Cárteles y oligopolios, el imperio de la empresa

El 26 de enero, la Comisión Nacio­nal del Mercado y la Competencia (CNMC) imponía una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas por formar un “cártel de la basura” y repartirse durante al menos 13 años el mercado de la gestión de los residuos y el saneamiento urbanos. Esto afectó a las licitaciones públicas de ayuntamientos de diversas capitales de provincia a lo largo de todo el Estado y, en consecuencia, a los consumidores. Las principales beneficiarias eran ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, las cuatro grandes de la construcción, que tendrán que pagar 72 de esos 98 millones. 

Un mes después, el mismo organismo multaba a Repsol, Cepsa, Galp, Disa y Meroil con 32 millones de euros por pactar los precios de los carburantes y por el ‘efecto lunes’, por el que rebajaban los precios el primer día de la semana, cuando éstos se comunican a la Comisión Europea, para subirlos de manera coordinada el resto de la semana. Esta multa corresponde a un expediente sancionador incoado por la CNMC en 2013, pero en enero de 2015, a pesar de la enorme bajada del precio del petróleo, España seguía situándose entre los cinco países de la UE con los carburantes más caros antes de impuestos, y desde entonces los precios no han hecho más que subir.

Tan sólo unos días después, el 3 de marzo, una nueva multa sacaba a la luz la existencia de un cártel de las grandes empresas de lácteos. Da­none, Nestlé, Puleva, Pascual y Central Lechera Asturiana, además de otras cuatro empresas y dos asociaciones del sector, no sólo pactaban precios, según detectó el organismo regulador de la competencia, sino que el intercambio de información y acuerdos de estas grandes compañías transformadoras de leche cruda provocaban que “los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores”. Como consecuencia, estas empresas tendrán que pagar 88,2 millones de euros de multa.
 

Prácticas cartelísticas
 

Estos tres casos son una pequeña muestra de unas prácticas cartelísticas, y también oligopólicas, que, a tenor de los datos, parecen gozar de muy buena salud en el Estado español y que se han multiplicado al calor de la crisis económica. “Las sanciones que imponen los distintos organismos de competencia, tanto estatales como internacionales, muestran oligopolios en casi todos los sectores comerciales: distribución minorista, energía, telecomunicaciones... la verdad es que pocos se libran. En todos los sectores importantes de la economía se ha producido una concentración enorme en los últimos 30 años, y el oligopolio colinda peligrosamente con la concentración empresarial”, explica Isidro Jimé­nez, economista de Consume­Has­taMo­rir y del blog El Salmón Con­traco­rriente.

Según Rubén Sánchez, de la organización de consumidores Facua, esta práctica se da en todas las áreas, aunque “hay sectores clave tanto por cómo afectan a la economía de los consumidores como por haber sido liberalizados, como los de la energía, los carburantes o la telefonía, que fueron objeto de liberalizaciones y privatizaciones en los años 90”. Tras conocerse la multa a las petroleras, esta federación recordó en un comunicado “que a finales de los años 90 el Gobierno abandonó el sistema de fijación de precios máximos para dar libertad total al sector para fijar los precios, con el falaz argumento de que ello incentivaría la competencia y el abaratamiento de los combustibles”. La liberalización del sector, añadían, “ha tenido justo el efecto contrario al anunciado”.

La liberalización de otro de esos sectores en los años 90, el de la energía eléctrica, tampoco llevó a una mayor competencia y a una rebaja de los precios para los consumidores, más bien lo contrario. El 90% del mercado eléctrico se halla hoy concentrado en manos de tres grandes empresas –Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa–, y el precio que paga el consumidor no sólo es muy superior al precio de producción, sino que es de los más elevados de la Unión Europea. “Aquí nadie compite porque ningún gobierno ha obligado a las grandes eléctricas a hacerlo. Son un oligopolio que gana decenas de miles de millones de euros cada año mientras los usuarios sufrimos sus abusos, tanto tarifarios como en sus prácticas comerciales”, recordaban recientemente desde Facua. Mientras tanto, la CNMC investiga al oligopolio eléctrico por el subidón del precio de la luz que tuvo lugar entre agosto y octubre, un oligopolio al que ya multó con 60 millones de euros en 2011 por “obstaculizar la competencia”.

Al igual que en otros sectores, en el caso de la energía, los pequeños productores tienen muchas dificultades para competir con el oligopolio eléctrico, “y cuando empiezan a crear alternativas que le disputan parcelas de poder a las corporaciones, ya se encarga el propio Estado de poner aún más trabas a los pequeños productores, de cambiar la normativa para no poner en riesgo ese control oligopólico de las grandes corporaciones”, indica Pedro Ramiro, coordinador del Observa­torio de Multinacionales en América La­tina (OMAL) y autor de Marca Es­paña. Esto ocurre con los peajes impuestos por el Gobierno a la producción de electricidad a través de paneles solares para vender el excedente a la red.
 

Pactos legales

El problema, según explica Isidro Jiménez, no son sólo los pactos ilegales entre empresas para maximizar beneficios y controlar el mercado, ésos que llevan a la formación de cárteles, sino también los “pactos legales” o en el límite de la legalidad, como “la cesión del uso de las infraestructuras a cambio de cuota de mercado o pactos para evitar denunciarse unos a otros, ya sea por incumplir normativas publicitarias o por el uso de patentes”.  “Son tan graves los pactos ilegales como los legales, porque ambos refuerzan el modelo oligopolístico” que supone la concentración de la oferta de un sector comercial o industrial en un reducido número de empresas.

“La competencia en el mercado entre actores libres e iguales de la que van a salir beneficiados los consumidores y la sociedad es uno de los grandes mitos del pensamiento económico neoliberal. Lo que vemos es exactamente lo contrario, que unos pocos actores operando en el mercado se llevan la mayor parte de los beneficios y que el resto de la sociedad no sólo no recibe esos beneficios, sino que encima le repercute en una subida de facturas y en pocas opciones de compra”, explica Pedro Ra­miro. Esto, además, “supone una concentración a medio y largo plazo del poder empresarial en sectores fundamentales de la economía que les hace perpetuarse como actores centrales del modelo económico y de las relaciones de poder”.

En los últimos años, las concentraciones de empresas se multiplican en diversos sectores. Uno de los más importantes es la banca. Si hace cinco años existían 45 entidades financieras, con el proceso de reestructuración bancaria el panorama se ha reducido a 15. Hoy, tan sólo seis bancos, el Santander, el BBVA, Caixabank, Bankia, el Banco Sa­badell y el Banco Popular, dominan el 80% del sector y el 77% de los ahorros, y está previsto que en los próximos dos años continúe este proceso acelerado de concentración, sobre todo en beneficio de las tres primeras entidades. Esta concentración y la consecuente falta de competencia en el sector tendría una incidencia, según un informe del propio Banco de España, en los precios y en una dificultad para acceder al crédito.

También el sector de la telefonía está regresando a la situación de oligopolio de los años 90. Despúes de que Vodafone se hiciera con ONO en 2014, si Bruselas da el visto bueno a la compra de Jazztel por Orange, el panorama quedará reducido a tres grandes empresas que controlarán el 90% del sector, Jazztel-Orange, Vodafone-ONO y Movistar, lo que podría afectar a la competencia y a los precios.

En los últimos años, “la formación de oligopolios sigue avanzando a todos los niveles, por no hablar de cómo muchas de estas empresas aparentemente distintas pertenecen a una misma familia empresarial”, explica Pedro Ra­miro, quien pone como ejemplo de la interpenetración de los oligopolios en diferentes sectores económicos a La Caixa, que no sólo forma parte del oligopolio de la banca, sino que es uno de los grandes accionistas de Repsol, Gas Natural-Fenosa, Telefónica, el Gru­po Prisa o Grupo Agbar. 

 

Multas irrisorias
 

Frente a las prácticas contrarias a la competencia derivadas de la formación de cárteles que acuerdan precios y se reparten el mercado, la CNMC anunció en mayo de 2014, tan sólo seis meses después de su creación, que uno de sus ejes de trabajo prioritarios sería la lucha contra los cárteles. Desde entonces, ha impuesto diversas multas e incoado expedientes sancionadores contra empresas de todo pelaje por la formación de cárteles. Sin embargo, las multas han sido calificadas de irrisorias por todas las personas consultadas. “Nos parecen absolutamente ridículas”, afirma Rubén Sánchez, que añade que “son un pequeño peaje que tienes que pagar cuando cometes un fraude. Multa sería si superara el importe que has defraudado, pero esto es como si robas un banco y te condenan a los tres años a devolver la décima parte”.

Después de diversas sentencias de la Audiencia Nacional que han obligado a la CNMC a rebajar unas multas a empresas ya de por sí pequeñas en relación al volumen de negocio de las mismas, el Tribunal Supremo ha modificado su normativa. Las sanciones que ésta puede imponer tienen un límite del 10% de la facturación de las empresas infractoras, aunque a menudo no alcanzan esta barrera. En el caso de la basura y en el de las empresas de lácteos, la multa impuesta ha sido sólo del 3% de lo facturado por las empresas de los cárteles.

Además, según un análisis elaborado por Yago Álvarez en el blog de economía El Salmón Contraco­rrien­te en relación a la multa de 32 millones impuesta recientemente a las petroleras, la sanción de 20 millones que le correspondía a Repsol sólo supone un 1,24% del beneficio neto de este último año, y “la cuantía de la multa es inferior al beneficio que Repsol obtiene en tan sólo cinco días”.

“Las multas son ridículas justamente porque se evalúa un caso concreto, no una práctica continuada, que es lo que supone el modelo oligopolístico. Entonces, a las grandes empresas les compensa seguir pactando y pagando multas, siempre y cuando puedan mantener ese modelo de gestión comercial”, dice Isidro Jiménez, que considera que en cualquier caso “la CNMC puede probar casos concretos, pero no puede probar que el modelo mismo está basado en el oligopolio. Entre otras cosas, eso sería reconocer que no hay realmente competencia en el mercado, algo que no le interesa ni siquiera a la CNMC”.

A esto se suma que este organismo dispone de un “escasísismo cuerpo de inspectores, con lo cual no dan abasto, y el Gobierno no se esfuerza en multiplicar el número de inspectores porque no tiene interés en que el mercado esté tan controlado”, afirma Rubén Sánchez.

En diciembre, el periódico El Con­fidencial anunciaba que el Gobierno prepara una ley para que los ciudadanos puedan presentar demandas civiles por los daños derivados de la actuación ilícita de cárteles, en cumplimiento de la normativa europea en materia de competencia. En relación a posibles nuevas legislaciones, Pedro Ramiro considera que “a pesar de que se prometan leyes, directivas europeas y mecanismos reguladores, con el actual gobierno y la actual Comisión Europea no cabe esperar nada”, y añade que “el papel del Estado, con este Gobierno pero también con el anterior, en favor de las grandes corporaciones es básico para entender cómo funcionan los oligopolios. Si el Estado quisiera, podría ejercer ya con la actual ley acciones para acabar con ellos”.
https://www.diagonalperiodico.net/global/26113-carteles-y-oligopolios-imperio-la-empresa.html