Caso Expert: prisión por defender el empleo
La Guardia Civil denunció a los trabajadores a los que apaleó
Piden cárcel para cuatro trabajadores y dos sindicalistas por hechos de 2004
Una lucha laboral para conservar los puestos de trabajo, y una represión brutal por parte de la Guardia Civil, podría acabar 11 años después con cuatro trabajadores y dos asesores sindicales en prisión. Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2004. Los trabajadores de Expert Polymere, situada en L'Arboç (Tarragona), llevaban meses de lucha y concentraciones frente a la fábrica para enfrentarse a un expediente de regulación de empleo que les afectaba por el cierre de su empresa. Ese día, tras una negociación con la dirección, el comité de empresa y dos delegados sindicales de la CGT explicaron a la asamblea de trabajadores los principios de acuerdo que se habían alcanzado, y que debían ser ratificados o rechazados por éstos.
Todo parecía ir bien hasta que, instantes después, la Guardia Civil, que llevaba varios días apostada frente a la fábrica, inició una carga que acabó con varios trabajadores heridos, y uno de los asesores de la CGT detenido. “Se quitaron los números de identificación, cogieron las porras y fueron hacia los trabajadores, cargaron sin justificación alguna”, explica David Santamaría, del grupo de apoyo a los trabajadores del denominado Caso Expert. “Los dos asesores de la CGT fueron a por su coche tras la asamblea y cuando pasaron por delante de la fábrica y vieron la carga bajaron, fueron a mediar y en seguida cuatro guardias se abalanzaron contra uno de ellos, le dieron una paliza, lo esposaron y se lo llevaron”, añade. Los propios agentes de seguridad interna de la empresa escribieron en su parte del día, al que ha tenido acceso Diagonal, y en el que hasta entonces no se habían anotado incidencias: “15 horas: entra la Guardia Civil con las porras en la mano agrediendo a todo el que se ponía por delante. Resultado: tres heridos y una persona detenida. A los heridos se los llevan en ambulancia”.
Contradenuncia
Tras aquella carga, varios trabajadores y trabajadoras, y el delegado sindical, tuvieron que ser atendidos por lesiones y contusiones de diversa consideración y, tras ello, decidieron interponer una denuncia ante los juzgados de El Vendrell. Sin embargo, mientras la denuncia por lesiones fue rápidamente archivada, la Guardia Civil, a partir de los datos de los denunciantes que figuraban en ella, ya que no había habido identificaciones durante la carga, presentó una contradenuncia contra ellos, acusándolos de atentado contra el derecho al trabajo, desconsideración a la autoridad y, en el caso del asesor de la CGT detenido, Pedro Duque, atentado contra la autoridad. La Fiscalía solicitó por ello entre tres años y dos meses y cuatro años y medio de prisión para los denunciados, así como multas que rondan los 3.000 euros.
Paradójicamente, ni la dirección de la empresa ni ningún trabajador interpuso denuncia contra los acusados por vulneración del derecho al trabajo, ya que además no había convocada ninguna huelga. Tampoco hubo ningún tipo de denuncia de la empresa por los hechos del 20 de julio. Duque explica que, de hecho, tres días después firmaron el acuerdo definitivo con la empresa por el que se evitaban despidos y se recolocaba a los trabajadores.
La única parte acusatoria es la Fiscalía. “Se ha producido una dilación a la que nadie sabe dar una explicación. La instrucción se cerró en 2010 y tiene cerca de 800 folios, parece la Operación Malaya, y ante los recursos que se ha ido presentando siempre se ha dado una negativa de manera injustificada”, dice Santamaría. Duque añade que en 2010 la propia Fiscalía reconoció que debía archivarse la causa por prescripción de delitos, pero esto nunca llegó a ocurrir. Once años después de los hechos, no sólo el caso no se ha archivado, sino que los trabajadores han sido citados a declarar el próximo 9 de julio ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona en calidad de acusados. “En el proceso todo es desproporcionado, el proceso en sí es una patraña”, indica Santamaría, que añade que “aunque hubiesen cometido esos delitos, que no lo han hecho, once años después no se puede hacer justicia, sería venganza”.
En una carta abierta, los afectados señalan: “Todo esto ha supuesto un duro golpe en nuestras vidas y la de nuestras familias, que se han visto drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión. Y todo ello por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y haber sufrido una agresión policial”.
Por ello, han iniciado una campaña para lograr el archivo de la causa, que han llevado hasta el Parlament, donde han logrado el apoyo de los partidos que se encontraban presentes en la Comisión de Interior: CUP, ICV-EUiA, ERC, PSC y CiU. Con campañas a pie de calle y también en las redes, los trabajadores esperan que se amplifique la denuncia y volver a respirar tranquilos once años después.
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