Más de 740 millones de mujeres, la inmensa mayoría en países en desarrollo, trabajan en el mercado informal, es decir sin contrato legal ni seguridad social, lo que aumenta su exposición al abuso laboral, la violencia de género y la discriminación, según una investigación realizada por Alianza por la Solidaridad-Action Aid. El trabajo, que se centra en la situación en el municipio de El Alto (Bolivia), se titula “Mujeres trabajadoras de El Alto: entre la informalidad, la explotación y la violencia” y sus resultados se presentan coincidiendo con el Día Mundial de la Mujer, 8 de Marzo.
Alianza por la Solidaridad-Action Aid, a tenor de los datos, concluye que la relación entre el sistema económico, el patriarcado y el histórico colonialismo se manifiesta en procesos de precariedad laboral, falta de acceso y oportunidades y genera diferentes formas de violencia que se imponen a las mujeres de extracto indígena o baja clase social que se encuentran en el trabajo informal, situación que, si bien se analiza en el municipio boliviano, se repite en otros muchos de los países en los que trabaja la organización.
Alianza por la Solidaridad-Action Aid, a tenor de los datos, concluye que la relación entre el sistema económico, el patriarcado y el histórico colonialismo se manifiesta en procesos de precariedad laboral, falta de acceso y oportunidades y genera diferentes formas de violencia que se imponen a las mujeres de extracto indígena o baja clase social que se encuentran en el trabajo informal, situación que, si bien se analiza en el municipio boliviano, se repite en otros muchos de los países en los que trabaja la organización.
En el mundo, según datos oficiales de la OIT, el 61% del empleo es de carácter informal, pero supone cotas de hasta el 91% en algunos países en desarrollo, destacando la media del 80% en África. En América Latina más del 60% de los y las trabajadoras acuden cada día a su trabajo sin ningún tipo de cobertura social. La informalidad afecta de manera desproporcional a las mujeres, donde el 60% de las mujeres trabajadoras en América Latina lo hacen en la informalidad y la disparidad salarial es, en promedio de un 22%. (ONU Mujeres) En general, son trabajadoras que se encuentran en situaciones más vulnerables que sus contrapartes masculinas, dado que ocupan sectores donde en muchos casos es difícil detectar vulneraciones de derechos, como son las trabajadoras domésticas, trabajadoras a domicilio, trabajadoras familiares auxiliares, trabajadoras rurales o venta ambulante. Sectores feminizados y de baja productividad o vinculados a la informalidad en donde carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y de prestaciones sociales como las pensiones, los seguros de salud o los subsidios por enfermedad remunerados. Trabajan a diario por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que incluye el riesgo de acoso sexual.
Mujeres trabajadoras de El Alto: entre la informalidad, la explotación y la violencia
Para realizar la investigación en Bolivia, uno de los países del mundo con más trabajo informal, se hicieron 500 encuestas en El Alto, donde el 80,5% del trabajo informal lo realizan mujeres, así como entrevistas personales y grupos de discusión. En este caso, la mayoría de las trabajadoras informales son indígenas aymara que han migrado de zonas rurales, una característica común en muchas ciudades de países en desarrollo. Su perfil es de trabajadoras con poca formación, una media de hijos e hijas elevada y, en el caso de haber sido escolarizadas, se dedican en un alto porcentaje a la venta ambulante en las calles.
No obstante, datos generales de informes de la OIT señalan que el trabajo doméstico asalariado es una de las ocupaciones donde más se concentran las mujeres en América Latina y el Caribe, correspondiendo a casi el 14% de toda la ocupación femenina en las zonas urbanas. Son trabajos en los que, además, están sobrerrepresentadas las mujeres indígenas, las afrodescendientes y, como se señalaba, las migrantes. Se trata de actividades laborales no reconocidas con contratos formales, salvo países como Brasil y Colombia, que tienen avances normativos sobre la materia.
Según la investigación de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, para la mayoría de las mujeres, este trabajo informal es la forma de generar sus propios ingresos, si bien sólo en el 14% de los hogares reconocen que habría suficientes recursos con los que aportan sus maridos o parejas. Además, afirman que no tienen posibilidad de acceso a empleos regulados.
Prácticamente todas las trabajadoras que son cabeza del hogar (separadas, viudas, madres solteras…) señalan que deben compatibilizar sus trabajos informales con el cuidado familiar y el del hogar, lo que les supone doblar o triplicar su jornada. En América Latina las mujeres se ocupan del 80% de las tareas del hogar, siendo el reparto equitativo y redistribución de estas tareas unas de las demandas más importantes.
El 46% dijo haber sufrido violencia en su puesto de trabajo, como insultos, golpes, confiscación de los productos que vendían o multas, lo que nos confirma la situación de desprotección en la que se encuentran ante la violencia y acoso en los espacios de trabajo, que se agrava por la ausencia de cobertura social y reconocimiento del aporte de ese trabajo a nivel familiar y comunitario. La desprotección social y escasa respuesta por parte de los gobiernos perpetua las brechas de género y la naturalización de la violencia.
La violencia es un continuo en su vida. Muchas de las mujeres entrevistadas reportan violencia en su hogar, por lo general, por parte del esposo, compañero o marido. Entre las formas de agresión a las que estuvieron expuestas, el 38,4% alegó que recibió insultos, el 30% dijo que además hubo golpes (24%) o les quitaron el dinero (2%); en otros casos denuncian que las parejas no pagan las pensiones de las hijas e hijos (2%) o les prohíben conseguir un trabajo. Muchas reconocieron que, aunque no han sufrido agresiones físicas, sí están sujetas a control de su tiempo y del desarrollo de actividades por parte del marido, esposo o compañero.
Señalan que, en todo caso, el hecho de tener ingresos les genera una autonomía que las empodera, hasta cierto punto, tendiendo a organizarse para contrarrestar la precariedad en la que viven, pero por otro lado afirman que sus dobles jornadas laborales les impiden dedicar tiempo a estas actividades.
En este contexto Alianza por la Solidaridad es parte de la Campaña Global de Mujeres y Trabajo #AllWomenWork y tiene en marcha diferentes proyectos de empoderamiento económico de las mujeres en América Latina, Oriente Medio y África, luchando por una redistribución del trabajo de cuidados que implique corresponsabilidad por parte de los hombres y respuesta estatal que garantice servicios sociales básicos. Así mismo trabaja promoviendo iniciativas económicas sostenibles y espacios de trabajo seguros y sin violencia para las mujeres. Desde Alianza consideramos que es imprescindible generar iniciativas económicas más justas e igualitarias, así como trabajar en las causas que impiden el acceso a las mujeres a los mismos derechos y oportunidades.
No obstante, datos generales de informes de la OIT señalan que el trabajo doméstico asalariado es una de las ocupaciones donde más se concentran las mujeres en América Latina y el Caribe, correspondiendo a casi el 14% de toda la ocupación femenina en las zonas urbanas. Son trabajos en los que, además, están sobrerrepresentadas las mujeres indígenas, las afrodescendientes y, como se señalaba, las migrantes. Se trata de actividades laborales no reconocidas con contratos formales, salvo países como Brasil y Colombia, que tienen avances normativos sobre la materia.
Según la investigación de Alianza por la Solidaridad-Action Aid, para la mayoría de las mujeres, este trabajo informal es la forma de generar sus propios ingresos, si bien sólo en el 14% de los hogares reconocen que habría suficientes recursos con los que aportan sus maridos o parejas. Además, afirman que no tienen posibilidad de acceso a empleos regulados.
Prácticamente todas las trabajadoras que son cabeza del hogar (separadas, viudas, madres solteras…) señalan que deben compatibilizar sus trabajos informales con el cuidado familiar y el del hogar, lo que les supone doblar o triplicar su jornada. En América Latina las mujeres se ocupan del 80% de las tareas del hogar, siendo el reparto equitativo y redistribución de estas tareas unas de las demandas más importantes.
El 46% dijo haber sufrido violencia en su puesto de trabajo, como insultos, golpes, confiscación de los productos que vendían o multas, lo que nos confirma la situación de desprotección en la que se encuentran ante la violencia y acoso en los espacios de trabajo, que se agrava por la ausencia de cobertura social y reconocimiento del aporte de ese trabajo a nivel familiar y comunitario. La desprotección social y escasa respuesta por parte de los gobiernos perpetua las brechas de género y la naturalización de la violencia.
La violencia es un continuo en su vida. Muchas de las mujeres entrevistadas reportan violencia en su hogar, por lo general, por parte del esposo, compañero o marido. Entre las formas de agresión a las que estuvieron expuestas, el 38,4% alegó que recibió insultos, el 30% dijo que además hubo golpes (24%) o les quitaron el dinero (2%); en otros casos denuncian que las parejas no pagan las pensiones de las hijas e hijos (2%) o les prohíben conseguir un trabajo. Muchas reconocieron que, aunque no han sufrido agresiones físicas, sí están sujetas a control de su tiempo y del desarrollo de actividades por parte del marido, esposo o compañero.
Señalan que, en todo caso, el hecho de tener ingresos les genera una autonomía que las empodera, hasta cierto punto, tendiendo a organizarse para contrarrestar la precariedad en la que viven, pero por otro lado afirman que sus dobles jornadas laborales les impiden dedicar tiempo a estas actividades.
En este contexto Alianza por la Solidaridad es parte de la Campaña Global de Mujeres y Trabajo #AllWomenWork y tiene en marcha diferentes proyectos de empoderamiento económico de las mujeres en América Latina, Oriente Medio y África, luchando por una redistribución del trabajo de cuidados que implique corresponsabilidad por parte de los hombres y respuesta estatal que garantice servicios sociales básicos. Así mismo trabaja promoviendo iniciativas económicas sostenibles y espacios de trabajo seguros y sin violencia para las mujeres. Desde Alianza consideramos que es imprescindible generar iniciativas económicas más justas e igualitarias, así como trabajar en las causas que impiden el acceso a las mujeres a los mismos derechos y oportunidades.
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