Por qué deberíamos cerrar los CIE: Aluche y la violencia de Estado

Badara tiene 42 años, es senegalés y llegó a España en 1992, contaba con tan solo 16 años. Lo hizo mediante visado Schengen, después decidió instalarse en las Islas Canarias. Siete años antes de su llegada se habían creado los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), fue bajo el gobierno socialista de Felipe González, por mandato de la primera Ley de Extranjería, pero él acabaría conociéndolos mejor que quienes los había creado.

La ley estableció “la posibilidad de acordar judicialmente el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”. Para Badara, entre la cárcel y el CIE, “preferiría la cárcel, al menos allí podía hablar, en el CIE solo obedeces y más te vale callar, no eres persona, ellos deciden”, comenta por teléfono. Su paso por prisión en 2015 estaba relacionado, según explica, con el acoso por parte de la policía local que acabaría en una ocasión con él en comisaría, lleno de golpes y con un informe médico que le diagnosticó siete infartos cerebrales. Tras año y medio, con su puesta en libertad, sería conducido automáticamente al CIE de Aluche. Algo que ya se esperaba, “te vamos a mandar a tu país, me dijo la policía en prisión”, un país que había dejado atrás hacía 24 años.

En total permaneció 43 días en el CIE de Aluche, ubicado en la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid con el que se había reemplazado en 2005 el Centro de Moratalaz. Las reformas permitieron pasar de las 60 plazas de Moratalaz a las 280 en Aluche, 40 reservadas a mujeres. A pesar de no tener “carácter penitenciario”, estos centros se asemejan a una cárcel. El de Aluche consta de cinco módulos que encierran en espacios estancos diferenciados; habitaciones con forma de celda dispuestas a ambos lados de extensos pasillos; ventanas ocultas tras planchas metálicas que apenas permiten visión exterior y el paso de la luz; rejas; patios con fuerte vigilancia policial; la zona de visita de abogados y familiares sin privacidad y vigilada, etc. Las habitaciones, con dimensiones de entre 21 y 40m2, se configuraron para albergar entre cuatro y seis personas, aunque según internos, no bajan de los seis u ocho. Ya en 2005, el Fiscal General del Estado señaló que el de Aluche, “cada vez se parece más a un centro penitenciario pero sin contar con las infraestructura [y personal cualificado] de los mismos”.

Entre 2008 y 2009 los informes del Defensor del Pueblo sobre Aluche denuncian la falta de transparencia, el hacinamiento, las malas condiciones de salubridad, la ausencia regular de un médico, la separación de menores de sus padres, la forma inhumana de las visitas (vigilancia extrema y sin contacto físico) y también la falta de protocolo en las sanciones que conlleva a la arbitrariedad e indefensión. Un año antes se hacían públicas las condiciones de los centros en España: “falta de calefacción”, “hambre”, “comida con pelos, gusanos…”, “atención médica deficiente”, casos de “maltrato y vejaciones” y “maltratos a internos a altas horas de la madrugada” y “amenazas con expulsión si hay denuncias”. A día de hoy, las quejas de los internos se formulan en los mismos términos. Badara lo sabe bien, “comíamos solo para no morirnos de hambre”. Disponían de un baño cuya cisterna no funcionaba, por lo que tenían que esperar horas para acceder al baño general compartido por centenares de internos, “aquello es inhumano”, repite.

Más allá de la frontera de lo humano
La información arriba descrita ha sido extraída del informe elaborado gracias a las visitas por activistas de la organización SOS Racismo Madrid al CIE de Aluche entre 2014 y 2017 que han servido para recabar datos y estadísticas que complementan con informes de esta y otras entidades públicas. Su finalidad es, documentar las vulneraciones de derechos humanos e incidir en la necesidad de cerrar estos centros. Porque, su existencia, señalan, es parte de un engranaje racista que es la antesala de las expulsiones y las devoluciones de migrantes: “Los CIE representan una maquinaria que impone la violencia en la vida de miles de personas al año y su existencia busca legitimar un sistema excluyente, racista y desgarrador”.

Para la elaboración del informe, SOS Racismo Madrid acompañó a 843 internos de Aluche. De las cuales un 8,3% eran mujeres y un 4,9% (41 personas), manifestaban ser menores. Una vulneración del principio de protección de la infancia y del interés superior del menor. Ya en 2016, el Ministerio del Interior reconocía la privación de libertad de 51 menores en los diferentes CIE del Estado. De los contabilizadas por SOS Racismo, al menos 5 fueron expulsados. Y, sólo a 10 se les reconoció la minoría.

Esto evidencia un fallo en los procedimientos de identificación de personas en situación de vulnerabilidad desde que llegan a territorio y son detenidas. Entre las diferentes barreras de los menores, está el hecho de ser declarados mayores de edad por las pruebas forenses, como le ocurrió a 16 de esos 41. Es alarmante el margen de error de estas pruebas. El método de Greulich y Pyle, por el cual se determina la edad a través de pruebas radiológicas de la muñeca, tiene un margen de error de aproximadamente 1,7 años. Según un informe del Sindic de Greuges, no distingue edades superiores a 19 años, dificultando la determinación de la edad de los menores que se acercan a la mayoría. También se han dado casos de personas que manifestaban ser menores y fueron expulsadas de forma rápida, antes expresar su situación.

Cerca de la mitad de los internos visitados por SOS Racismo llevaban más de tres años en España, contaban con un alto nivel de arraigo y el 86% no vivían en Madrid en el momento de la detención. Este desplazamiento es parte de una misma maquinaria que desarraiga, cuando una persona es detenida en un territorio para ser encerrada en un CIE de otro territorio se la aleja de su familia, amistades o de cualquier tipo de red de apoyo. Esto tiene un impacto psicosocial muy fuerte en las personas que se encuentran encerradas ya que aumentan el aislamiento que ya se genera en el CIE.

Además, la mayoría de los autos de internamiento de estas personas fueron dictados en Andalucía. Un aumento relacionado con el incremento de las llegadas a las costas. La política migratoria centrada en la detención/expulsión de cuerpos migrantes. La mayoría de personas detenidas en frontera, inmediatamente son trasladadas al CIE, configurándose estos como una extensión de las fronteras y una prolongación de la violencia institucional.

Hasta 2017, año en el que se da un repunte en las personas visitadas detenidas en frontera, el mayor porcentaje, con diferencia, corresponde a aquellas personas que llevan viviendo en España más de seis años. Las personas con más arraigo son tanto las más encerradas como las más expulsadas. El encierro en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianidad. Puede suponer también la pérdida de trabajo dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses. Badara, llevaba en España 23 años y se había dedicado a la mecánica y a la construcción, carecía de un situación administrativa regular, una situación que le impedía acceder a sus derechos más básicos a pesar del tiempo que llevaba en territorio español.

La resistencia frente a la violencia institucional

Durante el tiempo analizado, las vías de resistencia de los internos han sido diversas, desde cartas y quejas colectivas a los Juzgados de Control a protestas en el CIE. Además, SOS Racismo contabilizó 15 huelgas de hambre en señal de protesta por el internamiento, las condiciones de éste y/o la posible deportación. En este periodo se produjeron tres protestas colectivas que han incluido la participación de un gran número de personas internadas.

Durante la época en la que las ONG tenían vetado el acceso al centro -hasta el 20010-, hubo al menos un mínimo de dos huelgas de hambre. Los internos del Centro se declararon en huelga para denunciar las condiciones inhumanas de su reclusión. La extralimitación policial como las penas de calabozo sin dar comida para el que proteste. Un Sistema de absoluta indefensión judicial (muchos abogados no van) o un encierro que supera el máximo de días estipulados. Otra vulneración se produce en la limitación del derecho a la comunicación. En este sentido, no solo se producen incumplimientos en los horario de visitas de forma habitual, también se restringen visitas en momentos de tensión. Sin olvidar el derecho de ser asistido por un intérprete. La correcta comprensión y comunicación por parte del interno en el CIE es fundamental. Eso lo supo con el paso de las semanas nuestro entrevistado, que después de unos días interno comenzó a ayudar a los jóvenes que llegaban nuevos, hacía de traductor y les hablaba de sus derechos, “pero la policía me quitaba mis pertenencias y me decían que dejara de hacer eso”.

Alrededor de las 21 horas de la noche del 18 de octubre de 2016, un grupo de unas 60 personas permanecieron en el comedor tras la cena en lugar de volver a la celda. La situación de tensión producida por las condiciones descritas era generalizada y la no obtención de respuesta les había llevado al límite, decidiendo por ello elevar sus quejas por otros medios. Finalmente, 39 se movilizaron y consiguieron alcanzar la azotea del CIE. SOS Racismo Madrid pudo acceder a testimonios que relataron cómo tras finalizar esta protesta numerosos internos habrían sido sometidos a malos tratos por parte de la policía que habrían incluido las agresiones físicas. Además, no sólo habrían sido dirigidas a los participantes en la protesta sino a otros de forma indiscriminada. Posteriormente, el 19 de octubre se activó un dispositivo de opacidad a cargo del entonces ministro de Interior, del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz.

La noche del lunes 31 de julio de 2017, se producía una nueva protesta multitudinaria. En todas las situaciones nombradas, y otras que por extensión no se nombran, han estado presentes agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Además, se dificulta la investigación de los hechos denunciados en cuanto a la desproporción y vulneración de los derechos de los internos que se manifiesta mediante la expulsión de testigos.

Desde SOS Racismo Madrid señalan, además, los intentos desesperados de los internos por ser escuchados y reacciones arriesgadas ante el sufrimiento extremo como han sido los 7 intentos de suicidio y los 11 intentos de fuga. No obstante, algunas personas han informado haber sufrido malos tratos pero temiendo represalias al denunciar no han querido formalizarla.

Denuncias por torturas, muertes

Toda esta violencia no solo genera sufrimiento, también muerte. En nuestra memoria están Osamuyi Aikpitanyi de Nigeria (2007), Jonathan Sizalima de Ecuador (2009), Mohamed Abagui de Marruecos (2010), Samba Martine de Congo (2011), Idrissa Diallo de Guinea-Conakry (2012), Aramis Malukyan de Armenia (2013) y Mohammed Bouderbala de Argelia (2017).

Osamuyi, de 23 años, moría asfixiado en pleno vuelo en un avión de la compañía Iberia, esposado y amordazado mientras se ejecutaba su deportación. Su muerte sacó a la luz las expulsiones con uso de medios de contención mecánica y protocolos de sedación con fármacos psiquiátricos en el traslado desde el CIE al aeropuerto. De haber recibido la asistencia médica recogida por la normativa de los CIE, Samba Martine, procedente de República Democrática del Congo y registrada con el número 3106 en Aluche, no habría fallecido aquel 19 de diciembre de 2011. La joven no fue atendida ni diagnosticada a tiempo, hasta que finalmente murió en el hospital.

Badara sufría depresión y ansiedad, pero tampoco fue atendido correctamente. Les pidió que le llevarán al hospital para hacerle pruebas médicas, “pero se limitaban a darme fármacos. “Tampoco faltaron las palizas”, recuerda a un chico en particular al que el personal policial sacó de su celda, “estaba temblando de la paliza”, comenta que el joven tenía el cuerpo magullado y la cara roja, “era el pan de cada día”.

En Abril 2008 se hacen públicas denuncias de malos tratos y vejaciones a través de comunicaciones con los internos por parte de la organización Ferrocarril Clandestino. En agosto de 2009 atendiendo el encargo del Servicio Jesuita a Refugiados a CEAR un grupo de personas acceden a los CIE de Aluche, Málaga y Valencia. Tras entrevistar a decenas de internos y funcionarios se estructura el Informe “Situación de los centros de internamiento para extranjeros”. Durante el proceso de entrevistas se da una huelga de hambre en Aluche sofocada por antidisturbios. En dicho Informe se denuncia no solo la violación de las propias leyes de extranjería en los tres centros, también las torturas policiales a las personas migrantes. La reiteración de la represión quedará recogida en otro informe posterior firmado por Ferrocarril Clandestino, Médicos Mundo Madrid y SOS Racismo. En él se muestran las denuncias de malos tratos por parte del personal policial, que constituyen medidas represivas y la falta de una fiscalización que pueda vigilar los sucesos.

Deportaciones

“No todas las personas son expulsables”, dice el informe de la organización. Una persona puede ser expulsada en el momento en el que exista un acuerdo de readmisión entre España y su país de origen. Los acuerdos en materia migratoria a menudo aparecen camuflados bajo la lógica de cooperación entre estados y están dotados de gran opacidad y controversia, produciéndose éstos con terceros estados pero también entre estados de la propia UE.

Según los informes periódicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el internamiento en el CIE de Aluche ha presentado una tendencia a la disminución entre 2014 y 2016 pero se observa una ruptura de la tendencia con un importante aumento en el año 2017. Además, la disminución que se produjo de las expulsiones entre 2014 y 2016 fue acompañada de un incremento masivo de las deportaciones exprés. Una práctica que permite ejecutar expulsiones en menos de 72 horas, sin apenas tiempo de formalizar recursos jurídicos, dado que en el plazo de 3 días deben aportar la documentación. Además, estas expulsiones se llevan a cabo, por sus características, con un control judicial dificultado. La opacidad en torno a ésta modalidad de deportación dificulta el acceso a los datos sobre las mismas.

Paradas racistas

La mayoría de personas de origen marroquí fueron detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos, ocurre lo mismo con las personas procedentes de Senegal, en el período analizado por SOS Racismo hubo 286 personas senegalesas encerradas en los distintos CIE del Estado español. El 75% de las personas de esta nacionalidad visitadas en 2014, habían sido detenidas a raíz de que la policía les había pedido la documentación en un lugar público. Se llevan a cabo identificaciones policiales por perfil racial con el objetivo de llenar los vuelos colectivos de deportación, denuncia la organización, que señala el gran negocio que suponen los vuelos colectivos de deportación para muchas empresas.

Entre 2014 y 2017, un 31% de las personas acompañadas afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos. Ésta práctica sigue señalando en las calles, a personas que son o se les presupone origen migrante, contribuyendo a la criminalización racial. Esto pone de manifiesto cómo las identificaciones racistas permanecen al servicio del sistema de expulsión y las llamadas para que acudan a comisaría alegando otros motivos, se siguen empleando como un mecanismo para expulsar, incluso después de que ésta práctica fuera declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, se observa que estos internamientos han disminuido paulatinamente a la inversa que los internamientos producidos tras la detención en frontera. La evolución de los internamientos tras la detención en frontera correspondía en 2014 al 11%, en 2015 al 13%, aumentando en 2016 hasta el 40%, y llegando ya al 55% en 2017. Esto no significa que las identificaciones racistas disminuyan, sino que es posible que estén más relacionadas en la actualidad con la práctica de las deportaciones exprés que con el internamiento. Se observa que un 9% de las personas visitadas fueron internadas, como Badara, tras la detención producida a su salida de prisión y tras el cumplimiento de la pena. Este tipo de detención supone una triple condena, las personas que son condenadas a prisión, cumplen su condena pero en el transcurso del cumplimiento, no pueden renovar su permiso de residencia. Al salir de prisión, son internadas en el CIE (doble condena) y después, incluso llegan a ser expulsadas (triple condena).

Después del CIE, lejos de la creencia de que las personas que son liberadas del CIE pueden automáticamente regularizar su situación, la realidad es que estas personas quedan libres pero su libertad de movimiento no existe. La regularización se dificulta al ligarla a la existencia de un contrato laboral formal y al cumplimiento de diversos requisitos. Por ello una de las exigencias de la organización es ésta desvinculación del contrato de trabajo al permiso de residencia. Pues lo contrario, condena al círculo de ésta violencia institucional.

Según SOS Racismo, no se trata de mejorar ni abrir nuevos CIE, sino de un cambio en los paradigmas en la política migratoria donde no se de el encierro a personas por una situación administrativa irregular, una política que provea de derechos a las personas y que no les prive de ellos. La problemática no es el tipo de CIE sino su mera existencia. La única alternativa respetuosa con la dignidad y los Derechos Humanos es su cierre.

Una opinión que comparte Badara. “Ningún país que se precie democrático debería tener centro de internamiento hechos simple y llanamente para hacer daño a personas que solo buscan un futuro mejor”, señala. “Los inmigrantes llegan a España después de un camino de años donde soportan una infinidad de violencias y cómo son recibidos, mediante la criminalización y encierro entre rejas a lo largo de todo el territorio”.

http://esracismo.com/2018/09/18/por-que-deberiamos-cerrar-los-cie-aluche-y-la-violencia-de-estado/