La eliminación del control previo de la autoridad laboral y la objetivación de las causas de despido colectivo a favor de los intereses empresariales desataron una escabechina sin precedentes en el mercado laboral español a la que los jueces comienzan a poner coto
Los expedientes de regulación de empleo (ERE) han afectado a casi 1,2 millones de trabajadores en los primeros cinco años de vigencia de la reforma laboral impulsada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que ha provocado una devaluación del mercado laboral sin precedentes en la historia reciente del país.
La Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo señala cómo entre 2012 y noviembre del año pasado 68.783 empresas presentaron 89.665 EREs que conllevaron 235.914 despidos y 733.747 suspensiones de contrato. A esos 969.661 afectados hay que sumarles 228.085 reducciones de jornada, lo que eleva la cifra de damnificados a 1.197.746 trabajadores.
La afección al empleo de la reforma laboral del PP, que llegó a los dos años de que con la de José Luis Rodríguez Zapatero se atenuara la tendencia destructiva de los dos primeros años de la crisis, no cesa pese a las continuas referencias a la mejora de la situación económica del país que desde hace más de un año salen de los ámbitos gubernamentales: todavía durante 2016, con el PIB creciendo un 3,2%, unas 3.673 empresas presentaron 4.896 EREs que conllevaron 22.240 despidos y 44.386 suspensiones de contrato, a los que hay que sumar 7.657 recortes de jornada (datos de Empleo hasta noviembre).
El efecto rebote en los juzgados
“La reforma laboral eliminó el control mixto de legalidad y de oportunidad sobre los expedientes de regulación de empleo que realizaba la autoridad laboral, que era la última figura de intervención que quedaba en materia de empleo”, explica Vicente Lafuente, abogado, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza y doctor con la primera tesis que ofrece una visión global de la reforma y de sus efectos.
“Eliminar la tutela administrativa, flexibilizar las causas de los despido al referenciarlas a la existencia de pérdidas y la reducción de beneficios y, además, eliminar el requisito de la razonabilidad de la medida, dejaba la decisión en manos de la discrecionalidad del empresario, con lo que al trabajador solo le quedaba recurrir a la tutela judicial”, explica.
“Eso provocó un efecto rebote de rejudicialización, no deseado por el legislador, ante el que los jueces han reaccionado con un rearme de la jurisprudencia”, explica, elevando las exigencias en aspectos como la información a los comités o la necesidad de que haya una negociación real antes de la decisión del empresario.
“El Supremo ha establecido que el juicio de razonabilidad no puede desaparecer por mucho que la ley objetive las causas para aplicar un despido colectivo”, añade. El de Coca-Cola sería, en este aspecto, uno de los embemáticos.
“El Supremo ha establecido que el juicio de razonabilidad no puede desaparecer por mucho que la ley objetive las causas para aplicar un despido colectivo”, añade. El de Coca-Cola sería, en este aspecto, uno de los embemáticos.
Devaluarlas condiciones laborales vía ERE
Para Rita Moreno, de la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, “el principal efecto negativo de la reforma laboral ha sido la devaluación de las condiciones de los contratos por la vía de los ERE. Ha pasado un poco como con los convenios: se han renovado más de los que se esperaba pero con peores condiciones salariales y sociales”.
De hecho, el 92,7% de los ajustes de plantilla (83.114 de 89,665) se cerraron con acuerdos. Sin embargo, anota, “la estadística no refleja las condiciones de esos acuerdos. Creció la conflictividad, y hubo más presión a los trabajadores y peores condiciones para los despedidos, y a menudo para los que seguían en la plantilla, que antes de la reforma”.
Si hubo muchos más acuerdos que desacuerdos, añade, se debió a que “la prioridad de los sindicatos y los comités siempre ha sido reducir la cifra de despidos y minimizar los daños. Siempre parece mejor intentar cerrar un acuerdo que no hacerlo e ir después al juzgado”. En el caso de los convenios, los acuerdos llegaban ante la incertidumbre de qué pasaría si se perdía por no renovarlo.
Menos despidos con sindicatos potentes
La evolución de los ERE revela otras particularidades. Más de la mitad de los afectados (608.746, el 52%) fueron trabajadores de la industria, que es a la vez el sector con menor porcentaje de despidos (71.146, un 11,68%), el segundo con menos reducciones de jornada (11,5% por un 9,5% en el campo) y el que mayor volumen de suspensiones acumula (477.499, el 78,4%).
Por el contrario, casi un tercio de los empleados del sector servicios afectados por ERE (136.935, el 31,4%) fueron despedidos, mientras las reducciones de jornada afectaban a otro 32,5% (141.846) y las suspensiones se quedaban en un 42,2% (184.180) cuando en el resto de las ramas, incluida la construcción, no bajaban del 69%.
Una de las causas principales de ese cuadro sería el diferente peso de los sindicatos en cada sector, cuya potencia en la industria ha permitido reducir el impacto de los despidos y los recortes de jornada, mientras que la presencia sindical es menor en los servicios, señala Rita Moreno.
Brecha de género
La sindicalista también destaca cómo la combinación de ese factor con la mayor presencia femenina en el sector servicios (y menor en otros como el industrial y el de la construcción) ha provocado otra brecha de género: los hombres son mayoría entre quienes vieron suspendidos sus contratos, mientras que la preponderancia es femenina en despidos y reducciones de jornada.
Moreno y Lafuente, por otro lado, coinciden en reivindicar la necesidad de recuperar los controles de legalidad en los EREs. “Resulta curioso como los ultraliberales partidarios de esta reforma laboral argumentaban, para laminar derechos, que la intervención de la autoridad laboral era una rémora del franquismo”, señala el profesor.
“Nunca se restituye el daño que padece quien sufre un despido; sino que ese dolor se ha monetizado, y además a la baja”, añade.
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