrado sólo 3000 MW eólicos y 3000 MW solares, a pesar de que lo hicieron a precio de mercado, sin apoyo económico alguno. Sin embargo, la consecución de este cierre escalonado significará un duro golpe tanto para la industria nuclear como para el PP y C’s, que se declaran defensores de esta fuente de energía.
De las decisiones que se tomen estos próximos años depende en buena medida los modelos energéticos español y portugués. Un cierre escalonado de las centrales nucleares españolas sería una decisión muy sensata y serviría de guía a otros muchos países en el mundo que también tienen centrales nucleares en funcionamiento.
Tenemos que acabar definitivamente con la amenaza nuclear en la península ibérica y posibilitar una transición energética hacia un modelo limpio, basado en las renovables y el ahorro. Para ello es imprescindible paralizar las centrales, suspender el proyecto de mina de Retortillo y abrir un debate sobre la forma menos mala de gestionar los residuos nucleares y, puesto que aun no se ha encontrado la manera definitiva de gestionarlos, dejar de producirlos lo antes posible.
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