El fraude fiscal en España es de 59.500 millones de euros según datos del
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacenda, Getsha. Esta cantidad supera en
más de 2.000 millones de euros el gasto total de todas las administraciones en
sanidad. La organización Oxfam Intermón ha denunciado que el dinero que
se podría conseguir combatiendo el fraude fiscal podría
utilizarse para la cobertura económica de la sanidad española. Susana
Ruiz, responsable de fiscalidad justa en esta ONG, declara que si el Estado
realizara un esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal se podrían recaudar
25.500 millones de euros adicionales, con los que se podría financiar más
servicios públicos.
El mayor porcentaje de ingresos (90%) a las arcas públicas proviene
de los ciudadanos, mientras que la aportación de las grandes
corporaciones supone un 2% de la recaudación total. Esto se debe a que el
72% de los impuestos impagados pertenecen a grandes fortunas y grandes
empresas según recoge Oxfam en su “Análisis de las propuestas iniciales del anteproyecto de reforma
fiscal”. Ruiz considera que las grandes empresas “se están aprovechando de
muchos mecanismos para evitar el pago de impuestos”, tales como las “fugas por
paraísos fiscales” y los “incentivos a empresas que no generan valor”. El fraude
de pymes, autónomos y particulares suponen un 28%.
La organización destaca que la evasión de grandes empresas y fortunas
supera en más de seis veces “el presupuesto que España debería destinar a
cooperación al desarrollo” si se cumpliera el objetivo del 0,7%. Un
propósito firmado en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en
el año 2000 y recogido en la Declaración del Milenio.
La reforma fiscal, anunciada el pasado 20 de junio, supone una rebaja para
las clases medias de 40 euros al mes, un ahorro menor que el que ganan las
grandes empresas que, según Ruiz, son los principales beneficiarios de la
reforma. Además, declara que el Estado dejará de ingresar unos 9.000
millones de euros con la reforma fiscal que se traducen en una
reducción de las “capacidades de recursos que el Estado tiene” para
financiar la educación y la sanidad pública. Por ello, considera que la
rebaja del pago de la clase media no tiene compensación con políticas
sociales.
Oxfam Intermón ha presentado el Decálogo por una fiscalidad más justa que busca asegurar que
“cada individuo o empresa contribuya en función de su capacidad económica real”
y mejorar la propuesta de ley del ministro Montoro. La campaña de recogida de
firmas, señala Ruiz, pretende informar a los ciudadanos sobre “las consecuencias
de la reforma” y “llamar a la movilización” . Además, añade que la organización
hará llegar los objetivos al gobierno para que entiendan que “la reforma
se está haciendo a espaldas de la ciudadanía, sin tener en cuenta sus
intereses”.
http://www.lamarea.com/2014/07/01/el-fraude-fiscal-en-espana-supera-al-gasto-sanitario/
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