La CGT desmiente que el PSOE y el resto del grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo hayan votado en contra del sistema de arbitraje del TTIP
Los socialistas han votado, junto a los partidos conservadores y liberales, por el mantenimiento de las líneas esenciales del ISDS, dejando abierto el camino para que las multinacionales puedan denunciar ante un tribunal privado a los estados nacionales que dificulten los beneficios de las grandes empresas.
Ante las informaciones contradictorias que el PSOE está ofreciendo sobre la postura de sus eurodiputados en la reciente votación en la Comisión para el Comercio Internacional (INTA) la Confederación General del Trabajo (CGT) como organización sindical participante en las plataformas y compañas contra el TTIP quiere salir al paso de tales maniobras encubridoras de la enésima traición de la socialdemocracia española a los intereses de nuestro pueblo.
En primer lugar hay que dejar muy claro que, en contra de lo que el PSOE ha venido asegurando en los últimos meses, sus diputados en la UE no han votado en contra del sistema de arbitraje privado (ISDS) propuesto por las empresas transnacionales. Lo único que han hecho los representantes del PSOE ha sido apoyar una versión ligeramente reformada de la propuesta inicial, redactada por Cecilia Malmström, la comisaria europea de comercio.
Por lo tanto, no es cierto lo que dice el grupo Socialdemócrata, incluido el PSOE, de que han rechazado el “actual sistema de arbitraje ISDS”, puesto que el núcleo de tal sistema, que es el privilegio que se otorga a las empresas extranjeras para demandar a los estados, se mantiene. Si de verdad el voto socialdemócrata hubiera sido negativo, el citado tribunal se habría rechazado por 22 votos frente a 19. Sin embargo, ha sido su renuncia a la defensa de la opinión mayoritaria en la sociedad europea contra el TTIP la que ha propiciado que ganasen las posturas favorables al tratado de libre comercio por 28 a 13 votos.
Y es que las negociaciones del TTIP han sido duramente criticadas por sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos ecologistas, el sector sanitario y la sociedad civil por el impacto negativo que pueden tener sobre los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Un motivo especial de preocupación es el mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor, que pondría los derechos de los inversores extranjeros por delante de los del resto de la sociedad. Este mecanismo que estamos comentando permite que los inversores extranjeros eludan los sistemas judiciales nacionales y denuncien a los estados a través de tribunales privados de arbitraje.
Además, el ISDS permite que desafíen las leyes, los reglamentos y las decisiones de los tribunales si pueden demostrar que reducen el valor de su inversión (incluyendo los beneficios esperados), lo que limita la capacidad de las democracias de aprobar leyes para proteger los derechos humanos y laborales, nuestra salud y el medio ambiente. Además, los arbitrajes tendrán lugar a puerta cerrada con árbitros privados (con ánimo de lucro), lo que implica que no deben rendir cuentas públicamente por sus acciones y que tienen un interés comercial porque este sistema pernicioso siga vigente. Los únicos que se beneficiarán con este mecanismo serán los abogados que representan a las empresas y los inversores que eluden las leyes y reglamentaciones.
Otro de los lamentables puntos que el PSOE y sus correligionarios europeos han apoyado es el que contempla que se deben intentar eliminar el exceso de procedimientos para prohibir las importaciones por motivos de seguridad alimentaria y salud animal y debe aceptarse el “reconocimiento mutuo de estándares equivalentes”. Esto quiere decir que se reconocerán los estándares estadounidenses en materia de transgénicos, carnes hormonadas, pollos clorados, pesticidas… que son menos exigentes que los de la UE.
La CGT, ante esta lamentable actuación de la mayoría de los eurodiputados españoles (PP, PSOE, CiU y UPyD) considera que son imprescindibles campañas de información y movilización para que la sociedad española conozca los amenazantes contenidos del TTIP y pueda manifestarse en contra de su firma.
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