Hemos conocido la participación del actual Fiscal Jefe Anticorrupción en una sociedad radicada en Panamá. Este hecho, sin entrar a valorar actuaciones pasadas de Manuel Moix, es extremadamente grave considerando la íntima relación que hay entre corrupción y paraísos fiscales.
No hay duda del perjuicio al Estado y sus ciudadanos causado por la corrupción a través de la pérdida significativa de ingresos fiscales. Hay otros costes directos, entre los que se cuentan los impuestos evadidos, sobrecostes injustificados en la contratación pública y partidas presupuestarias opacas o de dudosa ética, entre otros. La agenda mediática suele centrarse en este tipo de impactos, permaneciendo en un segundo plano los efectos indirectos, que se manifiestan con mayor claridad a medio y largo plazo a través de la pérdida de competitividad y dinamismo económico. Un estudio de la CNMC publicado a inicios de 2014 [1] cifró el sobrecoste en las contrataciones públicas en más de 48.000 millones de euros anuales para el conjunto de España, lo que equivale a un 4,5% del PIB nacional. En términos globales, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) [2], España se sitúa en el puesto 41 entre los 176 países analizados obteniendo el peor resultado de todas las series históricas.
Una consecuencia indirecta de la corrupción es que deteriora la imagen exterior del país y supone una sobrecarga de impuestos para las clases medias y bajas, incidiendo negativamente sobre los niveles de consumo, pobreza y desigualdad. Finalmente, cabe aludir al difícilmente cuantificable efecto de la desviación en cuanto a las prioridades de la inversión pública, en tanto que tienen un impacto sobre el desarrollo estructural del país. Casos emblemáticos como el rescate de las “Radiales” de la Comunidad de Madrid, o el fallido cercanías de Navalcarnero a Móstoles van más allá de la anécdota, pues implican un coste de oportunidad que incide sobre la futura capacidad de generación de riqueza.
Es interesante observar como en la práctica totalidad de los casos de corrupción la operativa se realiza a través de un paraíso fiscal, pese a que territorios habituales en estos casos como Panamá o Suiza no formen parte de la lista española de paraísos fiscales ni de la OCDE. También resulta sorprendente contrastar como territorios que han dejado de ser considerados como paraíso fiscal por parte de la legislación española y la OCDE por haber rubricado acuerdos de intercambio automático de información, dificultan la actuación de la justicia. Tal es el caso de la negativa de Suiza a facilitar a la justicia española información bancaria de sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y el cabecilla de la red, Francisco Correa, para acusarlos de fraude fiscal [3] o la actitud de las autoridades andorranas en el controvertido “caso Pujol” [4].
Pese a los esfuerzos por parte de ciertos representantes políticos en el sentido de posicionar la corrupción como un fenómeno aislado, bajo la manida fórmula de las “manzanas podridas”, es evidente que la misma tiene un carácter estructural y hay que combatirla desde todos y con cada uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado de Derecho. Una de las herramientas fundamentales en esa lucha es la fiscalía anticorrupción.
Solamente se han expuesto las razones de carácter económico y de diligencia debida por las cuales el actual fiscal jefe anticorrupción debería ser cesado de su puesto ya que al parecer el Sr. Moix no encuentra impropio, ni moral ni estatutariamente, tener participaciones en una sociedad en Panamá.
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