El timo de no poder darte de baja, el timo de la oferta en la que terminas pagando más que antes, los gigantescos engaños de las cláusulas suelo o las preferentes... Las grandes empresas expanden sus beneficios con prácticas fraudulentas con total impunidad. Así lo denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en su libro Timocracia.
Timocracia. El diccionario de la RAE recoge el significado que le dieron los antiguos griegos: el Gobierno de los ciudadanos pudientes. Una definición que describe perfectamente la sociedad actual, según cuenta a El Salto Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua. Un sociedad, dice Sánchez, “donde los que gobiernan en realidad son las grandes fortunas, los directivos de las grandes empresas”. Una definición casi tan exacta como la otra, la que dicta el sentido común a pie de calle: quien gobierna no es el pueblo sino la corrupción, el fraude, el timo permanente.
Con este juego de palabras, Rubén Sánchez firma el libro Timocracia, un proyecto que ha ido desvelando como en una novela por entregas, las “300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores”. El pasado diciembre salió la versión completa, que se puede descargar de forma gratuita en su web. Así lo han hecho desde entonces más de 23.000 personas.
La timocracia se asienta, cuenta, en la “completa impunidad” de las grandes empresas y en la indefensión de los consumidores, su complemento perfecto. “Estamos totalmente rodeados de prácticas fraudulentas que los gobiernos, por estar condicionados por el poder económico, no responden con medidas eficaces, ni con leyes contundentes, ni con actuaciones contundentes, como podrían ser multas multimillonarias o llevar a las empresas frente a los tribunales”, acusa Sánchez.
Su experiencia en Facua, agrupación que reúne a más de 200.000 consumidores y donde participa desde los 19 años, le ha dado un acceso privilegiado a las principales técnicas de fraude sistemático y masivo realizado por las grandes empresas. Estas son las cinco técnicas más habituales en el presente, según cuenta Sánchez a este periódico.
El timo de no poder darte de baja
Un timo cada vez más refinado, elevado al nivel de clásico, se despliega en los centros de atención al cliente de las grandes compañías telefónicas y, cada vez más, de las compañías energéticas. Para Sánchez, los call center son en realidad auténticos “centros de desatención al cliente, donde en lugar de resolverte problemas, te marean, te desatienden o dicen que no te dan de baja para seguir cobrándote”.
Los call center convierten tu contrato de telefonía en “una cárcel, un manicomio dirigido por el Yoker: es imposible salir, hables con quien hables no te hacen caso, no puedes volver a hablar con la persona que conoce tu problema, dicen que no han recibido tu petición...”. Una locura kafkiana que alcanza un nuevo clímax con la introducción de voces informáticas suficientemente sofisticadas para tramitar prácticamente todas las solicitudes y suficientemente leales a la empresa para no reconocer la palabra “baja”, denuncia Sánchez, que ha contabilizado hasta 30 formas de convertir en una cárcel tu contrato de telecomunicaciones.
El laberinto de estos “centros de desatención”, cuenta el portavoz de Facua, lleva a menudo a un enfrentamiento entre personas que pertenecen a la misma clase social: “Al final te cabreas, insultas al teleoperador, que es un trabajador igual que tú, no es el gran empresario que te está robando… pero tu ira la sueltas contra el teleoperador, que no tiene la culpa, que sólo hace lo que le han dicho para que no lo echen a la calle”.
Sin embargo, salir de la cárcel del Yoker no es tan complicado, explica Sánchez. Basta con enviar la baja por escrito, quedarte con constancia y no pagar las facturas, pero “la gente se mete en la espiral loca de llamar por teléfono, algo que no lleva a ningún sitio”.
El truco de no poder darte de baja es solo uno de la larga lista en la chistera de las compañías a través de sus centros de desatención. Empresas con prefijo 902 que “siguen diciendo que no tienen correo electrónico en el siglo XXI”, quejas de las que nadie se acuerda “pese a que has llamado diez veces”, bajas que tardan meses porque tiene que aceptarlas el mismísimo presidente de la compañía o, incluso, cambios de compañía sin tu consentimiento.
Estos timos serían imposibles, comenta Sánchez, sin la “pasividad” de las administraciones. “Si nosotros le decimos a una administración de consumo que han timado a 40.000 consumidores, su obligación es abrir un expediente, investigar e, incluso, multar si se entiende que hay un fraude premeditado… pero eso no ocurre en la inmensa mayoría de casos”.
Una de las explicaciones que da Sánchez a este fenómeno, además de la “mediocridad” de los altos funcionarios, son las puertas giratorias: o bien están “al servicio de estas grandes corporaciones antes de entrar en la administración” o esperan tener un buen puesto al salir de ella. En el caso de las telecomunicaciones, uno de los casos más sonados fue el de Anna Birulés, que pasó de ser directora general de Retevisión —acusada por Facua de “falsificar contratos para facturar las llamadas a los usuarios suplantando a su operador tradicional, Telefónica”— a ministra de Ciencia y Tecnología con José María Aznar en el año 2000.
El Ministerio dirigido entonces por Birulés ignoró las denuncias de Facua. El caso llegó al Congreso, donde el PP vetó la adopción de medidas para poner fin al macrofraude.
El timo del ahorro que sale más caro
Las grandes compañías energéticas, con Endesa, Iberdrola y Gas Natural a la cabeza, han lanzado a sus “hordas de comerciales” a domicilio para conseguir que miles de usuarios caigan en la trampa más clásica de la historia de los timos: pagar más creyendo que estás pagando menos, o lo que es lo mismo, hacer que firmes un contrato por un mismo servicio pero más caro.
Son los nuevos “testigos de Jehová”, tal como los llama Sánchez. “Si una pareja de comerciales llama a tu puerta, nunca, jamás, bajo ningún concepto, dejes que toquen uno de tus recibos”, advierte el portavoz de Facua, sobre todo si dicen que son de Facua. Que quieren recompensar tu fidelidad y quieren regalarte un descuente: trola. Que tu tarifa ha caducado y no se ajusta a la nueva ley, así que tienen que cambiarla antes de que finalice el mes: trola. Que el Gobierno ha ordenado devolverte un dinero que te cobramos por error y necesitan “que firmes un papelito”: por supuesto, trola. Descuento: trola. Tarifa plana, pagar siempre lo mismo: trola, trola. “Muchas veces vienen a revisar el contador o a decirte que te van a dar una oferta más barata y al final todo consiste en hacerte firmar un papel para contratar una tarifa que en realidad es más cara”, resume.
Las “liberalizaciones trampa” de las telecomunicaciones o del sector eléctrico han llevado a la proliferación de este tipo de timos y a la indefensión de los consumidores. “Cuanta menos regulación, cuanta menos intervención estatal, más han subido los precios y menos competencia ha surgido”, resume Sánchez.
Frente a las promesas lanzadas antes de comenzar los procesos de privatización y liberalización, en el sector de la electricidad “no hay competencia”. De hecho, recuerda Sánchez, prácticamente todas las grandes empresas energéticas han sido multadas por manipular el mercado y los precios al alza.
En el sector de las telecomunicaciones, continúa este periodista, hubo una época en la que se produjo “un amago de competencia”, con la entrada de empresas medianas, como Ono o Jazztel, pero esas empresas fueron rápidamente absorbidas por las grandes compañías. “No hay competencia porque no interesa que haya competencia, es mejor funcionar como un oligopolio de tres o cuatro grandes empresas, y con eso no se agreden bajando precios y recortando el margen de beneficio”, denuncia.
El timo de las cláusulas suelo
Otro fraude muy recurrente, continúa Rubén Sánchez, sobre todo por ser “el de mayor envergadura económica que se ha producido en España” es el de las cláusulas suelo. “El timo del siglo”, lo llama en el libro Timocracia, que ha supuesto decenas de miles de millones de euros “robados por la gran mayoría de los bancos españoles a través de una trampa introducida en las escrituras de sus hipotecas”. Un timo de “letra pequeña” en el que el banco nunca podía perder: si subían los intereses los afectados pagarían más. Si bajaban: seguirían pagando un mínimo, entre el 2% y el 3%. Según el Banco de España, el fraude ascendería a 4.000 millones de euros —una cifra que para Facua se queda pequeña— y afectaría a unos 3,3 millones de españoles.
Cuando un afectado acude a un banco para solicitar que le devuelvan el dinero que le corresponde según la sentencia inapelable de la justicia europea, los “banksters” despliegan todo un abanico de técnicas y “excusas absolutamente alucinantes” para no devolverte el dinero. No es de extrañar, teniendo en cuenta que “los empleados de los banksters han recibido la orden de intentar engañarte de nuevo bajo la amenaza de perder su trabajo”, cuenta Timocracia.
El truco más burdo —“Tu hipoteca no tiene cláusula suelo”— funciona en muchas ocasiones, sobre todo cuando el usuario llega a creer que el director de la sucursal es su amigo. Un poco más elaborado sería la variante terminológica de la anterior: “En tu hipoteca no se habla de cláusulas suelo sino de limitación del tipo de interés”. “Nuestra cláusula suelo no es abusiva” es otra salida clásica de ventanilla de banco o la máxima del cuñadismo: “Tú sabías perfectamente lo que firmabas”. Otro recurso a la orden del día, cuenta Sánchez, es apelar a que ya has terminado de pagar la hipoteca, que ya te han desahuciado o que el asunto ya ha prescrito. Pues no, hay al menos cuatro años para reclamar. También te pueden decir que si vas a juicio “tendrás que esperar años a que se celebre”. A lo que podrás responderle con la cabeza bien alta: “Posiblemente, pero los intereses corren a mi favor”.
El timo de las compañías aéreas
Muchos saben que las compañías aéreas venden a menudo más pasajes que los asientos disponibles en el avión y que los afectados por el overbooking tienen derecho a recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros además de los gastos de la espera.
Sin embargo, no es tan conocido que los pasajeros también pueden exigir compensaciones económicas por los todavía más frecuentes retrasos y horas de espera en el aeropuerto. “La mayoría de la gente no reclama esa indemnización y a la gente que reclama habitualmente les contestan que no tienen derecho a que les paguen nada inventándose todo tipo de excusas”.
“Hoy por hoy, la denominación low cost sólo responde al bajo coste que tiene para las multinacionales de la aviación civil forrarse a costa de engañarnos con precios que se inflan mientras realizamos la compra, cargarnos suplementos hasta por utilizar una tarjeta para abonar el billete por internet”, describe Sánchez en Timocracia.
Al desconocimiento de los derechos de los consumidores se suma la indefensión en un sistema jurídico “saturado”, que resulta inaccesible y caro para gran parte de la población. De todas formas, este periodista identifica un peligro de “judicializarlo todo”. Paralelamente al trabajo en los tribunales, para Sánchez es fundamental la movilización ciudadana que presione a las empresas y a las administraciones para tomarse en serio las reclamaciones de los usuarios y que su “pasividad y connivencia” les cueste caro.
El timo de pagar la multa y seguir timando
La impunidad que gozan las grandes empresas para realizar todo tipo de prácticas fraudulentas necesita de la connivencia de las autoridades, señala Sánchez. La falta de consecuencias legales, penales o económicas por los fraudes cometidos es una de las principales “ayudas” que reciben las grandes empresas de los distintos gobiernos.
—Muchas veces es más rentable pagar la multa que dejar de cometer fraude.
—Muchas veces, no… En España, siempre. No conozco ningún caso de un macrofraude de una gran empresa en la que se haya puesto una multa proporcional al lucro obtenido.
—Muchas veces, no… En España, siempre. No conozco ningún caso de un macrofraude de una gran empresa en la que se haya puesto una multa proporcional al lucro obtenido.
En octubre de 2017, la Junta de Andalucía multaba al BBVA con 817.000€ por el fraude de las cláusulas suelo, una cifra que Facua calificaba de “bochornosa”. En total, la Junta ha multado a siete entidades por un total de nueve millones de euros.
Para Sánchez se tratan de “multas de pantomima”. “Si a quien defraude diez o veinte mil millones le pones una multa de uno o dos millones imagínate el rendimiento que saca. Es una invitación a seguir defraudando”, sentencia.
Así está el mercado de las multas:
Fraude: Formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de los clientes.
Responsables: Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo.
Multa: 155.000 euros.
Fecha: Marzo de 2017.
Responsables: Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo.
Multa: 155.000 euros.
Fecha: Marzo de 2017.
Fraude: Urdir un plan y manipular el mercado para subir el precio de la luz y obtener un lucro ilícito.
Responsable: Iberdrola.
Multa: 25 millones de euros.
Fecha: Noviembre de 2015.
Responsable: Iberdrola.
Multa: 25 millones de euros.
Fecha: Noviembre de 2015.
Fraude: Manipulación de precios de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017, cuando los precios se dispararon a máximos históricos.
Responsables: Endesa y Gas Natural.
Multa: Seis millones de euros.
Fecha: En curso.
Responsables: Endesa y Gas Natural.
Multa: Seis millones de euros.
Fecha: En curso.
Fraude: Colocar de forma fraudulenta más de 6.235 millones de acciones de preferentes.
Responsable: Barclays, Banco Santander, Banco Pastor, C.A.M., LaCaixa, Liberbank, Deutsche Bank, C. España de Inversores, Nova Caixa Galicia, Bankinter, Caja de Asturias, Caja de Extremadura, Banco Popular, Bankia, Catalunya Banc, BBVA, Popular Banca Privada, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja Laboral Popular...
Multa: 20 millones de euros.
Fecha: En curso
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Responsable: Barclays, Banco Santander, Banco Pastor, C.A.M., LaCaixa, Liberbank, Deutsche Bank, C. España de Inversores, Nova Caixa Galicia, Bankinter, Caja de Asturias, Caja de Extremadura, Banco Popular, Bankia, Catalunya Banc, BBVA, Popular Banca Privada, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja Laboral Popular...
Multa: 20 millones de euros.
Fecha: En curso