Los formularios oficiales para negarse a pagarlo se han agotado, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
La Comunidad de Madrid anuncia que no devolverá las cantidades cobradas aunque la medida se declare inconstitucional.
guía para que los madrileños tampoco paguen el euro por receta.
La tasa de un euro por receta que entró en vigor el pasado 1 de enero en la Comunidad de Madrid ha recibido miles de insumisiones en la primera semana de aplicación de la medida.
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Alberto García Romero, informó este jueves de que losformularios oficiales que la propia Consejería de Sanidad repartió en las farmacias para objetar se han agotado en un tiempo récord.
"Estamos llegando al límite de la burocracia", alertó García, quien también detalló que las 4.500 negativas por mes que la medida ha registrado en Cataluña, donde la tasa también se aplica, han sido superadas en Madrid en solo siete días.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que esas cifras son falsas, pero no porporcionó las que considera correctas. Sí informó, en cambio, de que desde el 1 de enero se han emitido 1.379.000 recetas sometidas a gravamen que corresponden a 379.000 pacientes.
El portavoz de la Federación de Consumidores Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, mostró su preocupación porque "faltan impresos en las farmacias" y porque los usuarios "tengan miedo a no pagar" porque no conocen en qué consiste la posible multa por insumisión.
La organización "duda mucho" que la Administración regional lleve a cabo la reclamación del euro por receta con recargo a quienes no lo abonen porque los costes del procedimiento serán "infinitamente más caros" que los 1,20 euros que recibirían del ciudadano.
"Si la Administración despilfarra dinero público en perseguir a los usuarios, gastará más de lo que va a recaudar con el euro por receta", aseguró Sánchez, que calificó la medida como "una multa" para "penalizar al que está enfermo".
El rechazo a la medida parte desde el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya ha anunciado que recurrirá la medida al Tribunal Constitucional por invasión de competencias.
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