El uso encadenado de contratos eventuales por días o semanas origina la figura del empleado a llamada, una modalidad utilizada en Reino Unido pero inexistente en la legislación española que conlleva sueldos bajos y pérdida de derechos.
Es probable que este jueves, al conocerse la última Encuesta de Población Activa (EPA), usted oiga o lea que el paro sigue bajando y que hay más puestos de trabajo que en años anteriores. Incluso es probable que la ministra del ramo, Fátima Báñez, insista en que 2017 acabó con la mayor creación de empleo de los últimos 12 años.
Sin embargo, sindicatos y expertos insisten en que la recuperación que vende el Gobierno es el envoltorio de una precariedad laboral acuciante. Con cada vez más contratos temporales (el 91% de los contratos firmados en 2017 fueron temporales), a tiempo parcial involuntario (más del 60% se firmaron porque el trabajador no encontró un puesto a tiempo completo) y con salarios tan bajos como durante la crisis (España es el país de la UE donde menos crecen los sueldos), los trabajadores pobres y sin derechos dejan de ser casos aislados.
De hecho, mientras el Gobierno muestra triunfal su escaparate de bonanza económica, florecen en la sombra empleados a la carta que trabajan por días o semanas, sin contrato escrito ni derechos retributivos. Una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que ya es una realidad debido a la "utilización abusiva y en fraude de ley" de los contratos eventuales, según denuncia el PSOE.
De hecho, el 25,7% de los contratos que se firman en España son de menos de siete días, según ccoo. Así son los llamados zero-hours-contracts que ya proliferan en Reino Unido y que se basan, al fin y al cabo, en un papel en blanco firmado por ambas partes: los empresarios tienen a sus empleados siempre disponibles y los trabajadores cobran por horas o por semanas. Grandes corporaciones como McDonalds, DHL o Sports Direct reconocen que emplean esta modalidad contractual para cubrir puestos temporalmente, vacantes de último minuto, picos de producción o temporadas de alta carga de trabajo.
Precisamente éstos son los supuestos para los que fueron creados en España los contratos de corta duración, y especialmente, los eventuales por circunstancia de la producción, según consta en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Desde 2011, prácticamente se han duplicado (ver gráfico), casi el 75% de los que se firmaron en diciembre de 2017 fueron de menos de un mes y el 40%, a jornada parcial. Los contratos de hora cero no están permitidos en nuestro país, pero las empresas logran casi la misma flexibilidad exprimiendo al máximo los eventuales y aprovechando que la temporalidad ya no es una opción elegida libremente por el trabajador sino, directamente, un modo de vida.
Nuria Alonso, profesora de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, confirma que ya es una práctica habitual la utilización de los contratos eventuales de forma indebida porque "las dos partes que intervienen en el contrato no tienen la misma fuerza y los trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones precarias".
Para el PSOE se trata de un "fraude de ley" y por ello la diputada Rocío de Frutos ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar medidas que eviten el uso de este tipo de contratos de forma abusiva. Los trabajadores a la carta, al no estar integrados en la empresa, no acumulan derechos para cobrar la prestación por desempleo o por jubilación y, por tanto, viven completamente desprotegidos. "No reciben conceptos retributivos como los relativos al descanso o a las vacaciones, no se les hacen reconocimientos médicos y no reciben formación en prevención de riesgos laborales cuando las estadísticas indican que la incidencia de accidentes de trabajo es más alta entre la población con trabajo temporal", explica a Público De Frutos, que añade que las campañas dirigidas a la Inspección de Trabajo no se centran en atajar este abuso contractual porque "no inciden en el control de la causa de la temporalidad ni en su ajuste a la normativa laboral".
Comisiones Obreras también denuncia que el Gobierno no está poniendo medidas para frenar la descausalización de los contratos y, en consecuencia, la temporalidad. "Presentamos nuestras propuestas al ministerio y hay convocada una reunión de la Mesa de Calidad en el Empleo para el 30 de enero pero aún no sabemos ni el orden del día", lamenta a Público la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional del sindicato, Lola Santillana.
El contrato indefinido, ese imposible
Temporalidad es sinónimo de inestabilidad y precariedad. Un concepto, este último, que ya se asume como "mal menor", según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que señala que los "contratos de cero horas son ya una realidad bajo cuerda". Además, el estudio pone el foco en otro efecto colateral de los contratos de corta duración: "Antes se creía que el contrato temporal era una herramienta para poder llegar al empleo indefinido, pero eso no está pasando. Hay gente de más de 45 años que no hace otra cosa que encadenar contratos temporales", destaca uno de sus autores.
En diciembre de 2017 sólo el 46,64% de los contratos eventuales y el 39,44% de los contratos por obra o servicio se convirtieron en indefinidos, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De hecho, se necesitan 26,73 contratos para crear un puesto de trabajo y cada año se sustituyen 650.000 fijos por temporales. Incluso la Comisión Europea ha regañado a España en este sentido afirmando que "el contrato temporal ya no es la vía para poder pasar a uno indefinido, lo que daña la Seguridad Social y el futuro de las pensiones".
De hecho, según ccoo, el 9% de los trabajadores son contratados y despedidos sistemáticamente por la misma empresa, una práctica de la que el Gobierno no aporta datos. Entre otras razones, expone De Frutos, porque sólo es obligatorio registrar por escrito los contratos de más de siete días. "Al final, los contratos a la carta —que afectan sobre todo a sectores ya precarizados como la hostelería— son sólo altas y bajas sistemáticas en la Seguridad Social", puntualiza la diputada socialista. FEDEA advierte además de que la EPA tampoco "es capaz de señalar la subida de estos contratos" que, según sus cálculos, se han multiplicado por tres en los últimos años.
Esta situación ha llevado incluso a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifieste en un informe la "excesiva contratación atípica en España", situando a nuestro país en la segunda posición de esta clasificación.
Aunque Fátima Báñez dijo en verano que "el empleo que llega es de más calidad que el que se fue", ccoo recuerda que, según la EPA, el porcentaje de personas asalariadas más elevado tiene una relación laboral de entre 1 y 3 meses (un 17,9%) y advierte de que la temporalidad fomenta el "aumento de la especialización de sectores con bajo valor añadido, además de la desigualdad, la devaluación salarial y la pérdida de derechos, insiste Santillana.
Alonso añade que los empleos precarios no sólo perjudican a los trabajadores, sino que también tienen importantes consecuencias en términos de productividad y eficiencia: "A los empresarios, la reducción de costes puede parecerles positiva a corto plazo", señala a Público, "pero a medio plazo se observará un deterioro de la calidad de la producción y de la prestación del servicio".
http://www.publico.es/economia/gobierno-deja-empresas-fuercen-ley-trabajadores-carta.html
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