La reciente publicación del informe trimestral de accidentes de trabajo en España muestra una tendencia al aumento de accidentes laborales en 2017
El informe de accidentes laborales elaborado por el ministerio para el primer trimestre de 2017 muestra casi 150.000 accidentes y 123 muertos. Estos datos apuntan a un aumento en las cifras de muertos y heridos en el trabajo a lo largo de este año.
Las nulas medidas de seguridad, el aumento de las exigencias en el trabajo, las jornadas propias del siglo XIX son algunos de los factores que vienen aumentando de manera exponencial las “cifras sangrientas” del mundo del trabajo.
Estas cifras alarmantes, sin embargo, deben ser puestas en cuestión, puesto que la realidad de la siniestralidad laboral ofrece un panorama aún más negro. Deben ser tomadas como “aproximativas” puesto que el mundo laboral del Estado español ha impuesto una serie de filtros que reducen con mucho nuestro conocimiento general de la siniestralidad real.
Estas cifras alarmantes, sin embargo, deben ser puestas en cuestión, puesto que la realidad de la siniestralidad laboral ofrece un panorama aún más negro. Deben ser tomadas como “aproximativas” puesto que el mundo laboral del Estado español ha impuesto una serie de filtros que reducen con mucho nuestro conocimiento general de la siniestralidad real.
En primer lugar, estas cifras no recogen las muertes y accidentes laborales de los trabajadores que tienen que ganarse el pan en la economía sumergida. Para 2014, el Consejo Empresarial para la Competitividad calculaba en 1,8 millones de trabajadores de la economía sumergida, un 11% del PIB del Estado (este organismo fue creado por Cesár Alierta y otros empresarios, entendidos en la materia de la creación de “empleo en negro”).
En 2017 es muy probable que la realidad de la economía sumergida haya aumentado, tanto para los trabajadores precarios que trabajan 8 o más horas, pero con contratos de 2 o 4 horas diarias, como en el caso de los desempleados que han de sobrevivir sin ayuda alguna. Estos trabajadores quedan excluidos de las cifras oficiales, con lo que no puede saberse claramente cuántos han padecido siniestralidad laboral.
Otro componente de este “maquillaje” es la ocultación de los accidentes laborales por parte de las empresas, que utilizando el miedo tratan de forzar al trabajador a decir que el accidente no es laboral. Con ello se evitan cargas económicas con la seguridad social.
En otros casos algunas empresas ya lo tienen previsto de antemano y obligan a los parados a firmar “hojas en blanco” bajo amenaza de no contratarlos. Con ello el empresario puede tramitar su baja laboral con anterioridad al accidente y afirmar con relativa seguridad que “este desgraciado ya no trabajaba aquí”.
Casos como el denunciado por el sindicato USO en la empresa Sidenor, situada en Basauri (Vizcaya), muestran la existencia de elaboradas tramas en las que con la participación de las mutuas se trata de maquillar las estadísticas de siniestralidad laboral:
Casos como el denunciado por el sindicato USO en la empresa Sidenor, situada en Basauri (Vizcaya), muestran la existencia de elaboradas tramas en las que con la participación de las mutuas se trata de maquillar las estadísticas de siniestralidad laboral:
“En relación con los Accidentes laborales (…) el proceder habitual que Sidenor viene llevando con el Servicio Médico y la Mutua, con la que la Empresa tiene cubiertas las contingencias profesionales, mandando accidentados de reposo a casa, coincidiendo con los días de descanso en los ciclos de trabajo y otorgando permisos retribuidos mediante el cual el trabajador permanece sin trabajar los días que el médico de empresa en el caso de Basauri, Azkoitia o Reinosa, le haya recomendado, obviando una cantidad de accidentes que potencialmente causarían baja médica con el fin de ocultar y tratar de disminuir los verdaderos índices de accidentalidad. Muchas de estas bajas fueron reconocidas días después de ocurrir el accidente de trabajo puesto que se esperó a que se le agotasen los días de reposo con permiso retribuido.”
En 2008 en Orense se produjo una denuncia pública conjunta de los sindicatos, CIG, CCOO y UGT, afirmando que la mutuas ocultaban los accidentes laborales puesto que había intereses económicos cruzados muy importantes: “y esto favorece a la empresa que paga a la mutua, ya que el Gobierno está a punto de aprobar ayudas para las que registran menos accidentes laborales en su historial”, y por eso están denunciadas en el juzgado.
Puede que para muchos trabajadores esto ya sea un tópico, puesto que han padecido en su propio cuerpo las malas atenciones en las mutuas y ejemplos de mala praxis médica hacia ellos, consecuencias del afán de ganancias de la patronal.
Algunas páginas como una de CCOO en la que se aconseja a los trabajadores acudir con una grabadora a la atención del médico en la mutua muestran la extensión de estas prácticas. Además, es curioso que en muchas mutuas los trabajadores se encuentren en el despacho del médico con placas en las que se menciona que el doctor es considerado “autoridad pública”, algo que no se verá en la seguridad social.
Otro punto que no se recoge es la problemática de contabilizar los accidentes de camino al trabajo (in itinere en términos administrativos). Es curioso que muchos accidentes de tráfico que son considerados sin relación con el mundo laboral se produzcan a las horas en las que los trabajadores acuden al “tajo”. Esta es otra “goma de borrar” para muchos accidentes laborales.
Otro problema mucho más grave es que sanidad no contabiliza los casos de cáncer a nivel estatal. Sin embargo, con las gripes y otras enfermedades se hace. ¿Y qué tiene que ver esto con la mortalidad laboral? Mucho: estadísticas fiables de estos casos mostrarían la concentración de casos de cáncer en determinadas regiones industriales, centros de trabajo, centros médicos, centrales nucleares, etc. Algo que es conocido por los médicos y los trabajadores, pero a los ministerios se les pasa de largo. Estos casos muestran que muchas veces la siniestralidad laboral y las muertes no sólo se ciñen a los trabajadores, sino que muchas veces se extienden a sus familias o vecinos a través de la contaminación.
Sin considerar los grandes polos industriales o las centrales nucleares que son lo más llamativo, existe el caso del fibrocemento, conocido en el Estado Español como uralita, donde tenemos un ejemplo claro de cómo se extiende la mortalidad dentro de una familia. El padre que trabajaba en la construcción o manipulaba estos elementos enfermaría por inhalar las fibras cancerígenas de este material y la madre, al lavar la ropa de trabajo de su pareja terminaría enfermando y muriendo de cáncer al igual que el hombre.
A la vista de estas evidencias, que cuestionan las estadísticas oficiales, debemos ser conscientes de lo altas que pueden llegar a ser las cifras reales de muertos y la siniestralidad laboral. De lo enorme que es este robo de nuestra salud y nuestras vidas que hace el capitalismo, y pensar más profundamente en cómo el sistema capitalista puede ser considerado genocida por haberse alimentado de nuestra muerte y nuestra sangre desde sus comienzos siglos atrás.
Por ello, como dijimos anteriormente: “Debemos dejar claro a la patronal y las administraciones, que la vida y la salud de las personas están muy por encima de la producción y sus beneficios. No podemos seguir dejando que la crisis, y la voracidad sin escrúpulos de los empresarios, nos cueste diariamente nuestra salud e incluso nuestra vida.” Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Valemos más que esto.
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