Las huelgas no sirven para nada (?)

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los estibadores, que ya sé que han conseguido mantener el 100% de puestos de trabajo frente a la patronal y el Gobierno. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el transporte marítimo de mercancías. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de la recogida de basuras de Madrid, que ya sé que no hizo falta más que anunciarla para que las empresas aceptasen una sola mesa y negociar un convenio único para todos los trabajadores. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la recogida de basura de la capital. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo del aeropuerto de Ibiza, que ya sé que los trabajadores lograron que la empresa pague los atrasos y les abone también los días de huelga. Su caso no es nada representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como un aeropuerto turístico. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Nissan en Ávila, que ya sé que los trabajadores han garantizado que la fábrica no cierre, y suavizar mucho el ajuste que pretendía la empresa. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la automoción. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de El Periódico de Cataluña, que ya sé que sus trabajadores han logrado la devolución de la rebaja salarial. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como el periodismo. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Cuétara, que ya sé que han conseguido subidas salariales, más puestos fijos y pluses de nocturnidad. Su caso no es representativo: un colectivo privilegiado y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la fabricación de galletas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de Enviser, que ya sé que han logrado su primer convenio en diez años; ni lo de la Residencia Miravilla, que ya sé que han obtenido subidas salariales y reducción de jornada; ni lo de Zardoya Otis, que ya sé que la empresa se ha comprometido a no aplicar la reforma laboral y convertir en indefinidos al 90%; ni lo de los actores de doblaje, que ya sé lo de su nuevo convenio con mejores condiciones. Ninguno de ellos es representativo: son todos colectivos privilegiados y con capacidad de paralizar sectores tan estratégicos como la recogida de residuos, la residencia de mayores, la fabricación de ascensores o el doblaje de series y películas. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, ni en España ni en Eslovaquia, que ya sé que los trabajadores de Volkswagen en ese país han conseguido una subida salarial del 14%. Su caso no es representativo etc., etc. y etc. Así cualquiera.

Las huelgas no sirven para nada, y no me cuenten lo de los repartidores de Deliveroo. No me extrañaría que acabasen consiguiendo una mejora de sus condiciones, pues sin duda son un colectivo privilegiado (todo el día en bici, qué felicidad) y con capacidad de paralizar un sector tan estratégico como la comida a domicilio. Así cualquiera.

(Lo dejo aquí, aunque podría seguir unos cuantos párrafos más enumerando únicamente las huelgas exitosas de los últimos meses. Lo de "las huelgas no sirven para nada" es un estribillo que llevo oyendo hace años. Lo interesante es que últimamente lo oigo más veces en clave irónica, como este artículo. Algo debe de estar cambiando).

http://www.eldiario.es/zonacritica/las_huelgas_no_sirven_para_nada_6_659744049.html

La burbuja turística

“Turismo es hoy sinónimo de globalización, mercantilización de recursos y personas, consumo desaforado e irresponsabilidad medioambiental en todos los niveles. (…) Bastarán unas pocas décadas más de turismo de masas para convertir la Gaia viva de Lovelock en un desafortunado planeta-zombi que vaga por el espacio sideral…” (Abecedario zombi, 2016) [1].

El turismo ya se vio inmerso en medio de la quiebra inmobiliaria y financiera de 2007-2008, si bien no sufrió con la misma intensidad el estallido de la burbuja, ¿por qué? Porque todavía tiene margen para aumentar la explotación laboral y medioambiental en el sector turístico a nivel planetario: basta comparar los sucesivos porcentajes de empeoramiento de 2015 de la escala del Índice Global de Derechos Laborales (IGDL) con los datos promedios del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo (ICVT) y del Índice de Brecha de Género (IBG).

Vemos en la gráfica que los niveles de competitividad turística como de igualdad de género se pueden presionar más a la baja hasta equipararse a los ritmos crecientes de degradación de los derechos laborales (desde violaciones irregulares hasta derechos no garantizados). Observándose que incluso el nivel de empeoramiento posible en el caso de la dimensión política de la Brecha de Género ya ha sido ampliamente superado, en casi 10 puntos porcentuales, para el escalón de violaciones repetidas del IGDL (el segundo escalón más bajo de este índice).

Teniendo en cuenta que la ‘competitividad turística’, según la concepción neoliberal del Foro Económico Mundial, no es más que un eufemismo de explotación, como se aprecia de un modo mucho más directo comparando la sistemática inferioridad del salario real del sector turístico con respecto al del PIB turístico. Así, por ejemplo, en España, entre 2000 y 2007, el PIB turístico crece un 18%, el número de turistas crece un 19,5%, el empleo turístico aumenta en casi un millón (pasa de 2 a 3 millones de empleos) y, en cambio, ¡el salario medio anual real disminuye!, pasando de 11.053 € en 2000 a 10.598 € en 2007. [2]

De hecho, a nivel laboral las cifras de precariedad y feminización son alarmantes, siendo representativo del empleo turístico las quejas y denuncias de las kellys, las que limpian, las camareras de hotel. Además, la proliferación del alojamiento turístico no hotelero es otro síntoma importante, ya que tiende a concentrarse en los mismos espacios que el hotelero, generando no sólo competencia empresarial desleal, sino turismofobia creciente, acompañada de los clásicos procesos de gentrificación (desplazando del centro urbano a la población residente que presenta bajos niveles de ingresos).

La gentrificación, aunque etimológicamente proviene de gentry (nueva clase burguesa intelectual), tiene ciertos ecos y resonancias –de connotaciones negativas– con el campo semántico de lo geriátrico, la gerontología, es por lo que, además del elitismo a secas, podemos hablar también de elitismo putrefacto, cuyo reflejo más fiel es ese turismo de borrachera y de balconing, turismo zombi, tan conocido en la costa española, que paradójicamente protagonizan jóvenes acomodados y cualificados.

En definitiva, todo un proceso neocolonial al servicio de los intereses de las clases pudientes del norte global. Donde el incremento anual de turistas internacionales es celebrado por los políticos de turno como un éxito económico sin igual, ignorando que tal crecimiento no puede ser indefinido, hasta el infinito. Ignorando que hablar de ‘capacidad de carga’ o ‘capacidad de acogida’ turística una vez que ésta ha sido ampliamente superada ya no es una solución sino otro problema más.

Gestionar la capacidad de carga es como regular el flujo de agua con un grifo, abriendo más o menos la llave para regular la cantidad de agua que queremos. Pero una vez que se ha inundado la casa, de nada sirve abrir o cerrar el grifo, pues está roto. Así, gestionar la masificación turística exige medidas al mismo nivel que la gestión de una inundación, medidas de emergencia y evacuación, lo mismito que en una crisis zombi.

Tiene gracia que la capacidad de acogida sea minuciosamente aplicada en el caso de los refugiados, que entran en Europa a cuenta gotas debido a las (supuestas) múltiples carencias de nuestras sociedades en materia de empleo y asistencia social, así como de seguridad. Y en cambio, se aplica de un modo tan laxo con quienes llevan plata en el bolsillo y el virus T (turístico) en la cabeza.

El turismo se convierte así en el estandarte de la globalización de la explotación, lo que bien podríamos sintetizar como explotalización. No es sólo un juego de palabras, es la expresión de cómo el capitalismo encuentra nuevas formas de expandirse a niveles cada vez más profundos y globales sin necesidad de moverse, sin necesidad de cambiar de planeta. Esto es, siempre se podrán inventar nuevos procesos neocolonizadores y recolonizadores que abran nuevas vías inéditas a la explotación de siempre.

Y a nivel medioambiental, ya en el Financial Times se reconocía en 2006 que el turismo será el enemigo público número uno del medioambiente [3]. La propia creación de los parques naturales, configurados como zonas vírgenes según el modelo excluyente (mediante la expulsión forzosa de la población nativa) inaugurado en 1872 por Roosevelt en Estados Unidos con el primer parque nacional del mundo, el parque de Yellowstone, se ha extendido como una plaga por todo el planeta [4].

Bajo el capitalismo todo es negocio. No hay opción de sostenibilidad ni resiliencia bajo las reglas de juego del mercado, por mucho que se cacaree la pretendida responsabilidad empresarial como un mantra de solidaridad y justicia social.

Como señalaba el conocido geógrafo y anarquista Eliseo Reclus en 1866: “En la costa, muchos de los acantilados más pintorescos y las playas más encantadoras son presa de codiciosos propietarios o de especuladores (…) Cada curiosidad natural, …, incluso el sonido de un eco, se convierte en propiedad individual. Los empresarios arriendan las cascadas y las cercan con vallas de madera para impedir que los viajeros que no pagan disfruten de la vista de las turbulentas aguas. Después, mediante una avalancha de publicidad, la luz que juega con las diminutas gotas en dispersión y las ráfagas de viento que rasgan las cortinas de llovizna se transforman en el tintineo resonante del dinero”.

Agustín Franco Martínez

Profesor universitario. Cáceres.

Notas

[1] Díaz, J. y Meloni, C. (2016). Abecedario zombi. Madrid. El Salmón Contracorriente.

[2] Murray, I. (2015). Capitalismo y turismo en España. Barcelona. AlbaSud.

[3] Buades, J. (2009). “Copenhague y después”. Opiniones en desarrollo, artículo 4. AlbaSud.

[4] Survival (2014). “Los parques necesitan a los indígenas”. Informe. Madrid. Survival International.

https://www.attac.es/2017/06/29/la-burbuja-turistica/

El papel sindical ante la transformación frente al cambio climático

Que los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, han perdido la confianza de la ciudadanía no es ninguna novedad. Lo dicen las encuestas, el camarero del bar de la esquina, la arquitecta que está trabajando en una tienda de ropa, el parado que ya no tiene ayudas, las amas de casa, la embarazada que despidieron porque estaba embarazada, los miles y miles de damnificados por la última reforma laboral. Lo dice la propia pérdida de negociación de esos mismos sindicatos ante el Gobierno de turno y lo dicen las razones por las que numerosos sectores han decidido defenderse por su cuenta, como las Kellys, los manteros o los trabajadores de Coca Cola en lucha. De todo eso se ha escrito, se ha hablado y se ha filosofado. Lo que nos proponemos ahora es dibujar y –concretar– cómo tiene que ser un sindicato en el siglo XXI. Qué asuntos debe priorizar, cómo tiene que organizarse, qué luchas debe incorporar en su discurso y, sobre todo, en sus acciones ante los nuevos escenarios laborales, ante las necesarias transformaciones de cara a combatir amenazas como el cambio climático o procesos como la robotización, ante una realidad invisibilizada como eltrabajo sin remuneración de las mujeres.

Hemos seleccionado una muestra representativa de distintos sectores –expertos, sindicalistas y trabajadores con diferentes visiones– para construir, a partir de sus reflexiones, un retrato de los sindicatos que serían capaces de recuperar la confianza de los trabajadores y trabajadoras de un país sumido en la precarización, el paro y la pérdida de derechos.   

1. OBJETIVOS Y LÍNEAS GENERALES

Los sindicatos deberían tener como objetivo principal la defensa real y efectiva de los derechos de los trabajadores. Su alejamiento de la sociedad, en ocasiones más pendientes de los intereses de la propia organización, es una de las quejas más comunes entre los entrevistados. “Se tienen que reconvertir, dejar de mirarse el ombligo, plantear estrategias que lleguen a la gente y demostrarlo con los hechos”, dice la profesora de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide Carmen Botía, una de las impulsoras de la plataforma de denuncia abusospatronales.es. La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, considera, sin embargo, que lo que existe fundamentalmente es una campaña de desprestigio y una limitación en su margen de maniobras tras las reformas laborales, sobre todo, la última puesta en marcha por el gobierno del Partido Popular. “No son empresas, son organizaciones que velan por que se cumplan los derechos laborales en un escenario donde existen nuevas formas de explotación y precarización”, afirma el ingeniero industrial Manuel Gómez Díaz, un joven de 23 años que no pertenece a ningún sindicato y trabaja actualmente como camarero mientras estudia un máster.

Ningún consultado cree que los sindicatos deban dar por perdidos ningún derecho ni batalla alguna por muy complicada que sea, como a veces han respondido a Ángela Muñoz, una de las portavoces de Las Kellys, la asociación de camareras de piso. “Si nosotros estamos teniendo esta repercusión, qué no podrán hacer los grandes sindicatos”, reflexiona. “Deben huir del fatalismo y el determinismo. La forma en que organizamos el trabajo es una decisión política y no técnica. No hay un modelo de trabajo o de empresa que nazca de una deidad y ante el que solo quepa capitular”, opina el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha Joaquín Pérez Rey, experto en la comisión creada tras la sentencia europea que abre la puerta a equiparar la indemnización de indefinidos e interinos. En este contexto, las organizaciones tendrían que dirigirse especialmente a quienes se sienten desprotegidos y creen que estas han actuado en connivencia con el partido en el poder para conservar posiciones de privilegio en las instituciones, como afirma la profesora de Economía Paula Rodríguez Modroño, experta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Trabajo no remunerado, género y economía del cuidado y de ONU Mujeres en Políticas Macroeconómicas. “Quienes hemos intentado hacer nuestro trabajo más allá de intereses políticos sabemos a la perfección que nos coartan el camino por temor. Hay que empoderar a la clase trabajadora”, expresa Sonia Gatius, exresponsable de Justicia de UGT Lleida. Ella se autodenomina sindicalista sin sindicato.

Tampoco podrán responder a los nuevos retos sin entender, asumir e incorporar a sus líneas de acción que la clase obrera ha dejado de ser predominantemente industrial y masculina y que no se inserta por lo general de manera estable en la empresa, incide Pérez Rey, que ve crucial cambiar la ley para sacar de las instituciones modelos inadmisibles, principalmente la precariedad y el desempleo, con un mensaje claro: “No son una plaga divina, sino una opción de un capitalismo desenfrenado con la que domestica y disciplina a los trabajadores”. La lucha, coinciden todos, tiene que ser colectiva, global y solidaria. Y la socióloga Botía apunta a una cuestión más: superar los Pactos de la Moncloa, cuando “los sindicatos renunciaron a parte de las reivindicaciones obreras para consolidar la democracia”. “Las grandes constructoras que obtuvieron ganancias importantísimas en el franquismo son las que ahora, ofreciendo los servicios que ha externalizado el Estado, precarizan el trabajo, y si no se lucha contra eso es muy difícil que un sindicato tenga credibilidad”, añade. Gatius corrobora la afirmación: “Un nivel alto de desempleo genera una competencia entre la clase trabajadora que es difícil combatir. Lo saben los grandes del Ibex 35. Solo hace falta ver las adjudicaciones que las administraciones están dando a empresas como ACS, Ferrovial, Revaloriza o FCC”.

2. COMPOSICIÓN Y FINANCIACIÓN

La institucionalización, la burocratización y la excesiva jerarquización son señaladas como un obstáculo entre la mayoría de los consultados. En contraposición, los sindicatos tendrían que ser más abiertos, menos jerárquicos, más democráticos y con una mayor presencia de mujeres y jóvenes en general y en puestos directivos. “No se puede luchar contra una discriminación si en tus propias estructuras discriminas”, reflexiona la profesora Rodríguez. “El sindicalismo actual todavía está muy ligado al franquismo, las estructuras del funcionamiento de la representación es una continuación del sindicato vertical. Las elecciones sindicales, los enlaces… ¡que todavía hay alguno que habla de los enlaces sindicales! y todas estas cosas dejan sobre el tapete que no se ha roto con aquel sistema en todos los aspectos”, denuncia el histórico sindicalista de CGT Cecilio Gordillo, que apuesta por un cambio de modelo que impida, además, la dependencia económica de las instituciones. La financiación a través de la afiliciación es la opción mayoritaria entre los entrevistados frente a las subvenciones estatales –”no son un regalo, es un pago por el trabajo que hacemos”, insiste la secretaria general de UGT extremeña. La profesora Botía propone incluso la afiliación obligatoria, al sindicato que cada persona desee. “Hoy los grandes sindicatos ofrecen seguros médicos, de hogar, de coche, descuentos en empresas, pisos y un sinfín de simplezas que desdibujan por completo su sentido”, denuncia Gatius.

No existe un acuerdo entre si deben ser grandes o pequeños. “No se puede saber de antemano. Hay conflictos que se han llevado de manera excepcional desde sindicatos de clase como el de las subcontratas de Movistar (con un papel crucial de COBAS) o el de las falsas cooperativas cárnicas de Osona (donde está la COS)”, afirma David García Aristegui, miembro de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, quien aconseja un acompañamiento a personas que quieran afiliarse y no tengan familiares o amigos que hayan militado en organizaciones de este tipo. Paula Rodríguez cree que tienen que ser grandes pero con múltiples unidades especializadas en cada área. “Se tienen que fundamentar en un nuevo modelo organizacional donde se defiendan las especificidades de cada uno y de colectivos muy concretos, hay que buscar esa profesionalización en la defensa del colectivo muy concreta”, opina la vicepresidenta de laAsociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, con 163.000 afiliados directos.

Sí hay una posición más clara sobre la necesidad de modificar la forma de representación. El profesor Pérez Rey sostiene que no se puede limitar al lugar del centro de trabajo. “Deben formularse nuevas formas de estructuración más amplia (comarcas, polígonos, espacios productivos…) para lo que será imprescindible un cambio legal. Por otro lado la negociación colectiva debe hacerse cargo de esta diversidad”, prosigue. “Tendrían que abrir la mesa de negociación porque los sindicatos son muy selectivos a la hora de reunirse –explica Muñoz–. Hace poco se reunieron con las asociaciones de empresarios de hostelería y a las Kellys nos dejaron al margen”. Ferrero pone dos ejemplos de la importancia de la representación: “Si subes el salario mínimo no se tiene en cuenta que en el caso del pequeño comerciante autónomo puede ser perjudicial porque aumenta la base de cotización y la cuota; o si negocias ayudas y pones parados de larga duración estás excluyendo a los autónomos”.

Otro gran reto del sindicalismo español, que, según denuncia Cecilio Gordillo, actual coordinador de memoria histórica y social en CGT, nunca ha visto con buenos ojos que se propongan alternativas o se actúe en ámbitos tradicionalmente al margen de estas organizaciones –Gatius asegura que los compañeros a los que representaba en la administración de Justicia no entendían que ella acudiera a protestar contra un desahucio–, es trabajar conjuntamente con los movimientos ciudadanos y asociaciones en cada barrio –últimamente han nacido iniciativas como las del Sindicat de Barri de Poble Sec–, con agrupaciones de trabajadores más pequeñas y con los más precarios. No solo sería necesario que estos formaran parte del sindicato y participaran en el diseño de la acción sindical, sino que la organización debe girar sobre el principio de no discriminación, que, como recuerda Pérez Rey, impide a las empresas obtener beneficios salariales y de otro tipo de los empleados precarios frente a los que no lo son. Debe quedar claro, advierte Botía, que ningún trabajador con mejores condiciones es culpable: “Los conflictos entre grupos de trabajadores le vienen bien al capital porque así no reivindicas ni reclamas al responsable de la precarización”. El capital.

Las negociaciones, además, deben realizarse, según Rodríguez, en múltiples niveles, ámbitos y áreas a la vez. Y, para ello, es fundamental que estén conectados a confederaciones europeas y globales, que dan una mayor facilidad para ejercer presión contra las corporaciones, las instituciones supranacionales y los tratados internacionales. En su análisis, el profesor Pérez Rey, concluye directamente que el Estatuto de los Trabajadores vigente no es válido para hacer frente a los tiempos actuales y desterrar fenómenos como el abuso de la temporalidad o la minusvaloración de la negociación colectiva. Ahora hay que tener en cuenta la subcontratación, los grupos de empresa y las reducidas dimensiones de las plantillas.

3. DE LA CONCILIACIÓN A LOS CUIDADOS

Los nuevos sindicatos tienen que incorporar de manera ineludible las principales reivindicaciones de la economía feminista a su discurso y acción, como la relevancia de la reproducción social para la sostenibilidad de la sociedad, insiste la experta del PNUD. Debe formar parte del ADN sindical, por tanto, la lucha por la conciliación o la demanda de horarios compatibles con la vida familiar y social en un escenario, además, en el que las reformas laborales han aumentado la flexibilidad del empresariado para establecer las horas y apropiarse de la disponibilidad absoluta del tiempo de los trabajadores. Pero, atención: no se trata de una reivindicación secundaria, complementaria, o solo para las mujeres o en sectores feminizados, avisa la profesora. Sino de una columna vertebral de los derechos laborales.

Patrocinio Sánchez, psicóloga de formación, cuenta que recibe cartas y llamadas de numerosas mujeres que le agradecen que lidere el sindicato porque se ven reflejadas en ella. Su homóloga en Andalucía, Carmen Castilla, fue elegida en 2014. Los dos sindicatos mayoritarios estarán dirigidos por mujeres en esta comunidad tras el próximo nombramiento de Nuria López al frente de CCOO, cuyo gabinete de prensa no había confirmado al cierre de esta edición la entrevista solicitada.

“Parece que el trabajo precario va implícito al género”, concluye Ángela Muñoz, que insiste en que la externalización de los hoteles ha aumentado la mano de obra barata. “A mí me ha llegado a decir –continúa– un camarero de piso que se marcha porque no sirve para limpiar. Los pocos que hay lo hacen porque la situación laboral es la que es y de manera alternativa están aquí. ¿Si los trabajadores fueran hombres habrían externalizado? No tengo duda de que no”. Las mismas dudas surgen cuando se plantea el régimen especial en el que cotizan las empleadas de hogar. Según un estudio realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Pablo de Olavide, cada mujer realiza un trabajo doméstico por valor de 30.237 euros al año. “No se puede analizar el trabajo formalizado por un lado y el trabajo no remunerado por otro, ambos forman parte del mismo orden social”, añade Botía. “El feminismo ha sido pionero en destacar los múltiples ejes de desigualdad que existen y la interseccionalidad de las discriminaciones, elemento fundamental que deberían incorporar ya de manera central los sindicatos en su lucha”, finaliza Rodríguez.

4. SECTORES OLVIDADOS

La música es trabajo. Y el periodismo. Y el cine. Y poner la lavadora. Y hacer la comida. Y servir cafés sin parar para poder pagar la cuota de autónomo ese mes que no ha dado ni para la luz del local. Y diseñar un cartel desde el ordenador de casa para una gran empresa. Y formar parte del equipo que desarrolla una vacuna. Y llevar las redes sociales de una consulta dental desde tu propio móvil mientras redactas la memoria económica de un proyecto en un coworking. Los sindicatos tienen que abrir los ámbitos tradicionales en los que actuaban a las nuevas realidades del mercado laboral: jóvenes becarios, autónomos, falsos autónomos, trabajadores a tiempo parcial, profesionales freelance, trabajadores con contratos irregulares, cuidadoras del servicio de dependencia, incluso aquellas profesiones que siempre “han ido bien”, como la ingeniería –destaca Manuel Gómez– y que ahora pueden verse en situaciones similares.En el caso de los autónomos, Ferrero es consciente de la dificultad que conlleva defender un sector que, por un lado, es muy heterogéneo y, por otro, representa a empleador y empleado al mismo tiempo: “Hay que darles voz, explicarles cuáles son los sistemas de protección actuales y la fiscalidad específica en cada caso”. Botía es rotunda: “El autónomo, sobre todo el pequeño, es trabajador antes que empresario”.

Urge también resolver la precarización encubierta de los falsos autónomos, es decir, quienes trabajan como asalariados sin estar dados de alta por la empresa. En este grupo sobresalen los periodistas. “A los empresarios les resulta más barato que contratar a trabajadores fijos en la plantilla. No tienen derecho a vacaciones pagadas, pueden ser despedidos en cualquier momento sin compensación económica y no tienen las garantías y derechos de sus compañeros de la plantilla. Los comités de empresa y delegados de personal deben pelear no contra esas personas, cuyo único medio de vida es trabajar como falsos autónomos, sino contra las empresas para que los contraten con los mismos derechos que los demás”, defiende Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y miembro de la Junta Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

Ocurre en el periodismo y en otras profesiones artísticas. Existe una percepción de que son gratis. “Que la creación deba ser sostenida por rentistas y amateurs es una postura legítima, ojo, y que no comparto. Pero me gustaría que quien piense eso lo expusiera claramente y no hiciera argumentaciones extrañas hablando de cultura libre o pidiendo la Renta Básica. Para mucha gente parece que solo hay un trabajo de verdad con un mono azul y una llave inglesa fálica en la mano. No es así. Música es trabajo es nuestro lema”, argumenta García Aristegui.

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los sindicatos no podrán permitir que escenarios como la robotización o la incorporación de otras nuevas tecnologías supongan ninguna merma en los derechos y en las condiciones laborales. Pero no como observadores, sino como actores de gobierno de ese cambio tecnológico determinando, según Pérez Rey, qué exigencias formativas requiere e impidiendo que la robotización funcione exclusivamente en una dirección, la del beneficio empresarial y el aumento de los poderes patronales. La fuerza de trabajo es una inversión, no un coste, asegura Botía, y desde su punto de vista es irrenunciable que la riqueza que se produce socialmente al incorporar estas máquinas revierta en la sociedad.

La propuesta más repetida es la creación de impuestos específicos para los robots que, por otra parte, como señala Manuel, el joven ingeniero-camarero, pueden evitar que niños y mujeres cosan y hagan zapatos por una cantidad vergonzosa. Los robots, que a su vez implican nuevos trabajos de diseño y control, no son el problema. La conciencia es humana, analiza Manuel con una madurez impropia a los 23 años y comprensible con su filosofía de vida: siempre busca el por qué de las cosas. El problema está en el empresario que incorpora nuevas tecnologías a costa de la expulsión del mercado de trabajo y de los derechos de ciudadanía de grandes masas de trabajadores con escasas probabilidades de reengancharse.

6. NUEVAS REVOLUCIONES

Otra columna vertebral de los sindicatos debe ser la lucha por una reconversión hacia una sociedad medioambientalmente sostenible con empleos de calidad en sectores como las energías renovables, urbanismo sostenible, movilidad… El problema del amianto no es nuevo, pone como ejemplo Gordillo. “No estamos hablando de unos cuantos empleos, sino de nuestra supervivencia. El cooperativismo y la ecología deben integrarse en nuestro futuro como clase trabajadora”, afirma Gatius. El crecimiento ilimitado del capitalismo choca frontalmente con los límites biofísicos del planeta, como concluyó el III Encuentro Ecosocialista Internacional, cada vez más evidente con los efectos del cambio climático, que año tras año empuja a millones de personas a abandonar sus países como refugiados ambientales.

Los sindicatos deben ser intransigentes con las empresas no ya que contaminan –o las administraciones que lo permiten–, sino con aquellas que no priorizan la protección del medio ambiente, absolutamente imprescindible en la mesa de diálogo social. El cambio climático no es cosa de los científicos. El cambio climático tiene que estar en el centro de la nueva acción sindical. Es la revolución que está por venir, basada, como conceptualiza Manuel, en una reconversión del pensamiento.

http://www.lamarea.com/2017/06/25/papel-sindical-ante-la-transformacion-frente-al-cambio-climatico/

30 - J : Concentración de apoyo a la huelga general de la clase obrera brasileña

Apoya la Huelga General en Brasil: Viernes, 30 de junio a las 19,00 horas, ante la embajada de Brasil. c/Fernando el Santo nº 6 Metro: Alonso Martínez.

Con el lema “Contra la reforma laboral, en defensa de los derechos y de la jubilación” las organizaciones sindicales del Bloque Combativo de clase (CGT, Cobas, SO, HST, Intersindical de Aragón, Baladre, SUSH y SAS), con el apoyo de las Marchas de la Dignidad, convocan una concentración de apoyo solidario e internacionalista con la jornada de huelga de la clase trabajadora brasileña.

http://kaosenlared.net/30-junio-embajada-brasil-concentracion-apoyo-la-huelga-general-la-clase-obrera-brasilena/

La desigualdad de la riqueza en España se ha doblado en 12 años

La quinta edición de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España confirma un reforzamiento de la desigualdad en el reparto de la riqueza: desde 2011 solo los más ricos han incrementado su patrimonio, siendo el tramo de hogares pobres el que más ha perdido, hasta el punto de que sus deudas superan por primera vez a sus activos. Esta es la conclusión del último Barómetro Social de España, realizado por el Colectivo Ioé, especializado en la investigación social.

A través de 185 indicadores sociales, este Barómetro ofrece una visión de conjunto de importantes cuestiones relacionadas con el bienestar. “Llama la atención el silencio mediático respecto a los efectos catastróficos, en términos de desposesión y endeudamiento, que la crisis ha tenido para los hogares más pobres”, lamenta el estudio tras analizar a fondo los datos de la EFF, publicada a principios de 2017 con cifras de 2014.

Una de las conclusiones más relevantes del Barómetro Social de España es que “la riqueza se distribuye con mucha más desigualdad que la renta”. Esto resulta especialmente evidente entre los hogares más ricos y los más pobres. Lo mismo sucede con la renta: el 25% de los hogares más ricos –que concentran el 74% de la riqueza– se apropia del 42% de la renta anual, y el 25% más pobre –cuyo patrimonio medio es negativo– obtiene el 16% de la renta del conjunto de los hogares.

Así, los hogares con rentas altas disfrutan de un nivel de consumo más elevado en todos los órdenes y tienen capacidad de ahorro e inversión, lo que les permite incrementar año a año su patrimonio. En cambio, los que tienen menos ingresos no pueden hacer frente a sus necesidades, sobre todo de bienes duraderos, y necesitan endeudarse para conseguirlos, lo que acrecienta su empobrecimiento.

El Barómetro también destaca que, en 2014, España alcanzó la mayor polarización de la riqueza. Y advierte que “la cuarta parte de la población está abocada a la insolvencia”. Así, entre 2005 y 2011 (primer ciclo de la crisis) todos los hogares redujeron su patrimonio, pero la bajada afectó mucho más a los hogares pobres (-36%) que a los ricos e intermedios (-11%). Por último, entre 2011 y 2014 (segundo ciclo de la crisis) solo el 10% de hogares más ricos incrementó su patrimonio (+5%), mientras el resto experimentó caídas en razón inversamente proporcional a su riqueza. Los hogares más pobres pasaron de un patrimonio neto medio de 12.600 euros en 2011 a 1.300 en 2014, lo que significa que el volumen de sus deudas superó por primera vez al valor de sus activos. Una situación gravísima desde el punto de vista social que condena a la insolvencia económica y al riesgo de exclusión social a la cuarta parte de los hogares.

Desde el año 2002, se observa que la polarización en el reparto de la riqueza se ha extremado entre el 10% de hogares más ricos, que se han vuelto mucho más ricos, y el 25% de hogares más pobres, que ahora son muchísimo más pobres. En términos relativos, esto significa que la distancia patrimonial entre la mitad más rica de España y la más pobre casi se ha doblado entre 2002 y 2014.

Asimismo, prosiguen los autores del Barómetro Social de España, el efecto más terrible de esta evolución es el drama al que se ve abocada la población más empobrecida, cuyo patrimonio neto ha pasado a ser negativo por primera vez desde 2002. En el origen de esta evolución encontramos tres causas inmediatas: el desempleo sin ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial, que afecta a unos tres millones de personas; el subempleo eventual y poco remunerado y el creciente endeudamiento de muchas de estas familias.

El estudio alerta de que las deudas de los hogares pobres han crecido diez veces más que las del resto de la población, y pesan como una losa sobre sus ingresos. Más de la mitad de las familias pobres ha llegado a un nivel de endeudamiento imposible de soportar: si en 2002 el 14% de esos hogares tenía una la deuda pendiente que superaba en más de tres veces su nivel de renta anual, en 2008 esa proporción pasó al 32% y en 2014 al 52%.

También la deuda hipotecaria de vivienda de los hogares pobres ha crecido en todas las oleadas de la EFF mientras en el resto de hogares lo hizo a un ritmo mucho menor hasta 2011, e incluso se redujo entre ese año y 2014. Para explicar esta anomalía hay que tener en cuenta que los hogares pobres han comprado su vivienda en fechas más recientes, lo que implica una deuda pendiente mayor; pero también el hecho de que en el caso español el desahucio de la vivienda por impago no anula la deuda hipotecaria sino que la mantiene y, con frecuencia, la incrementa.

El segundo componente de la deuda son los créditos personales para pagar gastos extraordinarios: al no disponer de patrimonio propio, muchos hogares empobrecidos se ven obligados a pedir créditos para acceder a los recursos básicos, con el efecto doblemente perverso de incrementar su nivel de deuda y ampliar el negocio (bancario) de los hogares más ricos.

Exclusión económica y social

“La creciente carga de deuda que soportan las familias empobrecidas conduce inexorablemente a una parte de ellas al impago de la vivienda, comprada o en alquiler, dando lugar a desahucios y lanzamientos, así como a las correspondientes ocupaciones de viviendas vacías ante la falta de una política habitacional que permita resolver tales emergencias”, afirman los autores del Barómetro. Otras veces se deja de pagar la luz, el agua o el gas, con el consiguiente problema del corte del suministro, o se producen situaciones de insolvencia para acceder a necesidades básicas como la alimentación, el vestido, el transporte o los gastos extraordinarios de educación y salud…

“La negación de estos derechos básicos, compensados sólo parcialmente por las políticas sociales, son el corolario de la política económica seguida por España en las dos últimas décadas (antes, en y después de la crisis): mientras el stock de capital empresarial se ha multiplicado por cinco entre 1994 y 2015, los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 10%, y la amenaza del paro y las reformas laborales regresivas han frenado la capacidad de reacción de la población asalariada”, prosigue el informe. Y añade: “Lo que es seguro es que continuamos inmersos dentro de la onda larga neoliberal que se inició en los años setenta del siglo pasado”.

Así, las relaciones de poder en el ámbito económico se extienden a las instituciones políticas y “quienes tienen dinero lo utilizan para comprar poder y manipular en su favor las leyes, normativas y políticas, generando una espiral de aumento de la desigualdad económica”. “Los incontables casos de corrupción política son un indicador de esta dinámica. De este modo, las decisiones de política económica –europeas y españolas- reman a favor de las grandes empresas y mercados de deuda transnacionales”, concluye el Barómetro.

http://www.lamarea.com/2017/06/27/desigualdad-de-la-riqueza-se-ha-doblado-en-espana-en-12-anos/

Los contratos de menos de siete días ya suponen el 25% del total de temporales

Los contratos de menos de siete días han pasado de representar el 13% del empleo temporal en el 2007 al 25% actual, según se pone de relieve en el monográfico del mercado laboral del mes de junio realizado por Asempleo.

En concreto, la duración media de los contratos se ha reducido en casi un mes en los últimos diez años. En 2007, los contratos duraban unos 82 días, mientras que en la actualidad la duración está en los 54 días de media.

Asimismo, en el primer trimestre de 2017 hay 1,1 millones de contratos de menos de 7 días y al inicio de la crisis había unos 640.000 contratos.

Los contratos de muy corta duración se concentran mayoritariamente en el sexo masculino, a pesar de que antes de la crisis recaían sobre las mujeres. También se ha generalizado su uso en casi todos los grupos de edad y son los adultos quienes firman este tipo de contratos de forma generalizada.

Por sectores

Por sectores, el de la hostelería, la industria manufacturera y las actividades administrativas son las que concentran el mayor porcentaje de contratos de duración inferior a siete días.

La mayor concentración de contratos de muy corta duración se da en sectores que "tradicionalmente" tienden a demandar con mayor intensidad trabajadores temporales, "dada la naturaleza de su actividad", según Asempleo.

Así, durante la presentación del monográfico, el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, ha indicado que el debate sobre la duración en los contratos está "distorsionado". De hecho, ha apuntado que una parte de la temporalidad es inherente, "de manera natural" a la marcha de la economía.

Mayor demanda del tejido productivo

Para Asempleo, el aumento de los contratos de muy corta duración se debe a una mayor demanda del tejido productivo en sectores muy concretos.

Asimismo, también ha afirmado que no existe relación entre la presencia de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en cada zona y la contratación temporal, ya que su presencia en la intermediación de este tipo de contratos temporales es "sorprendentemente baja" y ha disminuido desde 2007.

Cruañas ha puesto de relieve que existe consenso parlamentario en la aprobación de tres tipos de contratos (contrato indefinido más generalizado, de tipo formativo y uno de contrato temporal), tal y cómo recoge el acuerdo de investidura de PP y Cs.

http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8458396/06/17/Los-contratos-de-menos-de-7-dias-crecen-y-suponen-el-25-del-total-de-contratos-temporales-segun-Asempleo.html

El Mercado Sanitario: Las listas de espera

El enorme y lucrativo negocio de las listas de espera

El mercado sanitario.- La puesta en marcha en 2004 del proceso de privatización de la Sanidad madrileña (apertura de 11 nuevos hospitales privados más la asignación de 400.000 pacientes a la Fundación Jiménez Díaz) se acompañó de la creación de un gran mercado sanitario, mediante el que los procesos y pacientes ‘rentables’ son ‘dirigidos’ desde los centros públicos hacia los privados.

Para llevar a cabo este plan: 

- Se modificó la estructura sanitaria existente y se estableció el Área Única en la que “cualquier paciente podía elegir hospital”. 

- Se privatizó el servicio de citaciones (Call Center).

A partir de ese momento, la elección del centro donde van a realizarnos una prueba, consulta especializada o a practicarnos una intervención quirúrgica, no solo depende de la voluntad de cada persona; esta decisión es ‘manipulada’ desde el Call Center. Llaman por teléfono a quien espera un cita y le dicen: “para realizarle una resonancia o para intervenirle, en su centro hay una demora de xxxx meses, sin embargo en el hospital xxxx(1) se le realiza en 15 días”.

Para que esto salga bien tu hospital de referencia tiene que tener enormes listas de espera, causadas por la falta de camas, aparataje y personal; es decir, estar sufriendo un desmantelamiento programado.

Ya en 2009, cuando se implantó el Área Única, se veía claramente la importantísima fuente de negocio para las empresas propietarias de los nuevos hospitales(2), como recientemente ha reconocido Stephan Sturm, consejero delegado de Fresenius, que tras anunciar la compra de Quirónsalud, afirmó: “Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”.

Balance 2016 de la Libre Elección.- Los datos no dejan lugar a dudas. En 2016 los pacientes que eligieron (o se vieron forzados a elegir) un hospital distinto al que tenían asignado fue de 228.075; de ellos, 101.122 –el 44,34%- lo hicieron a centros privados. Curioso porcentaje cuando dichos centros privados solo suponen el 11,36% de las camas(3) totales

Estas cifras, lejos de corregirse, han ido aumentando en los últimos años y con ellas el negocio de la privada, a costa del desmantelamiento de la pública

El caso de Móstoles.- Para poder apreciar la situación en un ámbito más reducido, resulta interesante analizar los datos de Móstoles, población donde convive un hospital público (con un reciente intento de cierre como hospital de agudos) con uno privado.

A la vista de los datos no es complicado deducir que el citado ‘cierre’ se viene llevando a cabo ‘de hecho’ desde que se abrió el privado, centro al que se `dirigen’ a través del Call Center a miles de pacientes del público

Cómo se vende el producto.- Como todo en esta sociedad, es cuestión de marketing. Mientras la prensa habla constantemente de averías, suciedad, caída de techos, cucarachas, ….. en los hospitales públicos (consecuencia de la externalización de servicios: limpieza, lavandería, mantenimiento, .., y de la falta de inversión, ya crónica), los centros privados se publicitan

¿Por qué no hace lo mismo la Consejería de Sanidad con La Paz, el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, ……? A lo mejor es que no interesa.

Mientras, las listas de espera se disparan(4).- En solo tres meses (de enero a abril de 2017) las esperas de consulta externa o prueba diagnóstica con el especialista se han incrementado en 146.000 madrileños/as, hasta alcanzar las 391.668.

La lista para ser intervenido (quirúrgica) está en 80.294 personas. Es más que significativo que en 2005, con 11 hospitales menos, era de 35.000.

No es posible realizar más comparaciones porque hasta julio de 2016, nunca se publicaron datos referentes a listas de espera de consultas o pruebas diagnósticas.

Conclusiones

- La privatización, que desde 2004 inició el PP en la Comunidad de Madrid para el desvío masivo de dinero público a manos privadas, sigue avanzando y consolidándose. 

Los centros de gestión directa continúan infrautilizados en horarios de tarde, desciende el número de camas(5) y profesionales(6) y, en muchas ocasiones, no se cubren las bajas o ausencias de l@s trabajador@s, lo que alimenta el crecimiento de las listas de espera para mayor gloria del sector privado.

- El Área Única y la Libre Elección dan cada año más frutos económicos, ‘redireccionando’ pacientes y procesos rentables a los 5 hospitales privados (falsamente públicos).

- Para ello es imprescindible que las citas estén en manos privadas. Por eso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó, el pasado 30 de mayo, volver a sacar a concurso el Centro de Atención Personalizada (CAP) por un importe de 13,6 millones de euros(7). Se trata del Call Center encargado de la gestión de las citas del sistema sanitario madrileño.

- Los pacientes, que por calidad y cercanía preferirían ser atendidos en su hospital público, ante las enormes e incontroladas listas de espera (ya ni te dan clave para que sepas qué lugar ocupas) y las llamadas manipuladas del Call Center, se ven abocados a aceptar cita en otro centro. Ahí está el negocio (ver cuadro nº 1). Los 5 hospitales privados que sólo cuentan con el 11% de las camas se llevan más del 44% de los pacientes. 

En los tres últimos años (ver cuadro nº 2) han conseguido que se duplique la cifra de pacientes que ‘eligen’ ser atendidos en uno de esos hospitales.

- Ni siquiera les hace falta tomar decisiones polémicas y con mala prensa. Con este procedimiento y en silencio, ‘engordan’ la privada a costa del desmantelamiento de la pública. El caso de Móstoles es esclarecedor: el número de pacientes que eligen el hospital privado es diez veces mayor que los que optan por el público (ver cuadro nº 3).

Y otro dato no menos significativo: el número de pacientes que abandonan su hospital de referencia es 3 veces superior en el público que en el privado (ver cuadro nº 4). Se fuerza la huida de pacientes de los centros que se están desmantelando y que dan lugar a unas interminables listas de espera.

- Es decir, existe un doble mecanismo para favorecer el negocio de los hospitales privados: uno para ganar y otro para no perder (recordemos que cada hospital, público o privado, tiene asignada una población por la que recibe un presupuesto):

a) Mediante el primero, miles de pacientes asignados a los hospitales públicos son empujados por las listas de espera a aceptar la propuesta que se le hace desde el Call Center de ser atendidos en alguno de los cinco privados, quienes ‘facturan’ aparte su atención al Servicio Madrileño de Salud.

b) Pero también tienen que impedir que sus propios pacientes puedan elegir un hospital público, ya que el Servicio Madrileño de Salud, en teoría, les cobraría por ello. 

Para ‘solucionarlo’ y aplicando solamente criterios economicistas –ni clínicos ni humanos-, los cuatro hospitales del Grupo Quirón han creado una red asistencial paralela(8) al SERMAS mediante la que, con el beneplácito de la Consejería de Sanidad, si uno de sus pacientes quiere ejercer la libre elección de un hospital público, lo evitan enviándolos a la Fundación Jiménez Díaz (único de sus centros que cuenta con toda la cartera de servicios), aunque les suponga desplazamientos de más de 40 kilómetros.  

- El círculo del beneficio privado se cierra aprovechando que el sufrimiento de la gente va en aumento(9) y los sectores que pueden pagarlo huyen hacia los seguros privados (el 33 % de los madrileños/as ya han suscrito un seguro privado de salud). 

Junio/Julio 2017

(1) Los 5 hospitales de la Comunidad de Madrid, supuestamente públicos, pero en realidad completamente privados son el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba (todos ellos propiedad del Grupo Quirón –recientemente comprado por la multinacional Fresenius-) y el de Torrejón de Ardoz (Sanitas), además de la Fundación Jiménez Díaz perteneciente también a Fresenius.

(2) El truco de la libre elección.

(3) Memoria del SERMAS de 2016 “Balance de Libre Elección”. Número de camas funcionantes, promedio 2016 (las de H. privados corresponden a los 5 arriba indicados y el resto a H. públicos sin tener en cuenta los centros que atienden en exclusiva a pacientes crónicos y psiquiátricos).

(4) Madrid: las listas de espera y el sufrimiento aumentan.

(5) España registra la cifra más baja de camas de hospital de su historia.

(6) Sindicatos alternativos proponen OPE de consolidación “por méritos” en el Servicio Madrileño de Salud.

(7) Sale a Concurso Público la pieza fundamental de la privatización sanitaria en Madrid.

(8) La Consejería de Sanidad favorece el negocio del Grupo Quirón.

(9) Madrid: las listas de espera y el sufrimiento aumentan.

Comunicado completo.

http://portaloaca.com/articulos/anticapitalismo/12981-el-enorme-y-lucrativo-negocio-de-las-listas-de-espera.html

Por la dignidad y el derecho a la libertad sexual de todas las personas

CGT conmemora el 28J haciendo un llamamiento a la dignidad y al derecho a la libertad sexual de todas las personas

CGT defiende una disidencia orgullosa, autogestionada, horizontal, anticapitalista, antirracista y transfeminista, alejada del modelo binario patriarcal

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha realizado un comunicado para declarar que desde el anarcosindicalismo también se lucha contra la explotación y la discriminación sexual.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se suma a las reivindicaciones de un Orgullo Crítico denunciando el uso que el capitalismo realiza también de este día de reivindicación y lucha. Por eso, en esta línea, la CGT tiene que denunciar el inmovilismo del Ayuntamiento de Carmena por reproducir el esquema de explotación capitalista de otros “GayPride”. De nada sirve postularse como una alternativa de cambio cuando se continúan llevando a cabo esquemas de anteriores gobiernos.

CGT llama a la movilización el próximo 28 de junio, día en el que también recordamos el ejemplo de lucha que supuso la primera respuesta espontánea de la comunicad LGTBIQ+ a la redada que los cuerpos de represión llevaron a cabo en el bar Stenewall en el barrio de Greenwich Village de Nueva York en 1969.

CGT participará en la manifestación del Orgullo Crítico convocada para este miércoles 28 de junio, a las 19:00 horas y que partirá desde la plaza Nelson Mandela de Madrid para reivindicar que “la disidencia es resistencia”.

http://rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/cgt-conmemora-el-28j-haciendo-un-llamamiento-la-dignidad-al-derecho-la-libertad-s

EASYJET condenada por vulnerar el derecho a la libertad sindical de un delegado de CGT

El Tribunal Supremo condena a la empresa Easy-Jet Handling Spain S.A. a pagar 1.000 euros por daños morales y al abono de las costas judiciales

La empresa EASY-Jet ha sido condenada por el Tribunal Supremo tras probarse que vulneró el derecho a la libertad sindical de un delegado de la Confederación General del Trabajo (CGT) que había solicitado a la empresa los derechos para delegados LOLS.

El compañero de CGT había solicitado su crédito sindical para poder empezar a hacer uso de sus 30 horas semanales pero la empresa mostró su desacuerdo. Inmediatamente la sección sindical de CGT en la empresa inició una reclamación ante la Audiencia Nacional al entender que la misma estaba vulnerando un derecho fundamental de la plantilla.

La Audiencia Nacional condenó el 19 de mayo a Easy-Jet, que recurrió la sentencia. Pero el pasado 6 de junio, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación de la misma ratificando lo expresado en mayo por la Audiencia Nacional y donde obliga a Easy-Jet a abonar a CGT 1.000 de indemnización y al abono de las costas derivadas del procedimiento jurídico.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha mostrado satisfecha con esta decisión de la justicia y ha anunciado que continuará luchando contra cualquier conducta contraria a los derechos y libertades sindicales y laborales que desde esta empresa del sector aéreo se pueda cometer contra la plantilla de trabajadoras y trabajadores.

http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/easyjet-condenada-vulnerar-el-derecho-la-libertad-sindical-un-delegado-cgt

GALERIA DE BUITRES CCCLXXX

El cártel español del fuego amañó contratos de extinción de incendios en Portugal

Arde Portugal en la peor semana de incendios en su historia reciente. Desde el pasado fin de semana, 64 personas han fallecido a causa de las llamas o en la lucha contra el fuego, una pelea que protagonizan más de 34.000 bomberos voluntarios en el país vecino y que supuso un importante negocio para las principales empresas españolas de extinción de incendios con medios aéreos. Investigadas desde 2015 por pactar precios y según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, seis de las principales empresas del sector en España intentaron manipular al menos desde 2006 los contratos públicos lusos con ofertas falsas para copar todas las licitaciones. Los informes policiales calculan que juntas se repartieron de forma irregular más de 100 millones de euros tanto en España como en suelo luso.

Las pruebas de sus presuntos amaños, sus pretensiones y su voracidad a la hora de conseguir contratos públicos se acumulan en la llamada Operación Concentración, la investigación abierta contra ellos en la localidad valenciana de Sagunto, y que la pasada semana quedó en manos de la Audiencia Nacional. Según el sumario del caso, los responsables de las firmas Avialsa, Espejo, Martínez Ridao, Cegisa y Faasa quedaban varias veces al año en un hotel de carretera llamado El Curce, ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real). Allí, entre ragut de ternera y caldereta de cordero se repartían las concesiones públicas de Baleares, Extremadura, Andalucía o incluso Portugal, donde por falta de fondos solo siete grandes ciudades tienen equipos profesionales de extinción de incendios, con independencia de la voluntad de las administraciones.

Según el sumario del caso, el método de manipulación de los concursos era sencillo: por un lado, las empresas decidían de antemano el ganador de la licitación en un reparto previo. Y para conseguir sus intereses, fijaban una serie de “ofertas cebo” que eran presentadas al alza por el resto de sus supuestos competidores, que en realidad estaban concertados entre sí.

Así se repartieron por ejemplo 1,6 millones de euros en el pastel de los hidroaviones en Portugal durante 2010. “El precio del contrato es de 1.992.000 euros y se han volado un total de 714 horas, que al precio de 500 euros/hora suponen un total de 357.000 euros. Si descontamos, el precio fijo del contrato a repartir entre las seis compañías sería de 1.634.930 euros”, refleja un correo remitido en octubre de 2010 por una de las empresas investigadas. En ese caso, la rentabilidad del alquiler de los aviones cisterna cuadruplicaba el coste real del servicio.

“Ganar como sea el concurso de este año”

“No hay ninguna compañía, aparte de nosotros más el club, con seis Fire Boss [un tipo de avión cisterna] libres para Portugal, es decir, que tendrían que unirse como mínimo cuatro compañías para el concurso. Siendo que las españolas están bajo control por nuestros acuerdos, es casi imposible reunirlos”, escribía sobre Portugal en febrero de 2010 Vicente Huerta, dueño de Avialsa y uno de los principales investigados en la causa. “Es verdad que puede presentarse alguien al concurso sin tener los aviones, pero en ese caso nos enteraremos por AT y Wipaire [fabricantes de ese modelo]. Un pedido de seis FB no pasa desapercibido”.

Así, Huerta plantea que la estrategia en suelo luso debe ser “Ganar COMO SEA el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal [...] Tras la campaña de 2010 enfocar el ataque para 2011 (que elimina la posibilidad de que nadie consiga aviones) con Fire Boss-67F biplaza con cámara de transmisón de imágenes certificada. Ningún competidor podrá llegar a esto, ni aun uniéndose todos los operadores del mundo de FB [...] El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal. y vamos a atacar con todo el arsenal disponible”.

La “oferta Cebo”

Un mes después de este correo, arranca la maquinaria por parte del cártel para amañar el concurso en luso.“Para empezar os planteo la idea de presentar dos ofertas con dos empresas distintas, una con Avialsa y otra con Aviación Agrícola”, escribió el 2 de marzo de 2010 Francisco Alandí, exgerente de Avialsa y primer denunciante del caso. “La idea es presentar la oferta primera a últimos de esta semana y la más baja el mismo lunes 8 (se cierra el plazo a las 17h)”, concluye.

Dos días después es Angel Martínez Ridao quien escribe al resto de los integrantes del grupo empresarial: “Nos parece correcta la estrategia ya comentada en la reunión de Manzanares. En cuanto a los precios, consideramos que la “oferta cebo”, por si tiene acceso a ella la competencia, tendría que ser más elevada (380.000 - 390.000 euros) para que la diferencia con la definitiva sea más grande”.

Según la declaración de los propios investigados, sus años de mayor actividad en Portugal fueron 2006 y 2007, pero el sumario del caso investiga adjudicaciones en el país vecino hasta 2015, año en el que se lanza el operativo y se dictan las primeras detenciones. El documento fundacional del cártel, que incluía de forma original a cuatro empresas, reflejaba ya la voluntad de los participantes de repartirse el mercado portugués en 2001. Por el momento, hay 26 personas investigadas en España pero las pruebas de la manipulación en suelo luso han sido trasladadas a la iscalía del país vecino para que depure sus posibles implicaciones penales allí.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170622/225728378_0.html

Videovigilancia: El control de la empresa

El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa

En  cualquier proceso judicial y en particular en la jurisdicción laboral la aportación de las llamadas pruebas digitales es muy habitual, tanto por parte de la empresa como del trabajador. Grabaciones de videovigilancia, correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales son muy habituales pero ¿cuál es su valor en el proceso social? Y ¿qué consecuencias tiene si se obtienen quebrantando derechos fundamentales? A estas preguntas han intentado responder prestigiosos magistrados y abogados en las primeras jornadas de litigación laboral organizadas por el despacho Cuatrecasas, en sus sedes de Madrid y Barcelona, bajo el título La (i)licitud de la prueba digital en la jurisdicción social.

Videovigilancia

La primera mesa se centró la videovigilancia de los trabajadores por parte de la empresa, y es que, como señala Emilio Palomo, presidente de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, "actualmente el Gran hermano florece en todos los sitios y hay una extensión muy clara de este fenómeno en el ámbito laboral". El magistrado también lamentó durante su exposición que no haya más demandas por parte de los sindicatos sobre esta práctica tan habitual en las empresas. A lo que Blanca Suárez, abogada de ccoo contestó que la tendencia de la jurisprudencia de admitir este tipo de grabaciones como prueba les disuade a la hora de plantear demandas sobre esta cuestión. Y es que el Tribunal Constitucional desde su sentencia de 3 de marzo de 2016 rebajó los requisitos para admitir la validez de imágenes grabadas por el empresario con fines disciplinarios, estableciendo que no es necesario el consentimiento expreso del trabajador ya que está implícito en la relación laboral y que solo es necesario que tenga conocimiento de la instalación de las cámaras.

Todos los intervinientes destacaron la importancia de diferenciar los dos derechos fundamentales comprometidos en la realización y el uso de grabaciones en el ámbito laboral: la protección de datos y la intimidad. Derechos que como indica Bernardo García Rodríguez, abogado de UGT, a menudo se confunden. El impacto de la videovigilancia efectuada por la empresa en el derecho a la protección de datos del trabajador ha de ser evaluado en primer lugar.

En este sentido, la empresa, para respetar el derecho a la protección de datos de sus trabajadores, debe informarles de la instalación de las cámaras así como de su ubicación. Para Bernardo García esta obligación ha de ser cumplida en todo caso ya que no encuentra justificación en la doctrina constitucional para las cámaras ocultas. Sin embargo, Emilio Palomo matizó que depende del fin de dicha vigilancia, si su función es la seguridad o el control del trabajo las cámaras serán permanentes y visibles, pero si lo que se pretende, en base a fundadas sospechas, es investigar y sancionar alguna conducta irregular de un trabajador la instalación de la cámara será puntual y oculta. José Rafael García de la Calle, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 26 de Madrid, añadió respecto a la videovigilancia oculta, que si ésta es realizada por un detective, deberá, en consonancia con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estar aún más justificada siendo absolutamente necesaria e imposible de ser sustituida por otro medio menos invasivo y nunca podrá hacerse en lugares de acceso privado.

Por su parte, Sergio Sanfulgencio, asociado principal de Cuatrecasas, quiso apuntar el refuerzo que el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018, supone en distintos aspectos de esta materia. En concreto, el reglamento se apoya en tres pilares: el respeto a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, la importancia de especificar cuál es la base jurídica para el uso de los datos y el deber de información.

Prueba electrónica

La definición de prueba electrónica fue el punto de partida de la segunda mesa de la jornada. Tal y como expuso Ignacio Jabato, socio del área Laboral de Cuatrecasas, para que un documento público o privado sea prueba electrónica además de su origen telemático de contener la firma electrónica avanzada. A raíz de esta definición, las impresiones de correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales quedan fuera de lo que es prueba electrónica, al ser meras reproducciones sin la firma electrónica válida. Es por ello por lo que Ricardo Bodas, magistrado y presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, indicó que "en el proceso laboral raramente hay prueba electrónica, la mayoría de las pruebas que se aportan con origen telemático son pantallazos, que no lo son". Esta diferenciación es muy importante ya que, como explicó Blanca Suárez, abogada de ccoo, supone una importante diferencia ya que la prueba documental tiene valor tasado; en cambio otros medios de prueba se someten a las reglas de la sana crítica, es decir, su validez debe ser valorada por el tribunal. Normalmente, se evalúan en función de su contenido, dándoles el mismo valor que una prueba testifical o sirven de base para la realización de otras pruebas. Además, al no ser pruebas documentales, carecen de efectos revisorios.

Otra dificultad que se plantea en muchos casos es determinar la certeza de este tipo de pruebas. Para ello suele ser preciso recurrir a una pericial que la avale. Fernando Fernández Olmedo, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 25 de Madrid, aprovechó su intervención para señalar que existe un problema enorme de cara a la impugnación de este tipo de pruebas. Tal y como expuso, la continuidad del proceso social impide en muchos casos que la parte contraria conozca las pruebas que la otra parte va a aportar y tenga la posibilidad de impugnarlas. La solución que propuso el magistrado fue incluir en el proceso laboral una fase de anticipación de la prueba para así trasladarla a la otra parte y que ésta pudiera impugnarla y en su caso autentificarla gracias a una prueba pericial. De este modo, cuando la prueba llegase al acto de juicio ya se sabría si es o no auténtica.

Ilicitud de la prueba

La tercera mesa contó con la exposición del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Sebastián Moralo que trató la cuestión sobre las consecuencias de la prueba ilícita. Para él la ilegalidad de la prueba no contamina la validez ni condiciona la nulidad del despido, solo significa que esa prueba y todas las que hayan surgido a raíz de ella serán nulas. Moralo considera que hay que entrar a averiguar el móvil del despido para determinar su validez. En apoyo a esta idea Francisco José García, asociado sénior de Cuatrecasas, explicó que en la prueba ilícita la vulneración del derecho fundamental es objetiva. Sin embargo, para determinar la nulidad de un despido la vulneración del derecho fundamental debe ser subjetiva.

Jornada en Barcelona

Por su parte, el evento de Barcelona, que contó con el mismo orden del día, también reunió a destacados profesionales del mundo de la abogacía y la justicia como la magistrada de la Sala Social del TSJ de Cataluña, Sara Pose; el magistrado del Juzgado Social nº 3 de Elche, José Antonio Buendía; el socio de Conllectiu Ronda, Jaume García; el presidente de la Sala Social del TSJ Barleares, Atonio Olilver; el magistrado del Juzgado Social nº 33 de Barcelona, Joan Agustí; el abogado de ugt, Luis Moya; el director de operaciones de Incide, Oriol Roses; la magistrada del Juzgado Social nº3 de Sabadell, Anna Salas; y el abogado de ccoo, Jonathan Gallego.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/15/legal/1497527231_360746.html?id_externo_rsoc=FB_CC

30 - J : CONTRA LOS DESPIDOS EN IBERIA

C.G.T. LLAMA A UNA CONCENTRACIÓN EN CONTRA DE QUE IBERIA DESPIDA A LOS TRABAJADORES ENFERMOS:

VIERNES 30 DE JUNIO DE 10 A 13 H. EN SALIDAS T-4 (2ª Planta) Aeropuerto de Barajas

Iberia ha despedido ya a 21 trabajador@s en aplicación del art. 52 del Estatuto de los Trabajadores (10 en Mayo de 2015 y 11 trabajadores más hasta la fecha)

La CGT se movilizó contra aquellos despidos en 2015 y lamentablemente no tuvimos los apoyos suficientes de los otros sindicatos. Esperamos, y deseamos, que ante esta nueva agresión a los trabajadores todos hayamos aprendido de lo sucedido acudiendo a esta concentración masivamente.

Esta propuesta de movilización nace del Comité de Centro de la Antigua Zona Industrial (AZI) con el respaldo de todos los sindicatos allí representados (Somos, CGT, USO, CTA, Asetma, CCOO y UGT).

Desde CGT Iberia hacemos un llamamiento a esta movilización para que acudamos a la concentración y sea masiva y por lo tanto evite que Iberia siga aplicando el art. 52 a los trabajador@s enfermos.

Es intolerable que Iberia lleve a  cabo y ejecute una normativa laboral que discrimina y estigmatiza a los trabajadores enfermos. Nos tratan como a objetos , como a los recursos que ya no son rentables, y nos dan la patada a los trabajadores como si de maquinas viejas se tratara. No se puede despojar del derecho a los compañeros por el hecho de estar enfermos, es INJUSTO, INMORAL e INHUMANO, un acto odioso y deleznable desde cualquier punto de vista.

LA SOLIDARIDAD ES EL ARMA DE LOS TRABAJADORES

C.G.T. - Iberia